Reconocimiento y responsabilidad : reflexiones éticas en torno al proceso de diálogo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP

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(1)Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Reconocimiento y Responsabilidad. Reflexiones éticas en torno al proceso de diálogo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. Tesis para optar por el título de Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano. Por Federico Galvis Rivera. Directora de Tesis: Elizabeth Lira Kornfeld. Santiago, Chile 2017.

(2) Tabla de contenido Página Resumen ......................................................................................................... 4 Introducción..................................................................................................... 5 El diálogo y el conflicto .............................................................................. 18 La mirada ética sobre el conflicto colombiano ........................................... 28 Marco teórico ............................................................................................. 38 Metodología ............................................................................................... 43 Hipótesis .................................................................................................... 45 Objetivos .................................................................................................... 47 Capítulo I ....................................................................................................... 48 La mirada del otro en el marco del conflicto armado ..................................... 48 1.1. El enemigo de las FARC: el Estado oligárquico, excluyente y dependiente como agresor ........................................................................ 49 1.1.2. Las FARC: autodefensa y símbolo de resistencia ........................ 53 1.1.3. Si las FARC son víctimas, el Estado es el victimario .................... 54 1.1.4. Las FARC como organización político-militar .............................. 56 1.2 La visión del Estado colombiano.......................................................... 65 1.2.1 Legitimidad del Estado, ilegitimidad de las FARC ......................... 67 1.2.2 El Estado colombiano y el monopolio legítimo de la violencia ....... 70 1.2.3 De la “insurgencia comunista” a la “guerrilla narcoterrorista” ........ 73 1.3 Conclusiones ....................................................................................... 77 Capítulo II ...................................................................................................... 80 De la negación al reconocimiento: el “Acuerdo Final” de La Habana ............ 80 2.1 Acercamientos con el enemigo ............................................................ 80 2.2 Reconocimiento mutuo como paso previo ........................................... 82 2.3 El “Acuerdo Final”, la confirmación de la necesidad del reconocimiento del otro ....................................................................................................... 92 2.3.1. Reforma Rural Integral: reconocimiento del problema agrario como fuente del conflicto armado entre el Estado y las FARC ........................ 95 2.3.2 De la exclusión a la participación: oportunidad política para las FARC ...................................................................................................... 97 2.

(3) 2.3.3 Final del conflicto: de las armas a la reincorporación social, económica y política ............................................................................. 101 2.3.4 El problema de las drogas ilícitas: nuevas perspectivas y posibilidades de solución ...................................................................... 103 2.3.5 Las víctimas: verdad, justicia, reparación y no repetición desde los Derechos Humanos .............................................................................. 107 2.3.6 Vías para la consolidación del proceso: implementación, verificación y refrendación .................................................................... 109 2.4 Conclusiones ..................................................................................... 111 Capítulo III ................................................................................................... 113 El sentido ético de la responsabilidad como reivindicación de las víctimas 113 3.1 Reconocimiento y responsabilidad .................................................... 115 3.2 Responsabilidad y memoria ............................................................... 119 3.2.1 Ley 1448 de 2011, el informe ¡Basta ya! y el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas: aportes a la memoria ............... 122 3.3 Responsabilidad y justicia .................................................................. 126 3.3.1 La comisión de la verdad ............................................................. 130 3.3.2 El valor de la verdad. Desafíos y apuestas .................................. 132 3.4 Conclusiones ..................................................................................... 136 Capítulo IV .................................................................................................. 139 La responsabilidad solidaria como vía para fortalecer el proceso: sociedad civil, FF.AA. y Comunidad Internacional ..................................................... 139 4.1 Sociedad civil ..................................................................................... 141 4.2 Las Fuerzas Armadas ........................................................................ 145 4.3 La comunidad internacional ............................................................... 149 4.4 Conclusiones ..................................................................................... 159 Capítulo V ................................................................................................... 162 Conclusiones: el reconocimiento y la responsabilidad como fuentes de transformación social .................................................................................. 162 Bibliografía consultada ................................................................................ 169. 3.

(4) Resumen En este trabajo pretendemos mostrar la pertinencia que implica comprender la importancia del proceso de dialogo y firma del acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP bajo los preceptos éticos del reconocimiento y la responsabilidad. De esta manera, lo acordado adquiere una dimensión de posibilidad en la realidad dado que ayudan a aceptar la existencia del contrario en términos de un adversario al cual controvertir dentro de límites precisados en el juego político y no ya como el enemigo a destruir. Entonces, el conflicto se transforma pues pierde su dimensión “violenta” y pasa a ser un conflicto político, enmarcado en límites definidos por caminos mucho más pluralistas e incluyentes, entendidos como un desarrollo democrático mucho más adecuado. Por otra parte, el valor del proceso realizado entre el Estado colombiano y las FARC es una muestra de la posibilidad que se abre por medio del reconocimiento para la búsqueda de consensos posibles. Por supuesto, estos consensos posibles requieren todo un esfuerzo institucional junto con procesos de apoyo social. En consonancia con lo anterior, del reconocimiento deviene un sentido de responsabilidad por lo ocurrido en los largos años de enfrentamientos armados, que recae en los actores involucrados. Aquí es donde las víctimas se erigen como el centro fundamental del proceso y toman relevancia aspectos como la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, con miras a consolidar escenarios de perdón y reconciliación. Por último, más allá de la firma del acuerdo definitivo, el efecto positivo que de éste se puede alcanzar involucra directamente a la sociedad colombiana en su conjunto, a las Fuerzas Armadas, entendidas como la institución encargada de velar por la seguridad y a la comunidad internacional. En esta parte nos basamos en los mismos criterios de reconocimiento y responsabilidad, junto con un sentido de solidaridad que lleva a estos actores a tener un papel esencial en el desarrollo del proceso de transformación de un conflicto violento en uno más pacífico.. 4.

(5) Introducción La lucha subversiva en Colombia tiene una historia de más de cinco décadas. Desde los primeros levantamientos guerrilleros a propósito del asesinato de líder liberal Jorge Eliécer Gaitán1 (abril de 1948) hasta la actualidad, el Estado colombiano y la población se han visto afectados por un fenómeno largo y complejo, que ha dejado como saldo varios miles de muertos2, población desplazada de sus tierras, destrucción de pueblos, familias y vidas; además de desolación, impotencia, miedo y pesimismo. Por su duración en el tiempo, el conflicto armado en Colombia ha atravesado diversas etapas; cada una de ellas ancladas en contextos específicos, en las que algunos elementos se han ido sumando a los existentes, para generar una complejidad difícilmente comprensible desde un solo punto de vista. Así, por ejemplo, las primeras manifestaciones guerrilleras surgieron a la luz de la creciente intolerancia política y la agravante exclusión fomentada y ejercida por miembros y simpatizantes de los dos partidos políticos tradicionales: liberal y conservador. Para el caso específico de las guerrillas de finales de los años 40 y la década de 1950, su surgimiento está relacionado con el hecho de que el Partido Conservador se hizo al poder, Gaitán (la promesa de un sector liberal que se consideraba más progresista, más cercano a los reclamos populares) fue asesinado, y también con la auto-exclusión del liberalismo oficial del protagonismo político dentro del Estado. Dichos grupos 1. Jorge Eliécer Gaitán fue un importante líder político del partido liberal, y abogado penalista. Sus ideas políticas estuvieron encaminadas a promover un liberalismo cercano al sentir popular. Su éxito se basó en su enorme poder de convocatoria y un discurso que reivindicaba reclamos de sectores desfavorecidos. El impacto de sus ideas le generó muchos seguidores así como adversarios. Durante los años de 1940 Gaitán generó una corriente diferente al liberalismo tradicional, pero sin desmarcarse completamente del partido. Este hecho perjudicó al partido liberal y le permitió a los conservadores retornar al poder luego de casi dos décadas. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá mientras era celebrada la IX Conferencia Panamericana, en la cual se crea la OEA (Organización de Estados Americanos). Alrededor de su asesinato se han tejido múltiples teorías respecto a los autores y aún hoy después de casi setenta años no se ha aclarado el asunto. Lo que sí es un hecho es que su asesinato exacerbó los odios políticos que ya venían cultivándose de tiempo atrás entre los partidos históricos (liberal y conservador) y para muchos aquí está el origen de la violencia política en Colombia. 2 Según el informe publicado por el Centro de Memoria Histórica en 2013 titulado “¡Basta ya!”, el número de víctimas calculado para el período 1958-2012 es de 220.000. Vale anotar que del total, 81.5% son víctimas civiles, es decir, la población en general, mientras que el 18.5% son combatientes. Esto permite visualizar el grado de afectación que ha generado esta guerra a las personas que no tienen responsabilidad directa. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. 2013. p. 32.. 5.

(6) se rebelaron de manera violenta contra el dominio conservador, bajo una lógica subversiva, especialmente en los lugares alejados de la capital, donde era mucho más fácil operar de manera clandestina y por ende, consolidar la resistencia. Con la llegada del General Gustavo Rojas Pinilla en 1953, luego de un golpe de Estado auspiciado por sectores tanto liberales como conservadores, se inició un proceso de amnistía para desmontar el aparato guerrillero de inspiración liberal y con esto, apaciguar los odios políticos.3 Más adelante, luego de la caída del General Rojas Pinilla (1957), algunos remanentes de estas guerrillas continuaron con su lucha, inspirados en ideales de justicia e igualdad político y social, traicionados; según ellos, por un gobierno que no cumplió sus promesas luego de la amnistía y el indulto.4 Estos grupos recibirían una gran dosis de inspiración a partir del triunfo de la Revolución Cubana (1959) y adoptarían un discurso revolucionario fundamentado en la lucha de clases. En este contexto surgirían las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 1964), el ELN (Ejército de Liberación Nacional, 1964) y el EPL (Ejército de Liberación Popular, 1967). 5 Durante la década siguiente, estos grupos vivirían un proceso de gestación y consolidación (cada uno con sus particularidades) y entre 1980 y 1990, la lucha guerrillera lograría alcanzar una mayor capacidad operativa gracias al crecimiento en hombres de sus filas, mayor capacidad financiera como producto de extorsiones, secuestros, así como la obtención de recursos debido a la intervención directa en la cadena de producción y comercialización de la cocaína. Por otro lado, durante esta década en Estado colombiano fue enormemente debilitado por la corrupción generada gracias a las ingentes ganancias provenientes del narcotráfico. Durante la década siguiente (1990-2000) se sumaría otro factor determinante en la intensidad y complejidad del conflicto armado colombiano: el paramilitarismo. Actuando a nombre de la institucionalidad y en defensa del Estado colombiano desde un marco de ilegalidad6, con un discurso 3. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad…., p. 115. Algunos de los líderes de las guerrillas liberales fueron asesinados luego del indulto dado durante el gobierno militar de Rojas Pinilla. Uno de los casos más sonados fue el asesinato en Bogotá, a plena luz del día y en un lugar céntrico, de Guadalupe Salcedo, figura central dentro de la estructura guerrillera y protagonista del proceso de diálogo con el gobierno, a mediados de la década de 1950. Su asesinato fue realizado por el ejército, quién lo rodeó y le disparó, a pesar de las súplicas del mismo para que se le respetara la vida. 5 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad…., PP. 117-127. 6 El tema del paramilitarismo bien merecería un capítulo aparte, así como más investigaciones que contribuyan a la comprensión de sus orígenes, consolidación, relación con los poderes legítimos en 4. 6.

(7) abiertamente antisubversivo, los paramilitares contribuyeron a la exacerbación de una violencia que ya registraba alto índices de dolor, muerte y destrucción. A mediados de los años 90 se consolidaría el nacimiento de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) a través de un mando unificado que pretendía centralizar las estrategias y las acciones conducentes de derrotar a la insurgencia en Colombia. En su intento, el paramilitarismo fue responsable de tremendas masacres, desapariciones, violencia sexual, hostigamientos y desplazamientos, entre otros. Al mismo tiempo, agentes del Estado (políticos y militares) fueron acusados, investigados y condenados; en algunos casos, por la promoción y participación en acciones y estrategias para apoyar la acción paramilitar. En 1999 se inició un proceso de diálogo con las FARC, con el cual se intentó dar pasos significativos hacia el fin de esta organización como agente subversivo alzado en armas contra el Estado colombiano. El proceso terminaría, sin mayores éxitos en cuanto a su propósito principal, a comienzos del 2002. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se daría un paso importante al iniciarse un proceso de desmovilización de los paramilitares (2003-2005) y al mismo tiempo, se emprendería una fuerte estrategia militar contra las guerrillas, bajo el auspicio militar de los EE.UU. En este contexto, las FARC perderían figuras importantes (“Tirofijo” 2008, “Mono Jojoy” 2010, “Alfonso Cano” 2011) y serían afectados por la aplicación de tácticas de inteligencia para liberar secuestrados (La “Operación Jaque” del 2008, entre otras). Asimismo, durante esta década se realizarían acercamientos con el ELN, pero con. Colombia, tanto a nivel local, regional como nacional. En este trabajo no vamos a incluir este fenómeno por cuanto nos interesa particularmente el proceso de diálogo entre el Estado colombiano y las FARC con el propósito de terminar la confrontación armada. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, los inicios del paramilitarismo se relacionan con la incapacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad en los campos, y también con iniciativas legislativas durante la década de 1960, cuando las guerrillas empezaron a actuar. En principio, se permitió a los civiles organizar grupos de defensa. Más adelante, en los años noventa se crearon legalmente las CONVIVIR, grupos de civiles de vigilancia, armados, que coordinaban acciones con las Fuerzas Armadas en su lucha contrainsurgente. Este tema sigue generando polémica y a pesar de que las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) desaparecieron como organización luego del proceso de desmovilización ocurrido durante el gobierno de Uribe Vélez, sus principales líderes están en los EE.UU. bajo extradición y otros muertos, para muchos analistas el fenómeno permanece, bajo otras denominaciones, y sigue teniendo gran impacto, por lo menos en el tráfico de droga, el control de territorios y el ejercicio del poder local y regional. Y, por último, este es un tema esencial para la agenda de diálogo y el acuerdo entre el gobierno y las FARC, en la medida en que estas consideran que el paramilitarismo es, en gran medida, una responsabilidad del Estado. Algunos textos importantes sobre el tema del paramilitarismo en Colombia son: Rangel. Alfredo (ed.). El poder paramilitar. Bogotá: Fundación Seguridad y DemocraciaPlaneta. 2005, García-Peña. Daniel. “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico.” En Análisis Político No. 53, Bogotá, enero-marzo 2005 pp. 58-76, Romero. Mauricio. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Bogotá: IEPRI-Planeta, 2003.. 7.

(8) resultados infructuosos. Desde el cambio de gobierno en 2010, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) retomaría la idea del diálogo con las FARC y su gobierno se embarcaría en nuevo proceso de diálogo que iniciaría en 2012 en La Habana (Cuba) y que; hasta el momento (finales de 2016) está en proceso de culminación, a la espera del resultado definitivo luego de la revisión del acuerdo final, como consecuencia del resultado del plebiscito del 2 de octubre, en el que la mayoría de votantes desaprobó lo acordado. Ahora bien, la larga duración del conflicto, así como sus orígenes, su intensidad y sus efectos han sido objeto de profusos estudios, reflexiones y análisis. Estos estudios provienen de diferentes orillas (academia, Estado, fundaciones, ONG, medios de comunicación) y han generado diversas conclusiones. Dentro de las iniciativas oficiales, ya desde 1958, luego de la caída del régimen militar de Rojas Pinilla y la instauración del Frente Nacional7, el Estado colombiano creó una institución oficial encargada de hacer un estudio detallado de los orígenes de la violencia política y ofrecer una visión global para su comprensión8. Dicha comisión estuvo compuesta por dos representantes de los partidos tradicionales, dos de las Fuerzas Armadas y dos de la Iglesia.9 Luego de cuatro años de trabajo de campo, análisis y reflexión, se publicó el libro titulado La Violencia en Colombia en 1962. Este sería el primer intento sistemático y profundo que intentó dar respuesta a las causas de la guerra en Colombia. Según Sánchez, el impacto de este libro fue de tal magnitud, que suscitó un debate en el Senado y generó reflexiones y controversias en diversos círculos sociales pues hizo conciencia; en sectores ajenos a la realidad del país, de la existencia de un conflicto que desangraba a Colombia.10 Otro de los aspectos relevantes de este estudio es el nivel de detalle en los testimonios directos de las víctimas, que dan cuenta de una crudeza plenamente real de la violencia: son los directos afectados quienes describen con toda su. 7. Pacto político establecido por los partidos tradicionales, con el propósito de terminar la violencia producida por las diferencias ideológicas. La solución acordada sería, en esencia, la repartición igualitaria de los cargos del Estado, y la alternación en la presidencia de la república, por dos períodos para ambos (el período presidencial es de 4 años), iniciando con los liberales. Así, el Frente Nacional empezó con la presidencia de Alberto Lleras Camargo en 1958, y terminaría con la presidencia del conservador Misael Pastrana Borrero, en 1974. 8 El nombre de dicha institución fue Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, creada mediante el decreto 0942 de 1958. 9 Sánchez Gómez. Gonzalo. “La violencia en Colombia”. En Revista Credencial, No. 110, febrero 1999. Consultado en http://www.banrepcultural.org/node/73403 el 10 de noviembre de 2016. 10 Ibíd.. 8.

(9) humanidad lo ocurrido.11 Asimismo, se hace una sesuda reflexión sobre el papel de las élites políticas en la agitación de los odios políticos. En suma, este es un estudio que inició el proceso de la construcción de la memoria alrededor del conflicto en Colombia que para ese entonces, apenas empezaba a manifestarse.12 Para otros autores, como Catalina Cartagena, la importancia de este estudio radica en que intentó por primera vez dar una explicación científica, con herramientas teóricas y conceptuales de la violencia reciente, con base en las Ciencias Sociales y particularmente la Sociología. Esto implicó no sólo un estudio alrededor de las posibles responsabilidades que recaían en las élites políticas, sino también un aporte en cuanto al contexto y la relación de los diferentes actores involucrados en este.13 Con el texto La Violencia en Colombia se inauguró una tradición académica que fue denominada como “Violentología”. A esta nueva “disciplina” recurrieron pensadores de las diferentes ramas de las Ciencias Sociales, con el propósito de aportar con reflexiones alrededor de la guerra que se vivía en Colombia. Entonces, su pretensión fue ayudar a la construcción de la verdad sobre lo ocurrido, a partir de datos objetivos, tomadas de una extensa investigación de campo. Por otra parte, la influencia de la Sociología en este campo fue determinante: las explicaciones alrededor de la violencia giraron en torno a la idea de la sociedad como un organismo interconectado. 14 Así pues, la denominada “Violentología” fue un intento de explicación teórico que tendría influencia durante las décadas por venir, dada la intensidad y la duración del conflicto en Colombia. Más adelante, en 1987, durante el gobierno de Virgilio Barco se establece la Comisión de Estudios sobre la Violencia. A diferencia de la Comisión de 1958, esta estuvo integrada por diferentes intelectuales, que fueron contratados por el Estado a través del Ministerio de Gobierno. Para este momento, el conflicto colombiano se había tornado más complejo, las 11. Ibíd. Valencia Gutiérrez. Alberto. “La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las trasgresiones al Frente Nacional”. En Revista Colombiana de Sociología, Vol. 35, No. 2, jul.-dic. 2012, Bogotá, pp. 15-33. Consultado en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4265464.pdf el 10 de noviembre de 2016. 13 Cartagena. Catalina. “Los estudios de la violencia en Colombia antes de la Violentología”. En Diálogos. Revista Electrónica de Historia. Universidad de Costa Rica, Vol. 17, No. 1, 2016. Consultado en http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/18103/22009 el 10 de noviembre de 2016. 14 Rueda. María Helena. “Nación y narración de la violencia en Colombia (de la Historia a la Sociología). En Revista Iberoamericana, Vol. LXXIV, No. 223, Abril-Junio 2008, pp. 345-359. 12. 9.

(10) guerrillas se habían multiplicado y el narcotráfico ya había irrumpido de manera contundente en las esferas políticas y sociales del país y también se habían iniciado algunos diálogos, incluso con cese al fuego temporales (M-19 y FARC en 1984). Vale anotar que esta Comisión, a diferencia de la Comisión de 1958, estuvo integrada por diferentes intelectuales, que fueron contratados por el Estado a través del Ministerio de Gobierno, a solicitud del propio Gobierno, que vio la necesidad de recurrir a intelectuales de las Ciencias Sociales, para tener una comprensión mucho más completa del fenómeno de la violencia que; como ya señalamos, tuvo un nivel de complejidad que desbordó la capacidad institucional para dar respuestas efectivas. Según Jefferson Jaramillo, esta comisión de 1987 tuvo dos objetivos fundamentales: hacer un diagnóstico sobre la situación de ese momento y generar algunas recomendaciones al gobierno.15 Esta comisión, en particular, aportó a la conceptualización de la violencia a través de la identificación de diversos tipos (violencia estatal, guerrillera, del narcotráfico, sicariato, violencia doméstica) y también propuso la implementación del diálogo y la negociación como vía privilegiada para encontrar soluciones a la violencia.16 El trabajo de esta Comisión sobre Estudios de la Violencia dio como fruto un texto titulado Colombia, Violencia y Democracia, publicado en julio de 1987. Dicho informe fue mucho más corto que el de 1962, y dado el poco tiempo de trabajo que tuvo la Comisión, se centró en la conceptualización y las recomendaciones a partir de la teoría, y careció de investigación de campo.17 Según Jaramillo Marín, dicho informe generó grandes controversias en el mundo académico y en el público en general. Por una parte, abrió una gran brecha conceptual por cuanto no se limitó a conceptualizar la violencia partidista; vivida en los años 40 y 50 y por ende, objeto de estudio de la Comisión de 1958, sino que amplió el concepto en diferentes vertientes: violencia política, familiar, urbana, organizada, contra minorías étnicas y violencia y medios de comunicación. 18 En este sentido, enriqueció el debate en torno a la comprensión del fenómeno de violencia, por cuanto intentó 15. Jaramillo Marín. Jefferson. “Expertos y comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia”. En Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, No. 39, julio-diciembre 2011, pp. 231-258. 16 Ibíd., pp. 236-237. 17 Jaramillo Marín. Jefferson. Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: tramas narrativas y ofertas de sentido temporal para comprender la violencia. Tesis de Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología. México: FLACSO México. 2011. Consultado en http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3328#.WCiTz_krKyJ el 13 de noviembre de 2016. 18 Ibíd., pp. 245-251.. 10.

(11) conectar los diversos tipos de violencia (novedosos para la coyuntura del momento) con explicaciones estructurales de larga duración, tales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión política y la impunidad, entre otros. 19 Para este autor, llama la atención el hecho de que no se le dedicó mucho espacio al tema de los Derechos Humanos, siendo este tan relevante para el contexto de los años 80 en América Latina, marcado por las graves violaciones ocurridas durante los regímenes militares y los nacientes procesos de transición, así como para Colombia, dadas las crecientes demandas sobre participación del Estado en acciones cometidas por paramilitares y narcotraficantes contra la población civil. 20 Por último, sirve agregar que este informe aporta recomendaciones acerca de la necesidad de superar la pobreza como manera de erradicar la violencia, y el fomento de una cultura de paz que poco a poco reemplace esa cultura de violencia en la que están sumidas las instituciones políticas y las prácticas sociales, profundamente permeadas por la lógica de dinero fácil y poder creciente, propia del modelo del narcotráfico. Finalmente, este informe fortaleció, en el mundo académico, el interés por estudiar el fenómeno de la violencia. Luego del trabajo de la Comisión, surgió el IEPRI (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales) en la Universidad Nacional, con el propósito de institucionalizar las investigaciones y las reflexiones alrededor del tema del conflicto colombiano. De aquí surgirían numerosísimas publicaciones.21 En 2005, durante el proceso de desmovilización de los paramilitares y la expedición de la Ley 975 conocida como “Ley de Justicia y Paz”, se crea la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación). Sus objetivos primordiales fueron promover procesos de perdón por parte de víctimas de paramilitares y también, facilitar procesos de desmovilización y reincorporación de excombatientes.22 Esta comisión tuvo 5 programas diferentes que se enfocaban en los escenarios más importantes: reparación y atención a las víctimas, desmovilización desarme y reintegración, Grupo de Memoria Histórica, Género y poblaciones específicas y el programa de reconciliación. En particular, el Grupo de Memoria Histórica se enfocó en 19. Ibíd., pp. 251-252. Ibíd., p. 261. 21 Ibíd., p. 260. 22 Llanos Montes. Alejandra. {et. al.}. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR. Consultado en https://actoresdelopublico.wordpress.com/conflicto/cnrr/ el 13 de noviembre de 2016. 20. 11.

(12) ofrecer una perspectiva histórica para la comprensión de los orígenes y el desarrollo del conflicto armado en Colombia. A diferencia de las dos comisiones anteriores, en el Grupo de Memoria histórica se le dio relevancia, por primera vez, a las víctimas como centro de atención de las reflexiones en torno al conflicto armado.23 En su documento constitutivo, en virtud de la ley que lo creó, este grupo debía elaborar un informe que diera cuenta de sobre las lógicas de la guerra, enfocados en la recuperación de la memoria histórica de la misma, en el entendido de la obligación ética acerca de la verdad de lo ocurrido, como manera de visibilizar y compensar a las víctimas en su sufrimiento. En este sentido, este grupo, a diferencia de la Comisión de 1958, tuvo su eje central en la responsabilidad ética frente a las víctimas y la memoria.24 Este Grupo de Memoria Histórica publicó, hasta 2010, variados informes cuyo objetivo fue recuperar la memoria alrededor de diferentes masacres cometidas por diferentes actores (paramilitares, guerrilla, narcotraficantes y Estado) en los últimos treinta años.25 Con estos informes se inicia el proceso de recuperación de la memoria con base en las víctimas, sus testimonios y sus sufrimientos. Luego, en el año 2011 se aprueba la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dentro de las disposiciones establecidas en dicha ley, se dicta le necesidad de crear mecanismos para recolectar y sistematizar todo tipo de fuentes de información que ayuden a consolidar registros sobre las víctimas. En virtud de esto, se crea el Centro de Memoria Histórica, como institución encargada de esta función, así como de preservar la memoria y garantizar la no repetición, a través de ejercicios pedagógicos de alcance general, como la creación del Museo de la Memoria, y la. 23. Jaramillo Marín. Jefferson. Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia…, p. 285. Este detalle es bien importante pues, como veremos más adelante, esta visión también estará presente de manera amplia y fundamental en los diálogos de La Habana, iniciados en 2012, entre el gobierno colombiano y las FARC. 24 Ibíd., p. 318. 25 Desde el año 2008 el Grupo de Memoria Histórica ha publicado informes referidos a temas relacionados con justicia y paz, género, masacres, despojo, desplazamientos, resistencia social a la violencia, así como cartillas pedagógicas referidas a la memoriam la reconciliación y el perdón. Junto con el emblemático informe ¡Basta ya!, podemos nombrar también Hasta encontrarlos, sobre la desaparición forzada en Colombia, publicado en 2016, Caminos para la Memoria, de 2015, Hacer la guerra y matar la política de 2014, Mujeres y Guerra de 2011, entre muchísimos otros.. 12.

(13) publicación de informes.26 En este sentido, el Centro de Memoria Histórica le da continuidad al trabajo comenzado por el Grupo de Memoria Histórica, con una extensa publicación de diversos informes y actividades pedagógicas alrededor de los ejes conflicto-memoria-víctimas.27 A finales de 2013, el Centro publicó uno de sus informes más paradigmáticos, por su extensión y profundidad en el marco temporal e interpretativo sobre el conflicto y las víctimas en Colombia. El informe “¡Basta ya! Memorias de Guerra y Dignidad” constituye un aporte importante para la comprensión de la guerra, sus orígenes, consecuencias y posibilidades de superación. En segundo lugar, la importancia de este informe radica en su intención de devolver a las víctimas su dimensión más humana, a partir de su sufrimiento, su dolor y con ello, la responsabilidad que nos genera en términos de su valoración, reconocimiento y re-dignificación. En otras palabras, ¡Basta ya! pretende resaltar la dimensión ética de las víctimas, más allá de la esfera puramente jurídica y las consideraciones legales que se desprenden de esto, y recuperar el rostro humano de cada una de ellas, marcada por la humillación y muchos padecimientos.28 En el contexto de los esfuerzos institucionales por recuperar la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, en noviembre de 2012 el gobierno de Colombia anuncia públicamente el inicio de conversaciones con las FARC, con el propósito de alcanzar un acuerdo definitivo para lograr el fin del conflicto armado.29 Después de dos años de conversaciones en La Habana (Cuba), fue creada la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV). Esta Comisión nació de común acuerdo entre el gobierno y las 26. Artículos 146 a 148 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Consultado en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web. pdf el 16 de noviembre de 2016. 27 En la página oficial del Centro de Memoria Histórica se pueden consultar las diversas áreas de trabajo, las publicaciones y los diferentes proyectos desarrollados. La dirección es http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ 28 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad…., p. 25. 29 El primer Acuerdo General, firmado por representantes del Gobierno y las FARC, el 26 de agosto de 2012 tiene como título “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. El acuerdo final también tiene el mismo título. Para algunos críticos este es un título pretensioso por cuanto el conflicto no es exclusivo del Estado colombiano y las FARC pues existen otras guerrillas (como el ELN) y otros grupos de origen paramilitar que no se acogieron al proceso de desmovilización iniciado en 2003, y hoy en día se conocen en la esfera oficial y pública como BACRIM (Bandas Criminales). Segundo, Colombia tiene un conflicto armado de tal complejidad que este no se terminará con el acuerdo firmado con las FARC. Asuntos como el narcotráfico, la delincuencia común, los altos índices de intolerancia social, entre otros temas, hacen pensar que el fin de la guerra con esta guerrilla, la más grande y poderosa de Colombia, es un gran paso, pero no definitivo. En este punto, pienso que no le falta razón a estas críticas.. 13.

(14) FARC y anunciada públicamente a través del comunicado conjunto del 5 de agosto de 2014.30 Estuvo compuesta por doce miembros y dos relatores elegidos de manera paritaria por ambas partes, es decir, seis por el gobierno y seis por las FARC. Estos personajes hacen parte del mundo académico y provienen del mundo de las Ciencias Sociales.31 Los objetivos principales de este grupo fueron tres: ofrecer luces sobre los orígenes y diferentes causas del conflicto, señalar los principales factores de prolongación y persistencia en el tiempo del conflicto y mostrar los efectos más notorios de este conflicto sobre la población.32Finalmente, es importante señalar que la información ofrecida por esta Comisión haría énfasis en la pluralidad de visiones existentes sobre los orígenes y las dinámicas del conflicto armado en Colombia. En segundo lugar, este informe, elaborado de manera colectiva, servirá para aclarar la verdad en torno a lo ocurrido, siempre teniendo en cuenta a las víctimas como base de la argumentación.33 Luego de varios meses de trabajo se publicó, en febrero de 2015, un extenso informe titulado “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”. En más de ochocientas páginas se encuentran diversas posturas sobre el conflicto, sus orígenes y consecuencias. La Comisión parte del supuesto de que los orígenes del conflicto aun suscitan arduos debates y grandes diferencias, tanto a nivel académico como jurídico. Por lo tanto, no existe un consenso con respecto a sus inicios, tal como lo señala uno de los relatores, Eduardo Pizarro. 34 Así, autores como Alfredo Molano sitúan los 30. Consultado el 16 de noviembre de 2016 en https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-22-deagosto-de-2014 . 31 Informe conjunto del 22 de agosto de 2014. Consultado el 16 de noviembre de 2016 en https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-22-deagosto-de-2014. Vale resaltar que uno de los dos comisionados fue Eduardo Pizarro Leongómez, sociólogo que participó en la Comisión de 1987 y luego sería nombrado por el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, como Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) entre el 2005 y el 2009. 32 Informe conjunto del 5 de agosto de 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2016 en https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-05-deagosto-de-2014. 33 Ibíd. En el informe se hace explícito el hecho de que la información suministrada será tomada como insumo para la comprensión del conflicto y sus complejidades, así como para señalar responsabilidades con el propósito de esclarecer la verdad. Además se confirma que esta comisión no posee facultades para determinar responsabilidades individuales y menos para enjuiciar a los responsables. AA.VV. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015, p. 8. 34 Pizarro Leongómez. Eduardo. “Una lectura múltiple y pluralista de la Historia”. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015, p. 47.. 14.

(15) comienzos de la guerra en los años de 1920, cuando las luchas campesinas agitaron la escena social, y el Estado actuó con represión y desidia. 35 Otros, como Jorge Giraldo, Gustavo Duncan o Francisco Gutiérrez hacen énfasis en los años posteriores la Frente Nacional, sin desconocer una mirada histórica aún más amplia.36Incluso autores como Maria Emma Wills hacen una mirada crítica de la construcción del Estado-nación en Colombia, y se adentran en las guerras civiles del siglo XIX para encontrar las razones del conflicto actual.37 Dado lo anterior, no existe un acuerdo en la historiografía colombiana para fijar una posible fecha de inicio del conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, la caracterización del conflicto está atravesada por diferentes hechos que bien pueden dar cuenta de continuidades o rupturas. Los autores que defienden las continuidades hacen énfasis en situaciones estructurales que giran alrededor de la posesión de la tierra y los diversos intentos de realizar reformas agrarias, con resultados pobres e inefectivos por cuanto no transformaron profundamente el modelo latifundista de posesión de la tierra.38Asimismo, el proceso de modernización en Colombia llevó a un crecimiento acelerado del mundo urbano y al mismo tiempo, una pauperización del campesinado, que careció de condiciones dignas para trabajar y vivir.39 Entonces, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades conllevaron a la explotación de conflictos agrarios, que serían la base del conflicto armado en Colombia. Si bien los académicos comparten estas ideas, para algunos de ellos es necesario demarcar ciertas diferencias temporales, que devienen en rupturas y llevan a atender ciertas particularidades a la hora de entender el conflicto en Colombia. Así, para algunos de ellos la violencia de los años 1940-1950 35. Molano Bravo. Alfredo. “fragmento de la historia del conflicto armado (1910-2010). En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015. 36 Giraldo. Jorge. “Política y guerra sin compasión”, Duncan. Gustavo. “Exclusión, insurrección y crimen” y Gutiérrez. Francisco. “¿Una historia simple?”. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015. 37 Wills. Maria Emma. “Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada y unas articulaciones perversas entre regiones y centro.” En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015. 38 Tal es el análisis de Alfredo Molano. 39 Autores como Maria Emma Wills y Darío Fajardo ponen el acento en el desarrollo del capitalismo en Colombia, que generó las condiciones sociales propias para generar conflictos, como los que se empezarían a dar con fuerza desde la década de 1920.. 15.

(16) fue eminentemente partidista, y esta llegó a su fin con la dictadura del General Rojas Pinilla y el establecimiento del pacto bipartidista, el Frente Nacional. 40 Esta violencia se transformó gracias al influjo de la victoriosa Revolución Cubana (1959), que le daría a los reductos de las guerrillas liberales una inspiración ideológica lo suficientemente fuerte como continuar la lucha revolucionaria de manera frontal contra el Estado colombiano. Al mismo tiempo, desde la óptica estatal, esta guerra contra las guerrillas se inspiró en el modelo contrainsurgente propio de la Guerra Fría, creado y estimulado por los EE.UU., con lo cual la subversión se convirtió en el enemigo interno, reflejo del comunismo, a derrotar. Luego, en la década de 1970 se dan otros acontecimientos que marcarían la dinámica del conflicto en Colombia: el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende en Chile (1973) como ejemplo de la ofensiva de los EE.UU. contra cualquier posibilidad de existencia de gobiernos de izquierda en América Latina, región que; según su propia visión, era su campo natural de influencia.41 Esto le dio mayor razón a la insurgencia para continuar la lucha. Y esa recibiría una nueva dosis de inspiración, cuando la revolución sandinista en Nicaragua logró el triunfo en 1979. Durante esta década, los gobiernos colombianos aplicaron un régimen de persecución militar en la medida en que gobernaron bajo la figura del Estado de Sitio y, de manera se aplacó la protesta social, que fue directamente asociada con la subversión armada.42 Al mismo tiempo, irrumpe un nuevo actor que aportaría más cuotas de dolor y destrucción: el paramilitarismo.43 Posteriormente, en 40. Tal es el caso de Daniel Pécaut y Francisco Gutiérrez. Por otro lado, Renán Vega tiene una mirada muy particular del período del Frente Nacional, pues en su opinión este modelo generó una profunda exclusión y la criminalización de la protesta social y otras formas diferentes de mirar el ejercicio político, lo que en última daría más ímpetu a la consolidación de las guerrillas como FARC, ELN, EPL, nacidas todas en la década de 1960, en pleno ejercicio del Frente Nacional. Esta es una tesis que todavía tiene mucha fuerza en la academia y se ha convertido en una de las razones más fuertes para explicar el surgimiento de las guerrillas. Sin embargo, también hay miradas que defienden el período del Frente Nacional, y lo catalogan como un intento loable por suprimir la violencia política y generar estabilidad, como es el caso de Jorge Giraldo, quien también escribió en el informe del a CHCV. 41 Kornbluh. Peter. Los EE.UU. y el derrocamiento de Allende: una historia desclasificada. Chile: Ediciones B, 2003. 42 Ver nota 44. Con el propósito de aclarar esta afirmación, es preciso saber que si bien los gobiernos colombianos durante la década de 1970 fueron elegidos democráticamente y mantuvieron su carácter civilista, dieron amplias atribuciones a la Fuerzas Armadas en el manejo del orden público y la lucha contrainsurgente, en el marco de la política anticomunista establecida por los EE.UU. cuyos efectos tuvieron impacto directo en el contexto colombiano, sin duda alguna. 43 Ver nota 3. Si bien el fenómeno del paramilitarismo en Colombia tiene su origen en la década de 1960 en el marco de la lucha contra las organizaciones subversivas que se estaban empezando a. 16.

(17) los años de 1980 el narcotráfico y los narcotraficantes también entrarían en escena, agravando aún más la dinámica del conflicto.44 Desde 1958 hasta la actualidad han sido bastante numerosos los intentos por comprender el conflicto armado en Colombia. Dos ideas resaltan: primero, dada su larga duración y la interacción de diversos actores y diferentes niveles de relación entre estos, sumado a contextos históricos cambiantes, sobresale la dificultad para alcanzar un consenso alrededor de los orígenes y además, la responsabilidad de quienes estuvieron y han estado involucrados en hechos violentos, lo que complejiza la posibilidad de comprender de manera clara las consecuencias, más allá de la destrucción y el dolor que todos percibimos a diario. Los esfuerzos por otorgar una narrativa plausible sobre el conflicto armado han provenido de muchos frentes y han generado diversas posturas y análisis. No es exagerado afirmar que la complejidad del conflicto se refleja en la variedad de los estudios. Segundo, desde el Estado ha existido un particular interés por comprender el conflicto armado. Estos intentos estuvieron marcados por coyunturas específicas, en consonancia con políticas de Estado, enfocadas en la posibilidad del diálogo y la negociación con la subversión.45. gestar y se configuraron como una opción legal para que los ciudadanos se defendieran ante la imposibilidad del Estado para responder efectivamente al problema, fue en la década de 1980, en el marco del auge de la producción y comercialización de cocaína que estos grupos comenzaron a tener relevancia y poder en la lucha contra las guerrillas. Su zona de influencia fue la zona norte de Colombia, de gran importancia para el transporte de la cocaína y además, una región ganadera y de grandes hacendados, que patrocinaron la creación de estos grupos dado que protegían sus intereses. En esencia, los grupos paramilitares fueron asociaciones de campesinos y terratenientes que tenían intereses económicos y además eran hostigados por un enemigo común: las guerrillas. De aquí surge una “comunión de intereses” que da fuerza al proyecto. Rivas Nieto. Pedro. Rey García. Pablo. “Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006). En CONfines, Vol. 4, No. 7, enero-mayo 2008, pp. 43-52. 44 La relación entre el narcotráfico y su impacto en el ejercicio político en Colombia ha sido objeto de múltiples análisis que incluyen aspectos económicos, penales, sociales así como de las relaciones internacionales. El fallecido sociólogo Álvaro Camacho Guizado hizo diferentes estudios en los que ofreció una perspectiva útil para comprender la relación entre este fenómeno y sus efectos en la sociedad colombiana. 45 Este argumento aplica incluso para el gobierno de Álvaro Uribe. Si bien su política se basó en la opción militar como la vía privilegiada para negociar con la subversión, durante su gobierno hubo intentos de conversación con el ELN y la creación de la CNRR se dio en el contexto de la desmovilización de los paramilitares. Esto demostraría que durante este período, tan diferente a los anteriores y el posterior en cuanto a la posibilidad de diálogo y negociación con la guerrilla, nunca se cerró definitivamente a esta posibilidad.. 17.

(18) El diálogo y el conflicto La comprensión del conflicto armado en Colombia no sólo ha respondido a un interés académico o político. Estos análisis han tenido como objetivo estudiar y reflexionar acerca de soluciones para lograr el fin de la guerra. Dentro de las posibles salidas al conflicto, la oportunidad para el diálogo ha tenido relevancia en ciertas coyunturas históricas, en las cuales el Estado y las guerrillas han considerado la posibilidad de acercamientos para discutir alrededor de temas comunes. Estos procesos de diálogo se inauguraron en la década de 1980, cuando el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) reconoció a las guerrillas como interlocutores políticos y logró establecer procesos de diálogo que desembocaron en treguas y cese al fuego bilaterales con varios grupos guerrilleros (M-19, FARC, EPL) y la sanción de la Ley 35 de 1982, la cual otorgaba amnistía general a los guerrilleros que se acogieran, salvo para aquellos que hubieran cometido crímenes atroces. 46 Al mismo tiempo, el gobierno de Betancur estableció una política de paz, que fue expuesta desde los primeros momentos de su período. Cabe resaltar que a diferencia de su antecesor (Julio César Turbay, 1978-1982)47, su enfoque cambió pues reconoció algunas causas “objetivas” de la guerra, como la inequidad, la pobreza, la corrupción y la injusticia, y la urgente necesidad de atacarlas mediante inversión social por parte del Estado, especialmente en zonas afectadas por el conflicto.48 El gobierno aplicó un programa para ofrecer oportunidades a los excombatientes para reingresar a la vida civil, con cierta seguridad económica y posibilidades de crecimiento personal y social. Por otra parte, en el proceso particular con las FARC, se permitió el nacimiento de la UP (Unión Patriótica), partido político de base amplia, que recogió liderazgos de izquierda, bajo la premisa de la lucha democrática, en 46. Villarraga Sarmiento. Álvaro. Los procesos de paz en Colombia 1982-2014 (Documento Resumen), Bogotá: Fundación Cultura Democrática, 2015, p. 17. 47 Durante el período presidencial de Turbay, se gobernó bajo la figura del Estado de Sitio, a partir del Estatuto de Seguridad establecido mediante el Decreto 1923 de 1978, con el cual se le otorgaron amplias prerrogativas a las Fuerzas Militares para tratar los asuntos de orden público con gran autonomía. Esto generó múltiples críticas y señalamientos, fundamentalmente a propósito de la “demonización” de la protesta social y la supuesta violación sistemática de los Derechos Humanos. Es interesante reflexionar sobre el significado histórico y político de este periodo de la historia de Colombia, en especial alrededor de la idea que existe acerca de la estabilidad y apertura de la democracia en Colombia, en comparación con otros países, como los del Cono Sur, que vivieron cruentas dictaduras. La pregunta es la siguiente: ¿Se puede hablar de una democracia plena cuándo existieron hechos comprobados de violaciones de Derechos Humanos, y se aplicaron estrategias propias de las dictaduras de los años setenta del siglo pasado, inspiradas en la eliminación del “enemigo interno”? Es un tema polémico y de gran interés para la discusión, así como un objeto de estudio para una investigación. 48 Villarraga Sarmiento. Álvaro. Los procesos de paz en Colombia 1982-2014…, p. 16.. 18.

(19) vez de la confrontación armada. Dicho movimiento fue el vehículo de transición política para las FARC, y surgió en 1985, en virtud de la tregua y el cese bilateral del fuego firmado en 1984. Según Álvaro Villarraga, el proceso de diálogo y negociación iniciado por Betancur tuvo varios aspectos positivos. En primer lugar, fue la primera ocasión en la que se reconoció el estatus de contendor político a la guerrilla y por lo tanto, como un contrincante con quien era necesario dialogar para detener la guerra. En segunda medida, en este proceso se generó una política de paz, con agenda de acciones concretas, encaminadas a subsanar las “causas objetivas de la violencia” entendidas bajo la premisa de la existencia de graves y profundas deficiencias estructurales, tales como pobreza, inequidad, injusticia, exclusión política y social, entre otras). Es así como se crearon programas para el reingreso de los exguerrilleros a la vida civil a través de oportunidades para crear negocios y educarse. Por otra parte, este autor también señala la repercusión internacional de este proceso, vista como liderazgo y ejemplo en los procesos de desmovilización llevados a cabo en Centroamérica durante la década de 1980.49 Por otro lado, este proceso de diálogo también tuvo enormes dificultades que a la larga, significarían su fracaso, en la medida en que no alcanzó el objetivo de reincorporar a las guerrillas a la vida civil, terminar la guerra como vía para tramitar las diferencias ideológicas y políticas y lograr verdaderas transformaciones en la tenencia concentrada de la tierra a través de una reforma agraria, ampliar la participación democrática para permitir la promoción y defensa de ideas diferentes, terminar la estigmatización de la protesta social y generar consenso suficiente en torno a la idea de la paz. Las principales razones de este fracaso se centran en varios aspectos. Por una parte y en gran medida, este esfuerzo de diálogo coincidió con la eclosión de dos fenómenos trascendentales en el agravamiento y degradación del conflicto: el narcotráfico y el paramilitarismo. En segundo lugar, el proceso careció de un apoyo constante y firme de la totalidad del Estado, pues las Fuerzas Militares, en general, se opusieron de manera explícita o fueron irrelevantes en la defensa y promoción de este esfuerzo. 50 Por el lado de la guerrilla, el miedo hacia el Estado y su manera de actuar, 49. Ibíd., p. 34. Fueron numerosas y constantes los señalamientos acerca de la violación del cese al fuego y la tregua, principalmente por miembros de las FARC y el M-19. Durante la el cese al fuego y la tregua ocurrieron ataques, atentados, hostigamientos, de parte y parte, que poco a poco horadaron la legitimidad y la fuerza de los acuerdos logrados. 50. 19.

(20) sumado a los hechos que violaron los acuerdos establecidos, contribuyeron a generar una ruptura que se haría inevitable con la Toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.51 Al mismo tiempo, la persecución y el asesinato de militantes de la UP, a manos de grupos paramilitares y en algunos casos con complicidad del Estado y empresarios, complicó aún más cualquier intento de dialogar y negociar para la posible terminación del conflicto.52 De esta forma, los logros alcanzados entre el gobierno y algunos grupos guerrilleros se vieron profundamente erosionados y los objetivos de Betancur de alcanzar la paz, no se lograron. Le correspondería al siguiente gobierno, en cabeza de Virgilio. 51. Esta acción militar del M-19 tuvo como principal propósito hacer un juicio público al presidente de la República por incumplir los acuerdos firmados. Este comando guerrillero compuesto por algo más de 30 guerrilleros entró exitosamente al Palacio en la mañana del 6 de noviembre y rápidamente logró controlar el edificio y retener a magistrados y personal que trabajaba allí. Prontamente, el Ejército colombiano despliega la contraofensiva con el fin de recuperar el control del Palacio. Luego de varias horas de combate, el Palacio fue finalmente recuperado, pero con un saldo trágico: la muerte de 98 personas, incluidos 12 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios funcionarios y empleados, y la destrucción total del edificio, a causa de un prolongado incendio. Asimismo, se reportaron 11 desaparecidos de los que; al finalizar 2016, han sido identificados tan solo 3. Este es un hecho trágico, que aún hoy en día, 30 años después sigue suscitando controversias. En 2005 se estableció una Comisión de la Verdad, y esta concluyó que el Ejército colombiano actúo con fuerza desmedida en la retoma, y se le responsabiliza por la suerte de los desaparecidos. Así, se han iniciado procesos acusatorios contra mandos militares de la época, con algunas condenas ya proferidas. Por otra parte, los familiares de los desaparecidos continúan su lucha por saber la verdad y la suerte de sus seres queridos. En el terreno político, existen posturas que defienden la actuación del Ejército en la medida en que estaba defendiendo la institucionalidad y entonces, cumplió con su deber. Otros acusan al presidente Betancur por su falta de liderazgo y decisión, pues dejó en manos de las Fuerzas Militares el control y el manejo de la situación. Por otro lado, los jefes sobrevivientes del M-19 (se presume que sólo una guerrillera sobrevivió al hecho y parece que vive exiliada en México) que en 1991 eran pocos, se acogieron a un indulto general en virtud del proceso de paz firmado entre esta guerrilla y el gobierno. Esto significó el fin de la responsabilidad jurídica del M-19 en la Toma del Palacio de Justicia. No obstante, la responsabilidad histórica permanece y este es un hecho que indudablemente marca la historia política reciente de Colombia, y constituye un caso a considerar de forma detenida en las reflexiones acerca de la responsabilidad ética y la memoria del conflicto, como una lección dolorosa. 52 Este proceso de exterminio de la UP, que para muchos se denomina como un “genocidio”, hizo parte de una estrategia planeada por sectores opuestos a los procesos de diálogo del gobierno de Betancur, para evitar a toda costa el desarrollo de la izquierda en la arena política colombiana. Para muchos analistas, esta fue una “guerra sucia” porque fue hecha de manera oscura por diversos actores, tanto legales como ilegales, que ocasionó la ruptura de los anhelos políticos de las FARC y la izquierda, y también, fortaleció la idea de la subversión armada como vía para la lucha política. Recientemente, en septiembre de 2016, el presidente Santos pidió perdón de manera pública, a nombre del Estado, a las víctimas de la UP por la responsabilidad que le asiste en la destrucción de este partido político. En 2012, el Centro de Memoria Histórica publicó un libro escrito por Roberto Romero Ospina titulado Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido. Es un completo estudio en el que son presentadas estadísticas sobre el número de víctimas y el porcentaje de impunidad, que se acerca al 91%.. 20.

(21) Barco, firmar el fin de confrontación con el M-19 luego de un proceso exitoso de negociación, en marzo de 1990. Los procesos de diálogo y negociación continuarían siendo parte de la agenda política, tanto de los gobiernos como las guerrillas. Ya sin el M-19 en la guerra, y grupos como el EPL (Ejército de Liberación Popular), MAQL (Movimiento Armado Quintín Lame) y el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) en acercamientos con el Estado, la década de 1990 iniciaría con la desmovilización de estos grupos guerrilleros. Por otro lado, en 1991 se proclamaría la nueva Constitución de Colombia, que introdujo cambios significativos en la estructura política del país en materia de derechos, y que contó con la participación de varios miembros de la extinta guerrilla del M-19 como miembros de la Asamblea Constituyente. El gobierno de César Gaviria (1990-1994) mantuvo las políticas de paz de los anteriores gobiernos, dando especial importancia a la necesidad de mantener viva la opción del diálogo con la insurgencia y al mismo tiempo, consolidar la promoción de los Derechos Humanos y la eficacia de la justicia. Por otro lado, también mostró interés por las llamadas causas estructurales de la violencia, desde la perspectiva de un desarrollo económico incluyente.53 Es así como estos tres grupos guerrilleros accedieron al indulto y la amnistía, e hicieron parte de proyecto de reintegración social con apoyo del Estado. En contraste con lo anterior, las guerrillas de las FARC y el ELN, ahora protagonistas exclusivos de la lucha guerrillera, mantuvieron un proceso de diálogo entre 1991 y 1992, desarrollado primero en Caracas y luego en Tlaxcala (México). Dicho proceso fracasó porque las hostilidades entre ambos bandos se mantuvieron y ni siquiera se lograron avances en cuanto al cese del fuego.54 Antes de terminar su gobierno, Gaviria lograría firmar la paz con una disidencia del ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista (CRS). La historia de las negociaciones de paz con la insurgencia colombiana en el siglo XX se cerraría con los diálogos de paz desarrollados en San Vicente del Caguán, ubicado en el departamento de Caquetá, entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC. Al comenzar su gobierno, el presidente Pastrana trató de generar un ambiente confianza a través de la formulación de una política de paz, en sus propias palabras, más “práctica”, es decir, menos “burocrática” que la aplicada por el anterior gobierno. En este sentido, él se apersonó de la agenda política de la paz. No obstante, 53 54. Villarraga Sarmiento. Álvaro. Los procesos de paz en Colombia 1982-2014…, p. 83. Ibíd., p. 85 y p. 94.. 21.

(22) para autores como el citado Álvaro Villarraga, señalan que si bien esto significó un cambio en términos de una posible aceleración y concreción de negociaciones con la insurgencia colombiana, las acciones no estuvieron exentas de falta de coordinación y falta de coherencia, por ejemplo, en lo concerniente al despeje de 42.000 kilómetros cuadrados en la zona de San Vicente del Cagúan.55En suma, este modelo de paz del presidente Pastrana estuvo ligado a un programa de campaña electoral y luego, a los vaivenes de los hechos políticos ocurridos durante su gobierno, que empantanaron los posibles avances reales.56 Por otro lado, el modelo de paz de este gobierno también reconoció la necesidad de buscar el desarrollo de las regiones de Colombia, a través de la construcción de vías, inversión social en zonas golpeadas por el conflicto y buscar cooperación internacional, en cierta consonancia con la lógica del desarrollo como vía para solucionar las llamadas “causas estructurales” de la violencia, que fue aplicada desde la década de 1980, cuando se iniciaron los diferentes procesos de negociación con grupos subversivos, en el marco del reconocimiento de su estatus como fuerza política beligerante, contraria al Estado colombiano. Por último, el presidente Pastrana también involucró a la comunidad internacional en el proceso, por lo que los EE.UU., Europa y vecinos de la región tuvieron incidencia como observadores y también como consejeros, en particular cuando el proceso sufrió de reveses y estancamientos. Además, con la búsqueda de apoyo internacional al proceso de negociación, también se buscó la cooperación económica a través de inversiones y entrega de dineros para las regiones afectadas, y no tanto apoyo militar o logístico para continuar el modelo de guerra.57. 55. Ibíd., p. 139. Ibíd., pp. 139-140. No obstante, es necesario señalar que la agenda de paz también estuvo sustentada en un proceso ciudadano, ocurrido en octubre de 1997, llamado el Mandato por la Paz. En esa oportunidad, se convocó a todos los colombianos para que votaran a favor del fin de la guerra y las atrocidades, en contra de la impunidad y el secuestro. Fue un ejercicio de ciudadanía bien interesante, que produjo una concientización sobre la necesidad de generar dinámicas a nivel social, cultural y político que propendieran por la paz y la resolución de los conflictos. Asimismo, Pastrana le dio legitimidad al proceso de negociación con las FARC, en virtud de los 10 millones de votos que se manifestaron a favor de la paz. “Mandato ciudadano por la Paz”. Consultado en http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2012/07/punto_49.swf , el 3 de diciembre de 2016. 57 Villarraga Sarmiento. Álvaro. Los procesos de paz en Colombia 1982-2014…, pp. 139-140. Este modelo de involucramiento de la comunidad internacional fue denominada por el propio presidente como “Diplomacia para la Paz”. También es importante agregar que los EE.UU. apoyaron el proceso pero al mismo tiempo estaban dotando de dinero y preparación logística a las Fuerzas Armadas colombianas, en el marco de la lucha global contra las drogas, y darían vida a la estrategia militar que se impondría luego del fracaso de las negociaciones con las FARC: El Plan Colombia. Este apoyo 56. 22.

(23) Entre 1999 y 2002, el gobierno de Pastrana intentó infructuosamente el establecimiento de una negociación que condujera a la firma de un acuerdo de paz con las FARC. A pesar de los múltiples intentos por consolidar logros concretos, la negociación no logró superar las fases iniciales de acercamiento. No se lograron acuerdos en términos de cese del fuego o de hostilidades (de hecho, la confrontación continuó con bastante intensidad por parte de ambos actores, y del paramilitarismo que para entonces, ya se consolidaba como una fuerza mucho más destructiva e influyente en términos políticos, sociales y económicos) ni se alcanzaron metas basadas en muestras de buena voluntad y disposición de las partes. Por un lado, la guerrilla acusó al gobierno de no tomar medidas eficaces para desmantelar el paramilitarismo, y de estar recibiendo apoyo de los EE.UU. para fortalecer el aparato militar. El mismo tiempo, el gobierno acusaba a la guerrilla de “jugar” con sus buenas intenciones pues la zona desmilitarizada era, según su propia información, utilizada como corredor del narcotráfico, lugar para esconder secuestrados y planear ataques a la población civil. A finales de febrero de 2002, luego de algunos ataques de las FARC y el secuestro del senador Gechem Turbay, el presidente Pastrana decidió dar por terminada la negociación y dio orden al Ejército de reingresar a la zona de despeje y retomar el control estatal de la zona.58 Con este amargo y abrupto cierre del. militar fue determinante en la imposición de la vía militar como solución al conflicto armado que se impondría desde el año 2002, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y la lucha global contra el terrorismo, impuesta por George Bush luego del ataque del 11 de septiembre de 2001. En la historia del conflicto colombiano, este es un hecho de importancia mayúscula, toda vez que las Fuerzas Armadas colombianas lograron cambiar el equilibrio de fuerzas a su favor frente al poder destructivo de la guerrilla, cuyo poder de daño fue especialmente fuerte durante la década de 1990. Al mismo tiempo, la aplicación de este modelo perjudicó notablemente cualquier posibilidad de acercamiento al diálogo y la negociación con las guerrillas, que, a pesar de ver reducida su capacidad militar y operativa, se mantuvieron en pie de lucha y continuaron con su visión de oponerse al Estado a través de las armas. En suma, la aplicación del Plan Colombia fortaleció la actitud militar del Estado, y su eficacia. Del mismo modo, acentúo la confrontación armada y con ella, el recrudecimiento de la guerra. 58 Es necesario agregar que los EE.UU. también tuvieron su “cuota” de protagonismo en el cierre del proceso adelantado en El Caguán. En primer lugar, los EE.UU. ya venían adelantando la cooperación militar con Colombia, con el fin de fortalecer las Fuerzas Armadas en su capacidad de acción contra las guerrillas, en el marco de la lucha antiterrorista inaugurada por el presidente Bush luego de los ataques ocurridos el 11 de septiembre de 2001. A los pocos días que el presidente Pastrana anunció públicamente el fin del proceso con las FARC, los EE.UU. los felicitaron por su decisión y le manifestaron apoyo, a través de su Secretario de Estado, Colin Powell. Asimismo, algunos medios y políticos colombianos denunciaron la presencia de militares estadounidenses en la zona así como su apoyo en el proceso de ocupación de la antigua zona que estuvo bajo el control de las FARC desde 1999. Hubo denuncias de muertes civiles y múltiples daños en selvas y edificaciones. McInerny. Andy. “Con el apoyo de EE.UU. tropas colombianas invaden a zona de distensión”. Consultado el 1 de mayo de 2017 en http://www.workers.org/mo/es_colombia0307.html .. 23.