Complemento nutricional en escuelas públicas del país, PGN
2. Sistemas de vigilancia y monitoreo
La Directriz Voluntaria para el Derecho a la Alimentación N° 17, insta a los Estados a que establezcan mecanismos para vigi- lar y evaluar el grado de avance en la realización de los mismos, así como para el análisis del impacto de programas y políticas en la realización del DA de la población. Se insta sobre todo a los Estados a aprovechar los indicadores ya en uso y mecanis- mos de vigilancia como los SICIAV196, con miras a evaluar el avance en la realización progresiva del derecho a una alimen- tación adecuada. Se enfatiza que los Estados deberían vigilar la situación relativa a la seguridad alimentaria de los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de las mujeres, niños/as y ancianos/as, así como su situación nutricional y, en particular, la prevalencia de carencias de micronutrientes. Como ya se ha señalado en el Capítulo 3 de este estudio, el Estado carece de un mecanismo de vigilancia como el SICIAV, y el Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional con el que cuenta el MSPyBS sólo tendría un carácter nutricional, pre- sentando falencias técnicas aun en ese ámbito.
Se ha resaltado también la carencia, por parte de las distintas agencias estatales competentes, de instrumentos integrales 195 Se trata de un fondo de cien millones de dólares anuales, aportado por los países miembros del MERCOSUR conforme la media histórica del PBI. Brasil aporta 70%, Argentina 27%, Uruguay 2% y Paraguay 1%. Al mismo tiempo, 48% del fondo debe destinarse al financiamiento de proyectos pre- sentados por Paraguay, 32% a proyectos presentados por Uruguay, 10% a proyectos de Argentina y 10% a proyectos de Brasil.
196 Sistema de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria
y Vulnerabilidad (SICIAV), que busca detectar las zonas y poblaciones, incluso a nivel local, que padezcan o se hallen en riesgo de padecer desnu- trición y los elementos que contribuyan a la inseguridad alimentaria, utili- zando los datos y otros sistemas de información existentes a fin de evitar la duplicación de esfuerzos dentro de los Estados.
que permitan analizar la situación de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades y regiones.
Asimismo sería de mucha importancia, avanzar en la defi- nición de indicadores de seguridad y soberanía alimentaria locales que puedan ser monitoreados desde el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria. En este sentido, el Docu- mento Principal del PLANAL preveía la implementación de un Observatorio de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay. El Decreto de aprobación del Plan, atribuye al Gabinete Social de la Presidencia de la República la labor de desarrollo y administración de dicho Observatorio. En su informe de avances logrados entre 2008 y 2010, la Uni- dad Técnica del GS señala que se ha concluido el diseño del Sistema Integrado de Monitoreo-Evaluación del PLANAL y es- taría en proceso de construcción el Observatorio de Soberanía, Seguridad Alimentaria, Desnutrición y el Hambre, con el apoyo de la STP, FAO y AECID197. El sistema integrado de monitoreo y evaluación seguiría un modelo participativo, integrando a los líderes comunitarios/as y técnicos/as de campo. El mismo es- taría coordinado por la STP, con el objetivo de evaluar la im- plementación del PLANAL y su impacto sobre la inseguridad alimentaria y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Entre 2008 y 2010 se habría capacitado a noventa y seis per- sonas como responsables del llenado de las fichas de regis- tro, incluyendo técnicos y referentes comunitarios. Se prevé la continuidad de dichas capacitaciones hasta marzo de 2013, extendiéndose a los cuatro Departamentos en los que se im- plementa el PLANAL de modo interinstitucional. Existiría un comprometido esfuerzo desde la FAO para apoyar que dicho sistema de monitoreo pueda implementarse efectivamente. 197 Gabinete Social de la Presidencia de la República, Informe Gubernamen-
tal, Resumen de Avances de Implementación Período Agosto 2008 – Agosto 2010, Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Asunción, Unidad Técnica del Gabinete Social, documento sin publicar.
Recursos financieros y sistemas de vigilancia
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Síntesis y reflexiones finales
CAPÍTULO
El modelo económico agroexportador predominante históri- camente en el Paraguay, ha experimentado en las dos últimas décadas un marcado fortalecimiento. Este se halla vinculado al aumento de la demanda internacional de granos para la ali- mentación de diverso tipo de ganado y a la mayor demanda de productos pecuarios por países con mayor poder adquisitivo, en el marco del sistema alimentario global consolidado con el neoliberalismo. De modo general puede afirmarse que este sistema se caracteriza, entre otros aspectos, por la relevancia que han adquirido las empresas transnacionales vinculadas a la producción de insumos agrícolas, a la industrialización de productos alimenticios y a la venta de los mismos; por la ten- dencia a la concentración de dichos capitales empresariales y su movilidad territorial, y por la paralela disminución del po- der regulador de los Estados nacionales en el contexto de libe- ralización, apertura a capitales extranjeros y desregulación, propiciado por el Consenso de Washington para los países de América Latina.
Desde una perspectiva de garantía del derecho a la alimen- tación adecuada, las contradicciones del sistema alimentario nacional, esto es, de las relaciones de producción, distribu- ción y consumo de alimentos dentro del territorio paraguayo, evidencian la posición de los países dependientes productores de materia prima alimentaria dentro del actual sistema glo- balizado, así como la insuficiencia del crecimiento en clave productivista para revertir las vulneraciones del derecho a la alimentación adecuada de la población nacional. En este senti- do, los resultados macroeconómicos de los últimos años en el
país, se han caracterizado por el crecimiento económico. En- tre 2003 y 2008, el crecimiento promedio del PIB se situó en 4.8% anual, y luego de la baja productividad agrícola de 2009 por el impacto de la sequía, en 2010 se habría alcanzado un crecimiento récord de 14% del PIB. Sin embargo, dicho cre- cimiento se ha generado desde una estructura productiva dual, con un pequeño sector altamente capitalizado que funciona como enclave y otro sector mayoritario, el de la agricultura familiar campesina, afectado en un 48.8% por la pobreza. La estructura productiva nacional se caracteriza pues por la mar- cada desigualdad en el acceso a los mercados, por la creciente degradación del medioambiente y por la gran concentración de los recursos productivos en un reducido número de empre- sas y familias.
Esta dualidad se refleja en el hecho de que el Paraguay ha lo- grado posicionarse desde el año 2008, como el sexto productor mundial de soja y el cuarto exportador de dicha oleaginosa, mientras en el año 2010 se habría ubicado como el séptimo exportador mundial de carne bovina. Sin embargo, el marcado aumento de la producción de granos y carne para exportación en las dos últimas décadas no se ha traducido en un aumento de los índices de calidad de vida de la población paraguaya, ni en la disminución de la pobreza y el hambre.
Por el contrario, el modelo económico agroexportador vi- gente, presenta aristas problemáticas desde la perspectiva del derecho a la alimentación adecuada de la población y, de manera general, ha implicado regresiones. Ello estaría vincu- lado a los impactos sociales y ambientales de la expansión de la frontera agroganadera, la bajísima demanda de fuerza de trabajo requerida por la agricultura mecanizada, la escasa industrialización de la materia prima producida, la falta de mecanismos públicos adecuados de balance de alimentos que garanticen la disponibilidad y accesibilidad económica a nivel nacional, y la falta de mecanismos tributarios redistributivos.
Desde la perspectiva del acceso a recursos y bienes, se habría experimentado una concentración aún mayor y, por ende, una mayor desigualdad social. Así, se ha acentuado el esquema latifundio-minifundio en la estructura de tierras del país, au- mentando el número de grandes propiedades rurales y dis- minuyendo las pequeñas, propias de la agricultura campesina. En la estructura del empleo pueden notarse, entre otros pro- blemas, la falta de políticas que estimulen la sustentabilidad de la pequeña unidad productiva rural y la ausencia de un sec- tor industrial relevante que genere empleos con condiciones de trabajo decente. No llegan a ganar el salario mínimo legal establecido, 64% de los trabajadores y trabajadoras ocupados en Paraguay en la actualidad. Por su parte, si se analiza el monto mínimo por persona requerido para cubrir una canasta básica total y una canasta básica de alimentos, es posible notar la manifiesta insuficiencia de salarios legalmente estipulados para cubrir las necesidades de un hogar, como el del trabajo doméstico y el de los peones rurales. Al mismo tiempo, el em- pleo informal desde el punto de vista del registro o cotización en la seguridad social, se extendería al 79% de la PEA (cerca de 2.251.000 personas). El elevado porcentaje de trabajadoras/ es que no acceden al salario mínimo legal, la bajísima cober- tura de la seguridad social y la desprotección masiva de la población en materia de jubilaciones y pensiones, incidiría de manera directa en las posibilidades de lograr un nivel de vida adecuado de las familias trabajadoras y, en particular, en las posibilidades de contar con ingresos suficientes para acceder a una alimentación adecuada, sobre todo de aquellos hogares más empobrecidos.
En cuanto al acceso a créditos, según estimaciones, sólo 8% de las y los productores campesinos tendría acceso al crédito público formal, lo cual sería un impedimento directo a las po- sibilidades de sostenibilidad y progreso del sector. La cobertu- ra de crédito para productoras/es de menos de 20 has es escasa
debido a los requerimientos en garantías, principalmente. El acceso al crédito de mujeres campesinas y jóvenes de ambos sexos, sería todavía más limitado. Y tratándose de familias y comunidades indígenas, prácticamente nulo.
Con relación a la protección y acceso a recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, se carece de una política coherente que permita la preservación de especies tradicio- nales y salvaguarde el derecho de las comunidades campesi- nas y los pueblos indígenas a usar y controlar sus semillas y conocimientos tradicionales alimentarios. En realidad, en el sector público no se contaría con conocimientos sistematiza- dos respecto de cuáles son los recursos alimentarios tradicio- nales de los pueblos indígenas existentes en el país, menos aún podría pensarse en políticas adecuadas para su protección. Pueden mencionarse sí algunas iniciativas impulsadas desde el SENAVE, CEPRA y el Viceministerio de Agricultura para la preservación de semillas nativas, acciones que resultarían insuficientes atendiendo el sentido dominante de las políticas productivas y comerciales. Así, debe llamarse la atención res- pecto de la autorización unilateral de ensayos regulados sobre el maíz transgénico en noviembre de 2010 por parte del titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo cual fue efec- tuado sin considerar el ámbito de competencia de la Secretaría del Ambiente y las objeciones públicamente expuestas por di- versos sectores de la sociedad civil organizada con relación al riesgo de contaminación genética.
Respecto del acceso a recursos y bienes por las familias in- dígenas, conforme al Registro de Comunidades Indígenas del Poder Ejecutivo, de las 525 comunidades registradas, aproximadamente 45% no posee acceso a tierra propia para su asentamiento y desarrollo. En cuanto a la cobertura de ser- vicios básicos como agua potable, 37.8% de los hogares in- dígenas se proveería de agua de tajamar o río, mientras que 22.2% lo haría de pozo sin bomba y 21.3% de aljibe. El acceso
al agua procedente de ESSAP/SENASA llegaría sólo a 1.4% de los hogares indígenas. Respecto de la tasa de participación laboral, ésta sería de 52.2%, ocupándose 71% en el sector pri- mario. Los niveles de explotación laboral son sumamente ele- vados, siendo el salario promedio de los trabajadores indíge- nas 57% del salario mínimo general, y tratándose de mujeres trabajadoras indígenas, 35%. Los datos oficiales indican que las comunidades indígenas del país son las más afectadas en el acceso a recursos y bienes necesarios para el ejercicio del derecho a la alimentación.