Violación del derecho a la educación a causa de la violencia

La escuela debe ser por excelencia el lugar donde el niño aprende a pensar, a controvertir con razones válidas, a debatir ideas, a avizorar un futuro mejor con base en la conciencia y el análisis del momento histórico que le toca vivir, pero sobre todo a convivir y aceptar las diferencias de los demás, dentro de un profundo respeto por el otro como consecuencia de un rico humanismo.

Pero resulta que esta legítima aspiración no es posible realizarla. Por un lado, porque muchas veces el niño no sabe para qué le sirve lo que aprende en la escuela; además, constata en la vida diaria que inclusive el chico que un día renunció o no pudo ir a la escuela le va mejor (económicamente) que al que siguió todo el proceso de estudios. Y esto porque en tantas ocasiones se ha visto la educación sólo como la forma de ganarse la vida, de ganar dinero, despojándola de su verdadera dimensión humanista lo cual permite trazar el proyecto de vida para sí mismo y para la sociedad.

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Y por otro lado, porque dada la situación de violencia que vive el país, los actores del conflicto han convertido la escuela en un lugar de guerra; y por ello, la eligen como el espacio privilegiado de reclutamiento y formación para la guerra, con el agravante de que ofrecen la subversión como un empleo con "buena remuneración" si toman las armas. Y ante la miseria que viven sus familias y tanto desempleo y falta de posibilidades progreso, muchos niños y adolescentes, ven ese ofrecimiento como la mejor opción.

Realmente ante esta situación no hay razones que convenzan de lo contrario a un joven que se decide por las armas. Pero aquí el hecho no es que en verdad el joven esté convencido de las bondades de la "ideología" que pretende defender, sino que ve el conflicto como una forma de empleo para "ganar" algo de dinero para sí y para su familia. Pero peor desilusión se lleva cuando estando ya dentro de las filas de los grupos armados ve que todo lo que le ofrecieron era mentira o pura estrategia de reclutamiento68_.

Sin lugar a dudas todo esto constituye violación del derecho fundamental a la educación de los menores. Y de ello son responsables tanto el Estado como los grupos subversivos. El Estado es responsable, por la injusticia social institucionalizada, la inequidad en que viven tantos colombianos y a veces el desbordamiento del uso de la fuerza69 _{en contra de la}

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Estos son testimonios de militantes de grupos subversivos que cuentan su experiencia después de estar viviendo por dentro la realidad del conflicto y que se enrolaron creyendo en las promesas de sueldo que le hicieron al ingresar.

69_{“El Ejército y la Policía han intervenido en varias escuelas de sectores marginales para realizar actividades}

población civil, cuyas víctimas son principalmente los menores. Y son responsables los grupos subversivos porque en la "supuesta" lucha contra la injusticia han cometido peores atrocidades e injusticias que las que dicen combatir.

Un caso concreto donde se ve afectado el derecho fundamental a la educación de los menores es el que da cuenta de una tutela interpuesta por el personero estudiantil de una escuela oficial en contra del alcalde municipal donde en repetidas oportunidades se le solicitó que trasladara la estación de policía del lado de la escuela, pues ante la inminencia de una toma guerrillera los niños serían los primeros afectados, dado que el primer objetivo militar de los subversivos es la estación de policía, y la escuela por estar junto a aquella corría grave riesgo. Señala la alumna demandante que "Vivimos inseguros y con una ola de tensión sabiendo que servimos de escudo al Comando de Policía que está ubicado justo a nuestras espaldas".

Para el caso se estableció que entraban en tensión por una parte, los derechos fundamentales de los niños (artículos 11, 12, 44 y 67 C.P.) -los cuales, por expresa disposición constitucional, deben prevalecer sobre los derechos de los demás-; y, por la otra, los deberes de las personas de obrar conforme al principio de la solidaridad social, de apoyar a las

instrucción militar y establecen bases para sus actividades de seguridad.” En Niñez, escuela y conflicto

armado en Colombia. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Bogotá, octubre de 2003. Citado por Tomasevski Katarina, opus cit.

autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, y de propender al logro y mantenimiento de la paz (art. 95 C.P.). Pero la Corte señaló que "en tratándose de los niños, aunque en principio también están obligados a actuar en forma solidaria, o, mejor todavía, deben irse formando con los conceptos propios de la solidaridad y las exigencias que la convivencia social supone, lo cierto es que debe analizarse en cada caso particular si, en virtud de sus especiales circunstancias de debilidad e indefensión, tienen la capacidad y el deber ineludible de soportar, asumir o perseverar en toda conducta que se les pida o se les imponga, independientemente de su situación actual y de los peligros que corran sus derechos fundamentales, en particular el de la vida"70

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Por ello, no es razonable exigir a un menor que asuma el riesgo de perder su vida; sobre todo si dicho peligro puede evitarse o disminuirse; y allí se encuentra una de las más importantes responsabilidades de la sociedad y del Estado... Así que "el deber de solidaridad de los menores no llega hasta el punto de que éstos deban aceptar que el espacio donde desarrollan su actividad educativa se convierta en campo de batalla, quedando expuestos al fuego cruzado, si se parte de la base de que los infantes, dada su condición de indefensión, son solamente víctimas -y no están llamados a convertirse en héroes- dentro la confrontación armada".

Así, pues, "ante el peligro generado... que presagia una "toma guerrillera" y por la peculiar construcción de la escuela como inmueble inmediatamente aledaño a las instalaciones policiales, y además por los antecedentes de su utilización para el alojamiento y acuartelamiento del Ejército y de la propia Policía, es de tal gravedad que encaja exactamente en el concepto de amenaza, previsto en el artículo 86 de la Constitución, al cual se ha referido antes esta Corte: "La amenaza a un derecho constitucional fundamental tiene múltiples expresiones:... puede estar representada en el desafío de alguien (tentativa), con repercusión directa sobre el derecho de que se trata; también puede estar constituida por actos no deliberados pero que, atendiendo a sus características, llevan al juez de tutela al convencimiento de que si él no actúa mediante una orden, impidiendo que tal comportamiento continúe, se producirá la violación del derecho; igualmente pueden corresponder a una omisión de la autoridad cuya prolongación en el tiempo permite que aparezca o se acreciente un riesgo..."71

Encuentra, pues, la Corte que "no es razonable la carga impuesta a los alumnos de la escuela del municipio, y que el deber de solidaridad -el cual también pesa sobre los menores- tiene su límite en la capacidad de éstos de asumirlo. Resulta claramente desproporcionado y constituye atentado contra el principio de igualdad y contra los derechos a la vida y a la educación, obligar a los niños a permanecer en un lugar que, dada su contigüidad con el puesto de policía, está altamente expuesto a los ataques que la guerrilla determine dentro de

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su concepción del conflicto armado. Además, dicha imposición desconoce abiertamente el postulado del artículo 44 de la Carta Política, según el cual los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás"72_.

Todo este panorama lleva a concluir que hay que definir la escuela como un lugar de paz, donde la educación sea realmente la mejor alternativa a la situación de violencia y de injusticia que vive Colombia.

La sociedad civil, padres de familia, docentes, líderes sociales tienen que hacer conciencia a los niños y a los jóvenes sobre lo que está pasando y lo que ha pasado para que vean que la educación es la mejor alternativa para formar una auténtica personalidad y para propender por el progreso y desarrollo del país.