Una mirada global: 1990 a

La democracia conquistada a fines de los ‘80, recibió como herencia del gobierno militar un sistema de libre mercado enraizado en la economía y la vida social del pueblo chileno. Según hemos visto, esta herencia afecta en su estructura a la educación y, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las consecuencias aún permanecen latentes en un sistema educacional poco eficiente, débil y al mismo tiempo en crisis. Un análisis hecho por Cristián Cox, −Doctor en Sociología por la Universidad de Londres experto en currículum y evaluación, y actualmente Decano de la Facultad de Educación de la PUC−, publicado en la Revista Uruguaya de Ciencia Política, da cuenta así de la situación:

En 1980, el gobierno militar de Chile (1973-1990) inicia una profunda transformación del modelo de financiamiento y gestión del sistema escolar. En el marco de un régimen político autoritario con poderes excepcionales y a través de una reforma estructural radical, descentralizó su administración trasladando la responsabilidad y poder de gestión de las escuelas del Ministerio de Educación a más de 300 municipios, introdujo instrumentos de financiamiento basados en el subsidio a la demanda, desafilió del estatus de funcionarios públicos al conjunto del cuerpo docente y utilizó instrumentos legales e incentivos de mercado para estimular la creación y el crecimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal que compitieran por matrícula con las de administración pública. A lo largo de la década de 1980, el sistema escolar chileno pasa a ser el caso más radical de sistema nacional regulado por mecanismos de mercado. (2012, p. 13-14)

Los gobiernos democráticos de Aylwin (1990-1994), Frei Ruiz-Tagle (1994- 2000) y Lagos (2000-2006) mantuvieron los componentes centrales del sistema

educacional vigente en ese entonces, realizando ajustes y reformas que apuntaban más bien a ampliar cobertura, flexibilizar el currículum, mejorar aprendizajes, destinar mayor cantidad de recursos a infraestructura, y mejorar los sueldos de los profesores. Sin embargo, los ejes estructurales −como son la libertad de enseñanza, que aumentó la inequidad; la descentralización, que delegó la responsabilidad del Estado; el concepto de elección, que fomentó la discriminación; la subvención, que no resuelve el problema de la asignación equitativa de recursos− permanecieron y permanecen hasta nuestros días, siendo éstas las principales banderas de lucha de la nueva reforma educacional, del gobierno de Bachelet (2014-2018), en el sentido de llevar adelante una reestructuración profunda y de carácter histórico (Martinic & Elacqua, 2010).

En la década de los ’90, la intención y el trabajo de los gobiernos democráticos en materia educacional apuntaron a poner en práctica un conjunto de iniciativas dirigidas a mejorar del alicaído sistema educativo. A partir de entonces, las políticas educacionales se construyeron sobre el principio de equidad social para el desarrollo moderno del país, la ampliación e igualdad de oportunidades educacionales, la libertad de enseñanza y la modernización cualitativa de la educación:

Este esfuerzo se construye sobre el objetivo explícito de proveer una educación escolar de alta calidad para todos, donde 'alta calidad' significa egresados con mayores capacidades de abstracción, de pensar en sistemas, de comunicarse y trabajar en equipo de aprender a aprender y de juzgar y discernir moralmente en forma acorde con la complejidad del mundo en que les tocó desempeñarse. (Cox & González, 1997, p. 103)

Los elementos medulares en los que insistirá la reforma educacional a lo largo de los ‘90 son cuatro: i) programas de mejoramiento e innovación pedagógica; ii) desarrollo profesional docente; iii) reforma curricular; y iv) jornada escolar completa. De ellos nos volveremos a ocupar más adelante.

En el contexto político de aquel entonces —un país que recupera pacíficamente la democracia, tras 17 años de dictadura— se entiende que el retorno a las prácticas democráticas no fuera fácil, ni menos rápido. El parlamento −donde convivían senadores designados por el gobierno anterior y los elegidos por el pueblo− tuvo

dificultades a la hora de tomar decisiones y las políticas de educación se trataron como políticas de Estado, obteniendo así una continuidad materializada en la creación de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación. Dicha comisión fue convocada en 1994 por el mismo Presidente de la República, Patricio Aylwin, y por veinte años funcionó como garante de la continuidad de las políticas educacionales en Chile. (Cox, 2012)

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos democráticos, las mejoras en el plano de la calidad no avanzaron al ritmo esperado por la sociedad chilena. De allí se entiende que el 2006, la ya nombrada “Revolución Pingüina” volviese a instalar públicamente el reclamo por la calidad, así como también a canalizar un descontento generalizado de la sociedad civil hacia el sistema educacional chileno. Las exigencias de los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios, representaron un reclamo de distintos sectores hacia la recién electa Presidenta de la República, Michelle Bachelet:

luego de un mes de toma de colegios y demostraciones masivas en las principales ciudades del país [...]M. Bachelet convoca un Consejo Asesor

Presidencial de Educación [...] sesiona entre junio y diciembre 2006, no

logrando acuerdos sobre los núcleos más duros[...]” sin embargo se logra llegar a algunos acuerdos y las fuerzas representadas convergen en: “ necesidad de cambio de la LOCE; nueva institucionalidad, que incluya una Agencia de Aseguramiento de la Calidad y una Superintendencia [...] entre otros. (Cox, 2012, p.p 18-19)

En adelante, como respuesta a las demandas ciudadanas, los esfuerzos del gobierno se concentraron en la discusión de la normativa que debería sustentar las transformaciones: la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación) fue reemplazada por la nueva Ley General de Educación (LGE) que se aprobó el 2009. Adicionalmente, se trabajó en la implementación de una ley, aprobada el 2011, dirigida a asegurar la calidad; y en la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que ingresaría al Congreso el 2012 y que, actualmente, sigue en discusión.

En este escenario, Chile hoy enfrenta un nuevo desafío. El gobierno actual ha propuesto al país una nueva y profunda reforma educacional, esta vez, dirigida a zanjar aquellos pendientes temas estructurales que persisten desde la reforma del 80’. Con ello, se espera un cambio radical en el sistema educacional chileno. La gratuidad, la equidad, la calidad, la no-discriminación, son elementos centrales que esta vez sí esperan ser considerados en el diseño del proyecto. (Bachelet, 2013).