Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de

género. Las mujeres defensoras de derechos humanos

continuaron afrontando numerosos obstáculos en situaciones de conflicto armado, crisis socio-política o en contextos de persecución de los derechos

humanos. En el informe Situación de las defensoras

de los derechos humanos, de principios de 2019,30 _el

Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos alertó de los graves riesgos que estas experimentan, incluyendo no reconocimiento a su condición de defensoras de derechos humanos y a su labor, marginación y exclusión sistemática; descrédito social, estigmatización y ataques al honor y la reputación; riesgos, amenazas y ataques en el ámbito privado y contra familiares y personas cercanas; agresiones físicas, violencia sexual, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas; acoso, violencia y ataques en internet; acoso judicial y criminalización; denegación de participación, restricciones y represalias por colaboración con sistemas internacionales y regionales de derechos humanos; amenazas a la

condición jurídica; encarcelamiento físico; ataques contra colectivos y movimientos de defensoras de los derechos humanos. El informe también señala los riesgos específicos que afrontan grupos o colectivos de defensoras de los derechos humanos, como las niñas, las defensoras que no se ajustan a normas de género hegemónicas, defensoras indígenas y defensoras de grupos minoritarios, defensoras de derechos humanos con discapacidad, mujeres periodistas y abogadas, defensoras en puestos de liderazgo, activistas en contextos de conflicto armado y postconflicto, defensoras refugiadas, migradas y víctimas de tráfico ilícito y trata, mujeres defensoras privadas de libertad, defensoras medioambientalistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres y activistas que se ocupan de los derechos de las trabajadoras sexuales. En Ucrania, un nuevo informe de género de la misión de supervisión de la OSCE (SMM, por sus siglas en inglés) señaló que el conflicto armado había incrementado los riesgos y la prevalencia de la violencia de género en el país.31 _{El informe, publicado en diciembre de 2018}

y que analiza los años 2017 y 2018, señala impactos específicos de la violencia de género sobre las personas desplazadas internas. Por otra parte, apunta que en el periodo analizado se incrementó significativamente el número de personas a las que se otorgaba el estatus de víctima de trata. La mayor parte de mujeres registradas habían sido víctimas de trata con finalidades de explotación sexual. Según el informe, algunas fuentes gubernamentales y de sociedad civil identificaron un incremento en la trata con fines de explotación laboral, que afectaba a menudo a hombres. Según las fuentes consultadas por la SMM, el incremento en el número de víctimas de trata se debía tanto a factores vinculados al conflicto –como la difícil situación económica resultado del conflicto en el este de Ucrania, especialmente para la población desplazada– como factores no relacionados con el conflicto, como un mayor conocimiento entre la población sobre los servicios de asistencia. Por otra parte, también en relación a Ucrania durante el año se produjeron diversos ataques contra personas LGTBI, como señalaron la OSCE y la OHCHR. Según la OHCHR, la Policía ucraniana rara vez califica este tipo de ataques como crímenes de odio, lo que invisibiliza las motivaciones de los perpetradores.

Con respecto a la situación de Nicaragua, múltiples organizaciones de mujeres denunciaron la violencia y criminalización de las organizaciones feministas nicaragüenses en el marco de la grave crisis política y de violencia que atravesó el país durante 2018. ONU Mujeres expresó su preocupación por los ataques contra las mujeres defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres y exigió el fin a estos ataques. Entre otras acciones represivas, se produjeron detenciones de decenas de mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos y se prohibió la

32. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January – December 2017, OHCHR, marzo de 2018.

marcha convocada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) denunció la violencia cometida por las fuerzas de seguridad y actores armados afines, incluyendo asesinatos y heridos, así como abusos sexuales, acoso y violaciones, y señalaron que esta violencia se suma a otras violencias contra las mujeres, como 402 feminicidios registrados en los últimos seis años. La plataforma Articulación Feminista también denunció secuestros de diversas mujeres, violaciones y torturas contra mujeres desde abril de 2018 –fecha de inicio de la crisis–, así como intimidación, amenazas, detenciones y hostigamiento, contra activistas feministas. Redes y organizaciones feministas de América Latina y el Caribe, así como de otras zonas del mundo, reclamaron el fin de los ataques del Gobierno contra el movimiento feminista y defensoras de derechos humanos nicaragüenses, que han incluido intimidación, asedio, detenciones arbitrarias, atentados en contra de su integridad física y sexual, expulsión del país, retiro de residencias y ciudadanías legalmente obtenidas; así como, el retiro de la personalidad jurídica y el congelamiento de las cuentas bancarias de las organizaciones.

En relación a Turquía, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, publicado en marzo de 2018 y que analiza el año 2017, puso de manifiesto graves violaciones de los derechos humanos en el país, en el marco del estado de emergencia en el país y la erosión del estado de derecho.32 _Entre

múltiples abusos, el informe alerta sobre la detención de un centenar de mujeres embarazadas o que habían dado a luz recientemente, acusadas de ser colaboradoras de sus maridos, a quienes se acusa de conexión con organizaciones terroristas. Además, en relación al conflicto en torno a la cuestión kurda, el informe señala denuncias de violaciones de derechos humanas específicas al conflicto, incluyendo violencia sexual contra las mujeres, destrucción de viviendas, obstáculos al acceso de ayuda médica de emergencia, a agua potable y a medios de vida, entre otras, perpetradas por fuerzas de seguridad. Se trata de consecuencias con impactos específicos de género. Además, el informe mostró preocupación por la designación por parte del Gobierno central de administradores para sustituir a alcaldes y alcaldesas electos y otros miembros de los consejos municipales. 87 alcaldes y alcaldesas electos de origen kurdo (35 mujeres y 52 hombres) de un total de 105 municipalidades del sudeste, habían sido encarcelados desde septiembre de 2016 hasta finales de 2017, sustituidos por 94 administradores, todos hombres.

Por lo que respecta a Arabia Saudita, durante 2018

el reino continuó con sus políticas represivas y vulneraciones a los derechos humanos y emprendió una campaña de detenciones arbitrarias sin precedentes contra destacadas activistas por los derechos de las

mujeres. La primera oleada de arrestos se produjo en mayo, semanas antes de que el régimen levantara la prohibición de conducir a las mujeres saudíes (junio), y afectó paradójicamente a varias activistas que habían exigido el fin de esta prohibición. Entre ellas Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, también activistas contra el sistema de guardianes masculinos vigente en el país, que obliga a las mujeres a solicitar permiso a un hombre de su familia para diversas actividades, como viajar, obtener pasaporte, ingresar a la universidad o casarse. En agosto fueron detenidas otras dos lideresas de renombre: Nassima al-Sadah, activista política y por los derechos de las mujeres de la Provincial Oriental –donde se concentra la minoría shií del país y que ha sido escenario de recurrentes protestas de sectores disidentes– y Samar Badawi, reconocida también por su denuncia del sistema de guardias masculinos y por ser una de las principales impulsoras de la participación política de las mujeres saudíes. Cabe recordar que en 2015 las mujeres saudíes fueron autorizadas por primera vez a presentarse como candidatas en las elecciones municipales. Badawi fue una de las mujeres que quiso postular, pero su candidatura fue vetada entonces por las autoridades saudíes.

Amnistía Internacional denunció que, al finalizar el año, todas estas activistas permanecían en prisión, aún pendientes de la presentación formal de cargos o de juicio. Algunas ONG de derechos humanos advirtieron que varias de las detenidas están acusadas de crímenes graves –incluyendo “contactos sospechosos con agentes externos”– y que medios de comunicación progubernamentales lanzaron una campaña contra ellas, calificándolas de traidoras. Según la prensa local, al menos nueve de ellas podrían ser enjuiciadas por una corte criminal especial –establecida originalmente para enjuiciar a personas acusadas de delitos de terrorismo– y enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. Varios informes aseguraron que otras activistas están padeciendo prohibiciones de viajar al extranjero. A finales de noviembre, Amnistía Internacional y Human Rights Watch también alertaron de que activistas por los derechos humanos, incluyendo varias mujeres, estaban siendo víctimas de torturas y acoso sexual durante interrogatorios en Arabia Saudita.

Finalmente, en Yemen, más de un centenar de

mujeres yemeníes y destacadas premios Nobel de la Paz dirigieron una carta al nuevo enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, en la que denunciaron el significativo incremento de la violencia de género tras la escalada del conflicto en marzo de 2015. En la misiva alertaron que hasta julio de 2017 se habían documentado 2.447 casos de mujeres muertas o heridas y que de los más de dos millones de personas desplazadas internamente un 76% eran mujeres o menores de edad. Adicionalmente, advirtieron que el

Egipto Siria Palestina Yemen Afganistán Pakistán Myanmar Argelia Burkina Faso Camerún ChadSudán Nigeria Burundi Sudán del Sur Somalia

RDC Etiopía Libia Malí

barreras legales a la libertad de expresión sobre cuestiones de orientación sexual y barreras para la formación de ONG)

Homofobia de Estado, 2019)

Mapa 3.2. Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGTBI

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau y Lucas Ramon Mendos, State-Sponsored Homophobia 2019, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Ginebra: ILGA, 2019

matrimonio infantil se había incrementado en un 66% como recurso de muchas familias para enfrentar la pobreza ante el acusado deterioro económico en el país.

Decenas de personas LGTBI se organizaron como

grupo propio en el marco de una caravana de migrantes centroamericanos en 2018 en camino a EEUU para

Tabla 3.2. Conflictos armados en 2018 en países con legislación discriminatoria contra la población LGTBI

ÁFRICA ASIA ORIENTE MEDIO

Argelia Burundi

Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Ogadén) Libia Malí RDC (este) RDC (este – ADF) RDC (Kasai)

Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental Somalia

Sudán (Darfur)

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur

Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan) Egipto (Sinaí) Israel - Palestina Siria Yemen Yemen (AQPA)

solicitar asilo. Se articularon como grupo específico ya iniciada la marcha. Algunas de sus integrantes denunciaron abusos verbales y dificultades específicas a lo largo del trayecto, así como la violencia en sus países de origen. En torno a 80 personas LGTBI procedentes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador llegaron a Tijuana (México) en noviembre, con

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau y Lucas Ramon Mendos, State-Sponsored Homophobia 2019, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Ginebra: ILGA, 2019

33. Véase el apartado 4.2.1. de este capítulo.

En los últimos años