ANEXO 3
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO Derecho a la verdad: más allá de la verdad j urídica y del hecho violento
Víctimas del 16 de mayo de 1998 SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
Veloza Cant illo Rocio del Pilar
DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Solart e Rodríguez Mario Robert o
FACULTAD Ciencias Jurídicas PROGRAMA ACADÉMICO
Tipo de programa ( seleccione con “ x” )
Pregrado Especialización Maest ría Doct orado
X
Nombre del programa académico Derecho
Nombres y apellidos del director del programa académico Pablo José Quintero Delgado
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Abogada
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o t ener una menci ón especial ):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
NÚMERO DE PÁGINAS
Bogotá D. C. 2014 67
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “ x” ) Dibuj os Pint uras Tablas, gráf icos y
diagramas Planos Mapas Fot ograf ías Part it uras X
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO
MATERIAL ACOMPAÑANTE TIPO DURACIÓN
(minutos) CANTIDAD
FORMATO
CD DVD Ot ro ¿Cuál?
Vídeo Audio
Mult imedia
Producción elect rónica Ot ro Cuál?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Son los t érminos que definen los t emas que ident ifican el cont enido. (En caso de duda par a designar est os descr i pt or es, se r ecomi enda consul t ar con l a Secci ón de Desar r ol l o de Col ecci ones de l a Bi bl i ot eca Alf onso Borrero Cabal S.J en el cor r eo bi bl i ot eca@j aver i ana. edu. co, donde se l es or ient ar á).
ESPAÑOL INGLÉS
Derecho a la verdad Right to the truth
Historias de vida Life story
Víctimas Victims
Barrancabermej a Barrancabermej a
16 de mayo de 1998. 16 de mayo de 1998
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caract eres)
Tant o el cont enido del derecho a la verdad como sus mecanismos de implement ación (procesos penales y comisiones de la verdad), son product o de un proceso hist órico y social concret o, mediant e el cual las práct icas j urídicas salt aron al dominio público y se realizaron a t ravés del mét odo de la indagación. Ést a forma de producción j urídica relega a las víct imas y se cent ra en la verdad del hecho violent o del que fueron obj et o. En est e t rabaj o se promueve una reconst rucción de la vida de las víct imas como ej ercicio alt ernat ivo de memoria, en relación a las personas desaparecidas el 16 de mayo de 1998, en la ciudad de Barrancabermej a.
Derecho a la verdad: más allá de la verdad jurídica y del hecho violento Víctimas del 16 de mayo de 1998
Trabajo de grado para optar al título de abogada
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Bogotá
DERECHO A LA VERDAD: MÁS ALLÁ DE LA VERDAD JURÍDICA Y DEL HECHO VIOLENTO VÍCTIMAS DEL 16 DE MAYO DE 1998
Presentado a:
DR. MARIO ROBERTO SOLARTE RODRIGUEZ
Presentado por:
ROCIO DEL PILAR VELOZA CANTILLO
TRABAJO DE GRADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
RESUMEN
Tanto el contenido del derecho a la verdad como sus mecanismos de implementación
(procesos penales y comisiones de la verdad), son producto de un proceso histórico y social
concreto, mediante el cual las prácticas jurídicas saltaron al dominio público y se realizaron
a través del método de la indagación. Ésta forma de producción jurídica relega a las
víctimas y se centra en la verdad del hecho violento del que fueron objeto. En este trabajo
se promueve una reconstrucción de la vida de las víctimas como ejercicio alternativo de
memoria, en relación a las personas desaparecidas el 16 de mayo de 1998, en la ciudad de
Barrancabermeja.
Palabras clave
Agradecimientos
Al final el proceso de aprendizaje pasa por el acto de agradecer. Por eso quisiera en breves
palabras decir “gracias” a mis padres Rocio y Rafael por apoyarme durante toda mi vida y
sobre todo en estos años de universidad, el esfuerzo de sus vida son la energía para la mía.
A mi hermana Karen y mi sobrino Hugo por traerme felicidad y enseñarme una nueva
forma de amor.
Gracias a mis amigos encontrados en la esta universidad y fuera de ella: a Sergio, a Sara, a
Laura, a Cristina, a Otto, a Juan Sebastián, a Andrea, a Mafe y a Margara. Todos me
acompañaron en estos 7 años de trabajo y han sido soporte en los momentos más
importantes.
Finalmente, quiero darle las gracias a Jonathan Melo quien durante los meses de escritura
me animó, ayudó y acompañó incansablemente.
NOTA DE ADVERTENCIA
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ... 5
1. MAGDALENA MEDIO Y BARRANCABERMEJA: REGIÓN Y CIUDAD EN DISPUTA ... 7
1.1. REGIÓN DE DEPARTAMENTOS Y CIUDAD DE COMUNAS ... 8
1.2. EL MAGDALENA MEDIO INDÍGENA Y ESPAÑOL: ENTRE LA BARRANCA GRINGA Y LA MESTIZA ... 9
1.3. LUCHAS SOCIALES Y ACTORES: LA TIERRA EN MANOS DE POCOS, TRABAJADORES EXPLOTADOS Y LA POBLACIÓN EN MEDIO DE LA GUERRA 12 1.4. CERRAR EL CANDADO Y APRETAR LA TENAZA: 16 DE MAYO DE 1998 ... 20
2. CONOCIMIENTO JURÍDICO: MODELO DE INDAGACIÓN Y DERECHO A LA VERDAD ... 26
2.1. EL CONOCIMIENTO JURÍDICO PRODUCIDO SOCIALMENTE Y SITUADO EN LA HISTORIA ... 26
2.2. LA INDAGACIÓN: FORMA JURÍDICA QUE RESPONDE A UNA FORMA DE PODER ... 27
2.3. EL DERECHO A LA VERDAD: FINES, CONTENIDO Y MÉTODO ... 32
2.2.1. El derecho a la verdad en los procesos de justicia y paz. ... 35
2.2.2. Subcomisión de Memoria Histórica y el Centro de Memoria Histórica. ... 38
2.4. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO JUDICIAL Y MEMORIA OFICIAL ... 41
3. MEMORIA A TRAVÉS DE LA VIDA DE LAS VÍCTIMAS, MÁS ALLÁ DEL EVENTO: SIN JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE ... 44
3.1. POR UNA VERDAD MÁS ALLÁ DEL EVENTO VIOLENTO ... 44
3.2. EL MITO EN EL DISCURSO PÚBLICO Y JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA ... 46
3.3. OTRA FORMA DE VERDAD: EL TESTIMONIO DEL RECUERDO FAMILIAR ... 50
4. REFLEXIONES FINALES ... 57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 59
INTRODUCCIÓN
“La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo
recuerda para contarla”
Gabriel García Márquez
El 16 de mayo de 1998, la ciudad de Barrancabermeja (ubicada en la región del Magdalena
Medio) se paralizó, cuando cincuenta1 hombres entraron a los barrios ubicados en la zona
oriental de la ciudad y en medio de un bazar comunitario degollaron a un hombre, mataron
a siete más y se llevaron a veinticinco personas. Hoy a trece años del hecho sólo cuatro de
los plagiados volvieron para ser sepultados por sus familias, mientras diecisiete más todavía
esperan en sus casas los cuerpos, o quién sabe, a sus familiares con vida. Sobre los
desaparecidos, las familias recuerdan mucho más que la masacre, los hijos, esposos, padres
y hermanos aún están en sus vidas, muchas cosas se los recuerdan. Ante un hecho violento
como este, surgieron dos preguntas ¿Cómo las prácticas jurídicas le dan sentido? Y ¿Cómo
le dan sentido las familias de los desaparecidos?
Para responder a la primera pregunta, se fue necesario abordar el asunto de los mecanismos
de producción de verdad de las formas jurídicas, en relación a dos puntos: el contenido y
fin del derecho a la verdad y los dispositivos jurídicos desarrollados para su
implementación, esto es: procesos penales y comisiones de la verdad. Con el fin de
argumentar, de la mano de los postulados de Michael Foucault, que ambos (contenidos y
dispositivos) siguen un proceso social e histórico de racionalización de las prácticas
1 o quizá treinta o un centenar de hombres, eso no importa y no ha sido esclarecido aún
jurídicas, de acuerdo con el cual el método de la indagación apareció y fue implementado
en el quehacer jurídico. Con estos hallazgos, fue más fácil responder la segunda pregunta,
en términos de aquello que las prácticas jurídicas no desarrollan y los familiares de las
víctimas si hacen: recuerdan la vida de sus familiares y desde allí le dan sentido a la
masacre, esto supone ir más allá de la pregunta acerca de qué pasó, cómo pasó y quién
perpetró los hechos del 16 de mayo de 1998. Autores como René Girard y Walter Benjamín
fueron consultados con el fin de comprender el proceso que subyace a esta otra forma de
dar sentido a la violencia.
En ese sentido, los objetivos de este trabajo son: narrar el contexto regional de la masacre;
describir el proceso social e histórico que consolidó las formas jurídicas actuales de
producción de verdad y proponer una alternativa de construcción de memoria, que pasa por
reconstruir los recuerdos de los familiares de las víctimas del 16 de mayo de 1998. Para ello
se dividirá el texto en tres capítulos: en el primero de ellos, se hará una contextualización
de la masacre, en la que se describirán las condiciones sociales, económicas y los actores
armados y políticos de la región del Magdalena Medio, en relación con la ciudad de
Barrancabermeja; en el segundo, se describirá la manera en que las practicas jurídicas
fueron monopolizadas por el Estado, de forma que éstas se realizan, actualmente, en el
dominio público y a través del método de la indagación, para luego, establecer la relación
entre éste proceso y el contenido y mecanismos de implementación del derecho a la verdad;
en el tercero, se proponen los puntos teóricos que justifican una nueva propuesta de
construcción de memoria y se desarrollan las historias de vida de dos víctimas de la
1. MAGDALENA MEDIO Y BARRANCABERMEJA: REGIÓN Y CIUDAD EN DISPUTA
La región del Magdalena Medio desde la colonia ha constituido un espacio límite2 entre el
rio Magdalena que “era (…) la principal vía de comunicación del país con el exterior y
prácticamente del país entre sí” (Molano, 2004, p.26) y los centros de desarrollo nacional
ubicados entre las cordilleras central y oriental. La calidad de espacio límite ha generado,
por un lado, que sea un territorio marginado por el Estado y por el otro, que la región sea
objeto de permanente disputa entre diferentes actores políticos, económicos y armados.
Uno de los epicentros de desarrollo de la región es la ciudad de Barrancabermeja, en ella
convergen los conflictos históricos y sociales del Magdalena Medio como lo son la división
en dos del territorio entre espacio blanco e indígena o entre espacio normal y marginal; la
disputa por la propiedad de la tierra; las luchas sindicales y finalmente, la guerra por el
control de la población. Uno de los episodios más significativos del conflicto territorial y
por el control de la población entre paramilitares e insurgencia fue la masacre del 16 de
mayo de 1998 en la ciudad de Barrancabermeja.
A continuación se analizará la dinámica regional del Magdalena Medio con relación a la
ciudad de Barrancabermeja pasando por cinco puntos: descripción geopolítica de la región
y la ciudad, historia del poblamiento, situación social actual, luchas sociales y actores
armados y finalmente, se describirá la masacre del 16 de mayo de 1998.
1.1. REGIÓN DE DEPARTAMENTOS Y CIUDAD DE COMUNAS
La región del Magdalena Medio se encuentra ubicada en el centro de Colombia, entre las
cordilleras central y oriental; comprende el área que inicia en el municipio de Regidor al
sur de Bolívar, hasta el municipio de Bolívar al oriente de Santander y cobija los
departamentos de Cesar, Antioquia, Bolívar y Santander. Este espacio tiene varios centros
de desarrollo como Aguachica, Puerto Berrio, Puerto Wilches y Barrancabermeja3. Como
es posible advertir la región se constituye por fuera de las divisiones
político-administrativas de los departamentos y abarca territorios que no son homogéneos entre sí
en términos geográficos, económicos o culturales. La región se trata pues de un espacio “en
proceso continuo de construcción; es un escenario de fronteras móviles dentro del cual la
delimitación de su territorio esta siempre sujeta al quehacer histórico de los actores sociales
que allí se expresan” (Alonso citado por Madariaga, 2006, p. 39). Bajo este entendido en
esta zona tradicionalmente se han desarrollado diferentes tipos de actividades económicas
como la extracción de petróleo, ganadería, cultivo agroindustrial de palma de aceite, cultivo
a pequeña escala de cacao, frutales y café y actividades ilícitas como el cultivo y
procesamiento de hoja de coca. Éstas actividades a su vez han determinado la aparición de
diversas culturas: sindical- petroleras, terrateniente-ganadera, campesina y narcotraficante
(Aldana, 2013).
En la parte sur de la región se encuentra ubicada Barrancabermeja, la cual es considerada
un centro de relevo principal esto es, “una ciudad intermedia que no es capital
departamental pero que ejerce una verdadera dirección regional como apoyo al desarrollo
socioeconómico de las diferentes unidades regionales” (IGAC, 2003, p. 110 y 177). La
distribución espacial de Barranca es por comunas, en total son 74 de las cuales sólo 2,
ubicadas en el sector occidental, tienen acceso a los elementos articuladores de ciudad,
como servicios públicos, educación y demás equipamientos. Mientras que las comunas 5, 6
y 7 ubicadas en el sector oriental se caracterizan por “su baja articulación con el sistema
urbano (…) las comunidades allí presentes pertenecen a los estratos 1 y 2 donde se
mantienen mayores condiciones deficitarias en la provisión de servicios sociales básicos –
salud, educación, servicios públicos domiciliarios, etc.” (Molina, 2008, p.342).
En torno a las diferencias entre comunas, en este espacio se configura un fenómeno de
segregación producto de diferentes procesos sociales, cuyas causas se pueden generalizar
en tres: i) la creación de barrios de invasión alentados por procesos de movilización popular
y en casos específicos por milicias guerrilleras urbanas, ii) el poblamiento de zonas
periféricas por parte de desplazados y actores armados y, iii) la de instauración de zonas de
uso exclusivo para empleados petroleros, las cuales tienen un alto perfil socioeconómico5
(Molina, 2008).
1.2. EL MAGDALENA MEDIO INDÍGENA Y ESPAÑOL: ENTRE LA BARRANCA GRINGA Y LA MESTIZA
Desde la llegada y el tránsito de los primero españoles en el siglo XVI, los antiguos
pobladores del Magdalena Medio, de la comunidad indígena Yariguíe, ofrecieron
4 Ver anexo 2. Mapa de la ciudad de Barrancabermeja.
resistencia a diferentes intentos de dominación por parte los blancos, en principio mediante
alianzas familiares6 entre diferentes cacicazgos, que negociaban y permitían el
asentamiento de españoles pobres en la región, y que posteriormente ante intentos de
sometimiento más violentos como las encomiendas, respondieron con una resistencia
armada y frontal.
Según Solarte (2004) los intentos de “pacificación” español respondían a los diferentes
levantamientos indígenas en contra toda forma de control. Los movimientos de resistencia
se pueden constatar en varios asaltos armados a caravanas comerciales, asesinatos a
encomenderos y hasta la exhortación a la resistencia por parte de uno de cacicazgos más
poderosos de la región: el de Martinillo, aun cuando éste se encontraba en prisión. La
resistencia indígena continúo por 350 años hasta 1925, año en que se registra la
desaparición total de la comunidad Yariguíe, tal como se le conocía (Molano, 2004); sin
embargo, la tradición regional de resistencia no desapareció con la forma previa de vida
indígena, ya que muchas tradiciones indígenas fueron incorporadas por el colono que,
desde principios del siglo XX, “llegaba, tumbaba la selva con ayuda de su familia y de
otros colonos ya establecidos, sacaba alguna madera, cultivaba maíz y arroz, cuando se
arruinaba poco a poco y se metía a zonas selváticas más profundas” (2004, p. 47). El
colono, producto de múltiples formas de mestizaje, en particular entre negros e indígenas,
dio continuidad a las tradiciones indígenas a través de diferentes formas culturales, como
son las prácticas de siembra y recolección, la estructura familiar, la medicina tradicional, la
6 Estas alianzas se concretaban a través de matrimonios. De hecho, el último intento de los Yariguíes por
partería y la celebración la fiesta de la virgen del Carmen, que según Solarte (2004) renueva
la antigua comprensión del mundo indígena en las nuevas condiciones de vida.
Por su parte, la historia de poblamiento actual de la ciudad de Barrancabermeja7 puede
rastrearse hasta los años 20 del siglo XX, década en la que empresa petrolera Tropical Oil
Company se asentó en esta urbe y creó barrios exclusivos para los empleados extranjeros,
que se ubicaban al occidente de la ciudad, del ‘puente para acá’, el cual fue cercado con un
alambre de púas (Serrano citado por García, 2006, p.262). El alambre dividió la vida de la
ciudad: dentro de la púas8 vivía la ciudad que tenía acceso a una serie de equipamientos
urbanos, como casas para los obreros, hospitales y colegios, mientras la otra Barranca
crecía a punta de las personas venidas del campo y de otras regiones atraídas por la
posibilidad de vivir del petróleo. Para los años 80, los sitios urbanizables se agotaban y la
ciudad creció en los barrios de periferia de la zona oriental. En este lugar se inició un
amplio proceso de movilización social de aquellos que, excluidos espacialmente de la
ciudad, buscaban hacer parte de ella.
Así históricamente tanto la región como la ciudad se han construido bajo procesos de
diferenciación radical que patenta el binomio indígena-blanco o mestizo-blanco, esta forma
de segregación tiene implicaciones en la actualidad: por un lado los departamentos que
tienen jurisdicción sobre el Magdalena Medio han desatendido estas zonas considerándolos
el patio de atrás y por su parte, la Barrancabermeja que crece al otro lado de la vía férrea ha
sido estigmatizada como violenta y marginal (Molina, 2008).
7 Antes la ciudad era conocida como Puerto Santander.
El Magdalena Medio ha sido catalogado como una “región en construcción”9 (García citada
por Vásquez 2006, p. 320) lo que implica que su población ha sido desatendida por el
Estado y que su condiciones de vida han sido precarias, sin acceso a servicios públicos
básicos o a infraestructura. Para el año 2007, el 75% de sus habitantes vivían en
condiciones de pobreza. La situación era más marcada en el sur de Bolívar, en donde al
menos el 90% de los pobladores tenían necesidades básicas insatisfechas (PDPMM, 2008,
p.57).
Tal condición regional de marginalidad hace eco en la disposición espacial de la ciudad de
Barrancabermeja, que tradicionalmente ha estado separada por el puente que separa la vía
férrea o por alambre de púas, ha concentrado los equipamiento urbanos en las comunas 1 y
2 (ubicadas en el sector occidental) que agrupan únicamente el 24,8% de la población,
dejando desprovistas de ellos a las otras cinco comunas, entre ellas la comuna 7 lugar
donde se realizó la masacre del 16 de mayo de 1998 (Molina, 2007. P. 261).
1.3. LUCHAS SOCIALES Y ACTORES: LA TIERRA EN MANOS DE POCOS, TRABAJADORES EXPLOTADOS Y LA POBLACIÓN EN MEDIO DE LA GUERRA
La histórica marginalidad de la región y la forma violenta en que fue colonizada se puede
constatar en diferentes problemas y luchas sociales que se han dado en ella. Los principales
focos han girado en torno a la estructura desigual de propiedad de la tierra, las precarias
condiciones de vida de los empleados de proyectos industriales de enclave y,
recientemente, por el control sobre la vida de los pobladores de la región por parte de
actores armados.
El primero de estos conflictos, el de la tierra y su forma de distribución tiene varias causas,
entre ellas la falta de seguridad jurídica en la propiedad de la tierra y la concentración de
ésta en manos de pocos, patentando así el modelo de latifundio versus minifundio. Para los
años 80 se calculaba que “de unos 57.000 predios rurales, 38.000 eran minifundios, lo que
representaba unas 200.000 personas. Cerca del 70% de las fincas ocupaban el 12% del área
de la región, lo cual significaba que el 30% de los predios ocupaba el 88% de la tierra, la
mayoría dedica a la ganadería extensiva” (Molano, 2004, p.58).
Análogamente, en Barranca la necesidad de legalizar la propiedad sobre los barrios de
invasión de la zona oriente, así como ampliar la cobertura de servicios públicos en esta
zona10, también ha sido un problema que ha dado lugar a diferentes movilizaciones
sociales: en 1975 se conformó el Movimiento Cívico, Obrero y Campesino, en 1980 la
Coordinadora de Solidaridad y en 1981 se creó la Coordinadora del Sector Nor-oriental y
en 1982 la Coordinadora Popular (Proyecto Nunca Más, p.3 y 4).
Por su parte, el conflicto laboral y la lucha sindical en la región se puede datar en los años
20, época en la que los movimientos obreros en la región aparecieron de la mano de la
actividad petrolera. La Sociedad Unión Obrera (primera denominación de la USO) es uno
de los antecedentes históricos del sindicalismo regional, que entre sus primeras
movilizaciones demandaban “aumento salarial, jornada laboral de ocho horas, respeto a la
propiedad de los colonos campesinos en las zonas de actividad petrolera y libertad para leer
la prensa” (Molano, 2004 p. 29). Muchos fueron los levantamientos obreros registrados en
los enclaves petroleros: en 1947, 1971, 1975, 1988 y 1990. Entre ellos cabe destacar los de
1947, que derivaron en la creación de la empresa estatal ECOPETROL y los realizados en
los cinco primeros años de 1990, en los cuales “el 69% tuvo como epicentro Barranca, el 14
% fue en las empresas palmeras de Puerto Wilches y 8 % en las cementeras de Puerto Nare.
Más de la mitad (el 56%) de las huelgas se originaron por protestas de carácter político en
defensa de la vida y los derechos humanos” (Molano, 2004 p. 60).
De la mano de un modelo injusto de tenencia de la tierra y de la necesidad de formalizar las
condiciones laborales de los empleados petroleros varios movimientos sociales, en esta
región y en distintas épocas, se han movilizado. Por citar algunos: Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC), Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra
(ACVC) y Unión Sindical Obrera (USO). Estos movimientos han tenido entre sus
principales demandas el acceso a la tierra, la no privatización de las industrias extractivas,
el reclamo por condiciones laborales dignas y más recientemente el respeto al derecho a la
vida.
Esta última demanda surge con la agudización del conflicto en los años 90, que en el
Magdalena Medio tomó como objetivo a la población y se concretó en una lucha por su
control y el de sus territorios por parte varios actores armados como las FARC, el ELN, el
Paramilitarismo y el Estado colombiano, representado por las Fuerzas Armadas. La historia
Por una parte, la aparición de las guerrillas en el Magdalena Medio data de los años 60,
momento en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) apareció en escena con el asalto
a Simacota en 1966 (Vásquez, 2006, p. 326), al tiempo que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) se expandieron en la región a través de su cuarto
Frente. Ambos grupos armados lograron un importante auge en la zona durante las décadas
de los años 60, 70 y 80. En este último periodo su influencia acrecentó, dado que lograron
entroncar su movimiento con las luchas sociales de los pobladores (Vásquez, 2009, p. 323),
es decir, los movimientos sociales compartían una agenda política que en algunos aspectos
podría considerarse cercana a los ideales guerrilleros y, ante la inexistencia del Estado, las
guerrillas habían logrado dar orden al territorio y a la vida de los habitantes. No obstante,
para los años 90 la dinámica de guerra se transformó notablemente, tal como lo indica
Vásquez, ya que entre 1990 y 2002 fue mayor el número de acciones contra civiles y menor
el número de acciones bélicas, lo que podría indicar que la guerra se estaba librando a
través de la población civil (2009). Si bien las guerrillas no eran el actor que ocupaba el
primer lugar en las violaciones a los derechos de la población civil, para este decenio el
ELN era el segundo actor armado que participaba en los ataques a no combatientes, se les
atribuía un 27% de este tipo de acciones (Vázquez, 2009), mientras que las FARC
participaron en un 7,4 % de las violaciones. Esta nueva relación entre pobladores y guerrilla
responde entre otras al tratamiento draconiano que éstos últimos habían empezado a
implementar contra aquellos, uso de la fuerza que incluía secuestros, asesinatos selectivos y
boleteo11, en ese sentido una víctima se expresa:
Por la orilla del caserío pasaban los remolcadores del ejército, y esa gente de la guerrilla se ponía brava cuando llegaba el ejército allá. En ese entonces, el que era
presidente de la junta les hacía sancocho a los del ejército, en agradecimiento por el ACPM que nos regalaban para la planta que teníamos en la vereda. La guerrilla decía que no lleváramos nada, que pidiéramos todo, pero que no lleváramos nada. Por eso, para la guerrilla él era un sapo, que jugaba a dos caras, y así nos lo hicieron saber el día que lo mataron en frente de nosotros (Angarita, 2009, p. 95).
Por otro lado, el paramilitarismo como actor y fenómeno de guerra ha sido una constante en
la región, sin embargo, para dar cuenta de sus características y de las relaciones que ha
entablado con la población civil y con otros actores armados, es necesario hacer varias
salvedades. En primer lugar, algunos autores como Nieto y García (2008) han intentado dar
continuidad entre las autodefensas de los años 60 y el paramilitarismo que surge en los años
80 y se consolidó en los años 90, ya que ambas formas armadas tenían como característica
común el asocio con el Estado para llevar a cabo sus acciones, no obstante, no es posible
asimilar totalmente ambos fenómenos.
En segundo lugar, las autodefensas de los años 60 surgieron amparadas por el Estado
colombiano a través del Decreto 3398 de 1965 y de la Ley 48 del mismo año, estas normas
permitían la organización de la sociedad civil en procura de la defensa nacional, en ese
sentido según el artículo 25 del Decreto 3398 de 1965: “Todos los colombianos no
comprendidos en el llamamiento a servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el
Gobierno en actividades y trabajos en los cuales contribuyan al restablecimiento de la
normalidad”, de manera que las autodefensas nacen en el marco de la política de seguridad
nacional implementada en el frente nacional y su objeto era que las Fuerzas Militares
actuaran conjuntamente con la población civil, en ese sentido, el actuar de las autodefensas
tenía un carácter reactivo frente a las fuerzas armadas guerrilleras y su poder hegemónico, y
de agentes privados como terratenientes y ganaderos, que veían amenazado su poder
económico y político.
El paramilitarismo de los años 80, presenta algunas continuidades pero también notables
diferencias con las autodefensas, ya que éste es producto de la alianza entre ganaderos,
narcotraficantes y Fuerzas Militares (Nieto & García, 2009), mientras que aquellas no
contaban con la participación del narcotráfico y estaban oficialmente ligadas a las
actividades de seguridad del Estado.
El episodio hito con el que suele referenciarse el surgimiento del paramilitarismo en este
territorio es el piloto anticomunista que se desarrolló en el municipio de Puerto Boyacá,
donde el partido político Movimiento de Restauración Nacional12 (Morena), liderado por la
Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), a través de su brazo armado
logró sacar de su territorio a las guerrillas de las FARC y ELN. Los paramilitares de Puerto
Boyacá de los años 80 representaban un modelo reaccionario (Duque citado por Vázquez,
2008, p.337), cuya agenda en principio se centró en que élites económicas y políticas
locales recuperaran el poder perdido, a través de mercenarios o ejércitos privados que
acompañaban a militares en allanamientos y detenciones en medio de la lucha contra
insurgente (Medina, 1990, p. 184), pero que pronto transformó su perfil reactivo y
desarrollo métodos ofensivos y preventivos, encaminados a diversos objetivos, que
respondían a los intereses de los actores aliados.
Lo anterior encuentra razón en que el paramilitarismo es una máquina de guerra en
expansión, compuesta por “empresarios de la coerción” que, según Romero, se identifican
12 Uno de sus líderes más notable era Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez quien fue judicializado
como “individuos especializados en la administración, despliegue y uso de la violencia
organizada, la cual ofrecen como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores”
(2003, p.17), lo que implica que este actor armado encuentra sus motivaciones en diversos
factores, no únicamente de contrainsurgencia, sino también en formas ideológicas concretas
en lo económico, de estatus y control social. Más específicamente, el paramilitarismo es
una forma de violencia que discursivamente se presenta como contrainsurgente pero que,
por los métodos desarrollados para controlar a la población civil y a los movimientos
sociales del Magdalena Medio, puede agenciar cualquier tipo de pretensión política.
Lo anterior hace necesario precisar los posibles intereses del nuevo actor político presente
en la configuración del paramilitarismo, esto es el narcotráfico, el cual en los años 80 se
perfilaba como un poder económico que fue adquiriendo relevancia gracias a la compra de
tierras para el lavado de activos, particularmente en el Magdalena Medio. Es posible
establecer una relación cercana entre narcotraficantes o sus testaferros y en la nueva
configuración del territorio (Tate & College, 2009) caracterizada como ya se dijo, por una
alta concentración de tierra en manos de pocos. De acuerdo con Reyes, los narcotraficantes
adquirieron grandes extensiones de tierra con el fin de aumentar su estatus social y
salvaguardar sus ganancias (citado por Tate & College, 2009).
Con todo, la entrada de este nuevo agente económico reconfiguraría las formas de uso de la
tierra en el Magdalena Medio, dado que el modelo narcotraficante fue un determinante en
el incremento inflacionario de los precios de la tierra, disminución el uso agrícola del suelo
y el aumento de tierras improductivas, pero, además, el narcotráfico jugó un papel
adelantada en décadas anteriores o de facto por algunos campesinos. Los testimonios de las
victimas al respecto confirman estas afirmaciones:
Por aquí llegó un terrateniente para quitarnos esto pero no lo dejamos. Aquí estuvo el MOIR y la Unión Patriótica, hicimos los contactos, y ellos nos dijeron que para adquirir estos lotes debía fundamental el terruño, en la misma propiedad hacer una vivienda, del territorio donde la teníamos, y así lo hicimos. Ellos nos embarcaron y se fueron, nos animaron y lo demás lo hicimos nosotros. Yo cogí un cuaderno y me puse a mandarle cartas a las personas trabajadoras que no poseían tierra para que poseyeran su pedazo, medimos el frente y cada quien se le dio cincuenta metros, para atrás se amplía más, va hasta el monte, así esto quedó parcelado. Esta tierra la reclamaban, dicen que era de una ganadera, pero tenía muchos años de no aportar un peso al catastro, por eso estas tierras eran baldías. Cuando llegó el terrateniente nosotros estábamos bien apoyados, bien unidos y fuimos a la misma alcaldía, la invadimos para que nos arreglara “el chico” (…) Esto acá no lo podemos dejar solo, pero con la violencia nos tocó. (Angarita, 2007, p. 102)
Finalmente, otro actor armado presente en el conflicto del Magdalena Medio son las
Fuerzas Armadas de Colombia, que desde 1960 hacen presencia en la zona, primero a
través de compañías temporales encargadas de controlar las protestas sociales producto de
la violencia partidista y posteriormente, a través de comandos y brigadas móviles que
enmarcaban su avance en la lucha antisubversiva. Para los años 90, el ejército hacía
presencia a través de la II División, Brigadas XIV, V y Móvil N° 2 y los batallones Luciano
D’Elhuyar, Rafael Reyes, Nueva Granada, Calibio, Caldas, Bomboná y Bárbula (Romero,
1994, p. 138). Para este decenio la Fuerza Pública ocupa el tercer lugar en ataques directos
a la población civil, con un 12, 8%, lo cual encuentra razón en “las operaciones encubiertas
y la red de sicarios que cometió una seguidilla de asesinatos selectivos y desapariciones
forzadas puesta en marcha en Barrancabermeja y su área de influencia” (Vázquez, 2006, p.
351) y también, las operaciones que desarrollaron las fuerzas militares luego del secuestro
comparte con el paramilitarismo de los 90, dado que no necesariamente su asocio hace
parte de la empresa contra la guerrilla, puesto que es posible registrar su injerencia en
“escuadrones de la muerte” que buscaban reprimir los movimientos de oposición política y
social, como fue el caso del comandante de la V Brigada del Ejército, Fernando Millán,
quien fue investigado y condenado por su participación en los escuadrones de la muerte. (El
Tiempo, 1998). Para Nieto y García, algunas facciones radicales del ejército participan de
estas acciones como parte de su afán por derrocar a las guerrillas y salvar su honor, pero
estos argumentos resultan poco convincentes si se tienen en cuenta las formas de violencia
contra la población civil y el recrudecimiento del conflicto en busca del control social.
1.4. CERRAR EL CANDADO Y APRETAR LA TENAZA: 16 DE MAYO DE 199813
La masacre del 16 de mayo de 1998, ocurrió en la ciudad de Barrancabermeja, cuando un
grupo de 50 hombres armados con fusiles Galil y subametralladoras M.P.5, llegaron a las
comunas ubicadas en el sector oriental de la ciudad y se llevaron a 42 personas en dos
camionetas robadas. El recorrido que siguieron los paramilitares inició en un bazar que los
habitantes del barrio El Divino Niño habían organizado con el fin de recaudar fondos para
el grupo de danzas del sector. En este lugar los paramilitares se llevaron a 18 personas entre
los 16 y 26 años. Luego se desplazaron a la cancha “La Campiña” y en medio de un
campeonato de minitejo se llevaron a 3 personas más. Horas más tarde en el barrio Nueve
de Abril, los hombres armados capturaron a otras 5 personas y finalmente, camino a la zona
nororiental de la ciudad en tres paradas tomaron a 20 más (El Tiempo, 18 de mayo de 1998,
p. 6 y 7).
La masacre fue objeto de un amplio cubrimiento de prensa, gracias al importante
movimiento social que se organizó con tres propósitos: el primero, exigir la entrega con
vida de los “secuestrados” que se habían llevado los paramilitares, el segundo, denunciar la
participación de las Fuerzas Armadas estatales en los hechos y finalmente, pedir la
realización de un Consejo de Ministros en la Ciudad. Para ello, la comunidad barrameja
invitó a un paro cívico que inició el 18 de mayo de 1998 y se prolongó hasta el 28 de mayo
de 1998 (El País, 28 de mayo de 1998, p. 2 A).
En este lapso de tiempo dos sucesos importantes se dieron: en primer lugar, se realizó un
consejo de seguridad al que asistió el Ministro de Interior de la época, donde se crearon dos
comisiones investigadoras, una comisión de búsqueda y otra encargada de judicializar e
individualizar a los responsables, en segundo lugar, se confirmó por parte del Consejero
Presidencial para la Paz de la época, José Noé Ríos14, que las autodefensas eran las
responsables de la masacre y la desaparición de las personas, versión que se conoció por un
comunicado en que los paramilitares solicitaban a los familiares de las víctimas la entrega
de una fotografía de cada uno (El Mundo, 28 de mayo de 1998, p.8).
El 29 de mayo, luego de que informó a la opinión pública sobre la autoría de los hechos, el
presidente Ernesto Samper visitó la zona, el mandatario se reunió con las familias de las
víctimas y prometió gestionar la liberación de éstas a través del Consejero (El Espectador,
29 de mayo de 1998, p.10 A). Más tarde, el día 5 de junio se conoció que los paramilitares
juzgaron a las personas plagiadas y, tras encontrar que tenían vínculos con las guerrillas,
fueron asesinadas, tal como lo transcribe el diario El Colombiano en noticia titulada “Se
confirma el horror en Barrancabermeja”, el paramilitarismo comunicó que “los retenidos
fueron escuchados, sometidos a juicio y sus cadáveres fueron incinerados” (p.6 D).
Frente a la versión paramilitar, dos actores reaccionaron: por un lado, los familiares de las
víctimas, y por el otro, los grupos guerrilleros de las FARC, el ELN y el EPL. Los
familiares de las víctimas aseguraron que éstas no pertenecían a ningún grupo armado, ni
siquiera político y pidieron ver los cuerpos de sus seres queridos porque sin ellos no
creerían que estuvieran muertos. Así lo expresó una de las madres en una crónica del día 5
de junio de 1998, titulada “Tengo fe de que está vivo”: “El señor sabe que mi hijo es
inocente. El que lo haya llevado que lo investigue, él es un ‘pelao’ que toda la vida ha
trabajado, yo tengo fe en Dios de que él está vivo, que él me lo ha guardado en el hueco de
la mano” (El Tiempo, p. 7 A). Y por su parte, las guerrillas desmintieron la versión
paramilitar sobre los vínculos entre las víctimas y la subversión. Según lo registra la noticia
titulada ‘“No eran nuestros”: guerrilla’del periódico El Colombiano, que decía “El Frente
Urbano Resistencia Yariguies, del ELN, así como los frentes 24 de las FARC y Gilberto
Zambrano, del EPL, negaron ayer que las víctimas de la matanza paramilitar pertenecieran
a sus filas, como aseguró el grupo de autodefensa que los asesinó” (06 de junio de 1998, p.
13 A).
Entre las versiones que iban y venían, el 8 de junio de 1998 los familiares de las víctimas,
simbólico y una marcha por la ciudad, cuya crónica “Barranca prepara funeral simbólico”
aparece reseñada en periódico El Colombiano que decía:
Los 25 ataúdes en fila llenaban la calle. Adentro, en la sede de la Unión Sindical Obrera USO –en el centro de la ciudad (…) Afuera, el sol golpeaba con más fuerza. Eran las 2:00 de la tarde y Patricia completaba seis horas de estar parada al lado de un féretro que espera los despojos mortales de su esposo.
Fijaba su mirada donde estaría ubicada la cabeza, pero apenas podía acariciar una fotografía. Nadie la acompañaba. Se sentía sola, mucho más que cuando escuchó en un extra noticioso que las 25 personas secuestradas por un grupo paramilitar, el pasado 16 de mayo, habían sido asesinadas e incineradas. (…)
Con todo, todos en Barranca sentían la pena de esta muchacha, al punto que era constante el desfile ritual en la velación simbólica, que convertía casi en un (sic) protesta silenciosa. No creían en la promesas del Gobierno Nacional de castigar a los responsables de la matanza. (El Colombiano, 6 de junio de 1998, p. 12 A)
Pero la batalla de las familias por llevar a cabo su duelo apenas comenzaba: el 20 de junio
de 1998, el periódico El Tiempo informó sobre las protestas de las madres de las víctimas
pidiendo la entrega de los cuerpos de éstas, protestas que se repetirían una vez más el día 04
de agosto de 1998, con un paro cívico convocado luego de una segunda masacre perpetrada
el 03 de agosto de 1998. Finalmente, el 25 de agosto de ese año, el paro cesó y fue
reemplazado por una comisión permanente de búsqueda de los desaparecidos.
Aquí es importante señalar que la masacre del 16 de mayo no es un hecho ajeno a la
dinámica regional de los actores políticos armados y no armados que hacían y hacen
presencia en el Magdalena Medio desde los años 80. La ciudad resultaba un punto
geoestratégico fundamental para el control de la economía petrolera y de los movimientos
sociales que hacían presencia allí. Dan cuenta de ello varios factores: en primer lugar, para
urbano en la región del Magdalena Medio se realizaron en Barranca15 (García, ibídem), lo
que implica que Barranca tenía una amplia capacidad de movilización civil política. En
segundo lugar, para el momento de los hechos, en la zona oriental de la ciudad hacían
presencia el frente urbano Resistencia de Yariguíes del ELN, los frentes XXIV y XLVI y
el frente Gilberto Zambrano del EPL y según pobladores de la zona circulaba un rumor de
acuerdo con el cual Carlos Castaño (Comandante del grupo paramilitar de las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC) había asegurado que se ‘tomaría un tinto’ en territorio del
ELN. Para ello, los paramilitares habían iniciado acciones incursionando en el sur de
Bolívar, se habían establecido en Sabana de Torres y pretendían cerrar el ‘candado’ con la
toma de Barranca. La ciudad era entonces un territorio en disputa para los actores armados.
Lo anterior lo han señalado varios autores, pues ésta era la única zona del Magdalena
Medio en la que no había presencia paramilitar permanente (Archila citando a Isacson,
2006,). Incluso esto fue advertido por las organizaciones sociales defensoras de derechos
humanos presentes en la ciudad, como Credhos; según esta ONG existía un plan para sitiar
Barrancabermeja, mediante la migración de personas afines al proyecto paramilitar. De
hecho, el periódico El Tiempo del 24 de mayo de 1998 titulaba “Estratégico golpe ‘para’ a
Barranca” y reseñaba las denuncias de esta organización social, de la siguiente manera:
“Los grupos paramilitares siguen firmes en su intención de sitiar Barrancabermeja. ‘No
tenemos afán’ han dicho a comunidades reunidas bajo presión en Yondó” (p. 22 A).
Si bien la ciudad representaba un punto estratégico para el control territorial, que la
masacre se desarrollara en los barrios del nor y suroriente, tampoco fue una coincidencia,
dado que, por las dinámicas mismas de poblamiento del eje urbano, estos barrios
representaban el límite entre la ‘Barrancabermeja del puente para acá’ o la
‘Barrancabermeja buena’ y la Barranca marginal. En esa otra Barranca varias tradiciones se
vinculaban: primero, era el lugar de encuentro movimientos sociales de apropiación del
espacio que habían ocupado informalmente estas zonas de la ciudad y que se organizaban
en procura de obtener reconocimiento del Estado de lo que se denominó “zonas de
invasión” (Molina, 2008). Segundo, esta zona ha sido lugar de refugio de desplazados por
la violencia del Magdalena Medio, de acuerdo con el Observatorio de Paz Integral del
Magdalena Medio, OPI (OPI, 2007, p. 27); en un estudio de largo plazo entre 1993 y 2005,
la ciudad de Barrancabermeja presenta una tasa de crecimiento población promedio de
1,5% y una tasa intercensal de 19 %, mientras que la tasa nacional promedio de crecimiento
fue de 11% entre los dos censos. Esto podría indicar que existe un alto índice de movilidad
en la zona; además, de acuerdo con el OPI, la población en el Magdalena Medio se
urbanizó, es decir, la ciudades crecieron más que la población rural de los municipios y, en
el caso particular de la ciudad de Barrancabermeja, entre 1993 y 2005 tuvo una tasa de
crecimiento de población rural del 50, 1%, es decir, 3,9% anual. En ese mismo periodo la
ciudad registró la recepción de un total de 27.051 personas expulsadas por la violencia
según cifras de Acción Social (OPI, 2007, p. 36), siendo Barranca el primer polo de
recepción de desplazados por la violencia a nivel regional, por encima del municipio de San
2. CONOCIMIENTO JURÍDICO: MODELO DE INDAGACIÓN Y DERECHO A LA VERDAD
La naturaleza del conocimiento y de la verdad jurídica ha sido objeto de diversas
aproximaciones, entre las diferentes teorías que han estudiado este tema, el presente
documento adhiere a la teoría desarrollada por el realismo jurídico de Rudolf Von Ihering,
de acuerdo con la cual el derecho es una idea práctica, que requiere ser realizada. En punto
de determinar los medios para la realización del derecho, este trabajo desarrollará los
postulados de Michael Foucault en relación con el surgimiento del modelo de indagación
de la verdad jurídica como una forma concreta de administración de saberes, de poder y por
lo mismo de justicia. En ese sentido este capítulo se dividirá en cuatro apartados, en el
primero, se hará una breve referencia a la condiciones de producción del conocimiento
jurídico; en el segundo, se reconstruirá la trayectoria histórica del modelo de indagación; en
el tercero, se presentará el contenido formal del derecho a la verdad y los medios
desarrollados para su implementación por los sistemas internacionales de justicia y el
sistema de justicia colombiana, y finalmente, se cerrará el capítulo con una reflexión sobre
el estado de los procesos judiciales y de memoria oficial adelantados en relación a la
masacre del 16 de mayo de 1998.
2.1. EL CONOCIMIENTO JURÍDICO PRODUCIDO SOCIALMENTE Y SITUADO EN LA HISTORIA
El “derecho es una idea práctica” (Von Ihering, 2009, p.3), que indica fines y, al estar
responden a las circunstancias históricas en que se producen las prácticas y así mismo, los
medios e instrumentos de los que se vale se construyen a través del tiempo. No obstante,
este proceso de construcción de formas jurídicas, contrario a lo que autores clásicos como
Hobbes sostienen, no es producto de la evolución social del sujeto que ha dejado atrás su
pasado salvaje e irracional para abrir las puertas a formas racionales y perfectas de
humanidad, sino que obedecen a condiciones puntuales bajo las cuales se produce
conocimiento (Sossa, 2012); más bien responden a una lógica perspectivística, lo que
significa que el conocimiento jurídico y las prácticas asociadas a él se realizan “por medio
de diferentes actos entre sí y múltiples, por los cuales el ser humano se apodera
violentamente de las cosas y reacciona a las situaciones, les impone relaciones de fuerza. O
sea, el conocimiento es siempre una relación estratégica en la que el hombre está situado”
(Foucault, 1978, p. 30).
Esta relación estratégica implica que el conocimiento jurídico es parcial e incompleto y esta
característica es parte de una contradicción propia de las formas jurídicas actuales donde la
práctica jurídica y las normas de derecho se realizan en un espacio público. Por lo tanto, las
normas deben ser generales y aplicables a todos los ciudadanos pero, como resultan de un
proceso de lucha social en la que se impone una determinada perspectiva, son a la vez
normas particularizantes (Foucault, 1978).
2.2. LA INDAGACIÓN: FORMA JURÍDICA QUE RESPONDE A UNA FORMA DE PODER
De acuerdo con Foucault (1978), las prácticas jurídicas modernas tienen como principales
sujetos en conflicto presentan sus disputas y versiones de los hechos en busca de una
sentencia en la cual, quien la produce (el juez), ha llegado a la verdad a través de la cual
dirá quién tiene la razón. Este esquema general es aplicable tanto a la justicia penal como a
la civil (Gonzáles, 2007). Sin embargo, en la justicia penal una de las partes es el Estado,
quien asiste como representante de la sociedad que ha sido ofendida por la infracción del
delincuente; éste, a su vez, constituye la otra parte. Lo anterior encuentra sentido en que “el
crimen o la infracción penal es la ruptura con la ley, ley civil explícitamente establecida en
el seno de una sociedad por el lado legislativo del poder político” (Foucault, 1978, p.96).
En ambos sistemas de justicia, para poder decir el derecho es necesario conocer la verdad y
para ello se recurre al método de la indagación.
Esta forma de administrar justicia y su método obedece a un proceso histórico y social
concreto, lo que hace posible rastrear otras formas de justicia en el pasado. Según Foucault
(1978), en Grecia era posible encontrar dos formas de justicia. Una, en la que mediaban los
dioses como testigos; por eso, ante una falta, la persona ofendida reclamaba de la otra la
lealtad hacia los dioses. Así, bajo la fórmula: “juras ante los dioses que no has hecho lo que
he dicho que has hecho”, el ofendido dejaba la solución de la disputa en manos de los
testigos que todo lo podían ver: los dioses. La segunda forma es descrita en Edipo Rey,
donde aparece por primera vez la indagación como forma de establecer la verdad de los
hechos. Pero en la historia de Edipo hay algunas diferencias frente al modelo
contemporáneo: la verdad no se dice a través de un juez o una sentencia, sino que es dicha
por testigos que cuestionan la incapacidad de saber la verdad que manifiesta Edipo Rey; en
desposó a su madre16; este testimonio, “por medio de la verdad que sabe derrota al más
poderoso” (Foucault, 1978, p.66). Muchos personajes en Edipo Rey tienen una parte de la
verdad, pero sin la contribución de cada uno de ellos no es posible reconstruir la verdad.
Por su parte, siguiendo con Foucault, el mundo germánico se enfrentó a prácticas de
venganza: cuando una persona era víctima de otra, se presentaba ante quien había hecho el
daño y exigía una justicia que se satisfacía través de la venganza. El intento por regularlas
generó sus propias formas jurídicas. Así se reguló la venganza generando rituales la justicia
que decían cómo debían realizarse los actos de venganza, pasando de la confrontación
violenta a formas de regulación de la violencia a través de los ritos jurídicos (Rouse, 1996).
En este modelo de justicia no hay quien represente a la sociedad ni alguien que realice las
acusaciones; para que hubiese un proceso penal era necesario que existiera una víctima y
su acción era de duelo o de oposición, no dando lugar para preguntarse por la verdad de lo
que decía la presunta víctima, pues al ser el derecho una continuación de la guerra no se
identificaba la justicia con la verdad.
En el posterior derecho feudal (Foucault, 1978), para resarcir el daño cometido por un
agresor, las personas en disputa eran sometidas a una prueba, en la que cada uno
demostraba su fuerza, su peso o su importancia. Por eso, era común que a la disputa fueran
acompañados por familiares y amigos que daban cuenta de su cuán importante era esa
persona para el grupo social o se sometían a las partes a pruebas de fuerza de las cuales
salía victorioso el más ágil o el más poderoso.
Para Foucault, el modelo de justicia moderna aparece como una forma de controlar el flujo
de mercancías en el alto medioevo, dado que la riqueza constituía, en este momento
histórico, el “medio por el que se puede ejercer violencia en relación con el derecho a la
vida y muerte sobre los demás” y “la circulación de bienes estaba relativamente poco
asegurada por el comercio. Se aseguraba por mecanismos de herencia o transmisión
testamentaria y, sobre todo, por el enfrentamiento bélico, militar, extrajudicial y judicial”
(Foucault, 1978, p.77) Por ello, los más poderosos intentaron controlar los litigios y
concentrarlos (Rouse, 1996). Así, se implementó un nuevo orden de poder jurídico en el
que i) la justicia pasó de ser un pleito entre individuos, donde había una libre aceptación
por parte de estos de unas reglas determinadas, a un problema de índole público en que las
partes “deberán someterse a un poder exterior a ellos que se les impone como poder judicial
y político” (Foucault, 1978, p. 79); ii) aparece una figura nueva: el procurador, como
representante del soberano que se ve lesionado por el crimen; iii) surge la infracción
concebida como un daño al orden social; iv) el soberano es la parte lesionada y, además,
exige reparación, dando lugar a la figura de la confiscación como forma de pago de las
multas, lo que enriquece a las monarquías; v) el derecho se dicta en una sentencia, ya que la
víctima es el soberano que no puede enfrentarse al criminal en pie de igualdad pues esto
implicaría poner en riesgo sus bienes. Por lo tanto, es con la modernidad que se hace
necesario dictar justicia a través de otro mecanismo: el modelo de la indagación.
Aquí es importante señalar que el modelo de la indagación encuentra, según Foucault, sus
antecedentes en la justicia administrativa carolingia y en las prácticas de la iglesia católica
que implementó la práctica de la visitatio, en la que el obispo de una comarca la visitaba y
preguntaba a los notables sobre los crímenes y pecados que se hubiesen cometido; esta
el obispo iniciaba la inquisitio especialis, que consistía en indagar sobre el pecado. El
modelo de la indagación buscaba establecer las condiciones en las que se cometió un delito,
es decir, responder a las preguntas de quién, cómo y dónde y bajo qué justificaciones se
realizó una infracción. Para ello se recurre a procedimientos para la recolección de las
pruebas y de su comprobación
.
Finalmente, es pertinente sacar algunas conclusiones sobre el modelo de indagación: i)
permitió la racionalización del procedimiento jurídico, lo que no se logra por la razón
desenvolviéndose sobre sí misma, sino bajo unas condiciones o prácticas sociales que las
permitieron; ii) la indagación se trasforma en una forma especial de ejercer poder y de crear
saberes, de modo que la indagación, en sentido general, sea usada en otros dominios de
saber cómo la economía, la estadística o la historia; iii) la justicia se transforma en una
cuestión de dominio público, cobra protagonismo el soberano y la víctima del daño ya no
participa como parte.
Actualmente, se ha intentado asimilar el modelo de la indagación al modelo penal
inquisitivo, el cual considera que buscar la verdad es un deber del Estado, para “a partir de
ella, imponer las sanciones o mantener la inocencia de la persona investigada. Es decir, la
verdad se entiende como algo existente y que debe ser objeto de búsqueda. El investigado
no tiene que aportar pruebas en su favor, sino que ha de limitarse a cuestionar la verdad
En el sistema de la indagación se considera que la verdad existe con independencia de los
discursos y que es posible llegar a ella, bien sea comprobándola o reconstruyéndola. Ante
esto Foucault, comentando a Nietzsche advertía: “las cosas carecen de esencia y el secreto
es que están construidas o que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras
que le eran extrañas ¿la razón? Pero ésta nació de un modo perfectamente razonable, del
azar” (Foucault, 1992, p. 11). Desde la perspectiva de las teorías de Nietzsche y Foucault la
verdad en tanto realidad no existe, sino que se trata de unos ejercicios metafóricos y de
ejercicios de poder, que explican cómo unas “verdades” se imponen sobre otras. En los
modelos de indagación, el problema de la verdad queda del lado del estado y de los
victimarios. La pregunta por la posible verdad de las víctimas reales, queda relegada
(López, 2000).
2.3. EL DERECHO A LA VERDAD: FINES, CONTENIDO Y MÉTODO
El derecho a la verdad que les asiste a las víctimas de crímenes atroces en contextos de
justicia transicional puede enmarcarse en este proceso de racionalización del derecho y de
implementación del método de indagación. Bajo esta perspectiva se observarán los fines, el
contenido y el método para la realización de este derecho.
El derecho a la verdad aparece en el contexto internacional tras la implementación del
protocolo I del Convenio de Ginebra y de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos. El primero de estos instrumentos legales, en su artículo 32, establece la
la base de proteger “el derecho que le asiste a las familias de conocer la suerte de sus
miembros”. Con esta consideración se sientan las bases para que el derecho a la verdad se
asuma como una norma de derecho consuetudinario por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR); su contenido se realiza como un deber de informar, por parte de los actores
armados, a los familiares de combatientes y no combatientes sobre la suerte de las víctimas
(Najar, 2009).
Por su parte, en la implementación regional de la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Manuel García
Franco versus Ecuador, desarrolló parte del contenido del derecho a la verdad en relación
con el delito de desaparición forzada. La Corte afirma que “este derecho a conocer la
verdad sobre lo sucedido se basa también en la necesidad de información que permita
reivindicar este derecho. En el caso de una desaparición los familiares tienen derecho a
conocer con certeza la suerte corrida por la víctima, no solo para saber exactamente cómo
se violaron los sus derechos, sino también para hacer efectivo su propio derecho a ser
indemnizado por el Estado”. Así, el derecho a la verdad se constituye sobre el deber de
información sobre la suerte de la víctima y las condiciones de la violación del derecho.
Otros mecanismos que han contribuido a la consolidación del derecho a la verdad han sido
las comisiones de verdad, que con ocasión de procesos de justicia transicional se han
creado para consolidar procesos de paz y reconciliación. Algunos casos emblemáticos sobre
2009). En Colombia varias son sido las experiencias de comisiones de investigación sobre
la violencia, aunque no necesariamente se encuadren en el concepto de comisiones de la
verdad desarrollados posteriormente. Algunos ejemplos son la Comisión de investigación
de hechos sobre la violencia y la Comisión de expertos de 1987 (Jaramillo, 2011).
Sin embargo, este derecho encuentra su pleno desarrollo dogmático en los principios de
Joinet. El objeto de este cuerpo normativo es la promoción y protección de los Derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad. Estos principios desarrollan el derecho a la
verdad desde dos perspectivas, una individual y otra colectiva. “La verdad se entiende
como un derecho individual de las víctimas a saber y un derecho colectivo, relacionado con
la historia de una comunidad y definido como el patrimonio de la misma. Constituye
además el deber del Estado de recordar” (Ceballos, 2009, p. 25). De acuerdo con los
principios de Joinet, el derecho a la verdad es autónomo, inalienable e imprescriptible; está
íntimamente relacionado con el deber de protección y garantía a cargo de los Estados,
específicamente con la obligación de realizar investigaciones eficaces; está relacionado
también con los derechos a un recurso efectivo, a la protección jurídica y judicial, a ser
oído, a obtener una reparación y a recibir y difundir información; como derecho
fundamental, no debe estar sujeto a restricciones y no puede ser suspendido en ninguna
circunstancia; tiene un aspecto social, es decir, que no solo los individuos sino la sociedad
en su conjunto son titulares de este derecho y la participación de todos los lesionados y toda
persona u ONG en los procesos penales constituye un importante medio para garantizar
Hasta aquí, de acuerdo con el desarrollo que ha tenido el derecho a la verdad en el
panorama internacional, es posible establecer sus fines y su contenido a nivel particular:
informar, reparar material y simbólicamente a los familiares de las víctimas; y a nivel
colectivo: consolidar procesos de paz y reconciliación en procura de la lucha contra la
impunidad y la realización del deber de memoria de una sociedad.
Ahora bien, respecto de los mecanismos usados para la consecución de este derecho es
preciso anotar que en Colombia se han empleado dos mecanismos fundamentalmente: los
procesos penales de juzgamiento de desmovilizados en el marco de la ley de Justicia y
Paz17 y mediante la subcomisión de Memoria Histórica y el Centro de Memoria Histórica.
2.2.1. El derecho a la verdad en los procesos de justicia y paz. El proceso penal de
justicia y paz sigue la estructura del modelo de indagación descrito con anterioridad, ya que
el debate sobre la justicia se mantiene en el nivel de lo público y concentrado en el Estado;
a él asiste el criminal como ofensor de un bien jurídico o de la norma; y, finalmente, se
parte del supuesto de que es posible reconstruir una verdad. Sin embargo, el sistema penal
colombiano es de carácter mixto desde el año 2004, cuando se implementó un sistema
penal acusatorio y se desconcentraron las funciones de investigación y juzgamiento. Así, en
el proceso penal que sirve de base al proceso de justicia y paz, la investigación del delito se
realiza por la Fiscalía General de la Nación y el juzgamiento lo realiza un juez, valiéndose
de varios principios de valoración de la prueba. Lo novedoso del sistema acusatorio es que
se reconoce que no existe una sola verdad a la cual el juez debe llegar, sino que existen dos
versiones de los hechos, una defendida por el Estado, a través de la Fiscalía y otra
defendida por el acusado. Así, los efectos sobre la concepción de verdad es que en el
sistema acusatorio “las partes llegan al juicio con visiones de la realidad, y será la
confrontación entre tales visiones la que determine lo que se considera verdadero.
Adquiere, por lo mismo, gran importancia el convencimiento del juez” (Bernal &
Montealegre, 2004, p.132). Para este trabajo se hará especial referencia al proceso de
Justicia y Paz bajo el entendido que la masacre del 16 de mayo de 1998 fue perpetrada por
integrantes de las AUC y bajo está normativa este actor armado se desmovilizó.
El sistema penal de Justicia y Paz está diseñado sobre estas consideraciones, su carácter
especial versa sobre beneficios en relación a la pena (su disminución) a cambio decir la
verdad sobre los delitos que se le imputan al acusado; con todo en esta visión, la relación
entre verdad y libertad denota la autorrealización del sujeto a través del poder de decir la
verdad, esto es, de construirla a partir de un ejercicio subjetivo, vinculado a un contexto
histórico y cultural de producción. Es a partir de esta visión, que la práctica transicional ha
vinculado el ejercicio del derecho a la verdad, a una especie de aceptación y
reconocimiento por parte del victimario, de los hechos dolorosos, con la garantía de generar
la reconciliación y la paz (Méndez, 2006).
Ahora bien, es importante en este punto describir de manera general el proceso de Justicia y
Paz con miras a establecer los derechos que le asisten a las víctimas en búsqueda de
satisfacer su derecho a la verdad, pero también con el fin de determinar los actores
