INVESTIGACIONES EN CONSTRUCCIÓN
RESULTADOS
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
2011
INVESTIGACIONES EN CONSTRUCCIÓN
Número 26
RESULTADOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2011 Publicación anual
Bogotá D.C., julio de 2012
© 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina – UNIJUS
ISSN: 2256-232X
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los dere-chos patrimoniales
Universidad Nacional de Colombia
Dr. Ignacio Mantilla Prada –Rector–
Dr. Alexander Gómez Mejía –Vicerrector de Investigación– Dr. María Clemencia Vargas Vargas –Vicerrectora de Sede Bogotá–
Dr. Luis Fernando Niño Vásquez –Director de Investigación de Sede Bogotá–
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Genaro Alfonso Sánchez Moncaleano –Decano–
Alejo Vargas Velásquez –Vicedecano de Investigación y Extensión–
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina UNIJUS
Gregorio Mesa Cuadros –Director–
Christian Álvarez Gómez –Coordinador Académico– Andrea Castro Latorre –Coordinadora Administrativa– Diagonal 40a Bis No. 15-38, Complejo Casa Gaitán Tel. 3165000 Ext. 29266
e-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia, Sur América. Coordinación Editorial y Digitalización Christian Álvarez Gómez
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina UNIJUS Arte de carátula:
Oscar Javier Arcos Orozco –Diseñador Gráfico– Hecho en Colombia / Made in Colombia
CONTENIDO
6 PRESENTACIÓN
12 APROXIMACIONES AL SECTOR MINERO NO ENERGÉTICO EN COLOMBIA (2009-2010)
Adriana Catherine Bohórquez Díaz, Diana Paola Garcés Amaya, Sergio Felipe Ayala Ruiz, Mauricio Álvarez Aguasaco, Paula Martínez Cortés, Nicolás Martínez Cortés
Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales - THESEUS.
46 DISCURSOS Y CONTRADISCURSOS EN LA CONSTRUCCIÓN E
INTER-VENCIÓN DE LAS SUJETAS DESPLAZADAS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DE GÉNERO
Adriana Ávila Farfán, Iván Ávila Gaitán, Jannia Gómez González, Leidy Piñeros Pérez. Grupo de Investigación en Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales (Étnicas y Religiosas) desde la Ciencia Política y el Derecho.
73 EL ROL DE LOS ACTORES EN EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMAS ELECTORALES EN COLOMBIA EN EL FINAL DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
Jennifer Charlotte Cubillos Silvara, Mario Alejandro Daniel Caicedo, Edith Zulima Rojas Gómez, Iván Hernando Zabaleta Vanegas.
Grupo de Investigación en Partidos Políticos.
160 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ARAUCA. PUEBLOS SIKUANI (165), UWA (222), HITNU (266), INGA (291), CAÑO MOCHUELO (317), PUEBLO BETOYE (343).
Arturo Suárez Acero, Wilson Nicolás Benavides, Juliana Chaparro Hernández, Angie Pao-la Botero, Lizeth Zárate, Zoraly Caicedo Yepez
Grupo de Investigación Escuela de Justicia Comunitaria
371 DE LA VIOLENCIA A LA DEMOCRACIA: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN MODELO JUSTICIA COMUNITARIA EN TRES CORREGIMIENTOS DE SIMITÍ, SUR DE BOLÍVAR
Carolina Daza Rincón, Bianca Nohara Cantillo de la Hoz, Camilo Ernesto Villamil Gó-mez, Diego Alejandro Castro, Luisa María Ocaña Muñoz
Grupo de Investigación Escuela de Justicia Comunitaria
452 ÉTICA, POLÍTICA Y MUNDO COMÚN
Yerazzi Edgardo Claro, Marya Hinira Sáenz, Sylvia Cristina Prieto, Sebastián Alejandro Quiroga
508 MULTICULTURALISMO Y PLURINACIONALIDAD. ANÁLISIS COMPA-RADO DE LAS CONSTITUCIONES BOLIVIANA Y COLOMBIANA EN PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Estefanía Gómez Bueno, Lorena Mendoza Chaparro, Paola Molano Ayala, Jorge Alberto Parra Norato
Colectivo de Estudios Poscoloniales/ Decoloniales en América Latina –COPAL
589 LA RECONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
Mávilo Nicolás Giraldo Chica, Juan Diego Montenegro Timón, Sergio Hernando Poveda Sanabria, Juan Camilo Pulido Riveros
Grupo de Investigación “Derecho y Economía”.
657 CONSECUENCIAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS, Y SOCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS HACIA LA JUVENTUD Y CONTRIBUCIONES ANALÍTICAS PARA EL LOGRO DE BUENOS RESUL-TADOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN POLÍTICAS PARA JÓVENES DE BOGOTÁ.
Juan David Quintero Tocora, Luis Fernando Bernal Guerrero, David Mauricio Ávila Suarez
Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales - THESEUS.
690 EL “ALLEMANSRÄTTEN” O EL DERECHO PÚBLICO DE ACCESO AL
PAI-SAJE EN LA PLANEACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
José Luis Quiroga Pacheco, Wilber Román Pulido Rodríguez, Helena Alejandra Romero Espinel, Juan Pablo Salinas Gómez
Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales GIDCA.
718 PENAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN EN COLOMBIA
Sergio Alejandro Medina Piraján, José Manuel Pérez Zafra, Yenifer Yiseth Suárez Díaz, Fabián Andrés Rojas Bonilla
Grupo de Estudios Penales, Conflicto y Política Criminal.
763 POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD DESDE UN NUEVO PARADIGMA
SOCIAL
Jonathan Ignacio Ballesteros Vallejo, Laura Castro Bernal, Stephania López Cifuentes, Daniela Muñoz Ortiz
Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa GISDE.
PRESENTACIÓN
El Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales “Gerardo Molina” —UNIJUS— es la dependencia encargada de promover y apoyar la investigación y generación de nuevo co-nocimiento en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacio-nal de Colombia Sede Bogotá.
El Instituto UNIJUS fomenta y apoya la implementación de programas y proyectos de inves-tigación que aporten al conocimiento de la realidad nacional e internacional, las instituciones jurídicas, políticas y sociales, así como de las teorías jurídicas y políticas, que contribuyan a ofrecer propuestas para la solución de las problemáticas que aquejan a nuestras sociedades. Así, UNIJUS busca organizar y coordinar esfuerzos, recursos e infraestructura con el fin de gene-rar procesos investigativos sistemáticos y continuos en beneficio de la transformación y pro-greso del país y de la proyección de la Universidad en la sociedad.
En tal sentido, uno de los principales objetivos de UNIJUS es el apoyo de la formación de nuevos y jóvenes investigadores en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Sede Bogotá. El principio orientador consiste en incentivar y fortalecer la vinculación de los estudiantes de pregrado de las carreras de Derecho y de Ciencia Política a las actividades y grupos de investigación de la Facultad.
En este caso, UNIJUS promueve la conformación de Semilleros de Investigación, mediante convocatoria anual, abierta a la comunidad estudiantil de la Facultad para la selección doce propuestas de investigación, ocho Semilleros de Investigación 1 y cuatro Semilleros de Inves-tigación 2.
En la primera fase, Semilleros de Investigación 1, se busca la iniciación en actividades investi-gativas de los estudiantes de pregrado de los programas de Derecho y de Ciencia Política me-diante el desarrollo de un trabajo de investigación que se constituye en la primera experiencia investigativa de los participantes. Este trabajo de investigación está tutorado por un profesor perteneciente a uno de los veintitrés Grupos de Investigación de la Facultad, quienes orientan a los estudiantes tanto en la parte teórica académica del tema tratado, así como en lo referente a métodos, metodologías, estrategias y herramientas de investigación en ciencias sociales.
La segunda fase está constituida por los Semilleros de Investigación 2, conformados por estu-diantes que participaron en los Semilleros de Investigación 1 y quienes, debido al buen trabajo desarrollado, son merecedores de la oportunidad de profundizar en su investigación.
En este orden de ideas, UNIJUS pone a disposición de la comunidad académica, así como de la sociedad colombiana e internacional, los doce informes finales de investigación presentados por los estudiantes de ocho Semilleros 1 y cuatro Semilleros 2, seleccionados mediante la convocatoria 2011. Esta publicación electrónica se constituye en el Número 26 de la Serie Investigaciones en Construcción, si bien es el segundo número presentado en formato digital. En primer lugar, Adriana Bohórquez Díaz, Diana Garcés Amaya y Sergio Ayala Ruiz, Paula Martínez Cortés, Mauricio Álvarez Aguasaco y Nicolás Martínez Cortés, presentan su inves-tigación intitulada “Aproximaciones al sector minero no energético en Colombia
(2009-2010)”, un análisis acerca de la implementación de megaproyectos extractivos en el
sector minero no hidrocarburo a lo largo del territorio nacional, comprendiéndolos en el marco de las locomotoras de crecimiento definidas por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), pero entendidas como expresión de tendencias mundiales de políticas extracti-vistas que implican la reprimarización de las economías capitalistas periféricas, en la búsqueda por espacios de valorización de capital. Esta investigación tuvo la tutoría de Jairo Estrada Ál-varez, profesor del Departamento de Ciencia Política y Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales THESEUS.
A su turno, el Semillero de Investigación “Discursos y contradiscursos en la
construc-ción e intervenconstruc-ción de las sujetas desplazadas desde una perspectiva interseccional de género”, conformado por los estudiantes de Ciencia Política, Adriana Ávila Farfán, Iván
Ávila Gaitán, Jannia Gómez González y Leidy Piñeros Pérez, presenta un análisis de las políti-cas públipolíti-cas en materia de desplazamiento forzado del Estado colombiano leídas desde un en-foque interseccional de género; para luego exponer los relatos de mujeres en condición de desplazamiento que, comprendiendo la importancia de su agencia –individual y colectiva- en la reconstrucción de proyectos de vida, develan la emergencia de nuevas subjetividades que rebasan la “sujeta desplazada” asible en el discurso estatal. Este trabajo estuvo orientado por el profesor Edgar Novoa Torres, perteneciente al Departamento de Ciencia Política y Director del Grupo de Investigación Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales (étnicas y religio-sas) desde la Ciencia Política y el Derecho.
Por su parte, Jennifer Cubillos Silvara, Mario Alejandro Daniel, Edith Zulima Rojas Gómez e Iván Zabaleta Vanegas, todos estudiantes de Ciencia Política y con la orientación del profesor David Roll Vélez, Director del Grupo de Investigación en Partidos Políticos, presentan el documento de investigación “El rol de los actores en el entramado institucional de los
Partidos Políticos y Sistemas Electorales en Colombia en el final de la primera dé-cada del siglo XXI”, en el que hacen un mapeo actoral que evidencia la proporcionalidad de
la participación política que dan forma a los partidos políticos y a los sistemas electorales en Colombia. De esta manera, identifican dinámicas, ideologías, posiciones políticas, fuerzas electorales, entre otros aspectos, que inciden en la configuración de las realidades políticas y electorales en Colombia.
El Semillero de Investigación de Derecho, “Administración de Justicia en los pueblos
indígenas de Arauca”, conformado por Arturo Suárez Acero, Angie Paola Botero, Lizeth
Zárate, Juliana Chaparro y Wilson Nicolás Benavides, hacen un acercamiento a la realidad sociocultural de siete pueblos indígenas de Arauca: Sikuani, Sáliva (Caño Mochuelo-Casanare), Macaguan, Hitnu, U‖wa, Inga y Betoy, haciendo particular énfasis a sus sistemas de justicia autónomos, los cuales no tienen mayores vínculos orgánicos con el Estado. Este Semi-llero de Investigación se desarrolló en el marco de la Escuela de Justicia Comunitaria, dirigida por el profesor Edgar Ardila Amaya, vinculado al Departamento de Derecho.
También en el marco de la Escuela de Justicia Comunitaria, se adelantó el Semillero de Inves-tigación “De la violencia a la democracia: hacia la construcción de un modelo
Justi-cia Comunitaria en tres corregimientos de Simití, sur de Bolívar”, conformado por los
estudiantes de Derecho, Carolina Daza Rincón, Bianca Cantillo de la Hoz, Camilo Villamil Gómez, Diego Alejandro Castro y Luisa María Ocaña Muñoz. Este documento presenta las condiciones generales de los corregimientos de Monterey, San Blas y Paraíso, pertenecientes al municipio de Simití, con el fin de establecer si la figura de justicia comunitaria puede cons-tituirse como una herramienta que contribuya a la construcción de relaciones más pacificas e incluyentes al interior de la comunidad, permitiéndose el goce efectivo de la ciudadanía, en un contexto caracterizado por la menor incidencia de actores armados en las dinámicas socia-les, lo que ha implicado procesos de empoderamiento y búsqueda de autonomía y reconcilia-ción por parte de las poblaciones.
Seguidamente, se exponen los resultados del Semillero “Ética, Política y Mundo Común”, conformado por los estudiantes de Ciencia Política, Edgardo Claro, Marya Hinira Sáenz, Syl-via Cristina Prieto y Sebastián Alejandro Quiroga, que contiene reflexiones de teoría política
en torno al pensamiento de Daniel Bensaïd y sus planteamientos de rupturas y transformacio-nes en la forma de hacer y pensar la política, y sus aplicaciotransformacio-nes para el caso de la izquierda co-lombiana. Este trabajo investigativo contó con la orientación del profesor de Ciencia Política, Julio Quiñones Páez, miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporá-nea TEOPOCO,
Los estudiantes Estefanía Gómez Bueno, Lorena Mendoza Chaparro, Paola Molano Ayala y Jorge Alberto Parra Norato, presentan los resultados de la investigación, “Multiculturalismo
y Plurinacionalidad: análisis comparado de las Constituciones boliviana y colom-biana en perspectiva intercultural”, un análisis comparado que expone lugares comunes y
puntos de divergencia entre los procesos constitucionales de estos dos países, teniendo como parámetro de análisis la interculturalidad, asumida como un proyecto constitucional, político y social de diálogo entre y desde la diversidad. Para ello se presentan tres ejes de análisis: los procesos constituyentes, la carta de derechos y los mecanismos de protección y las formas de democracia de cada modelo. Esta investigación contó con la tutoría del profesor del Departa-mento de Derecho, Camilo Alberto Borrero García, Director del Colectivo de Estudios Pos-coloniales/ Decoloniales en América Latina –COPAL.
Por su parte, el Semillero de Investigación conformado por los estudiantes de Derecho, Nicolás Giraldo Chica, Juan Diego Montenegro Timón, Sergio Poveda Sanabria y Juan Camilo Pulido Riveros, trata “La reconstitución del patrimonio del deudor”, desde un análisis y distinción de las características de la Acción Pauliana y de la Acción Revoca-toria Concursal como la institución jurídica llamada a proteger a los acreedores y, a su vez, como un instrumento para la protección del crédito como política pública de desarrollo de la economía. La investigación fue orientada por el profesor Juan Jorge Almonacid Sierra, Director del Grupo de Investigación “Derecho y Economía”.
En cuanto a los Semilleros de Investigación 2, tenemos los artículos relacionados a continua-ción.
“Consecuencias políticas, económicas y sociales de la implementación de progra-mas hacia la juventud y contribuciones analíticas para el logro de buenos resultados desde la administración distrital en políticas para jóvenes de Bogotá”, el cual tiene
como propósito hacer un análisis comparado entre los logros en materia de jóvenes durante los últimos 4 años (tiempo de vigencia de la política pública de juventud) en contraste con las problemáticas que más afectan a los jóvenes en la actualidad y observar así, el avance o
retro-ceso en este período. Posteriormente, los autores lanzan propuestas a la administración distri-tal para el mejoramiento de la función pública en materia de jóvenes. Esta investigación se desarrolló en el marco de las actividades del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales THESEUS, dirigido por el profesor Jairo Estrada Álvarez.
El documento “El ‘Allemansrätten’ o el derecho público de acceso al paisaje en la planeación urbana y ambiental de la ciudad de Bogotá D.C.”, de autoría de los
estu-diantes de Derecho, José Luis Quiroga, Román Pulido, Alejandra Romero y Juan Pablo Salinas Gómez, ofrece elementos para la discusión sobre la conveniencia de adoptar la figura jurídica del ―Allemansrätten‖ , propia del derecho consuetudinario, en nuestro modelo jurídi-co, así como identificar vacíos y dificultades para cualificar un derecho al paisaje que realmen-te sea un elemento para la búsqueda del bienestar físico y espiritual de cada persona en nuestro país. La investigación contó con el acompañamiento del Dr. Gregorio Mesa Cuadros, direc-tor del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales –GIDCA de la Uni-versidad Nacional de Colombia sede Bogotá.
El informe denominado “Penas Alternativas a la Prisión en Colombia”, realizado por Sergio Alejandro Medina, José Manuel Pérez, Yenifer Suárez y Fabián Andrés Rojas, expone una justificación del derecho penal colombiano como instrumento de garantía social para la convivencia pacífica de los ciudadanos, no a partir del aumento del castigo sino, por el con-trario, legitimando un derecho penal mínimo o de garantías en el cual el hombre es eje central que limita el ius puniendi del Estado y, por tanto, debe propender por evitar, de la mejor ma-nera posible, la afectación de derechos fundamentales. Este trabajo fue tutorado por el Dr. José Francisco Acuña Vizcaya, director del Grupo de Estudios Penales, Conflicto y Política Criminal de la Universidad Nacional de Colombia –Sede Bogotá.
Finalmente, el Semillero de Investigación de Ciencia Política, presenta el informe “Políticas
públicas en Seguridad desde un nuevo paradigma social”, de autoría de Jonathan
Ba-llesteros, Laura Castro, Stephania López y Daniela Muñoz, en el cual se realiza una evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana en Bogotá. La propuesta parte de un análisis con-ceptual de las trasformaciones de la seguridad desde una perspectiva social; para determinar, a continuación, los factores externos relevantes que han nutrido el desarrollo de definiciones en los últimos años. En un tercer momento, se desarrolla una comparación de los aspectos fun-damentales en la realización de políticas públicas que buscan atacar los altos índices de crimi-nalidad en Bogotá, para concluir con la construcción de un concepto de seguridad con enfo-que social enfo-que obedece a las políticas públicas revisadas. Esta investigación se desarrolló con el
acompañamiento del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa –GISDE, dirigido por el profesor Alejo Vargas Velásquez.
Por último, sea esta la oportunidad para felicitar a los integrantes de todos y cada uno de los semilleros por sus trabajos e informes de investigación. Así mismo, el Instituto de Investiga-ciones Jurídico-Sociales “Gerardo Molina” UNIJUS agradece al Consejo de Facultad por el apoyo brindado a los procesos investigativos de la Facultad y extiende, de nuevo, la invitación a todas y todos los estudiantes de la Facultad a seguir vinculándose a próximas convocatorias y procesos investigativos.
GREGORIO MESA CUADROS Director UNIJUS
CHRISTIAN ÁLVAREZ GÓMEZ Coordinador Académico UNIJUS
I
APROXIMACIONES AL SECTOR MINERO NO
ENERGÉTICO EN COLOMBIA (2009-2010)
Adriana Catherine Bohórquez Díaz Diana Paola Garcés Amaya Sergio Felipe Ayala Ruiz1
Mauricio Álvarez Aguasaco2
Paula Martínez Cortés3
Nicolás Martínez Cortés4 INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este artículo es realizar una aproximación descriptiva a las dinámicas extractivas propias, pero no únicas, del sector minero no hidrocarburo en Colombia durante el periodo 2009-2010. Específicamente, nos interesa centrarnos en la implementación de megaproyectos extractivos a lo largo del territorio nacional, comprendiéndolos en el marco de las locomotoras de crecimiento definidas por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) pero al mismo entendidas como expresión de tendencias mundiales amplias de políticas extractivistas que en últimas suelen desembocar en la reprimarización de las economías capita-listas periféricas, en la búsqueda por espacios de valorización de capital.
Profesor Tutor Responsable: JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ, Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y
Sociales THESEUS. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá.
1 Estudiantes de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia –sede Bogotá.
2 Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Maestría en Estudios Políticos Latinoame-ricanos en la misma Universidad.
3 Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la misma Universidad.
Este objetivo será desarrollado a lo largo de cinco apartados: en el primero abordaremos a grosso modo el concepto de política extractivista. En el segundo los lineamientos generales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 para la minería en el país. En el tercero especificaremos las particularidades de funcionamiento del sector minero no hidrocar-buro, teniendo en cuenta a las autoridades competentes, el peso creciente del sector en la economía nacional, la administración de los recursos mineros y la promoción de Colombia como país minero. En el cuarto apartado, ubicamos territorialmente las concesiones otorgadas a diferentes personas y empresas para adelantar actividades de exploración y explotación de minerales, a partir de una muestra (octubre 2009). En el quinto apartado profundizaremos en algunas de las empresas multinacionales que aparecen en nuestra muestra como mayores po-seedoras de títulos mineros a lo largo del territorio. Por último, a modo de conclusiones, re-tomamos algunos interrogantes y temas que quedan pendientes para posteriores investigacio-nes como la que hemos propuesto con este trabajo.
1. ¿A QUE NOS REFERIMOS CON TENDENCIAS EXTRACTIVISTAS?
Para hablar de lo que significa una política extractivista es necesario situar el análisis en el con-texto latinoamericano, en tanto es posible identificar tendencias comunes entre estos países que conforman parte de la periferia capitalista.
En los años cincuenta, los paradigmas de desarrollo dominantes remitían a la CEPAL; un Es-tado interventor y regulador de la política económica, como el de los teóricos de la depen-dencia quienes hacían una lectura de América Latina en términos de un continente “subrrollado” que debía superar esta situación a través de la implementación de políticas de desa-rrollo endógeno o “hacia adentro”. Lo anterior es mejor conocido como el modelo de Indus-trialización por Sustitución de Importaciones. Cabe aclarar sin embargo que en Colombia el modelo cepalino no fue implementado a cabalidad.
Una vez que estos modelos se muestran agotados, se da la transición hacia regímenes teórica e ideológicamente tendientes al neoliberalismo, transición que vendrá a generar procesos de reestructuración estatal y de redefinición de sus funciones, que se expresan en la privatización de empresas públicas, en políticas de ajuste estructural, en planes de estabilización y en gene-ral, en la aplicación de los condicionamientos del Consenso de Washington y del FMI. Un segundo momento corresponde a la implementación del modelo de desarrollo primario-exportador, bajo el cual se establecen los lineamientos de lo que en buena medida serían los
“motores” del crecimiento económico a largo plazo, que proporcionan mayor rentabilidad e ingresos a partir de la venta en los mercados internacionales de commodities. Este modelo implica una concepción donde la naturaleza es objeto a ser apropiado y explotado por el hombre, desconociendo su importante papel para el mantenimiento del mundo vivo. Y tam-bién implica que los países que cuentan con estos recursos deben insertarse en los mercados mundiales mediante su especialización en la venta de los mismos, sin incursionar el desarrollo tecnológico que les pueda permitir desarrollarlas por ellos mismos.
Las implicaciones que tiene el modelo extractivista deben ser leídas en múltiples dimensiones. Una de ellas es la producción de una nueva geografía económica, en donde es frecuente la búsqueda de zonas localizadas que brinden un rendimiento productivo (extractivo) significati-vo, donde no se genera mayor valor agregado. Este proceso se da de forma diferenciada y desigual en el cual los recursos no se quedan en los países donde se realiza la explotación sino que retornan a los inversionistas en su gran mayoría extranjeros.
Tabla 1.
Exportaciones de bienes primarios, hidrocarburos y minerales en las principales economías extractivas sudamericanas. Datos de la CEPAL (2009)
Fuente: Tomado de GUDYNAS, Eduardo. (2009) “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo; contextos y demandas bajo el progre-sismos Sudamericano actual “. CAAP, FLACSO. 28 julio 2009.
Dentro de lo que corresponde a Suramérica, la reprimarización de las economías significa un giro hacia la extracción de materias primas: minerales, hidrocarburos, y monocultivos para la producción de los biocombustibles y para la elaboración de transgénicos. Eduardo Gudynas5
propone comprender, tanto a gobiernos conservadores como a los llamados progresistas,
5 GUDYNAS, Eduardo, "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el pro-gresismo sudamericano actual", en varios autores, Extractivismo, política y sociedad, Quito: CAAP/CLAES, 2009. p. 187-225.
mo países que aún se enmarcan y desarrollan políticas extractivistas, a pesar de sus diferencias en términos de lo que es definido como prioritario para el gobierno y por lo tanto financiado.
2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014. LA LOCOMOTORA MINERA
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-20146 propone como principales motores económicos
las ―locomotoras para el crecimiento‖ entre las cuales se destaca la del ―Desarrollo minero y expansión energética‖. Para efectos de este trabajo, sólo nos ocuparemos de los apartados refe-rentes a la explotación de minerales preciosos y materiales de construcción, excluyendo el amplio tema de ―la expansión energética‖ que abarca hidrocarburos, gas y biocombustibles. A lo largo de este primer apartado abordaremos los rasgos generales de los ocho artículos en el Plan que tratan el asunto.
El articulado nos plantea las distintas estrategias que vienen siendo implementadas por el go-bierno respecto al sector minero, dirigidas principalmente hacia la eliminación de la minería ilegal, soporte a la minería informal, inclusión de prohibiciones respecto de títulos mineros, incentivos, sanciones y administración de los títulos.
a) Minería legal e ilegal: Aquí se muestra inicialmente una prohibición a “la utilización de
dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos”7, equipos principalmente utilizados dentro de la minería ilegal y también dentro de la pequeña minería; lo cual implica-ría entonces que la posibilidad de realizar mineimplica-ría se abre principalmente para grandes empre-sas o multinacionales que son quienes poseen la capacidad económica y de infraestructura para el manejo minero con equipos distintos a los mencionados. Además de ello se enuncia la ne-cesidad de diferenciar entre la minería ilegal y la minería informal, donde aunque no se espe-cifican los parámetros de reconocimiento de cada una, sí se manifiesta la intención de ayudar a los trabajadores mineros informales, ámbito en el que se hace necesario esperar la reglamenta-ción complementaria.
Como estímulo negativo que pretende desincentivar la economía ilegal, se prohíbe la comer-cialización de productos derivados de la minería que no cuenten con el certificado de extrac-ción de títulos mineros legales aprobados. Este punto es problemático en cuanto se invisibiliza
6 Plan Proyecto de Ley No. 179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 7 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Artículo 106.
la minería trabajada artesanalmente, que como tal no se encuentra registrada ni cuenta con el respaldo de títulos mineros; esto implica que comunidades que llevan dedicándose a esta acti-vidad tradicionalmente deberán dejar de hacerlo ante esta prohibición.
b) Aspectos técnicos de seguridad e higiene: Entre otras medidas se plantean la
suspen-sión y caducidad del permiso de extracción en caso de incumplimiento con los aspectos técni-cos de seguridad e higiene en la minera, la cual se realizará a través del seguimiento periódico de las licencias ambientales; se plantean igualmente multas en caso de incumplimiento de contratos por parte de las empresas que tienen a su cargo la exploración y explotación.
c) Administración de títulos mineros: Para la concesión de los títulos mineros se plantean
dentro del Plan las denominadas Reservas Mineras Estratégicas, las cuales implican la delimi-tación de áreas especiales que para este momento no hayan sido objeto de titulación, y respec-to de las cuales no se recibirán peticiones ni propuestas de exploración o explotación, sino que se implementará un proceso de selección objetiva en las que se escogerán y asignarán los títu-los de acuerdo a términos específicos que más favorezcan al país. Sin embargo, teniendo en cuenta los parámetros de calidad, de responsabilidad social y ambiental exigidos para el mane-jo minero que se plantean dentro de dicho proceso, se favorecerían principalmente a las mul-tinacionales por su capacidad de competencia demostrada internacionalmente.
El fin de la creación de dichas reservas mineras no es explícito, y aunque pueda estar relacio-nado con la idea de desarrollo sostenible8, no se lograría siquiera una armonización entre la
economía, el medio ambiente y la responsabilidad social si se toman en cuenta, de un lado, los daños ambientales provocados por la minería a gran escala especialmente a cielo abierto, y del otro, que los cánones de regalías para el País en comparación con las ganancias de las empresas privadas representan un porcentaje muy bajo.
8 La idea de desarrollo sostenible en sí misma es bastante problemática en tanto “se ha concebido al desarrollo sostenible como una estrategia para sostener el desarrollo, no para apoyar el florecimiento y la perduración de una vida social y natural infinitamente diversa”. En ESTEVA, Gustavo, “El mito del desarrollo sustentable”, en Hojarasca, agosto, México, 1997, p. 28.
En este texto no nos detendremos a discutir esta idea, pero se puede consultar al respecto MURILLO LICEA, Daniel, “Falacias del desarrollo sustentable: una crítica desde la metamorfosis conceptual” en: Economía, Socie-dad y Territorio, vol. IV, núm. 14, Colegio Mexiquense A.C. 2004, pp. 635-656. En línea:
Para la administración minera, igualmente se plantea “un fondo para manejar los ingresos ex-ternos provenientes de la "bonanza", que evite la revaluación y la "enfermedad holandesa"9
(punto 100), y se procurará que el Congreso apruebe la ley que establece la "regla fiscal", cuya finalidad es ahorrar en la bonanza para atender las épocas difíciles, como ha hecho Chile. Así mismo el gobierno de Santos procurará reformar el régimen de regalías y su distribución, para eliminar la corrupción y despilfarro, y lograr que beneficien a la mayoría del país y no a unas localidades aisladas”10.
d) Ordenamiento minero: se plantea un Ordenamiento Territorial Minero que esté
respal-dado en sistemas de información claros y unificados, que debe desarrollarse en un término de tres años. Este ordenamiento ha generado fuertes debates especialmente en lo concerniente al contenido del Código Minero y las actividades de extracción en territorios indígenas y natu-rales estratégicos como páramos, en tanto lo que se propone es una reorganización territorial en función de las actividades extractivas y en detrimento del patrimonio hídrico, biodiverso e indígena del país.
3. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO HIDROCARBURO EN COLOMBIA
Hemos hasta aquí expuesto, en líneas generales, lo propuesto en el Plan Nacional de Desarro-llo respecto a la Locomotora Minera del gobierno de Juan Manuel Santos. Procederemos ahora a desarrollar de manera más concreta dichas propuestas en términos de las políticas y estrategias trazadas para su desarrollo.
Esto sin embargo requerirá dos precisiones previas. En primer lugar, mencionaremos las insti-tuciones que se encargan de los asuntos correspondientes al sector minero y en segundo lugar,
9 La enfermedad holandesa remite a una situación de apreciación de la tasa de cambio real que se da en un perio-do de bonanza de exportación de bienes primarios. Esto a su vez desincentiva la diversificación de exportaciones de productos diferentes, dado que por una parte, los precios dejan de ser competitivos en los mercados interna-cionales y de otra parte, el sector de bonanza tiende a concentrar las inversiones. Ver: UMAÑA MENDOZA, Germán, “La enfermedad holandesa” en Portafolio, Bogotá, octubre 29 de 2009. En http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-6475827
10 BOTERO, Libardo. Santos: cinco ejes programáticos. Las locomotoras del crecimiento (II). En: Debate Na-cional, foro permanente sobre la libertad, la democracia y progreso de Colombia y el mundo. www.pensamientocolombia.org.
reiteraremos el creciente protagonismo que viene adquiriendo el sector minero para el ren-dimiento económico del país; este último punto lo desarrollaremos con apoyo en cifras pro-porcionadas por el Ministerio de Minas y Energía11.
3.1. Instituciones encargadas de asuntos mineros
Tenemos en primer plano al Ministerio de Minas y energía, quien en éste caso funciona a través de la Dirección de Minas. A partir de aquí, encontramos dos entidades adscritas al Mi-nisterio con funciones específicas. Dentro de las Unidades Administrativas Especiales encon-tramos a la UPME - Unidad de Planeación Minero Energética, y dentro de los Estableci-mientos Públicos encontramos a Ingeominas - Instituto Colombiano de Geología y Minería. La UPME en el 2012, se consolida como la autoridad técnica nacional, que articula el pla-neamiento integral y la información de los sectores energético y minero, promoviendo el desarrollo sostenible del país12.
Ingeominas tiene como objeto realizar la exploración Básica para el conocimiento del poten-cial de recursos y restricciones inherentes a las condiciones geológicas del subsuelo del territo-rio colombiano; promover la exploración y explotación de los recursos mineros de la Nación y participar, por delegación, en actividades relacionadas con la administración de dichos re-cursos13. Además del Ingeominas, encontramos entidades territoriales con competencia
admi-nistrativa, como algunas gobernaciones, tema que será desarrollado más adelante.
Adicionalmente, El SIMCO (Sistema de Información Minero Colombiano) actúa como sis-tema de información del sector minero en el país, siendo una rama del SIMEC (Sissis-tema de Información Minero Energético Colombiano).
11 Ministerio de Minas y Energía: Potencial minero colombiano, Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007 – 2010
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Minas_%20Anllela/Boletines/Espanol_b12_w eb.html
12 UPME, Quienes somos, Funciones:
http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=82
13 INGEOMINAS, Objetivos y Funciones: http://www.ingeominas.gov.co/Nosotros/Objetivos-y-Funciones.aspx
3.2. Protagonismo del sector minero en el rendimiento económico nacional
La explotación minera y su vertiginoso incremento en la última década en Colombia han sido uno de los principales motores del crecimiento global de la economía del país. Según datos establecidos en un Boletín del potencial minero Colombiano, encontrados en la página Web del Ministerio de Minas, “las inversiones del sector minero colombiano pasaron de US$466 millones en el 2002 a aproximadamente US$3.094 millones en el 2009, creciendo así un 664%. También las exportaciones crecieron, pasando de US$2,821 millones a US$8.081 mi-llones, reportando una tasa media anual de crecimiento del 26%. Así mismo, el sector generó crecimiento en las regalías, las cuales se incrementaron 5,5 veces pasando de $280 mil millo-nes en el 2004 a $1,5 billomillo-nes en el 2009”14.
Esto tiene una expresión más visible al fijarnos más detalladamente en la producción de los minerales de mayor relevancia. Por ejemplo, respecto al carbón Colombia se ubica como primer productor latinoamericano, y décimo en el mundo. En el mencionado boletín se habla de reservas de 17.000 millones de las cuales se han comprobado sólo 7.000 millones. Adicio-nalmente, “en cuanto a la producción de carbón en Colombia, se pasó de 39,4 millones de toneladas en 2002 a 72,3 millones de toneladas en el 2009, lo cual representa un incremento del 83%”15.
El níquel también juega un papel importante en la explotación de recursos en Colombia, al ser su segunda fuente de ingreso por concepto de exportaciones. “La producción de níquel pasó de 43,9 millones de toneladas en 2002 a 51,8 millones de toneladas en el 2009, lo cual representa un incremento del 18%”16. En cuanto al oro, la evidencia de la acelerada, y en
in-cremento, llegada de empresas transnacionales que explotan el recurso como Greystar, An-gloGold Ashanti o Medoro Resources, muestra el potencial aurífero del país y su cada vez más importante posición en la economía.
En la tabla 2, puede verse claramente el comportamiento incremental de las actividades ex-tractivas en Colombia, por minerales (los más sobresalientes) durante las últimas dos décadas. Se ha duplicado la extracción de la mayoría de minerales, aunque el caso de la esmeralda es
14 Ibíd.
15 Ibíd. 16 Ibíd.
bastante dramático: en el año 1990 se extrajeron 3.080 Kquil y en el 2010 fueron 5.230.291 Kquil extraídos. Hay algunas excepciones como el hierro, que ha visto su extracción merma-da desde el año 2008.
Este notorio incremento en la extracción de minerales no hidrocarburos y el peso cada vez más significativo de esta actividad en el rendimiento de la economía nacional ha implicado una reconfiguración del papel del estado frente a la minería especialmente a lo largo de la úl-tima década. El actual gobierno de Juan Manuel Santos se ha propuesto acentuar esta tenden-cia, sin distanciarse en esta materia del gobierno anterior que duró 8 años en el poder. “(...) El Estado colombiano ha dejado de ser inversionista minero y ha querido ser el impulsor de una política que fundamenta el desarrollo minero en la labor del sector privado, facilitando y fisca-lizando el desarrollo de los proyectos mineros”17.
Tabla 2. Producción Minera Colombiana 1990 – 2010
Producción Minera Colombiana. 1990 - 1999.*
Producto Minero Und. 1990* 1991* 1992* 1993* 1994* 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* Níquel en Ferroní-quel T 18.750 20.200 20.100 20.100 20.200 25.000 23.500 25.000 28.500 28.000 Oro Kg 30.500 35.000 30.500 24.000 20.500 22.000 20.000 18.500 30.500 35.500 Platino Kg 1.500 1.750 1.956 1.800 1.200 1.000 950 550 400 500 Plata Kg 6.900 8.100 8.600 8.000 6.050 6.050 6.700 3.900 5.900 7.800 Mineral de Hierro T 625.000 600.000 670.000 490.000 600.000 570.000 590.000 754.872 530.000 580.000 Cobre (concentra-dos) T 900 13.950 14.904 50 12.000 11.400 10.100 8.200 9.000 10.089 Sal Terrestre T 210.000 215.000 235.000 25.000 100.000 105.000 130.000 125.000 165.000 125.000
Caliza para cemento Kt 8.950 9.060 9.450 11.000 11.400 11.603 10.900 11.100 11.100 8.400
Esmeraldas Kquil 3.080 1.010 2.400 5.500 7.200 6.350 7.100 6.600 9.300 6.900 *Datos aproximados por observación de grafico
Fuente: Portal de Información Minera Colombiana
Producción Minera Colombiana. 2000 - 2010. Producto
Minero Und
. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
17 SIMCO, “Política de Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad del sector minero”
(documen-to), en
http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/MejoramientodelaProductividadyCompetitividad/tabid/84/D efault.aspx
Níquel en Ferroníquel T 27.763 38.446 43.987 47.878 48.818 52.749 51.137 49.312 41.636 50.879 49.443 Oro Kg 37.018 21.813 20.824 46.513 37.739 35.842 15.683 25.583 34.321 47.838 53.606 Platino Kg 339 674 661 841 1.209 1.082 1.438 1.526 1.370 929 997 Plata Kg 7.970 7.242 6.986 9.511 8.539 7.157 8.399 9.765 9.162 10.827 15.300 Mineral de Hierro T 660.10 9 636.83 7 688.64 7 625.08 2 642.54 6 668.726 744.896 702.550 475.273 280.773 77.048 Cobre (con-centrados) T 9.501 9.243 8.526 7.270 7.840 8.756 2.902 4.196 5.248 5.688 3.555 Sal Terrestre T 177.68 7 184.27 8 191.55 4 207.74 1 231.72 1 215.962 248.245 204.090 245.170 255.332 288.676 Caliza para cemento Kt 9.440 9.074 9.046 9.887 10.086 12.018 11.993 13.229 12.699 11.449 11.767 Esmeraldas Kquil 8.454 5.499 5.390 8.963 9.825 6.746.172 5.734.301 3.388.947 2.121.562 2.944.778 5.230.291 Fuente: Portal de Información Minera Colombiana
Bajo estos términos, ha surgido la necesidad de generar e implementar una política de la mi-nería que incluya el desarrollo de lo propuesto en el PND en tanto lineamiento normativo, además de estrategias y orientaciones concretas para el sector. Las instituciones competentes vienen entonces consolidando una política de minas que se fundamenta en 3 pilares18:
- Administración del Recurso Minero - Promoción Minera
- Mejoramiento de la Productividad y de la Competitividad del sector minero colombiano.
Desarrollaremos ahora en líneas generales lo contenido en cada uno de estos 3 puntos.
3.2.1. Administración del Recurso Minero
La administración del recurso minero implica un modelo de gestión en el que intervengan entidades centrales y locales, además de una serie de desarrollos específicos en cuanto al orde-namiento territorial. Mencionaremos entonces, en primer lugar, a las instituciones con
SIMCO, “Marco orientador de los distritos mineros en Colombia”, Políticas del Sector, Gestión de los distritos
mineros, en
http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/MejoramientodelaProductividadyCompetitividad/Gestióndel osDistritosMineros/tabid/86/Default.aspx
petencia administrativa para regular el tema de la minería del país. Por un lado encontramos las gobernaciones con funciones de administración de recursos: las gobernaciones de Antio-quia y Bolívar que tienen a cargo la administración de todo el recurso minero que se ubique en su jurisdicción; las gobernaciones de Caldas, Cesar, Norte de Santander y Boyacá tienen a cargo la administración del recurso minero que se encuentre en su jurisdicción, con excep-ción del carbón y las esmeraldas.
De otro lado encontramos a Ingeominas quien es “la encargada del resto del territorio nacio-nal que no tiene delegación Departamental. Además, del carbón y esmeraldas para los Depar-tamentos en los cuales no se extiende la misma para estos minerales”19.
Para la gestión del recurso minero ha sido creada además una figura que no puede ser aquí eludida, esto es, los Distritos Mineros. Según el Marco Orientador de los Distritos Mineros en Colombia, éstos son “zonas estratégicas, con continuidad geográfica y geológica, en las cuales la minería es una actividad económica de interés e impacto social, donde los productores y empresarios privados, comprometidos con el negocio minero legal, competitivo y sostenible; las instituciones; las organizaciones sociales, gremiales y de apoyo; las entidades generadoras de conocimiento y tecnología y las entidades territoriales, realizan la planeación y la gestión del mejoramiento de la productividad y de la competitividad sostenible de los encadenamien-tos productivos mineros, con énfasis en lo territorial, lo minero-empresarial y la articulación institucional, en el marco de la visión, las políticas y planes de desarrollo del País”20.
Los distritos mineros implican entonces una potestad local con articulaciones hacia el nivel central. Su composición organizacional versa sobre dos niveles. En primer lugar, un órgano consultivo y de toma decisiones llamado Consejo de Competitividad y Sostenibilidad Minera, en donde los miembros serán fijados a partir de las necesidades del distrito y con una compo-sición se supone diversa: “un representante de la Entidad Territorial Departamental, uno o dos representantes de las Entidades Territoriales Municipales que forman parte del Distrito, uno o dos representantes de los gremios presentes en el Distrito, uno o dos representantes de
19 SIMCO, “Políticas del Sector, Administración del Recurso”: http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/Administracióndelrecurso/tabid/88/Default.aspx?PageConten tID=2
20 SIMCO, “Marco orientador de los distritos mineros en Colombia”, Políticas del Sector, Gestión de los
distri-tos mineros, en
http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/MejoramientodelaProductividadyCompetitividad/Gestióndel osDistritosMineros/tabid/86/Default.aspx
los productores o empresarios no agremiados del Distrito, uno o dos representantes de las or-ganizaciones académicas, científicas o sociales del Distrito, relacionadas con la minería soste-nible”21. Posee también un órgano ejecutivo llamado Unidad de Gestión Minera.
Lo hasta aquí dicho es relevante por varias razones. Si bien se supone que el Consejo de Competitividad y Sostenibilidad Minera está pensado para ser un órgano con la suficiente capacidad de administración y regulación de eventuales situaciones problemáticas, vemos co-mo en su composición, en cambio, hay una fuerte ausencia de contrapesos realmente efecti-vos respecto a la inversión extranjera. Por ahora no hay miembros representantes de minorías o de comunidades locales, como sería el caso de indígenas o afro. Si bien el gobierno está ac-tualmente adelantando gestiones para la ampliación de reglones en los Consejos de distritos que afecten comunidades étnicas, no se determina qué tipo de organizaciones sociales o cien-tíficas puedan ser las que hagan parte de dicho consejo, cosa que en un escenario posterior podría derivar en la vinculación de organizaciones o entidades que no presenten mayor opo-sición a problemas que surgen en el proceso de explotación de un recurso por parte de un operador privado que pueda ser trasnacional.
La necesidad de una representación más sólida se hace visible cuando vemos que múltiples resguardos indígenas han quedado en medio de varios distritos mineros. Como lo muestra la página web Geo-graphiando, articulada con la organización Human Rights Everywhere (HREV), los resguardos parcial o totalmente afectados por algún Distrito Minero fueron 263, las comunidades fuera de Resguardo englobadas en algún Distrito Minero fueron 222 y los resguardos Coloniales parcial o totalmente afectados por algún Distrito Minero fueron 47. Y como nos lo dice esta organización, “el que un territorio Indígena quede englobado en un Distrito Minero no significa necesariamente que quede directamente afectado por la explota-ción minera, pero sin duda, sí lo será indirectamente (o eventualmente)”22.
Hay que reconocer sin embargo, y como fue mencionado, que el tema de los impactos en las comunidades ha estado a la vista de la planeación del Gobierno:
“Actualmente, se está tramitando la declaración de 14 nuevas zonas mineras indígenas para un total de 30 declaradas; también se está adelantando la declaración de 16 nuevas zonas de
21 Ibíd.
22 Geo-graphiando – HREV, Territorios indígenas y distritos mineros, octubre de 2010, en: http://geographiando.hrev.org/2010/10/24/distritos-mineros-y-territorios-indigenas/
munidades negras para un total de 35 zonas declaradas. Por otra parte, dentro del Programa de Acompañamiento a los Distritos Mineros se han adelantado diferentes actividades, como la ampliación de los renglones del Consejo de Competitividad Sostenible de la minería, CCS, en aquellos Distritos Mineros donde hay presencia de comunidades. Esto quiere decir, que en regiones donde existan Distritos Mineros las minorías étnicas tendrán asegurada su participa-ción en el Consejo de Competitividad Sostenible del Distrito”23.
Todo ello está estipulado en el Capítulo XIV de la Ley 685 de 2001, Código de Minas. Sos-tenemos sin embargo que es importante el desarrollo de una representación más sólida al inte-rior de dichos consejos, teniendo en cuenta que la inversión privada encargada de explotar los recursos tiene una ventaja significativa en su composición.
Lo anterior nos lleva además a otro elemento importante del modelo de gestión de los distri-tos mineros. El gobierno pretende establecer un proceso de acompañamiento a la gestión de cada distrito minero, valiéndose en una entidad que se supone debe tener la experiencia sufi-ciente para tal función. De este modo, la Fundación para el Desarrollo del Quindío (FDQ) cumple el rol del desarrollo del proceso de acompañamiento entre el gobierno y los distritos mineros.
Finalmente, es pertinente mencionar aquí que la administración del recurso está estrechamen-te ligada con el código de minas y las correspondienestrechamen-tes modificaciones que está sufriendo ésestrechamen-te para el posicionamiento de Colombia como país minero. Este código sin embargo propicia una serie de situaciones problemáticas, como la referente a la ilegalización de la minería arte-sanal y la paulatina eliminación de la pequeña minería por una de grande envergadura y re-cursos, como es el caso de la que opera la inversión transnacional. El portal Web Prensa Rural nos muestra una serie de puntos neurálgicos al respecto24. En este orden de ideas, el Código
de minas:
23 Ministerio de Minas y Energía, Comunidades Indígenas y Negras de Colombia ,Boletines de interés a inver-sionistas, En: http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Minas_%20Anllela/Boletines/ Espanol_b10_web.html
24 EQUIPO TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA, “El código de minas: la estocada de muerte para la minería artesanal”, en Prensa Rural, 22 de octubre de 2007, En: http://prensarural.org/spip/spip.php?article809
- Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, a las que recogió en las
llama-das “Unidades Productivas Mineras” en las que están en igualdad de condiciones el pe-queño minero y el gran inversionista.
- Fijó un nuevo esquema contractual a través del Contrato de Concesión, que se convirtió
en la única forma de contratar con el Estado. Incluso en áreas de Reserva Minera Especial.
- Con esta modalidad, se estableció que un empresario minero puede pasar de la fase de
exploración a la de explotación de los recursos naturales no renovables, con una única li-cencia y de manera automática.
- Fijó en treinta años la duración del contrato de concesión, dándole prelación al
empresa-rio minero para que pueda prorrogarlo hasta por veinticinco años.
- Definió nuevas reglas para la expedición del título minero, por ejemplo, eliminó el
requi-sito de contar con licencia ambiental en la fase de exploración.
- Definió la minería como una industria de interés público al capital privado, independiente
de su escala de explotación.
- La autoridad minera se transfiere al respectivo departamento y alcaldía.
3.2.2. Promoción del País Minero
En éste punto lo que se pretende es la generación de un clima de confianza y la configuración de un ordenamiento que preste facilidades a la inversión extranjera con capacidad de explora-ción y explotaexplora-ción del recurso minero en el país. Para ello, se establecen tareas específicas a cada una de las entidades con funciones sobre el sector minero, aquí ya mencionadas, bajo un repertorio de estrategias, consagrado en la información proporcionada por el SIMCO25:
- Procesos: Investigación e inteligencia de mercados.
25 SIMCO, “Políticas del Sector”, Promoción del País Minero, en:
http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/Administracióndelrecurso/tabid/88/Default.aspx?PageConten tID=2
- Productos: áreas mineras con diferente nivel de información. Pueden ser: (1) Proyectos mineros, son áreas mineras, generalmente contratadas, cuya información geológica, basada en reservas cuantificadas, permite realizar evaluaciones técnicas y económicas para una o varias explotaciones mineras. (2) Prospectos mineros: Corresponden a áreas mineras con-tratadas o sin contratar, cuya información geológica demuestra la existencia de por lo me-nos un mineral de interés económico y que requiere de mayores estudios para convertirse en proyecto minero.
- Áreas mineras de interés: Son zonas, generalmente no contratadas, donde se dispone de estudios geológicos regionales, que permiten inferir áreas con un probable potencial mi-nero.
- Canales de distribución - Promoción
- Servicio al cliente.
- Capacitación y actualización.
3.2.3. Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad en el Sector Minero
La adopción de una política que consolide a Colombia como país minero implica una serie de puntos cruciales para el desarrollo de lo que concierne a la productividad y competitividad del país. Dichos puntos cruciales, sin embargo, al ser desarrollados presentan una serie de impac-tos negativos que en absoluto son fácilmente asimilados por las comunidades. Por ejemplo, se incluye aquí un control a la ilegalidad minera que implica un privilegio rotundo a inversores con una capacidad financiera e infraestructural considerable.
Los criterios de aplicación de la política del sector, en términos del mejoramiento de la pro-ductividad y la competitividad, son los siguientes26:
- Control a la ilegalidad minera - Énfasis en la asociatividad
- Estado facilitador, promotor y fiscalizador
- Sinergia y Complementariedad entre las entidades del Estado - Sostenibilidad
- Distritos Mineros
Es de este modo como la política de mejoramiento se fija como meta, en el siguiente cuatrie-nio, una elevación del 30% del nivel de productividad y competitividad en el país:
“OBJETIVO GENERAL: Elevar el nivel de la productividad y competitividad de las explo-taciones mineras tradicionales legales existentes en el territorio nacional, por lo menos en un 30% durante el siguiente cuatrienio, mediante la definición y puesta en marcha de estrategias que procuren, entre otros aspectos, por la modernización técnica y empresarial de dichas ex-plotaciones, e incrementar y diversificar la presencia de productos mineros en el mercado internacional”27.
Es curioso pero surgen aquí varias ambigüedades. Se estipula como objetivo el impulso a las “exploraciones mineras tradicionales legales existentes en el territorio nacional”, pero a su vez con una lógica de modernización técnica y empresarial, y como ya vimos, de una política de promoción de país minero, elementos que en últimas se relacionan estrechamente con la per-tinencia, para tales efectos, de la entrada de inversionistas privados – especialmente transna-cionales – con alta capacidad financiera, infraestructural y empresarial.
Es de este modo como se está dando continuidad, mediante políticas y acciones concretas, a un modelo extractivista que tiende hacia la reprimarización de la economía, en lo que
26 SIMCO, Políticas del Sector, Mejoramiento de la productividad y la competitividad: http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/Administracióndelrecurso/tabid/88/Default.aspx?PageConten tID=2
27 SIMCO, “Política de Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad del sector minero”
(documen-to), en
http://www.simco.gov.co/simco/Politicasdelsector/MejoramientodelaProductividadyCompetitividad/tabid/84/D efault.aspx
ponde al ámbito minero: una adecuación territorial y normativa para la inversión extranjera con capacidad de explotación de recursos naturales.
4. DINÁMICAS EXTRACTIVAS SOBRE EL TERRITORIO COLOMBIANO: MINERALES NO ENERGÉTICOS
En este apartado nos propusimos en un primer momento a situar el total de los proyectos de extracción minera en curso hasta hoy en el país, que según Julio Fierro Morales, ex asesor del Ministerio de Ambiente eran cerca de 10.000 títulos en enero de 2011, de los cuales había cerca de 4.000 en explotación28 (estas cifras no diferencian tipos de mineral, y contrario a este
trabajo, incluyen al carbón, por ejemplo). Sin embargo se presentaron varias limitaciones para acceder a la información necesaria para lograr ese objetivo. Por esta razón, el mapa que pro-ponemos lo hemos construido principalmente a partir del registro de Ingeominas que se en-cuentra en la pestaña “Títulos mineros” dado que el sistema público del Catastro Minero Co-lombiano no funciona. El mismo Ingeominas ha tenido problemas con la organización del Catastro Minero, por lo cual publica la resolución número 180.099 del 1 de febrero de 2011, que resuelve: “durante el término de (6) seis meses contados a partir de la publicación de la presente resolución, la Autoridad Minera no recibirá propuestas de contratos de concesión minera y de legalización de minería tradicional”29. Los seis meses se cumplirían en julio de
este año, pero ya en noticia del 26 de julio de 2011 del periódico El Espectador se anuncia que se acabará el represamiento en la expedición de títulos mineros antes de finalizar el año, es decir, hay que esperar hasta final de año a ver si con el fin del represamiento también empieza a funcionar el registro público del Catastro Minero.
Por estas razones, y debido al reducido periodo de tiempo que tuvimos para realizar este tra-bajo, delimitamos la ubicación de títulos mineros (minería no energética) otorgados en octu-bre de 2009, en tanto corresponde con el documento más reciente que aparece en la página de Ingeominas. Aún está pendiente la tarea de sistematización de los demás documentos a los
28 MOLANO JIMENO, Alfredo/ GUTIÉRREZ ZAPATA, Ricardo, “Minería: locomotora sin control”, en El Espectador, Bogotá, enero 18 de 2011. Ver http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-245791-mineria-locomotora-sin-control
29 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Resolución número 180099 del 1 de febrero de 2011. En: http://www.ingeominas.gov.co/getattachment/06fc039c-e71b-428e-9ac8-fb53974d2eca/Resolucion-18-0099-de-2011--Suspension-de-terminos.aspx
que se puede acceder en ese portal web, que abarcan desde noviembre de 2008 hasta octubre de 2009.
Así, el mapa a continuación, muestra la relación de contratos de concesión de octubre de 2009 en Colombia y algunos proyectos en relación con la minería que pudimos ubicar con información extraída de la prensa. Debe recordarse que para un mejor entendimiento del ma-pa, es necesario remitirse a la tabla de información que contiene la descripción de cada pro-yecto ubicado en el mapa.
5. ALGUNAS DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES QUE HACEN PRESENCIA EN COLOMBIA
Como se puede ver en el mapa y la tabla referenciada, se pueden ubicar a grandes rasgos dos grupos de titulares de las concesiones mineras que se otorgaron en octubre de 2008: personas, y empresas nacionales y multinacionales. La mayoría de éstos se encuentran a nombre de:
Empresas y personas que más concesiones mineras tienen a su nombre para octubre de 2008
Empresas más relevantes # Personas más relevantes #
AngloGold Ashanti Colombia S.A. 81 Yolanda Castro Jiménez (y a veces Otros) 17 Votorantim Metais Colombia S.A. 49 Dennis Taborda Vélez 11 Continental Gold Colombia S.A. 17
Oro Barracuda LTDA 17
TPV Group S.A. 12
Promoción de Proyectos Mineros S.A. 9 Comercializadora Internacional Banco Minero LTDA. 9 Corporación Minera de Colombia S.A. 7 Comercializadora Internacional Carbones de Córdoba 6 Anglo American Colombian Exploration S.A. 5
Debido a la dificultad que implica saber si las personas pudiesen ser testaferros de alguien más o si trabajan con alguna empresa más grande que cuente con las capacidades necesarias para desplegar las actividades de exploración y explotación de minerales, nos concentraremos en algunas de las empresas multinacionales que, no sólo hacen presencia en el territorio colom-biano sino que tal como lo sugiere su nombre, se encuentran en varios países. Esto muestra que las tendencias extractivistas van más allá de lo nacional e implican dinámicas de trasnacio-nalización y desnaciotrasnacio-nalización a nivel mundial, tal como lo sostiene Jairo Estrada en su libro Derechos del Capital.
“Trasnacionalización y desnacionalización (T&D) representan dos caras de la misma moneda. Desde el punto de vista económico, se trata de dinámicas de creciente penetración, copa-miento y dominio por parte del capital trasnacional, en sus diferentes modalidades, que rede-finen el territorio y lo articulan de manera incremental a la producción de una nueva espacia-lidad capitalista a escala mundial. La T&D es expresiva de la nueva división internacional
ca-pitalista del trabajo; de las recientes configuraciones de las relaciones entre el centro y la peri-feria capitalista; de las renovadas expresiones del imperialismo y la dependencia”30.
Nos centraremos en las empresas multinacionales en general, dado que, han sido estas las que vienen recibiendo incentivos excesivos31 y marcos de política ventajosos por parte del
go-bierno nacional, en detrimento por ejemplo, de la minería artesanal, tal como ya lo hemos mencionado y que además es ratificado por el ex asesor Julio Fierro Morales
“No les interesa esa minería de comunidades pequeñas que no utilizan dragas o químicos sino que mazamorrean. Esto debería ser protegido, porque están haciendo un ejercicio de extrac-ción responsable, como es el caso de Oro Verde en el Chocó, pero su esquema funciona por-que es un mercado muy particular, pero eso no es lo por-que quiere el Gobierno. Esa es una posi-bilidad para comunidades indígenas, afro y campesinas, pero al Gobierno no le interesa”32.
Y específicamente, profundizaremos en algunas de las multinacionales que aparecen en el cuadro relacionado anteriormente a modo de muestra, para tratar de dimensionar las dinámi-cas extractivas a nivel mundial.
5.1. AngloGold Ashanti
AngloGold Ashanti es una empresa de clase mundial, líder en producción de oro, que tiene sus oficinas principales en Johannesburgo, Sur África. El grupo cuenta con veinte (20) opera-ciones mineras en el mundo y un número considerable de programas de exploración en re-giones reconocidas como productoras de oro y en otros sitios del mundo prospectivos para metales preciosos. En 2007, AngloGold Ashanti produjo 5.5 M. de oz. Troy de oro en sus operaciones – aproximadamente un 7% de la producción mundial- convirtiéndose en el ter-cer productor de oro más importante del mundo. El volumen de su producción provino de minas bajo tierra, de nivel profundo en un cuarenta por ciento (40%) y de operaciones de
30 ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo, Derechos del capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, UNIJUS, 2010, p. 50.
31 Ver Ibíd.
32 MOLANO JIMENO, Alfredo/ GUTIÉRREZ ZAPATA, Ricardo, “Minería: locomotora sin control”, en El Espectador, Bogotá, enero 18 de 2011. Ver http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-245791-mineria-locomotora-sin-control
superficie en un tres por ciento (3%) en Sur África. Las contribuciones de otros países en sus operaciones fueron: Australia (11%), Ghana (10%), Mali (8%), Brasil (7%), Tanzania (6%), Estados Unidos (5%), Guinea (5%), Argentina (4%) y Namibia (1%).
El objetivo principal del programa de exploración de AngloGold Ashanti a nivel mundial durante los últimos años se ha centrado en exploración del tipo Greenfields, es decir, explora-ción en nuevos terrenos, principalmente en Colombia, la República Democrática del Congo (RDC) y Australia. A finales de diciembre de 2007, un total de 6.95M de oz. habían sido des-cubiertas gracias a las actividades de Greenfiled en prospectos clave en estos tres países33. A
partir del año 2004 y hasta finales de diciembre de 2007, AngloGold Ashanti y sus asociados habían invertido $80 millones de dólares en exploración de Greenfields en Colombia. Cerca de $75 millones serían invertidos en el año 2008.
A partir del 2000 y hasta el 2003 la AngloGold Ashanti llega a Colombia. Sin embargo esto se da en condiciones casi clandestinas, bajo el seudónimo de una nueva firma denominada “La Kedahda S.A”, sin mencionar el nombre de la empresa. Cuando se anuncia el descubrimiento de La Colosa en Cajamarca Tolima se destapa y se revela su verdadera identidad como una de las multinacionales auríferas más poderosas del planeta. Después de La Colosa, figura en los informes anuales de AngloGold la primera mención a Colombia. Hasta entonces era un se-creto incluso para los accionistas e inversionistas. Hoy en día AngloGold reconoce que hace presencia en el país desde el año 2000, tres años antes de fundar su empresa de fachada34. En un informe de 200735, se muestra como a partir del año 2004 AngloGold Ashanti y sus
socios en riesgo compartido (JV), Mineros S.A, Glencore, y B2 Gold Corp., han explorado sistemáticamente 8.3 millones de hectáreas mediante muestreos de sedimentos activos (al igual que otros métodos) lo que ha generado más de 550 blancos de exploración para oro y metales básicos, dentro de los cuales a 200 se les ha hecho seguimiento detallado con trabajos de ex-ploración. Esta etapa ha dado como resultado 34 proyectos de perforación, hasta la fecha.
33 ANGLOGOLD ASHANTI, Reporte del País Colombia, No 07, 2007. En: http://www.anglogold.co.za/NR/rdonlyres/71B3CB75-B23D-47E1-8320-8FFDE5E708A0/0/Colombia_spanish.pdf
34 O‖ LOINGSIGH, Gearóid, El lado oscuro de Anglogold Ashanti. En:
http://www.indepaz.org.co/attachments/404_El%20lado%20oscuro%20de%20Anglogold%20Ashanti.pdf 35 ANGLOGOLD ASHANTI, Reporte del País Colombia, No 07, 2007. En:
http://www.anglogold.co.za/NR/rdonlyres/71B3CB75-B23D-47E1-8320-8FFDE5E708A0/0/Colombia_spanish.pdf
cia finales de Diciembre de 2007, un total de 87.000m de perforación se habían llevado a ca-bo en diecisiete (17) de estos proyectos.
La exploración en Colombia es desarrollada a través de su propio programa de exploración y a través de su estrategia preferida de asociación de riesgo compartido. Las actividades actuales están enfocadas en el reconocimiento regional, definición de objetivos de perforación, permi-sos, perforación y definición de recursos.
En términos de sus propios proyectos AngloGold Ashanti tiene dos proyectos de perforación importantes en la parte central de Colombia: Gramalote y La Colosa al igual que seis (6) pro-yectos de perforación en una etapa inicial36.
- Gramalote: El proyecto Gramalote es un negocio a riesgo compartido con
Vancouver-based B2Gold Corp. El área de exploración está ubicado a 120 Km. en dirección oeste-norte-oeste en la vía que de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, conduce a Bucaramanga. Un estudio del terreno estableció que en Gramalote se encuentra un to-tal de 2.12 millones de Oz. El 14 de Febrero de 2008, AngloGold Ashanti anunció la firma de un acuerdo de obligaciones con B2gold Corp., en el cual B2Gold tendrá la op-ción de obtener el 51% del proyecto Gramalote. A AngloGold Ashanti se le emitirán 25 millones de acciones y 21.4 millones adicionales como garantía y a cambio por el interés de B2Gold en Gramalote y ciertas otras propiedades minerales en Colombia.
- La Colosa: El prospecto La Colosa, 100% propiedad de AngloGold Ashanti, está
ubica-do a 150km al oriente de la ciudad capital, Bogotá, en el departamento del Tolima. An-gloGold Ashanti anunció un recurso inferido inicial de 468.8 millones de toneladas con 0.86g/t, para un total de 12.9M de Oz de oro37.
Los anteriores son datos proporcionados por la propia AngloGold, en representación de sus funcionarios locales y a través de un -ya mencionado- informe corporativo. Los dos grandes proyectos de perforación ya en marcha poseen datos técnicos sobre la geología de los lugares y de las minas en concesión, así como datos financieros de los cuales referimos aquí los más re-levantes. Sin embargo, hay que mencionar que poseen múltiples contratos de concesión a lo largo del país, que según declaraciones del senador Jorque Enrique Robledo, citando al
36 Ibíd., p. 8 37 Ibíd., p. 10
