En México la concentración demográfica surgió como resultado del desarrollo manufacturero e industrial de carácter dependiente que dio inicio a partir de la segunda década del siglo pasado (Garza, 2002) y en adelante caracterizó la economía mexicana y produjo el desplazamiento de sistemas económicos tradicionales. Este proceso ha tenido implicaciones particulares sobre la distribución de la población hasta concentrar el 54.12 % del total (más de 55 millones de personas) en 55 centros metropolitanos (INEGI, 2006). Ha sido la más acelerada movilidad geográfica de la población llevada en el último siglo, si se considera que en 1900 la mitad de la población urbana se distribuía en sólo 6 localidades medianas y no superaba los 700 mil habitantes. En ese momento la ciudad de México albergaba sólo el 24% de la población urbana que no eran más de 350 mil personas (Garza, 2002).
La concentración urbana tiene sus orígenes en la segunda década del siglo XX momento en que la vivacidad mostrada por la industria manufacturera y de la construcción atrajera las primeras generaciones de inmigrantes rurales hacia los polos urbanos a tal velocidad que bastaron sólo 20 años para que la Ciudad de México se consolidara como la metrópoli más importante con casi 2 millones de personas que significaban el 39.7% de la población urbana pero aún no se daba la conversión del carácter rural del país. En 1940 México seguía siendo fundamentalmente rural y la mayoría de sus habitantes vivían en pequeñas comunidades, su base económica era agrícola y esa condición se conservó hasta la mitad del siglo pasado 1950 (Garza, 2002), 1960 (INEGI 2001) en que se invirtió la proporción, pero desde la década anterior la industria y el comercio activaron el movimiento y crecimiento urbano dando importancia también a los polos de desarrollo fronterizo y con ello se mostraban las más altas tasas de crecimiento poblacional (3.4%).
Es la actividad económica la que subyace a todo proceso de urbanización, concentración poblacional y definición geográfica de patrones de desarrollo. De esta manera la década de 1950 fue el tiempo en que las ciudades manufactureras, fronterizas y de soporte comercial a la producción
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agrícola moderna se perfilaron en tres patrones que al paso del tiempo redefinieron el paisaje nacional. En 1960 en el norte del país, el comercio internacional antecedió al auge maquilador, al mismo tiempo se desarrollaba con el mayor dinamismo el sector manufacturero encabezado por las metrópolis de la Ciudad de México que, en 1970, estableció su máxima participación del siglo. Este crecimiento fue también la base del incremento a tasas muy superiores en un cuarto de las ciudades en el país y, al mismo tiempo, sentaba las bases para la agudización de la desigualdad posterior ya anunciada por el agotamiento del milagro económico mexicano, un factor sin efecto para impedir el crecimiento ni la concentración urbana.
Durante la década de 1980 ya se registraba un crecimiento sin precedentes de la población del cual las ciudades eran responsables del 75% que con toda claridad indicaba dos cuestiones: la primera el futuro de los crecimientos desmedidos metropolitanos y la segunda, la forma en que operarían los mecanismos para tal crecimiento. La base del crecimiento económico, la concentración de la población (alimentada por la migración) y la urbanización resultante funcionaron como mecanismos caóticos de la reproducción socioeconómica en los sistemas urbanos porque propiciaron su retroalimentación al no crear mecanismos de regulación interna. El escenario así se representaba en ocho metrópolis: la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Torreón, Toluca y Ciudad Juárez. Pero en ninguna con la fuerza de la ciudad de México cuyo índice de primacía fue siempre mayor al 5, salvo en las fechas recientes que disminuye ligeramente.
El fenómeno de desplazamiento poblacional que propiciaba el crecimiento sin planificación de las ciudades obedecía sólo a la inercia económica cuyos principios no contemplaban el crecimiento urbano planeado sino que sólo se beneficiaba de él y obligaba al Estado a resolver sólo las necesidades de urbanización emergentes al proceso de concentración, como si el desarrollo urbano y el crecimiento económico fuesen procesos ajenos uno del otro. Esto señala muy bien la ruta que llevó a la instalación de la desigualdad social reflejada en el déficit habitacional, bastante aguda en ese tiempo, y que empeorada por los acontecimientos de la década de 1980 y el afianzamiento del modelo neoliberal en las décadas siguientes, produjo los factores históricos que la harán más grave en el área rural en los años siguientes.
Las crisis, como bien indica Garza (2002), no se reflejan en la velocidad o intensidad de la concentración urbana sino en el nivel de vida de los pobladores. En la concentración están interactuando una desatención histórica de la planeación urbana, un flujo de migrantes provenientes del ámbito rural que conforma una imbricación de sistemas rurales-urbanos y un sistema distributivo cuya desigualdad es agudizada por la reestructuración de las relaciones entre las empresas, el mercado y el estado y que ha acontecido por dos décadas.
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El paisaje urbano de la metrópoli se configura a partir de 1960, cuando el proceso de urbanización ya distingue el perfil nacional, y se consolida en la década de 1980. Aún cuando en la década de 1980 se detectó una reducción en las tasas de crecimiento urbano, que no indicaba otra cosa que un período de reacomodo en la estructura poblacional nacional, casi 7 millones de pobladores rurales se desplazaron a los centros urbanos y 81 ciudades crecían a tasas más elevadas que la media nacional; pero era la Cd. de México quien definía la concentración central extendiéndose por el Valle de México constantemente a tasas aceleradas hasta la década de 1990, en que el crecimiento se frena un poco por efecto de la migración (durante los años 1995-2000 el sector agrícola se recuperó con un PIB agrícola que creció 2.2%), y otro poco por la propia oferta habitacional que cada vez era más crítico en la ciudad, pero el factor más importante es que la migración no era ya nacional, sino se dirigía a los Estados Unidos de América.
Las estimaciones indican que en los años 1980-1990 se distingue el impulso inicial de la megalópolis con alcances geográficos que trascienden el propio Estado de México al incorporar los subsistemas contiguos y con un proceso de crecimiento propio, del estado de Morelos (Cuernavaca) Hidalgo (Pachuca), en una primera etapa; Puebla y Tlaxcala en una posterior y San Juan del Río y Querétaro en una última del plazo proyectado hasta 2050. Este crecimiento no implica la concentración absoluta por parte de un solo polo urbano nacional, por el contrario similares condiciones se perfilan a lo largo de la República, lo que habla de un desarrollo policéntrico ya anunciado por los patrones arriba mencionados, un paisaje que refleja sobre todo la base económica que le sustenta y que le conmina, pero que en las periferias y en cualquier territorio más allá de lo urbano, el desarrollo habitacional caracterizado con servicios deficientes será ocupado por una población cuya tercera parte vive con menos de un dólar al día (Cuadro 1).
La demanda habitacional rural obedece a la proporción misma de la población, con una cuarta parte del total, un monto superior al crecimiento de las ciudades pequeñas, medias y a las aglomeraciones urbanas por separado, eso se traduce en requerimientos para la dotación de servicios de urbanización para una parte de la sociedad que padece de condiciones de pobreza estructural y cuya solución para el sexenio pasado requería más de la mitad del área necesaria del suelo habitacional.
La satisfacción de la demanda habitacional del país presenta siempre una expectativa preocupante para el total de la población, en años pasados, OREVIS, SEDESOL Y CONAFOVI preveían que la reserva de suelo para uso habitacional, además de ser sólo suficiente para cubrir los requerimientos generados en dos años, solo se ofrecería en buenas condiciones en el 11% del suelo habitable, lo que es predecible sucedería en los polos urbanos pues, aunque en éstos mismos la cobertura de infraestructura es ya de por si deficiente en el 40% de las ciudades, acaso es sólo la
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Fuente: INEGI, 2000.
mitad de municipios los que han declarado contar con reservas en el área rural con la consideración de que la asignación de reserva territorial para uso habitacional es imprecisa y se encuentran normalmente en el contexto ejidal y de poblamiento disperso, condición que encarece la introducción de servicios, o simplemente se encuentra fuera de los planos de desarrollo urbano. La forma en la que se genera el poblamiento en México es producto, pero también causa, de lo costoso y conflictivo que resulta el equipamiento en asentamientos no planeados, proliferantes (200 mil lotes habitacionales ilegales son generados anualmente), a pesar de las legislaciones urbanas estatales; pero a cuenta de la falta de planes de desarrollo urbano municipales. Aún así, con ellos o sin ellos, es en el área rural donde se espera el 25% de la demanda para los siguientes 15 años y es para los pobres la mayor cantidad que se requiere de suelo para vivienda. Para el período 2000-2006 eran 29 mil de las 57 mil en total (Oficina de vivienda de la Universidad Iberoamericana, 2005).
Las reformas en la legislación agraria también pretendieron activar un mecanismo que facilitara la incorporación de suelo ejidal al sistema urbano, previendo el incremento desmesurado de la población metropolitana y proyectando una deseable pero irreal distribución de la plusvalía que la venta de tierra generaría y que fue imposible ante el repliegue del estado en la rama inmobiliaria y el paso a los desarrolladores privados.
Figura 5. Demanda de vivienda por estrato económico y ámbito. Proyecciones para el 2030
Esto produce una dificultad cada vez mayor para participar en la construcción de los asentamientos pues ésta obedece más a la dinámica del mercado y al poder económico que crece con la concentración de plusvalía, quitándole al estado la capacidad de inversión,
planeación y administración urbana para crear nuevas áreas de suelo habitacional. El problema empezaba a empeorar a finales de la década de 1980, cuando el gobierno “redujo el gasto federal para adquirir y habilitar las reservas con infraestructura” y se le exigió sujetarse a la dinámica privada en la adquisición de suelo en el mercado inmobiliario lo que encarecía el precio del suelo y excluía a los sectores más pobres de la sociedad (Oficina de vivienda de la Universidad Iberoamericana, 2005).
51 Fuente: Oficina de vivienda de la Universidad Iberoamericana 2005
Distintos programas han sido desarrollados para paliar el problema de escasez de vivienda y su propiedad. El Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO 1996-2000) es evaluado positivamente por su propuesta de incorporación de suelo ejidal y los costos razonables que producía; el programa Hábitat en cambio, que se componía de recursos federales y locales, produjo un problema por el desajuste entre los altos costos del suelo y los pocos recursos locales que debían financiar dos terceras partes del valor del lote que redunda en la poca capacidad de los habitantes de solventar el gasto de mantenimiento de su unidad.
En adición los
esfuerzos para
regularizar el suelo con fines urbanos realizados por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) resultaron también ineficientes por
la propia
descoordinación con el sector agrario.
Figura 6. Proporción de la población por ámbito según nivel de ingreso
Programas y políticas deberán de revisarse porque la demanda de vivienda superará en una relación 3 a 1 el crecimiento poblacional en las próximas dos décadas de acuerdo a las proyecciones del CONAPO basadas en la estructura de la población que ayuda a vislumbrar también que las necesidades son diferenciadas por entorno, la relación entre la estructura poblacional y el nivel de urbanización de las localidades las rurales están más apuntadas hacia el mejoramiento y adecuación habitacional por la proporción de niños y adultos mayores (56-5% entre los 15 y 64 años).
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Fuente: Población hogares y vivienda INEGI Conteo de población y viviendas 2005, Déficit: Oficina de vivienda de la Universidad Iberoamericana 2005
Figura 7. Proporción de población, viviendas actuales y déficit proyectado por ámbito
Ya en el capitulo anterior se mencionó que el rezago habitacional estimado por la CONAFOVI era de 4.2 millones de viviendas: 1.8 para vivienda nueva y 2.4 para mejoramiento, un dato que el índice de calidad de la vivienda -construido por
estudiosos de la UAM-A, con el que se considera una vivienda deficitaria como aquella que presenta cualquier problema en la calidad de los materiales e instalaciones, disponibilidad de servicios, acceso a infraestructura, espacio y edad – rectifica que el rezago habitacional involucra a 12.6 millones de viviendas, es decir, el 53.4% del inventario habitacional nacional, no a los 4.2 millones citados.
Este porcentaje, evidentemente, se concentra en los hogares de bajos ingresos con menos de tres salarios mínimos (Figura 5) grupo en el que hasta el año 2000 se encontraba el 47.6% de la población nacional y el 39.5% estaba en el ámbito rural (Figura 6). Las proyecciones para el año 2030 indican que el rezago rural superará la cantidad estimada actual del país con más de 4 millones de viviendas faltantes o demandantes de mantenimiento.
Después de la situación deficitaria en las áreas metropolitanas, que será verdaderamente preocupante, la siguiente prioridad por atender debería ser el área rural (Figura 7) pues mostrar el segundo grado más elevado en el número de viviendas deficitarias a pesar de no ser el segundo ámbito que concentre mayor cantidad de viviendas y menos de población, obedece a una práctica de abandono que origina que en la década pasada no sea el escenario en que se muestre la mejora en la calidad de vivienda fuertemente asociada directamente al nivel de urbanización y a la calidad del hábitat (Figura 8).
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Fuente: Oficina de vivienda de la Universidad Iberoamericana 2005.
De tal suerte que el problema en el área rural aqueja tanto a la parte estructural (materiales de construcción y diseño del espaciamiento) como al suministro que involucra definitivamente la participación urbana correspondiente a los distintos niveles de gobierno y a los demás agentes del desarrollo urbano. Mientras las viviendas de zonas metropolitanas cuentan con mejor calidad en servicios las viviendas rurales presentan un mayor rezago en calidad del hábitat. Es en este punto en el que el estado de la vivienda se convierte en un problema público y los problemas como el drenaje y la falta de agua requieren respuestas integrales, lo que queda fuera del alcance hipotecario, forma en que se ha optado por resolver la problemática del déficit habitacional.
El paso del sector inmobiliario a la esfera financiera ha sido una eficiente forma en que
contemporáneamente se
logró encubrir la función del estado.
Figura 8. Comparación de la calidad de la vivienda por ámbitos.
Con el ejercicio del consumo basado en la respuesta minimizada del individuo o grupo familiar y que pudo conseguirse por la transformación de los marcos regulatorios que diluyeron la fuerza estatal una vez que los organismos gubernamentales se transformaron en entidades financieras y el derecho de vivienda, el acceso a las viviendas se concretó en plusvalía para la iniciativa privada favorecida por intermediar el préstamo y construir viviendas solamente para los sujetos de crédito, personas que cuentan con capacidad de pago gracias a la garantía que ofrece sólo el empleo estable y un buen historial crediticio. Con esto el cumplimiento de la ley en materia de vivienda no se concreta en una acción o estructura sino un mecanismo hipotecario y convirtiendo al acceso a la vivienda como derecho constitucional en el más absoluto y forzoso fetiche habitacional.
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