Frente a los procesos de globalización —que, por sus características depreda- doras, impone a la humanidad mayor inequidad, injusticia y explotación—, las mujeres no están excluidas: enfrentan una triple carga de opresión, resumida de la siguiente forma.
El trabajo en la producción, en el ámbito laboral, se expresa en una situación de inequidad y de falta de oportunidades; reciben salarios inferiores en relación al de los hombres y hay mayor desempleo para las mujeres. Estos hechos se agudi- zan en condiciones de maternidad; en el sector rural, un importante renglón de las mujeres son jefas de familia, madres solteras, divorciadas, viudas o, a su vez, han sido víctimas de la desintegración familiar debido a procesos migratorios que las obliga a proveer de alimentos, vivienda, vestimenta, medicina y educación para sus hijos.
El trabajo doméstico, dividido entre las tareas del hogar y las de cuidado, en la ruralidad, integra además las tareas agrícolas y pecuarias, actividades no remu- neradas y que “carecen de valor”. Revisando la historia, recordamos cómo desde el establecimiento familiar, en la constitución de las distintas etapas de la familia, se imponía a las mujeres, y madres en especial, un proceso de subordinación embrutecedor, humillante, de esclavitud en el hogar. El trabajo de la reproduc- ción —que por condiciones “naturales” son propias a la mujer—, al igual que el doméstico, no gozan de reconocimiento económico: son las mujeres quienes deben enfrentar la crianza de sus hijos y las responsabilidades que esto conlleva. A esto se suman otras formas de usufructo que se analizan y profundizan, como la explotación de clase, que determina las condiciones de pobreza y las diferencias
entre mujeres de extractos populares y aquellas opulentas; incluso entre mujeres pobres existen serias desigualdades derivadas de factores culturales y étnicos. Esto pone al descubierto las inequidades y el dominio de poder.
En este contexto, los movimientos nacionales de mujeres asumen el reto de asegu- rar el compromiso de la sociedad civil para afirmar la ciudadanía plena de las muje- res, rechazando las muchas formas en las que todavía las mujeres son excluidas y subordinadas (Vargas, 2002, pág. s/p).
En el sector rural, las mujeres principalmente se dedican a las actividades agríco- las para la subsistencia, trabajan en el aprovechamiento de los suelos —muchos poco productivos—, afanan la tierra para la siembra, realizan labores manuales por la ausencia de maquinaria agrícola; aplican y comparten con sus comunida- des los conocimientos ancestrales para un mejor cultivo; recolección de frutos, vegetales, hortalizas, tubérculos; entre otros.
Las mujeres se dedican, también, a la producción pecuaria de especies menores (cuyes, conejos, gallinas); muchas de ellas poseen muy pocas vacas, que apenas abastecen el consumo de leche y la comercialización de una mínima parte. La mayoría de las mujeres rurales organizadas en asociaciones de productoras agre- gan valor a la leche mediante la producción de derivados lácteos; sus productos agrícolas, pecuarios o lecheros sirven para su consumo y para la comercialización en condiciones desiguales en los mercados locales.
Lo cierto es que se trata de un trabajo no remunerado, de explotación, son muje- res campesinas e indígenas pobres, en condiciones extremas, forzadas a vivir en la pobreza y extrema pobreza. Para medir este tipo situaciones, el gobierno central plantea el posicionamiento del Proyecto de Protección Social (2019). Este permite conocer la realidad de los ecuatorianos a través de varios indicadores. Algunos de ellos son los que a continuación se mencionan.
Pobreza
La pobreza se constituye en el principal factor socioeconómico que afecta de manera general a todos los hogares; sin embargo, debido a la división sexual del trabajo y a las responsabilidades reproductivas, las mujeres soportan una desproporcionada carga en la administración del hogar.
En Cotopaxi esta situación es más cruda para las mujeres que viven en las zonas rurales; se ha agudizado debido a la falta de oportunidades, empleo; al acceso a la educación, a los servicios básicos, a la salubridad y a políticas estatales de apoyo como crédito, propiedad de la tierra, tecnología, capacitación.
Tabla N.° 1
Pobreza por necesidades básicas insatisfechas por cantones
Como se puede observar en la Tabla N.° 1, el 75,06 % de la población de la pro- vincia de Cotopaxi es pobre por necesidades básicas insatisfechas, siendo la población rural más afectada, bordeando el 90,32 %. Esto obedece a que sus siete cantones demuestran muy altos porcentajes de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en su población rural.
Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) diciembre de 2019, la pobreza y desigualdad por ingresos a nivel nacional asciende a 25,0 %: urbano, 17,2 % y rural, 41,8 %. La pobreza extrema por ingresos a nivel nacional corresponde al 8,9 %: urbano 4,3 % y rural 18,7 %. Además, el 34,2 % de la pobla- ción nacional sufre de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: el 21,4 % en el área urbana y el 61,6 % en la rural.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado, (2015)
90,32 86,24 86,48 93,62 95,82 87,30 96,50 97,01
Indicador Total % Urbano % Rural %
Cotopaxi Latacunga La Maná Pangua Pujilí Salcedo Saquisilí Sigchos 75,06 64,65 72,37 90,04 87,73 75,35 84,33 93,74 38,48 28,46 61,36 44,65 40,10 31,51 53,61 59,74
Educación
El actual sistema educativo interviene en la demarcación de las inequidades sociales. En la provincia de Cotopaxi se expresa en el bajo acceso a la educación; ya que, si bien es cierto, existe un mayor acceso a la primaria en relación con 2009, este indicador no es igual al acceso a educación secundaria de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEC (2010), donde apenas el 50,8 % de los jóvenes entre 15 y 17 años acceden al bachillerato.
El 50,3 % de asistentes al bachillerato son mujeres y el 49,7 % son hombres. Otro dato que es alarmante está relacionado a las brechas educativas: la tasa neta de acceso a educación básica en la población indígena es del 91 % y en el bachille- rato es del 39 %; mientras que, en la población mestiza, la tasa neta de acceso a educación básica es del 93 % y en el nivel de bachillerato es del 62 %, consideran- do siempre que, por factores de discriminación, los porcentajes descritos serán mayoritariamente para las mujeres. En el caso de España, la educación de las mujeres empezó cuando se estableció la igualdad jurídica y la mujer rural comen- zó a tener acceso a la educación. Por ello, en la actualidad no existe mucha dife- rencia entre hombres y mujeres en cuanto a educación primaria, pero no sucede lo mismo con el acceso a la educación superior (Frades, 2006, pág. 9).
El analfabetismo en la población mayor de 15 años en la provincia es del 13,6 % y es principalmente femenino. A esto se suma la deficiente calidad de la educación, las prácticas discriminatorias en el proceso enseñanza aprendizaje y el escaso acceso a la educación secundaria y superior, así como el bajo rendimiento escolar producto de la desnutrición infantil y la deserción debido a dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Como indica Estupiñán (2017, pág. 107), las mujeres no ingre- san o abandonan el sistema educativo por asumir roles domésticos. Si se añaden diversos patrones socioculturales de la zona, como violencia intrafamiliar, analfa- betismo, número de hijos, falta de empleo por parte de los padres, la inserción de la mujer en el ámbito educativo se hace cada vez más complicada.
Así, como lo menciona la Unesco (2003, pág. 17), si bien la pobreza excluye tanto a niños como a niñas de la escuela, las niñas se ven especialmente afectadas por esta, ya que el “costo” es una cuestión de interés y el interés percibido en la educación de las niñas suele ser bajo.