PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE HISTORIA
La construcción de la
verdad en la Ley de
Justicia y Paz
Trabajo de grado para optar al título de historiadora.
Carolina Boada Bayona
César Torres Del Río
Director
Tabla de contenido
Introducción. ... 5
1. Antecedentes y consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia. ... 13
1.1. Naturaleza del conflicto armado en Colombia. ... 13
1.2 Antecedentes de los Grupos Paramilitares en Colombia. ... 21
1.3. Surgimiento de los primeros grupos paramilitares en Colombia. ... 25
1.4 Las élites regionales y el paramilitarismo. ... 31
1.5. El discurso contrainsurgente en el proyecto político paramilitar ... 34
2. El paramilitarismo y el cambio en el mapa político electoral colombiano. ... 40
2.1. Los paramilitares y el delito político. ... 41
2.2. La expansión paramilitar entre 1999 y 2003. ... 48
2.3. Breve reseña de las elecciones de 2002. ... 53
2.4. Aprobación de la Ley de Justicia y Paz. ... 66
3. Naturaleza y lugar de la Verdad en la Ley de Justicia y Paz. ... 69
3.1. Contexto de la ley 975 del 2005, denominada, Ley de Justicia y Paz. ... 69
3.2 La verdad en la Ley de Justicia y Paz. ... 73
3.3. Las características de la verdad procesal. ... 78
3.4. Limitaciones y críticas de la Ley de Justicia y Paz. ... 81
Introducción.
El presente escrito se encuentra destinado a dar cuenta de un modo crítico –descriptivo, de una situación legislativa particular que favoreció a la construcción de un tipo de memoria histórica donde se rescata únicamente el discurso de unos cuantos, de aquellos que tienen a la mano el poder y la capacidad para seguir dejando a la deriva los actos de criminalidad e impunidad cometidos tanto por el Estado como por grupos al margen de la ley a lo largo nuestra historia nacional.
Mediante el uso de un discurso contrainsurgente que encubría un verdadero proyecto destinado a capturar al Estado mediante la violencia
y el narcotráfico, así como a través del uso de la violencia contra la población civil, el proyecto político paramilitar logró cambiar el mapa electoral en Colombia. El objetivo perseguido era consagrarse como delincuentes políticos para así obtener los beneficios que este estatus conlleva. Mediante el control político de un sector importante del Congreso de la República, lograron aprobar un marco jurídico al servicio de sus intereses: la Ley de Justicia y Paz. Fue así como a pesar de las modulaciones que la Corte Constitucional le hizo al quitar el delito de sedición, la Ley 975 de 2005 continúa siendo un instrumento que dificulta la construcción de una historia, compleja y estructural, del conflicto nacional. La razón es que esta Ley busca encontrar responsabilidades individuales a través de procesos
construcción de la memoria histórica desde las voces de las víctimas como se ha presentado al público. Por el contrario, representa un obstáculo para su activa participación.
Desde la década de los ochenta todos los gobiernos, hasta la presidencia de Andrés Pastrana, intentaron de alguna manera negociar una solución pacífica del conflicto con los grupos guerrilleros existentes en Colombia. De hecho, éste último lo planteó como una necesidad en su plan de gobierno y como bandera que le ayudó a ganar las elecciones presidenciales de 19981. Como parte de las negociaciones el Presidente Pastrana se reunió
con los jefes del secretariado de las FARC y les otorgó una zona desmilitarizada, que abarcaba cinco municipios, mientras se desarrollaban los diálogos. Después de extender la zona en repetidas oportunidades en febrero de 2002 terminaron definitivamente los diálogos de paz2.
Aduciendo el anterior fracaso el gobierno Uribe planteó desde su inicio que no habría negociaciones con los grupos al margen de la ley sin la existencia de un cese unilateral de fuego por parte de esos grupos. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron el único actor que aceptó las condiciones y, en menos de un año, estaba conformado el equipo negociador del gobierno y habían comenzado las desmovilizaciones masivas3.
El marco jurídico de la desmovilización paramilitar se comenzó a discutir en el 2003, desde el Pacto de Santa Fe Ralito4 y se cristalizó con la radicación en el Congreso de la hoy conocida como Ley Justicia y Paz. Hay que recordar que el proyecto de ley tuvo iniciativa gubernamental y fue aprobado por un Congreso, que a la luz de las investigaciones actuales, contaba con una mayoría de Senadores y Representantes a la Cámara vinculados con el proyecto paramilitar5. Esa influencia parlamentaria se expresó de manera evidente en la primera versión de la Ley 975 pues la misma contenía tipificado el delito de sedición para los desmovilizados, situación que los consagraba como actores políticos del conflicto.
1 International Crisis Group, “Ponerle fin al conflicto con las FARC en Colombia: jugar la carta correcta”.
Informe sobre América Latina, No. 30, 26 de marzo de 2009. p. 23.
2
International Crisis Group, “Ponerle fin al conflicto con las FARC en Colombia: jugar la carta correcta”.
Informe sobre América Latina, No. 30, 26 de marzo de 2009. p. 23.
3Arias, Gerson I.
Serie Working papers FIP, No. 4. Octubre de 2008. p. 24.
4 Medellín A. & Medellín P. (2010
), Política de seguridad democrática, Bogotá, Grupo Editorial Norma. Bogotá. p. 32.
En ese orden de ideas, y según la Sentencia C-456 de 19976, el proyecto político paramilitar había logrado consagrar a las AUC como delincuentes políticos mediante el dominio mayoritario del Congreso.7
A lo largo del siglo XX se dieron varios procesos de transición de situaciones de guerra a la paz. El instrumento jurídico creado para lograr esos tránsitos se ha denominado como justicia transicional. En múltiples oportunidades se ha discutido sobre la tensión que existe entre los derechos de las víctimas en particular y el derecho a la paz de la sociedad en
general. En últimas, el debate se encuentra referido a cuánta justicia o cuánto olvido debe estar presente en un proceso de transición para lograr la paz8.
Se ha determinado que muchas de las legislaciones emitidas en esos contextos lograban imponer el olvido del pasado, y con ello las responsabilidades de quienes cometieron los crímenes, a través de figuras jurídicas como la amnistía y el indulto9. Hoy en día el derecho internacional ha impuesto a los Estados unos estándares mínimos para garantizar los derechos de las víctimas, asunto que imposibilita el planteamiento de políticas de olvido tan evidentes como las amnistías.
Es en ese contexto que aquellos que detentan el poder han tenido que plantear nuevas estrategias jurídicas para lograr evitar el compromiso de su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos. La construcción de una historia nacional oficial resulta siendo una estrategia oportuna para atribuir responsabilidades a actores del conflicto diferentes y para callar las voces de las víctimas.
A la luz de interpretaciones actuales sobre el paramilitarismo se ha encontrado una relación entre el inicio y fortalecimiento de los diálogos de paz con las guerrillas y un paralelo
6
COLOMBIA, Corte Constitucional, Sentencia C ‐ 456 de 1997, Magistrados ponentes: Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta sentencia la Corte decide sobre la constitucionalidad del artículo 127 del Código Penal. El artículo que finalmente fue declarado inexequible y decía lo siguiente: “Exclusión de pena. Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo".
7 Es importante recordar que es catalogado por la ley como “rebelde” aquel que comete delitos políticos y
por ello no solamente será beneficiario de la amnistía y el indulto sino que en el futuro podrá ejercer cargos públicos y no podrá ser extraditado. Así las cosas, para lograr los beneficios que el derecho le concede a los delincuentes políticos, desde 1997, es necesario el voto favorable de la mayoría del Congreso.
8 Pizarro, Eduardo & León Valencia (2009), “Reparar en altamar. Ley de Justicia y Paz. Grupo Editorial Norma.
Bogotá, 2009.p. 30.
9 Sánchez, G. (2006),
crecimiento exponencial de los grupos paramilitares. En 1998, año en que el gobierno Pastrana inicia formalmente las conversaciones con las Farc, se consolidan las Autodefensas Unidas de Colombia10. León Valencia11 y Mauricio Romero12 han determinado que el crecimiento paramilitar fue posible debido a la existencia de una alianza entre élites regionales, las nuevas clases emergentes que produjo el narcotráfico y las Fuerzas Armadas con el objetivo común de lograr obtener control político. Estos sectores
sociales se ven amenazados por la posible solución negociada entre el gobierno central y los grupos guerrilleros13 y a partir de alianzas con las élites regionales14 y mediante actos de violencia contra la población civil lograron cambiar el mapa electoral en Colombia.
El discurso político que buscaba legitimar y camuflar la naturaleza de lo anterior era la necesidad de erradicar a los grupos guerrilleros mediante una estrategia militar contrainsurgente para obtener la paz15. En ese contexto, el fracaso de las negociaciones de paz con las Farc y con el ELN ocurridas en el gobierno de Andrés Pastrana impulsó la elección del Presidente Álvaro Uribe Vélez16. En palabras de León Valencia el proyecto político paramilitar había alcanzado su objetivo; negociar con el gobierno central su reinserción a la sociedad y seguir teniendo el control político a partir de un marco jurídico benéfico17.
La Ley de Justicia y Paz, a la luz del proyecto político paramilitar, no es simplemente una herramienta de justicia transicional sino la consolidación del control político por parte del grupo armando. Ahora bien, a pesar de las modificaciones que la Corte Constitucional en Sentencia C – 370 de 2006 le hizo a la Ley de Justicia y Paz, quitando el delito de sedición, la naturaleza sigue siendo la misma; marco jurídico de la culminación de un proyecto político. Desde esa perspectiva se puede afirmar que a pesar de la implementación de la ley
10
Valencia, L. Editorial. Revista Arcanos. No. 13. Marzo de 2007. p. 3.
11 Pizarro, E. & Valencia, L. (2009),
Ley de Justicia y Paz, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2009.
12 Romero, M.(2003),
Paramilitares y autodefensas. 1982‐2003. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana S.A.
13
Revista Arcanos, No 13, Marzo de 2007, p. 7.
14
Revista Arcanos, No 13, Marzo de 2007, p. 4.
15 Pizarro, E. & Valencia, L. (2009),
Ley de Justicia y Paz, Bogotá, Grupo Editorial Norma, p. 189.
16
Arias, Gerson I. Serie Working papers FIP, No. 4, Octubre de 2008, p. 24.
17
aún no se puede hablar de desmovilización y desintegración de los grupos paramilitares y mucho menos de una transición de la guerra a la paz18.
El eje central de la Ley es la búsqueda de la responsabilidad individual y la declaración de la denominada verdad judicial19. Es así como esta herramienta de justicia transicional tiene las denominadas penas alternativas y busca satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas a partir de las versiones libres. El resultado de buscar las responsabilidades individuales y concentrarse en el aspecto procesal de la verdad trae como consecuencia la exposición de una verdad caleidoscópica o fraccionada20.
Lo anterior conduce a la imposibilidad de construir una historia del conflicto nacional que
contemple el conflicto como un todo, que involucre problemas estructurales y responsabilidades colectivas y estales en su devenir. La razón es que miles de relatos aislados nunca podrán dar cuenta del proyecto político paramilitar, de su alianza con las élites regionales y la relación con el Estado. Desde la perspectiva de lo anterior se puede considerar que la Ley de Justicia y Paz, a pesar de haber sido modulada por la Corte Constitucional, sigue sirviendo a los intereses para los cuales fue creada. Debido al énfasis que hace la ley en la verdad judicial, fraccionada, individual, evita la narración de un pasado incluyente y éticamente comprometido con las víctimas.
El escenario de lo anterior, favorece a la permanencia del discurso contrainsurgente como motor explicativo del conflicto armado y logra camuflar el proyecto político paramilitar a partir de la imposición de una barrera para la construcción de una memoria colectiva desde las voces de las víctimas. Se construye desde la élite política lo que Vinyes llama la impunidad equitativa, esto es, “un modelo de actuación que, aun reconociendo (y, por tanto, sin olvidar) la existencia del daño y la responsabilidad, elude deliberada y programáticamente asumir las dimensiones éticas, psicológicas, jurídicas y económicas de las responsabilidades políticas: no hay que entrar en el conflicto, hay que darlo por
18Medellín, M. y Medellín, P. (2010),
Política de seguridad democrática, Bogotá, Grupo Editorial Norma, p. 184.
19
Aquella que decreta el juez mediante sentencia.
20 Centro de Memoria Histórica. (2012),
Justicia y Paz ¿verdad judicial o verdad histórica?, Bogotá, Taurus, p. 297. [texto en línea], disponible en:
superado, no es que esté superado, pero hay que actuar como si ésta fuera la realidad. Es la espera del paso del tiempo para la resolución de los problemas del pasado, la espera de la extinción del problema a través del deceso tanto de los culpables como de los afectados” 21.
En consonancia con los planteamientos anteriores, el presente recorrido está demarcado por una estructura que aspira dar cuenta, en primer lugar, del modo la razones y la situación histórica que conllevó a que se crearan y consolidaran las Autodefensas Unidas de Colombia. Es así como en un primer momento del primer capítulo, se lleva a cabo una
descripción de la naturaleza del conflicto armado en Colombia, sus características y elementos fundamentales, con el objeto de ir comprendiendo con mayor precisión la lógica del conflicto que subyace a la generación y nacimiento de los grupos armados en Colombia. En un segundo momento de este primer capítulo, se da cuenta de aquellos antecedentes que conllevaron a la consolidación de los grupos paramilitares en Colombia, para pasar a hacer referencia, de modo particular, al surgimiento de los primeros grupos paramilitares que tuvieron lugar en nuestro país. En última instancia, se hace una descripción detallada de las estrechas relaciones que siempre han existido entre los paramilitares y las élites colombianas, para finalmente dar cuenta del modo como los grupos paramilitares se han valido de un discurso contrainsurgente para llevar a cabo crímenes atroces contra la población civil a la vez que se han venido estableciendo como una red de narcotráfico fuerte y estructurada.
El segundo capítulo del presente escrito se encuentra dirigido a dilucidar cómo con la llegada del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se empieza a ir constituyendo un Congreso formado en su gran mayoría por congresista estrechamente ligados con el paramilitarismo. Lo que permite esto, es que la Ley de Justicia y Paz sea firmada por un Congreso que acepta, dentro de la misma, que los paramilitares sean juzgados y procesados como delincuentes políticos, mas no como criminales que atentan contra los derechos humanos de la población civil. Es así como en un primer momento se lleva a cabo una descripción del delito político con el objeto de demostrar que en el caso de los paramilitares
21
Vinyes, R. (2009), El Estado y la memoria. Gobierno y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA Libros S.A, p. 26.
el permitirles adjudicarse el estatuto de delincuentes políticos, constituyó un acto falaz, que finalmente se tradujo en la posibilidad de que estos grupos armados no fuesen procesados por delitos de lesa humanidad, sino por actos delictivos de carácter político. De manera subsiguiente se hace un recorrido descriptivo que apunta a evidenciar la manera como los grupos paramilitares se fueron expandiendo dentro de Colombia entre los años 1999 y 2003, así como la importante influencia que empezaron a tener tanto en la conformación
del Congreso como en las elecciones presidenciales, fundamentalmente, a partir de actos criminales, amenazas y chantajes económicos. Todos estos movimientos fueron los que finalmente permitieron que en el 2005 se firmara una Ley como la de Justicia y Paz, en la que antes que consagrarse los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación,
parecían estar consagrados y resumidos solapadamente los beneficios que obtendrían los paramilitares en tanto nuevos y por supuesto mal llamados “delincuentes políticos”.
Es así como el tercer capítulo busca hacer un recorrido por la Ley de Justicia y Paz con el objeto de desentrañar el concepto de verdad que ronda en la Ley, así como la manera como la verdad es definida y entendida dentro de dicha Ley. Para complementar este trabajo analítico se establece una comparación entre lo que se denomina verdad histórica y aquello que se denomina verdad judicial. Se lleva a cabo tal comparación, pues ambos conceptos, tanto el de verdad histórica como el de verdad judicial constituyen dos dimensiones diferentes desde las que se comprende la verdad, y por tanto, cada uno de ellos cuenta con metodologías particulares para dilucidar el pasado.
Mediante el estableciendo de tal comparación, se logra dar cuenta de la naturaleza y lugar que ambos tipos de verdad tienen dentro del de la ley de Justicia y Paz y con ello, de la evidente preponderancia de la verdad judicial y su metodología , el proceso penal para dar cuenta de la verdad, dentro del marco de dicha Ley, así como de sus efectos contraproducentes en cuanto a la posibilidad de dar cuenta de una verdad compleja y completa; de una verdad histórica que contemple todas las voces del conflicto, y que resguarde cuide y respete de manera fundamental el lugar que tienen las víctimas en éste. En última instancia, se intenta evidenciar la manera como la preeminencia de la verdad judicial dentro de la Ley de Justicia y Paz, junto con sus limitaciones ontológicas así como
memoria histórica. Esto implica dejar nuevamente en el olvido de nuestra historia a aquellas víctimas del conflicto armado en Colombia.
Por lo que respecta a referentes teóricos utilizados para llevar a cabo el presente escrito, se hace referencia a Adam Shaff con el objeto de dar cuenta de la naturaleza y características que tiene el concepto de verdad histórica en contraposición con el concepto de verdad judicial y sus limitaciones ontológicas. De manera frecuente se hace alusión a las elaboraciones realizadas por rodrigón Uprimny y María Paula Saffón, por lo que respecta
fundamentalmente a sus reflexiones sobre justicia transicional, sobre el paradigma de verdad judicial y de manera particular, sobre la manera como la verdad judicial termina por convertirse en el mecanismo que legitima la criminalidad a en su más cruda expresión por encima de la posibilidad de hacer justicia a las víctimas.
En cuanto al tema de la memoria histórica hace referencia a Traverso, quien define a la memoria colectiva como ‘’una visión del pasado siempre matizada por el presente’’22 En ese mismo orden de ideas Gonzalo Sánchez recuerda que la memoria es el presente del pasado y, por esa razón, afirma que la memoria está comprendida por lo que deliberada o inconscientemente se ha querido ocultar en un tiempo determinado. Desde esa perspectiva se puede considerar a la memoria como un campo de batalla político en el cual los múltiples actores sociales luchan por imponer su versión del pasado. De igual manera se hace referencia a Todorov con su concepto de los abusos de la memoria, y a Ricard Vinyes en relación con sus dilucidaciones sobre las memorias fuertes y la memoria histórica como un campo político.
En cuanto al método que se utilizará a lo largo de la investigación, este será de naturaleza deductiva, en donde se alternará el discurso descriptivo con el discurso crítico y reflexivo. La razón de esto es que a partir del entendimiento del proyecto político paramilitar se abordará el estudio de la Ley 975 de 2005, logrando así comprender su papel e impacto en ese contexto. Desde esa perspectiva se partirá de lo global con el objetivo de llegar a lo
particular.
22 Traverso, E. (2007),
1.
Antecedentes y consolidación de las Autodefensas Unidas de
Colombia
Este primer capítulo está destinado a la contextualización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para ello se hará referencia a la naturaleza del conflicto armado en Colombia. En segundo lugar, se abarcarán los antecedentes y formación de los grupos paramilitares, así como el papel que el discurso contrainsurgente ha jugado en su consolidación.
1.1. Naturaleza del conflicto armado en Colombia.
El conflicto armado en Colombia ha sido un fenómeno que se ha desarrollado en un período de larga duración en la historia nacional23; ha atravesado las esferas de lo político, lo social, lo económico, lo ecológico, lo religioso, razón por la cual se puede establecer que la naturaleza del conflicto es de carácter multidimensional. Algunos autores coinciden en reconocer al fin del período de la Violencia de los años cuarenta24 -enmarcado en una
problemática agraria- como el comienzo del conflicto, en tanto durante ese período aparecen las primeras autodefensas campesinas, antecedente directo de las guerrillas rurales25.
La permanencia del conflicto armado hasta nuestros días es evidente; no obstante, se debe entender que desde las primeras etapas, el conflicto se ha transformado múltiples veces. Sus
actores, discursos y legitimidad han variado en el tiempo de acuerdo al contexto nacional e
23
Pizarro Leongómez, E. (2004), Capítulo 1: “¿Cómo caracterizar el conflicto armado en Colombia?”, en: Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma.
24 El artículo de Fabio Zambrano Pantoja (et.al), (1978) explica las formas de ocupación de la tierra desde el
siglo XVIII hasta principios del XX. Así se sitúa el conflicto en un período de larga duración. De igual manera, Las dinámicas de la frontera agraria y las dinámicas de poblamiento han variado según la región, la geografía, la densidad de población. . Corredor, C., González Arias, J.J., Zambrano, F. & González F. (1978) Un país en construcción. Poblamiento, problema agrario y conflicto social, Bogotá, Centro de Investigación y educación, CINEP.
25
internacional. En efecto, las dinámicas del conflicto han cambiado según los elementos que han intervenido: es diferente el contexto de la Guerra Fría, que el de la aparición del narcotráfico, o posteriormente, el de los paramilitares. En el fondo se evidencia la presencia constante de elementos relativos a la soberanía y legitimidad del Estado.
Actualmente, se ha catalogado a las Farc como un grupo narcoterrorista de carácter internacional. Por el contrario, en el presente trabajo de grado se propone una lectura más compleja de la situación colombiana. En primer lugar, se entiende que vivimos un conflicto
armado interno de carácter irregular, que ha variado en el tiempo, con raíces en la desigual distribución de la tierra y en la exclusión de ciertos sectores de la sociedad de toda participación política26. Además, se entiende que por la misma complejidad del conflicto, el único actor responsable no pueden ser las Farc, o en general las guerrillas de izquierda. En contraposición, se cree que el conflicto tiene como escenario de fondo el proceso de construcción del Estado27, razón por la cual juegan un papel significativo en el conflicto los grupos paramilitares, el narcotráfico, los civiles, las fuerzas armadas, las guerrillas, el Estado, los intereses internacionales en general, y los Estados Unidos en particular, entre otros28.
En el contexto de lo anterior se entiende que la situación actual colombiana tiene bases políticas, populares y agrarias que han variado en el tiempo, y que únicamente se pueden entender siguiendo su desarrollo histórico. En virtud de lo dicho hasta ahora, se cree que el desarrollo histórico de la problemática nacional en general, y de las Farc en particular, no responde al de una dinámica narcoterrorista únicamente. Por el contrario, otorgarle esa catalogación es negar toda posibilidad de resolución pacífica y negociada del conflicto armado, en tanto se niega la plataforma política de algunos de sus actores.
26
El bipartidismo ha sido una forma de exclusión histórica a diferentes sectores, por lo que se refiere a la participación política. El Frente Nacional es la prueba histórica de la forma en que los actores sociales populares han sido privados de una posible participación política, en tanto las élites han pactado y arreglado entre ellas mismas, pensando que así se podría llegar al final de los conflictos nacionales.
27
El Estado, aun cuando está en un proceso de construcción, es sujeto de derechos y obligaciones en lo que respecta al conflicto armado; es un actor del mismo y como tal debe ser responsable por sus actuaciones.
28 Es importante tener en cuenta que las dinámicas del conflicto no varían únicamente por la cantidad de sus
La importancia de la categorización de los actores del conflicto es que sobre la misma se articula la estrategia para resolver el conflicto29, en ese sentido, cuando se toma los grupos armados como narcoterroristas, se niega cualquier posibilidad de negociación, y se abre la puerta para eliminar militarmente al enemigo. Según lo anterior, se propone realizar una conceptualización de la guerra irregular para poder enmarcar el conflicto armado colombiano en dicha dinámica, analizar a sus actores y evidenciar la implicación, intensión
y desconocimiento que supone el catalogar a la guerrilla como una amenaza internacional narcoterrorista.
Para efectos de realizar una adecuada caracterización del conflicto armado en Colombia es importante acudir a algunos teóricos de la guerra. Von der Heydte, siguiendo el argumento de Clausewitz, aclara que la guerra puede no ser una manifestación de la política, pero seguro es, en sí misma, “una lucha por el poder”30. Desde esa visión de la guerra, se establece que la relación más estrecha entre la guerra y la política se da en la guerra irregular, porque es en esta donde la guerra no es “del solado, sino del político”, siendo así que “la voluntad de librar la guerra es voluntad política”31.
Encontrar una definición unificada sobre qué es la guerra irregular no es posible, pues según lo explica Von der Heydte32, no hay ningún consenso al respecto. En principio aclara que la guerra irregular es una guerra; “un conflicto armado en el que los destacamentos no son grandes unidades, sino grupos de acción pequeños”33. El triunfo de esa guerra no se da en una gran batalla, por el contrario la victoria viene tras una serie de pequeños golpes, ataques terroristas y sabotaje.
La técnica misma de la guerra irregular consiste en que al menos uno de los actores utiliza toda su fuerza, a través de unos métodos específicos, con el propósito máximo de debilitar y degastar al enemigo en su estructura interna, para que con el transcurrir del tiempo su opositor se desgaste en su fuerza física y psicológica hasta el punto de que se vuelva
29 Pizarro Leongómez, (2004),
Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Norma, p.37.
30
Von der Heydte, F. (2014), La guerra irregular moderna, Bogotá, Eir de Colombia Ltda, 1987, p. 6.
31 Von der Heydte, F. (2014), pp. 6 y 7. 32 Von der Heydte, F. (2014), pp. 6 y 7. 33
incapaz de actuar34. La naturaleza misma de esta guerra manifiesta que está por fuera de lo que han sido las convenciones históricas de la guerra35.
Dentro del desarrollo propio de la guerra irregular se entiende que el tiempo y el espacio juegan un papel fundamental. El primer elemento fundamental para que se pueda dar dicho desarrollo es que se disponga del territorio para poder movilizar a los hombres, debido a que no existe un único frente de batalla y, en ese sentido, la población juega un papel fundamental, pues constituye la condición de posibilidad del movimiento mismo, además
de ser el lugar de donde surgen los potenciales combatientes36. La razón de lo anterior, reside en la idea central de que lo esencial no es ocupar un territorio concreto, sino “bloquear o evitar lo más posible la acción del enemigo”37.
De igual manera, el tiempo constituye una variable fundamental en la forma en que se desarrolla la guerra irregular, en tanto los combatientes necesitan de todo el tiempo que sea necesario para desgastar al enemigo. De hecho, el movimiento irregular queda sometido a la disponibilidad de tiempo y espacio. Así las cosas, se entiende que el espacio geográfico en donde se desarrolla la guerra determina su devenir, además de otorgarle características particulares a cada una de las guerras irregulares38.
En relación con la necesidad de ganar tiempo, así como un espacio en donde esconderse, la población civil juega un papel de vital importancia en la guerra irregular. Se advierte que para conformar un grupo guerrillero se necesita contar con el apoyo del pueblo. “Pretender realizar este tipo de guerra sin apoyo de la población, es el preludio de un desastre inevitable”39.
A la luz de lo que se ha dicho sobre la guerra irregular se encuentra una relación directa entre este concepto y el conflicto armado colombiano, pues la periodización del conflicto en Colombia ha sido un tema ampliamente discutido. No obstante, se puede afirmar que es
34
Von der Heydte, F. (2014), p 5.
35 Von der Heydte, F. (2014), p. 9. 36
Von der Heydte, F. (2014), p.72.
37
Von der Heydte, F. (2014), p72.
38
Tse‐Tung, Mao. (1967), Selección de escritos políticos, Pekín, Ediciones en lenguas extranjeras, p 85.
39 Guevara, E. (1992), “Guerra de guerrillas, un método” y “Mensaje a la Trincontinental”, en: Löwy, M.
un proceso enmarcado en la larga duración, que hasta nuestros días no ha sido resuelto. La forma de lucha irregular que emplean algunos de los actores se facilita por la geografía, la dimensión del territorio, el apoyo de la población civil y la disponibilidad del tiempo.
Las condiciones de posibilidad de la existencia del conflicto se sitúan en la desigual distribución de la tenencia de la tierra40 y en la precariedad del Estado. Este segundo elemento hace referencia al supuesto de que el proceso de construcción del Estado en Colombia está muy lejos de concluir, razón por la cual existe una fragmentación en el monopolio del uso de la violencia. En este sentido, se entiende que,
[l]a privatización y fragmentación del poder que caracterizan la historia
colombiana constituyen el antecedente lógico de la tendencia a la resolución privada de estos conflictos, que está en la base de la actual violencia. La creciente incapacidad del Estado para institucionalizar los conflictos sociales actuales tiene una historia de larga duración: el proceso incompleto de construcción del Estado-Nación en Colombia41.
En ese contexto se ubican las guerrillas de izquierda y los grupos paramilitares, haciendo posible la aparición de “órdenes alternativos de hecho” en las zonas donde el Estado no tiene presencia ni dominio. Ahora bien, no es el mismo tipo de presencia la que ejercen los grupos paramilitares que aquella que es propia a grupos guerrilleros. Por un lado, los grupos guerrilleros, en particular las Farc, tienen un desarrollo histórico que, como ya se explicó, está enmarcado en un conflicto agrario y en la precariedad estatal42. No obstante, se considera que su lucha por ser guerrillera sí tiene una plataforma política con apoyo popular; es una lucha por el poder que “tiene como perspectiva final la conquista del poder
40
“Los análisis sobre el conflicto social y violencia comúnmente abordan el problema agrario como su telón de fondo. La inequitativa distribución de la tierra, los frustrados intentos de reforma agraria, la política económica a favor de la agricultura comercial y de la industria, los criterios de asignación del gasto público, entre otros, se constituyen en variables de interés para la explicación de la pobreza rural, de la descomposición campesina, de los procesos caóticos de colonización, y de los conflictos que de allí se derivan” en: Corredor, C., González Arias, J.J., Zambrano, F. & González F. (1978) Un país en construcción. Poblamiento, problema agrario y conflicto social, Bogotá, Centro de Investigación y educación, CINEP, p.50.
41
Corredor, C., González Arias, J.J., Zambrano, F. & González F. (1978) Un país en construcción.
Poblamiento, problema agrario y conflicto social, Bogotá, Centro de Investigación y educación, CINEP. p. 8.
42 Es preciso aclarar que no todas las guerrillas de izquierda colombianas son lo mismo (urbanas, maoístas,
político” 43. Su lucha lleva más de cinco décadas, hecho que a la luz de las variables del tiempo y el espacio en la guerra irregular tiene razón de ser. Es oportuno reconocer que en la presente investigación no se desconoce que las Farc han cometido crímenes de lesa humanidad y actos terroristas, pero no se cree que sean un fin en sí mismos; por el contrario, se considera que son un medio para logar un fin que tiene intereses políticos de fondo.
Así las cosas, se cree que las Farc son un grupo con objetivos políticos, razón por la cual
dejan de ser simples delincuentes comunes, aunque su ideología y estructura haya cambiado a lo largo del tiempo. La razón de lo anterior está referida a que en las regiones donde operan las Farc, llamadas “órdenes alternativos de hecho”, los guerrilleros logran construir algunos consensos, logran cobrar de manera forzosa impuestos; en suma, muestran el suficiente poder coercitivo como para poder forzar a los particulares a pagar.
Lo anterior demuestra que el Estado colombiano no es soberano dentro de algunas partes del territorio en las que los grupos guerrilleros hacen las veces de una “función simiestatal para ofrecer protección, orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta”44.
Hasta el momento, se ha visto que la catalogación de amenaza narcoterrorista internacional que se le ha dado a un actor del conflicto colombiano no tiene fundamentos históricos; no coincide con la realidad. Así las cosas, la pregunta por cuál es la intención que se esconde en el fondo de dicha propuesta , así como por cuáles son sus implicaciones, termina por esclarecer la presencia de intereses políticos y económicos como telón de fondo. En relación con esto, Iván Orozco, desarrolla un argumento que afirma que ha sido propio de la sociedad colombiana el crear “chivos expiatorios de sus propios males colectivos”45, de manera tal, que en la historia nacional siempre ha existido un enemigo sobre el cual recaen las culpas de todos los males. La criminalización de un enemigo se establece ante la
43
Guevara, E. (1992), “Guerra de guerrillas, un método” y “Mensaje a la Trincontinental”. En: Löwy, M. El marxismo en América Latina, México, Editorial Era. p. 264.
44González, F.E. (2002),
Violencia política en Colombia de la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá, Centro de Investigación y Educación, CINEP, p. 200 y 201.
45 Orozco Abad, I. (1992),
necesidad que tiene la élite de mantenerse en el poder, de manera tal que la creación de un enemigo está al servicio del statu quo.46
De hecho, la relación entre catalogar a un actor del conflicto interno como beligerante o como enemigo terrorista, se relaciona de manera directa con la necesidad que tiene la élite de suponer la existencia de unas instituciones democráticas legítimas. Un argumento adicional, es el seguimiento histórico de la penalización y tratamiento del delito político. En relación con esto, Orozco explica que desde la Constitución de 1886 se entroniza la figura
del estatuto de seguridad, de modo que comienza a ser regulado y aplicado a partir de la administración de Turbay Ayala (1978-1982). Luego sigue el desarrollo del mismo hasta el actual estatuto antiterrorista, que según el autor, logra contener todas las formas posibles de protesta47.
En conclusión, se evidencia que el tipo de categorización que se le otorgue a un actor del conflicto configura el modo de actuar del gobierno frente al mismo. Por lo que se refiere al caso colombiano, la intensión de catalogar al conflicto como algo que significa una amenaza narcoterrorista internacional, responde al interés de suponer una institucionalidad legítima y constituida que soporta la continuidad de un orden social, político y económico, a la vez que favorece a las élites que han detentado el poder.
Así las cosas, se advierte entonces que el uso de la categoría narcoterroristas para catalogar a las guerrillas de izquierda no es apropiada para la descripción del conflicto armado interno colombiano. Por el contrario, está al servicio de la persecución de unos intereses particulares que coinciden con los del proyecto político paramilitar.
La contextualización del conflicto armado colombiano es de gran relevancia para la presente investigación pues dimensiona el alcance del uso del término “terrorista” en el mismo. La razón de ello es que a partir de esta reflexión se logra entender por qué un análisis de los grupos paramilitares desde un enfoque contrainsurgente deja por fuera la realidad misma de la historia nacional.
46 Orozco Abad, Iván,
(1992), p. 17.
47
Previo a continuar con el desarrollo del contexto del nacimiento y evolución de los grupos paramilitares en Colombia, se realizaran algunas consideraciones generales sobre el tema.
El académico noruego Tron Ljodal, especialista en el estudio del fenómeno paramilitar, propone la siguiente definición sobre el tema:
[p]or paramilitar se entiende cualquier grupo u organización armada de carácter irregular que aparece al margen del Estado, pero no opuesto a él, que reivindica un derecho privado [...], pero con un mínimo de autonomía e independencia frente al Estado. Este es un fenómeno que puede aparecer cuando el Estado tiene restricciones (de capacidad física, de voluntad política, restricciones legales o causadas por la presión internacional) en el desarrollo de la defensa de los intereses que reivindican los paramilitares. Además de ser obligatoria la existencia del Estado, también supone la existencia de una oposición armada al Estado (regular o irregular) o una situación percibida como de amenaza al statu quo que dicen defender estos grupos48.
A la luz de la definición propuesta por Ljodal, se pueden identificar tres características que resultan fundamentales al momento de caracterizar a los grupos paramilitares en Colombia. En primer lugar, son organizaciones al margen del Estado, pues actúan con autonomía frente al mismo. Pero al mismo tiempo, lo apoyan. Poseen y desarrollan sus propios planes y proyectos, tanto a nivel local como regional y nacional. En segundo lugar, se advierte que, a pesar de poseer tal autonomía, les interesa infiltrar las instituciones del Estado, para ponerlas al servicio de sus propios planes. Finalmente, estos grupos paramilitares actúan en defensa de intereses particulares, de modo que no persiguen el cambio social sino que buscan mantener el statu quo. En múltiples ocasiones, son los civiles quienes los patrocinan y la mayoría de sus combatientes provienen de la población civil.
A su vez, es pertinente diferenciar los conceptos de grupos de autodefensa y grupos
paramilitares. Para Mauricio Romero, los paramilitares son aquellos “[…] grupos armados organizados para realizar operaciones de limpieza política y consolidación militar, previas al dominio territorial de un área, mientras autodefensa se refiere a las agrupaciones organizadas para defenderse de un agresor y mantener el control de una territorio, sin pretensiones de expansión”49. Así las cosas, es claro que los grupos paramilitares, así se
48
Ljodal, T. (2002), “El concepto de lo paramilitar”. En: Corporación Observatorio para la Paz, Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Bogotá, Intermedio Editores, p.301.
49
autodenominen como autodefensas, no lo son, pues tienen y han tenido siempre un claro interés de expansión.
Se ha considerado que quizás en la primera mitad de la década de los ochenta estos primeros grupos podrían haberse considerado como de autodefensa; no obstante, una vez comienza la relación estrecha con el narcotráfico y comienza su expansión, no podrían entenderse como un fenómeno distinto al del paramilitarismo. “De igual forma, las autodefensas contrainsurgentes desaparecieron en los años ochenta, dando paso al narco paramilitarismo”50.
Adicionalmente, es necesario hacer una consideración, que será más exahustiva en el
segundo capítulo de esta investigación, sobre el delito político y aquellos sujetos que pueden cometer este tipo de delitos, a saber, los delincuentes políticos. La razón fundamental es que, como se demostrará a lo largo del presente trabajo, los grupos paramilitares intentaron durante el proceso de su desmovilización, adelantado bajo la Ley 975 de 2005, ser considerados como delincuentes políticos. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en el año 2007, mediante Sentencia determinó que los paramilitares no podrían ser considerados como delincuentes políticos por cuanto esa organización no tiene motivaciones políticas sino económicas. Además, aclara que para el Código Penal el delincuente político es aquel que se alza en armas contra el gobierno, para tratar de derrocarlo, y no se alza en armas para ayudarlo51.
1.2 Antecedentes de los Grupos Paramilitares en Colombia.
La Seguridad Nacional es un asunto sobre el cual se empieza a hablar a partir de los años sesenta, hecho que es natural si se tiene en cuenta el enfrentamiento entre dos bloques de poder como escenario. A partir de la lucha entre las dos superpotencias, se configura un ambiente de tensión en el cual cada uno de los bloques debía mantenerse. En materia de defensa e inteligencia militar, los Estados Unidos de América eran la cabeza al mando en el
50 Corporación Nuevo Arcoíris, Congreso Visible, De justicia, Grupo Método, MOE. (2010)
Y refundaron la patria…De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. Bogotá, Debate, p. 1
51
hemisferio occidental. Es decir, la lógica de defensa anticomunista provenía de ese país. En ese contexto, la Seguridad Nacional se convierte en un tema de vital importancia, porque la misión era combatir a los grupos con filiaciones comunistas existentes, en tanto que constituían una amenaza, entre otras razones, porque con la existencia de armas nucleares el enfrentamiento sería funesto para el mundo entero.
En el año 1959 aparece en el mapa la Revolución Cubana, propiciando ello un cambio en la estrategia continental de seguridad. Para los Estados Unidos“[…] la real amenaza para el
hemisferio occidental era la revolución cubana y la propagación de la teoría del foco. La reacción de los estrategas norteamericanos fue la elaboración del concepto estratégico del antifoco, elemento central dentro de la estrategia global de los Estados Unidos de respuesta flexible, basado en la aplicación de los principios de contrainsurrección, y que incluía la acción cívica como una de sus tácticas52”.
Durante la primera mitad de la década de los sesenta surgió, en el ámbito militar, la independencia de la institución castrense de los partidos políticos tradicionales, y dejó con ello de estar supeditada a los intereses partidistas. Así las cosas, comenzó lo que Torres del Río ha denominado la “circulación de ideas en el estamento castrense53. Esto anterior lo explica este autor en los siguientes términos:
Ruiz Novoa también se empeñó en colocar las bases de una doctrina de guerra. Escribió que para eso había que considerar las influencias extranjeras en el pensamiento militar, la historia nacional, su raza y tradiciones, sus tendencias en política nacional e internacional, los fundamentos geopolíticos, la economía nacional y los conceptos sobre los principios militares. Eso sí, decía, las situaciones de paz y de guerra exigían una doctrina para la defensa para la defensa nacional y otra para la guerra. La primera era una serie de principios y procedimientos para orientar al país en la obtención de sus objetivos nacionales e internacionales en tiempos de paz; la segunda, basada en el estudio de los factores nacionales, era un cuerpo hipótesis sobre el arte y la ciencia militares, la estrategia y la táctica, aceptado por las Fuerzas Militares 54.
52
Torres Del Río, C. (2010), Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Planeta Colombiana Editorial S.A. Bogotá. 2000. p. 100.
53 Torres Del Río, C. (2010),
Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Planeta Colombiana Editorial S.A. Bogotá. 2000. p. 80.
54
En el plano nacional, después del golpe militar del General Rojas Pinilla, se instauró en Colombia el periodo conocido como el Frente Nacional. Este lapso de tiempo se ha caracterizado por ser un pacto entre las élites en virtud del cual se alternan el poder entre unas y otras, con el objetivo de mantener el statu quo.55.
La exclusión política de partidos diferentes al Liberal y al Conservador, en adición al uso prolongado del estado de sitio, dieron paso a una democracia restringida en la que no cabían las voces y aspiraciones de muchos colombianos. Ello generó inconformidad entre
amplios sectores de la población y llevó a los más radicales a buscar un espacio político a través de la lucha armada, entre ellos, estudiantes e intelectuales, pero también campesinos, así como gente de bajos recursos de las ciudades que encontraron en la lucha armada una forma de participación política, como lo había sido en el pasado, cuando se incorporaban a la movilización armada promovida por los partidos políticos tradicionales56.
La política de seguridad en Colombia a lo largo del Frente Nacional fue desarticulada; combatían enemigos genéricos como los bandoleros y la guerrilla. En consonancia con esto Leal Buitrago afirma que durante el periodo del Frente Nacional en Colombia, las autoridades civiles se desentendieron de fijar directrices en la política militar, y dejaron ese tema en manos de los militares, siempre bajo la dinámica del marco de la Doctrina Seguridad Nacional57.
En principio, ese estado de sitio se utilizó más para combatir movimientos sociales que para combatir la violencia organizada. No obstante lo anterior, durante la década se expidió la base legal que permitió la organización legal de los civiles en grupos de autodefensa58.
Bajo la presidencia de Guillermo León Valencia (1962-1966), se expidió el Decreto 3398 de 1965, llamado Estatuto para la Defensa Nacional, en virtud del cual se generaban obligaciones para la población civil del siguiente tenor:
55
Archila Neira, M. (2003). Capítulo 1: “Entre pacto y pacto (1958‐1959), en: Ideas y venidas vueltas y revueltas. Protestas Sociales en Colombia. 1958‐1990, Bogotá, ICANH, CINEP.
56Duzan, S. & Kalmanovitz, S. (s/f),
Historia de Colombia 9, Bogotá, Editorial El Cid, p. 148.
57 Leal Buitrago¸ F.(2011), “Historia y evolución de los paramilitares en Colombia”, En: Restrepo, M. E. & y
Bruce B. (comp.) La desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza, Bogotá, Ediciones Uniandinas,
ARTÍCULO 3o.Todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones patrias.
ARTÍCULO 4o.Todas las personas naturales y jurídicas del país están obligadas a cooperar en la defensa nacional y sus actividades estarán supeditadas a los fines de ella59.
Además, este Decreto estableció que “todos los colombianos hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento del servicio militar obligatorio, podrían ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos con los cuales colaborarían al restablecimiento de la normalidad”.60Entre otras facultades, tal Decreto permitía que los civiles usaran armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas para las actividades de defensa.61
En 1968, el Congreso profirió la Ley 48, elevando así a norma permanente un Decreto que, en principio, fue de carácter excepcional. Unos años después, se expidió el Decreto 1573 de 1974 “que incluyó principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, completó la matriz que orientó los escasos planes de seguridad nacional hasta el final de siglo”62.
La Ley 48 de 1968 y el Decreto 1573 de 1974 fueron el marco normativo de la seguridad nacional hasta 1990, aunque las consecuencias de su implementación se verían en la historia nacional hasta más adelante. Mediante esta Ley se reglamentó la formación de
grupos civiles armados bajo el control de las Fuerzas Armadas. De esta manera, se creó la base legal para la formación de primeros grupos paramilitares apoyados por el Ejército Nacional.
La legislación sobre seguridad existente para ese entonces en el país no avanzó con la misma rapidez del cambio social. Durante la década del setenta, el conflicto armado se intensificó: surgieron nuevos grupos guerrilleros, tales como el Movimiento 19 de Abril o el Movimiento Armado Quintín Lame. A su vez, un nuevo factor determinante apareció en
59
Colombia, Gobierno Nacional, Decreto 3398 de 1965, Artículo 3.
60Colombia, Gobierno Nacional,
Decreto 3398 de 1965, Artículo 25.
61Colombia, Gobierno Nacional,
Decreto 3398 de 1965, Artículo 33, parágrafo 3.
62Leal Buitrago, F.
escena: el narcotráfico. Leal Buitrago identifica la situación que para ese entonces se configuraba en el país de la siguiente forma,
La autonomía militar y la ausencia de directrices políticas condujeron a la improvisación castrense en el manejo del orden público y a la ineficacia operativa. La persistente debilidad política del Estado, la ineficacia militar en la lucha contra la subversión y el consecuente surgimiento de milicias privadas conocidas como paramilitares- destinadas a compensar tal ineficacia- se sumaron en los años ochenta al fortalecimiento del narcotráfico para agravar el conflicto. Esta situación se reforzó con la incapacidad de las clases dirigentes para solucionar los más elementales problemas sociales y formular políticas de seguridad adecuadas a las circunstancia. En la última década del siglo el problema se profundizó, el fortalecimiento guerrillero y la unificación de los guerrilleros63.
En materia de seguridad, la década del setenta terminó con la expedición del Estatuto de Seguridad que logró restringir las libertades de los ciudadanos, así como generar la violación sistemática de derechos humanos.
En la década de los noventa, se formularon normas un poco más articuladas y coherentes entre sí, pero jamás se llevó a cabo una política de seguridad como tal. El elemento común de todas las normas fue su carácter excepcional, pues usualmente eran dictadas bajo el estado de sitio.
1.3. Surgimiento de los primeros grupos paramilitares en Colombia.
Arias y Prieto periodizan la historia del paramilitarismo en dos: los paramilitares de primera generación y los paramilitares de segunda generación64. Esta clasificación surge de un artículo publicado por la Fundación Ideas para la Paz denominado La tercera Generación65 según el cual, a partir de la desmovilización impulsada por el Presidente Uribe, los paramilitares no desaparecieron sino que se transformaron, dando paso así a una tercera generación de este grupo.
63
Leal Buitrago¸ F. (2011), “Historia y evolución de los paramilitares en Colombia”, en: Restrepo, M. E. & Bruce B. (comp.), La desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza, Bogotá, Ediciones Uniandinas, pp. 43 y 44.
64
Arias, Gerson & Prieto (2011), “El Bloque Central Bolívar: caso de paramilitarismo y narcotráfico en Colombia, Libro de desmovilización paramilitar”. En: Restrepo, M. E. &Bruce B. (comp.) La desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza, Bogotá, Ediciones Uniandinas, p. 327.
65
Los paramilitares de primera generación están asociados a las alianzas entre narcotraficantes que buscaban proteger las rutas del narcotráfico y reaccionar frente a los secuestros que para ese entonces llevaba a cabo la guerrilla. Narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviaría y Gonzalo Rodríguez Gacha crearon los primeros grupos paramilitares, como el MAS, específicamente en la región de Puerto Boyacá66.
En el contexto descrito se desarrolló e implementó el modelo inicial del paramilitarismo, específicamente en Puerto Boyacá, logrando así expulsar a la guerrilla de esa región. Luego, experimentaron esa estrategia en otras regiones del país. Así, mediante
el uso de la violencia se llevó a cabo un proceso de “contrarreforma agraria” que obligó al campesino a vender o abandonar sus tierras. También se indujo a un rápido proceso modernizador de la actividad agropecuaria, resultado de la adopción de nuevas tecnologías que determinaron la trasformación del latifundio tradicional en empresa agropecuaria que demanda maquinaria y trabajadores calificados para el manejo de tecnologías moderna67.
Durante la década de los ochenta, estos grupos paramilitares de primera generación
crecieron de la mano del narcotráfico logrando una rápida consolidación, pues tenían una fuente constante e importante de ingresos. Tras la muerte de los grandes capos del narcotráfico, líderes iniciales, esos grupos de autodefensas se atomizaron en múltiples ejércitos privados pertenecientes a los herederos de los carteles de la droga. Por esa razón,
[e]n el caso concreto de los narco paramilitares otro factor determinante de su rápida expansión militar y política fueron los llamados “Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), una alianza entre políticos, agentes de la fuerza pública y narcotraficantes disidentes de los carteles de Medellín, Cali y norte del Valle, que se unieron para dar de baja al capo Pablo Escobar en 1993. Con el proceso 8.000 cayeron en desgracia los jefes del cartel de Cali, pero los demás socios de los Pepes pasaron luego a ser jefes de las AUC y capitalizaron la red de relaciones que tenían con élites, políticos y miembros de la fuerza pública. La principal consecuencia de ese ejemplo de captura invertida fue la facilidad, cobertura legal e impunidad estatal con la que se expandió el narcoparamilitarismo por el país en menos de una década68.
66
Echandía, C. Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de las bandas criminales. Informes FIP, número 19. Enero 2013. p. 7.
67 Echandía, C. (2013), p. 8.
68 López Hernández, C (2010), “La refundación de la patria. De la teoría a la evidencia”. En: Corporación
La Fundación Ideas para la Paz ha afirmado que la violencia para la primera mitad de la década de los años ochenta se incrementó, coincidiendo este fenómeno con la aparición de los primeros grupos paramilitares69. Basados en el anterior escenario se debe considerar que,
[p]ara entender la relación entre el incremento de la violencia y la actuación de los grupos de autodefensa, es importante tener en cuenta la coyuntura del proceso de paz en el gobierno Betancur, en la cual las FARC se propusieron aprovechar el pacto de cese al fuego para avanzar en la ejecución de su plan estratégico. En medio de esta tregua, las FF.MM. no desarrollaron operaciones y, por lo tanto, las FARC podían agruparse, entrenar, reclutar, buscar nuevos contactos para adquirir armamento, así como establecer estrategias y definir posiciones políticas, reafirmar control sobre sus unidades y fortalecer el comando central70.
Una vez se visualizó en el plano nacional que los paramilitares estaban estrechamente relacionadas con el narcotráfico, el presidente Virgilio Barco, en 1989, mediante la Derogatoria del Decreto 3398 de 1965, declaró como ilegales este tipo de asociaciones entre particulares. No obstante lo anterior, el crecimiento y fortalecimiento de estas organizaciones hasta ahora estaba comenzando.
De manera simultánea al desarrollo de los grupos del Magdalena Medio, el proyecto paramilitar estaba siendo impulsado por los hermanos Castaño en el Urabá. La cercanía con
los grupos que operaban en el Magdalena Medio fue determinante, pues ambos grupos se colaboraban mutuamente con información y entrenamiento militar. En ese contexto, los hermanos Castaño crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, organización que posteriormente lideraría la unificación de los diversos grupos paramilitares bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia.
Esos grupos iniciales de paramilitares se expandieron de forma veloz por el territorio. La razón de ello es que se financiaban con los ingresos del narcotráfico, además de que lograron constituir alianzas con las élites regionales, y en algunas oportunidades, con las fuerzas armadas, en los diferentes lugares del territorio nacional. Este proceso de rápido
69Echandía Castilla, C. Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de las bandas criminales,
Informes FIP, Número 19, enero 2013, p. 7.
70
Echandía Castilla, C. Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de las bandas criminales,
crecimiento, soportado en el narcotráfico, dio paso a la denominada “segunda generación de paramilitares”.
Los hermanos Castaño, terratenientes y narcotraficantes de la región del Urabá, fueron los primeros que comenzaron a reunir a los múltiples grupos paramilitares que se hallaban dispersos por el territorio nacional. Así, en 1994 realizaron la “Primera cumbre de Autodefensas de Colombia”71.Uno de los objetivos de esta reunión fue buscar un espacio de negociación con el Estado, así como lograr ser reconocidos en un futuro como actores del
conflicto armado. No obstante, “[…] la expansión de las autodefensas se explica (sic) principalmente por la búsqueda de mayores rentas provenientes del narcotráfico, lo cual coincidió con el escalamiento del conflicto armado, pero este último no es el factor determinante”72.
Para ese entonces, y con el objetivo claro de buscar un reconocimiento político, lograron los paramilitares su primera gran expansión territorial73.
Las ACCU comenzaron a registrar una expansión significativa con el apoyo de los desmovilizados del EPL, asediados por las FARC y la disidencia de Francisco Caraballo. La avanzada liderada por las ACCU se expresó en 1994 en el norte de Urabá. Al año siguiente, se produjo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión del Atrato, occidente y oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Bolívar y Cesar74.
Tras ese primer modelo de expansión de los grupos paramilitares que se puso en práctica en Urabá entre 1995 y 1997,
“[…] Carlos Castaño ganó su primera gran guerra y supo establecer las alianzas necesarias y obtener licencia pública que le permitiría dominar la región. Fue una acción envolvente. En corto tiempo acabó con la Unión Patriótica, doblegó a los sindicatos y a las organizaciones sociales e hizo replegar a las FARC hacia las zonas periféricas de la región”75.
71Echandía Castilla, C. “Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de las bandas criminales”,
Informes FIP, número 19, enero 2013, p 11.
72
Echandía Castilla, C. (2013), p. 11.
73
Echandía Castilla, C. (2013), p. 11.
74Echandía Castilla, C. (2013), p. 11.
75 Valencia, L. (2007), “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y política”, en: Romero, M. (Ed.),
Las Fuerzas Militares advirtieron de manera inmediata la eficacia del modelo paramilitar, y en cabeza del General Rito Alejo Del Río, apoyaron por vía de acción y omisión. Según Valencia, Esta situación la “[…] conoció el país en los años posteriores, cuando este general fue vinculado a procesos penales por los hechos de esa época” 76.
En ese contexto, León Valencia afirma que,
[l]os rasgos de este tipo de control político, social y militar sobre la región de Urabá se han hecho visibles en otras regiones, demostrando una fina racionalidad de expansión paramilitar. Ganar el pulso de la confrontación militar, buscar aquiescencia de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, establecer alianzas con los grupos políticos locales o conquistar la presencia directa de dirigentes propios en los puestos de mando, hacer algunas concesiones económicas para afianzar apoyo social, con características que se repiten a lo largo y ancho del país con mayor o menos éxito 77.
Finalmente, en 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “En la práctica se trató de una federación de grupos regionales que se congregaron bajo la bandera de las AUC para parecer, de manera artificiosa, una organización con mando unificado, un plan nacional, coordinación regional de las operaciones regionales y una agenda programada78”.
Las nuevas AUC se dividieron en Bloques, ubicados cada uno de estos en las diferentes regiones del país. Los departamentos con presencia de las AUC fueron La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, partes del departamento de Norte de Santander, principalmente el Catatumbo y Cúcuta. A su vez fueron ocupadas algunas partes de los departamentos de Casanare, Meta, Guaviare, el sur del Tolima, el norte del Cauca, parte del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. También se situaron en Antioquia, incluyendo el área metropolitana de Medellín. Finalmente, la región del Magdalena Medio también tuvo presencia de las AUC, esto es, en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas79.
76
Valencia, L. (2007). p.18.
77Valencia, L. (2007). p.18. 78Echandía Castilla, C.
Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de las bandas criminales, Informes FIP, número 19, enero 2013 p. 11.
Conocer la expansión territorial del paramilitarismo resulta de vital importancia en el presente trabajo, pues demuestra que tal organización desborda una simple intensión contrainsurgente. La Fundación Ideas para la Paz ha demostrado tal afirmación a partir de un trabajo estadístico en el que señala lo siguiente:
[e]n efecto, de los 531 municipios con presencia de estos grupos entre 1997 y 2002, solo 100 –que representan el 18%- no hay una correspondencia con una elevada actividad guerrillera que represente una grave amenaza. Y lo que es más diciente, en 279 municipios- que representan el 52% de los que tienen presencia de las autodefensas- la amenaza guerrillera es baja y en los 152 que representan el 30% restante, no hay presencia activa de las guerrillas80.
A su vez, es importante aclarar que los puntos geográficos en los cuales se llevaron a cabo los enfrentamientos militares entre las AUC y las guerrillas fueron lugares estratégicos para el narcotráfico, a pesar de que las guerrillas estaban presentes en otras zonas del territorio nacional81. Se advierte, a través de toda la información aportada por las investigaciones realizadas por la Fundación Ideas para la Paz, que la finalidad principal de las Autodefensas Unidas de Colombia no es la lucha contrainsurgente, sino la consecución del dominio y control de las regiones estratégicas para el narcotráfico. En consonancia con lo anterior, afirma esta Fundación que,
[el] carácter de las acciones, el sentido de las estrategias y la extrema crueldad de los métodos utilizados contra la población civil, ponen de presente que los intereses de estos grupos desbordan la pretendida dimensión contrainsurgente y se concentran, principalmente, en la protección de cultivos y las tierras adquiridas mediante la presión, así como el control de rutas y puertas para la exportación de droga, todo lo que hoy en día constituye la razón de ser de las denominadas bandas criminales.82
Así las cosas, León Valencia sostiene que esa esa alianza de intereses de ciertos sectores sociales es la base de la consolidación del proyecto político paramilitar:
No fue una conspiración de algunas personas para cometer un delito. Fue la movilización de varios sectores de la sociedad que coincidieron en la defensa de unos intereses y en la conquista de unos objetivos. De un lado “la clase emergente” proveniente de los dineros del narcotráfico que ha buscado durante treinta años una inclusión en la sociedad y una negociación con el Estado. Del otro, unas elites regionales que resistían a cambios de la constitución del 91: circunscripción
80Echandía Castilla, C. (2013), p.14. 81
Echandía Castilla, C. (2013), p.14.
