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e gustaría llamar la atención so- bre un principio que tiene que inspirar tanto la teoría como, sobre todo, la práctica de los derechos humanos. Nos referimos al principio de la indivisibilidad. En virtud de este principio, todos los derechos humanos son indispensables para la defensa de la dignidad de los seres humanos, sin que podamos establecer jerarquías o prelaciones entre los mismos. Ello quiere decir que para un ser humano debe ser tan importante la defensa de los derechos civiles y políticos, como la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos tipos de derechos son imprescindibles para vivir una vida plenamente digna. Esta idea no es una idea nueva, sino que la encontramos inserta en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el artículo 22 de la De- claración el que señala que todo ser hu- mano, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cultu- rales, “indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Como podemos comprobar, no sólo los derechos civiles y políticos deben figurar en la agenda de los gobiernos, sino que los derechos económicos, sociales y culturales también se deben convertir en prioridades a perseguir por esos mismos gobiernos.El problema es que si bien en la teo- ría seguimos afirmando acríticamente el principio de la indivisibilidad, en la práctica los derechos económicos, so- ciales y culturales se están comenzando a convertir en invisibles para la mayoría de la humanidad que se enfrenta a una realidad de pobreza, analfabetismo, malnutrición o VIH–SIDA. La defensa y garantía de todos estos derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación pasa necesaria- mente por medidas de justicia social tanto en el ámbito interno como en la esfera internacional, algo que también reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es su artículo 28 el que establece que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos”. Este artículo constituye una auténtica llamada a la remoción de los obstáculos que, tanto a nivel interno como internacional, dificultan una aplicación real y efectiva de todos los derechos para todas las personas. Porque ya dijo Gandhi que los derechos que no se universalizan se convierten en privilegios, que es lo que, desgracia- damente, está ocurriendo con un buen número de derechos de carácter econó- mico, social y cultural, patrimonio hoy exclusivo de una minoría de ciudadanos y ciudadanas a nivel mundial.
Es por todo ello que los Objetivos del Milenio proclamados solemnemen- te por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2000 son tan relevantes para un adecuado disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas. No nos encontramos ante objetivos maximalistas que supongan una auténtica revolución mundial, sino que constituyen un propuesta de mínimos de dignidad humana. La propia Declaración del Milenio apro- bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el reto es “conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilida- des, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual”. El proceso actual de globalización está incrementando la distancia que separa los privilegios de unos pocos de los derechos de la mayoría, algo que es inaceptable desde una cultura universal de los derechos humanos. La pobreza extrema que afecta en la actualidad a más de mil millones de personas su- pone la más grave violación estructural de los derechos humanos a la que hoy nos enfrentamos. Es por ello que los líderes mundiales se comprometieron en septiembre de 2000 a reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; a reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable; a velar por que los niños y niñas de todo
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria; a reducir la mortalidad materno–infan- til; a detener y comenzar a reducir la propagación del SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves que se ce- ban con los países más pobres... Todos estos objetivos no son meros objetivos programáticos de los gobiernos que se reunieron en Nueva York en el año 2000, sino que constituyen auténticas obligaciones de derechos humanos a las que las sociedades tienen que hacer frente, son compromisos con la dignidad humana más básica.
Para acabar, queríamos mencionar, como hace la Declaración del Milenio, la importancia que reviste para los derechos humanos del conjunto de la humanidad el establecimiento de un sistema financiero y comercial equita- tivo, no discriminatorio y que tenga en cuenta las necesidades especiales de los países más desfavorecidos. Debe- mos ser conscientes de que lo que se discute en organismos internacionales tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Unión Europea tiene también un impacto en el disfrute de los derechos humanos de la mayoría de la humanidad. La liberalización del comercio y la eliminación de los subsidios a los productos agrícolas, aquéllos en los que son competitivos los países pobres, sería una medida fundamental para hacer realidad el lema acuñado por los propios países en vías de desarrollo en 1964 en el mar- co de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: “Trade, not Aid”. Es decir, no quieren contentarse con las migajas de nuestro bienestar, con una ayuda cada vez más escasa, sino que quieren participar del comercio internacional con unas reglas justas, equitativas y que no les discriminen sistemáticamente. Quieren que, de una vez por todas, nos com- prometamos con la universalización de todos los derechos humanos, no sólo de los derechos civiles y políticos, como a menudo ha ocurrido.
FELIPE GÓMEZ ISA
Profesor de Derecho Internacional e investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto