La tutela judicial efectiva es uno de los principios fundamentales para el pleno ejercicio o defensa de los derechos o intereses de las víctimas, debido a que esta garantiza el acceso a los órganos jurisdiccionales, a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y sobre todo el efectivo cumplimiento de lo establecido en sentencia ejecutoriada, por tanto, al no ejecutarse el fallo se estaría vulnerando la tutela judicial efectiva, tal como lo señalan los autores Hugo Echeverría y Sofía Suárez, que dicen:
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La tutela judicial efectiva se vulnera en los casos en que no se ejecuta el fallo judicial ya que, la satisfacción, que ha de otorgar el proceso, ha de ser plena y práctica y no meramente platónica o irreal, por estas razones es necesario que los órganos judiciales adopten las medidas necesarias para poder actuar frente a comportamientos impeditivos, dilatorios o fraudulentos que incidan en el cumplimiento de la sentencia (Echeverría & Suárez, 2013, pág. 65).
Una de las formas para que se vulnere la tutela judicial efectiva, es el incumplimiento de lo dispuesto en los fallos judiciales, por ende, al no ejecutar el pago de indemnización que les corresponde a las víctimas, además de vulnerarse sus derechos, se está limitando a la tutela jurisdiccional a cumplir con uno de sus fines que es la ejecución de lo dispuesto en sentencias ejecutoriadas, por el juez penal competente. Por consiguiente, para que no se vulnera la tutela judicial efectiva es importante que las sentencias sean ejecutadas en un tiempo razonable, de esta manera se está precautelando los derechos garantizados en la Constitución, pero para ello deben existir las formas necesarias para que ninguna decisión que emita el juez dentro de un fallo quede sin cumplirse.
Vanesa Aguirre (2010), al hablar de tutela judicial efectiva, señala:
Se conceptúa a la tutela judicial efectiva como el derecho a acudir al órgano jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue una respuesta fundada en derecho a una pretensión determinada, con los requisitos constitucionales y legales del caso.
La tutela judicial toma vida a través de la ejecución de las sentencias, sin la
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serían más que meras declaraciones de intenciones y por tanto no estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial”. La ejecución, pues, se satisfará completamente cuando materialice cada una de las disposiciones de la sentencia (Aguirre Guzmán, 2010, págs. 14-15).
En sí, la Tutela Judicial Efectiva, es aquella que permite a las personas acceder a los órganos judiciales competentes, para por medio de ellos, obtener un proceso que otorgue todas las garantías mínimas en defensa de sus derechos e intereses legítimos, brindando una respuesta motivada de conformidad con la ley, sobre las pretensiones propuestas, además, permite que cada una de las disposiciones de las resoluciones ejecutoriadas sean debidamente ejecutadas, caso contrario se estaría vulnerando la tutela judicial quedando solamente en meras declaraciones de intenciones, sin alcance práctico, ni efectividad alguna.
El Dr. Herman Jaramillo, hace referencia a este principio, indicando lo siguiente:
La Tutela Judicial Efectiva, es un derecho y una garantía constitucional que tiene una persona para concurrir ante un juez independiente, imparcial y competente de los órganos de primer nivel de la función jurisdiccional, con una demanda sujeta los requisitos del debido proceso que el ordenamiento jurídico procesal prescribe, para recibir la protección jurídica real, integra y rápida, en aras de una solución y reparación de un derecho constitucional vulnerado, cuya resolución será motivada, es decir argumentada justificada y razonada en base a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en las pretensiones de las partes. La efectividad significa que el operador de justicia debe tomar en cuenta el derecho al acceso a la justicia
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gratuita al debido proceso, a la legitima defensa, al juzgamiento ante un juez competente, a una resolución motivada y a la ejecución y cumplimiento de la sentencia con observancia del trámite de cada proceso (Jaramillo, 2014, pág. 48).
Este autor señala claramente que la Tutela Judicial efectiva permite a las personas afectadas en sus derechos humanos, acudir a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan el asunto controvertido, de manera imparcial e independiente, respetando el debido proceso desde el momento que se presenta la demanda, hasta que se dé cumplimiento o ejecute la sentencia. Por tanto, la tutela judicial efectiva no solo se refiere al derecho de iniciar una acción, si no también garantiza un resultado efectivo, es decir, que las causas o hechos que llevaron a impulsar un proceso, sean resarcidas o desaparezcan y en materia penal que es a donde va dirigida esta investigación, que la indemnización integral por los daños sea cumplida satisfactoriamente por los sentenciados. Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores la sentencia lleva dispuesta el monto de la reparación integral de la víctima, por ende, esta debe ser cumplida por el sentenciado y al no llegarse a efectuar el pago, se está vulnerando la tutela judicial efectiva y además el derecho de reparación que le corresponde a las víctimas.
También, el autor Jesús González Pérez ha señalado que la Tutela Judicial Efectiva:
Es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas; este derecho despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia, segundo, una vez en ella,
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que sea posible la defensa y poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos (González Pérez, 1985, pág. 27).
En tal virtud, la tutela judicial efectiva no solo consiste en que las personas puedan acceder a los órganos jurisdiccionales, para que resuelvan el litigio conforme a derecho en un plazo razonable, si no también hace referencia a que las decisiones plasmadas en las resoluciones judiciales sean debidamente ejecutadas, para de esta manera garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la tutela judicial y los derechos reconocidos en dicha sentencia; derechos que les corresponde a todas las personas desde el que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Toda persona vulnerada en sus derechos necesita que se le haga justicia, es por ello que acuden a los órganos jurisdiccionales para que no solamente el sentenciado obtenga una pena, sino también que se les repare por los daños ocasionados y si las sentencias no se llegan a ejecutar, además de vulnerarse derechos, las víctimas perderán la credibilidad en la justicia.
La Corte Constitucional al hablar de Tutela Judicial Efectiva menciona lo siguiente:
Este derecho se fundamenta en la observancia de tres elementos fundamentales: (i) el acceso a la justicia, entendida ésta a través de los mecanismos propuestos por el Estado para la resolución de controversias; (ii) la debida diligencia y el respeto a lo largo del proceso judicial de las condiciones mínimas para que las partes puedan asegurar una adecuada defensa de sus derechos e intereses; y, (iii) que la sentencia dictada se cumpla, esto es, la ejecutoriedad del fallo, que se traduce en el derecho a
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la efectividad de las decisiones jurisdiccionales (Corte Constitucional, 2020, pág. 6).
La Corte Constitucional, la tutela judicial efectiva es aquel derecho que permite que las personas accedan a los órganos de justicia para que resuelvan las controversias de conformidad al ordenamiento jurídico y den una respuesta debidamente motivada y una vez ejecutoriada la sentencia se realice su efectivo cumplimiento, para garantizar los derechos establecidos en el fallo. En tal virtud, la tutela judicial efectiva no se limita a precautelar el acceso de las personas al sistema de administración de justicia, sino que involucra una serie de elementos y obligaciones que recaen en los órganos jurisdiccionales, a efectos de garantizar una adecuada y eficaz protección de los derechos e intereses de los justiciables, con el fin de que se dé una solución al conflicto que dio inicio al proceso judicial y las partes no queden en indefensión.
En conclusión, la tutela judicial efectiva se refiere específicamente a: 1) El derecho de las personas a poder acceder a los órganos de justicia, para que resuelva el litigio de manera imparcial y respetando el debido proceso. 2) Obtener una sentencia motivada y congruente 3) Finalmente a la ejecución y cumplimento de lo ordenado en sentencia firme.