Monterrey, Nuevo León a
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
PRESENTE.-Por medio de la presente hago constar que soy autor y titular de la obra denominada"
, en los sucesivo LA OBRA, en virtud de lo cual autorizo a el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (EL INSTITUTO) para que efectúe la divulgación, publicación, comunicación pública, distribución, distribución pública y reproducción, así como la digitalización de la misma, con fines académicos o propios al objeto de EL INSTITUTO, dentro del círculo de la comunidad del Tecnológico de Monterrey.
El Instituto se compromete a respetar en todo momento mi autoría y a otorgarme el crédito correspondiente en todas las actividades mencionadas anteriormente de la obra.
Alternancia Electoral y Transición Democrática Análisis de las
Transformaciones Políticas Vividas en Nuevo León de 1997 al
2007-Edición Única
Title Alternancia Electoral y Transición Democrática Análisis de las Transformaciones Políticas Vividas en Nuevo León de 1997 al 2007-Edición Única
Authors María de Jesús López Castañeda
Affiliation ITESM-EGAP
Issue Date 2008-05-01
Item type Tesis
Rights Open Access
Downloaded 19-Jan-2017 05:34:25
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS MONTERREY
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA
ALTERNANCIA ELECTORAL Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS VIVIDAS EN NUEVO LEÓN DE 1997 AL 2007.
TESIS
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAESTRA EN ANÁLISIS POLÍTICO Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
POR:
MARÍA DE JESÚS LÓPEZ CASTAÑEDA
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS MONTERREY
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA
Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis presentado por la Licenciada María de Jesús López Castañeda sea aceptado como requisito parcial para obtener el grado académico de:
Maestra en Análisis Político y Medios de Información
Comité de Tesis:
Dr. José Fabián Ruiz Valerio Asesor
Lic. Fernando Elizondo Barragán
Sinodal Lic. Jesús Cantú Escalante Sinodal
Dra. Teresa Almaguer Salazar Directora Académica de la EGAP
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a todas las personas que me ayudaron directa o indirectamente a
cumplir uno de mis más grandes sueños, terminar mis estudios de maestría.
Muchas gracias a mis padres, pilares de mi vida y a mi familia entera por su
apoyo, a mis maestros por brindarme las herramientas de trabajo necesarias para
cumplir esta meta y especialmente a mi Director de Tesis, Doctor José Fabián Ruiz
por sus siempre atinados comentarios y sus ánimos para sacar adelante el proyecto
aún en los momentos de desesperación. Un agradecimiento muy especial a mis
Sinodales por sus valiosas aportaciones y por el tiempo que le dedicaron a la lectura y
estudio de la presente tesis a fin de ayudarme en su perfeccionamiento.
Gracias a Dios por dejarme llegar y de nuevo muchas gracias a todas aquellas
personas a las que les quité atención y algo de su tiempo por dedicarme al proyecto
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 6
2. REVISIÓN DE CONCEPTOS 9
3. QUÉ HA PASADO EN NUEVO LEÓN 19
4. DEMOCRACIA Y ALTERNANCIA 24
5. TRANSICIÓN 27
6. LA ALTERNANCIA EN NUEVO LEÓN 39
6.1. PRIMER GOBIERNO DEL PAN: ALTAS EXPECTATIVAS 41
6.2. CAMINO A LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA 54
7. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 59
7.1. Democracia 65
7.2. Fortalezas y debilidades de la democracia 68 7. 3. Valores y prácticas democráticas 71
7.4. Alternancia 74
7.5. Transición 75
7.6. La transición y sus alcances 84 7.7. Reflexiones sobre las Entrevistas 97
8. CONCLUSIONES 106
9. BIBLIOGRAFÍA 110
10. ANEXOS 112
1. INTRODUCCIÓN
La complejidad del sistema político mexicano ha sido constante a lo largo del tiempo. Hoy por hoy los días de un sistema monolítico y de partido único en el poder han terminado, pero no por ello se advierte mayor claridad en el horizonte de la política nacional.
Las elecciones han cambiado el mapa político mexicano, sobre todo a partir del surgimiento del IFE como una instancia autónoma encargada de diseñar y controlar la realización de los procesos electorales federales, donde comenzamos a ser los ciudadanos y no la autoridad central, los encargados de manejar y calificar los procesos eleccionarios. Sin embargo, la historia del gobierno de alternancia en Nuevo León data del siglo pasado cuando el Partido Acción Nacional logró vencer al PRI en los municipios de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza en 1963 y 1974, respectivamente.
En la gubernatura, el triunfo se venía gestando desde mediados de los
años 80’s, cuando Fernando Canales Clariond contendió frente a Jorge Treviño
Martínez, quien lo derrotó en las urnas. La derrota, -que para muchos fue un fraude electoral-, sirvió de base para que el Partido Acción Nacional se fuera reconstruyendo y fortaleciendo para arribar, finalmente, al triunfo panista en Nuevo León en el año de 1997.
A nivel nacional, las elecciones del 2 de julio de 1989 fueron las que inauguraron un nuevo periodo en el sistema político mexicano; a partir de ahí se comenzó una nueva etapa de la vida política y del sistema en México, logrando el PAN una serie de triunfos, no sólo a nivel municipal, sino en varios estados de la República.
Así, a punto de cumplirse dos décadas de la instalación de la alternancia política en México, nos damos cuenta que la larguísima transición democrática
entró a la etapa llamada “vía centrípeta o vía federalista” a la democracia. Una
poderío en varias entidades del país, sino también se concretaron triunfos del recientemente creado Partido de la Revolución Democrática, para culminar finalmente el 2 de julio de 2000, cuando el empresario guanajuatense Vicente Fox Quesada obtuvo un indiscutible triunfo frente al priista Francisco Labastida Ochoa y al perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. (Espinoza, 2000: 9).
Para el 2000 eran ya diez los estados y el Distrito Federal en donde el PRI había perdido el poder, con lo que México dejaba de lado 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional.
La historia de derrotas del PRI, comenzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien reconoció el triunfo de Ernesto Ruffo Appel en Baja California, en el año de 1989, para continuar con una controvertida concertacesión en Guanajuato, en el año de 1991. El tercer triunfo de un partido ajeno al tricolor se dio en 1992 en el norteño estado de Chihuahua, donde Francisco Barrio Terrazas llegó a la primera magistratura de la entidad y, que fue seguida por las ratificaciones, en 1995, de Baja California, Guanajuato y la suma de Jalisco, con Alberto Cárdenas Jiménez.
En 1997 se registraron los triunfos en Nuevo León, con el empresario Fernando Canales Clariond; Querétaro con Ignacio Loyola Vera y el Distrito Federal con el perredista Cuauhtémoc Cárdenas. En 1998 Aguascalientes con el panista Felipe González, Zacatecas con el ex priista Ricardo Monreal Ávila y Tlaxcala con Alfonso Sánchez Anaya, quien obtuvo el triunfo a través de una coalición de partidos de izquierda.
La ruta de alternancias en el país estaba ya trazada, sin embargo en el camino de triunfos de panistas y perredistas se fue generando la llamada
“alternancia sobre la alternancia”. Tal y como sucedió en Nuevo León en el
Es precisamente este aspecto el que nos interesa analizar. Determinar qué percepción tienen los propios actores del proceso político de Nuevo León respecto de la transición democrática, sus alcances y su dirección. Al mismo tiempo, estableceremos, según la literatura especializada, cómo se define dicho proceso, sus partes constitutivas y modalidades. Este ejercicio nos permitirá establecer qué semejanzas y diferencias existen entre las visiones académicas y las percepciones de los actores políticos para comparar los puntos de vista de unos y otros. De esta manera, podremos concluir en qué etapa del proceso de construcción democrática nos encontramos los neoleoneses y qué tramo del camino nos falta recorrer aún.
Para responder a nuestras preguntas de investigación se analizarán 20 entrevistas efectuadas con los actores del proceso de alternancia en el estado, quienes darán sus puntos de vista en torno a lo sucedido en la entidad para que se concretara primero el triunfo panista y, posteriormente el regreso del PRI al gobierno. En este estudio se cuenta con la opinión de empresarios, políticos, panistas, priistas, perredistas, petistas y de una ONG, así como periodistas, catedráticos y ex funcionarios electorales quienes respondieron un cuestionario básico semi estructurado sobre el tema.
2. REVISIÓN DE CONCEPTOS
Como primer paso de este análisis se establecerán los conceptos básicos de cada uno de los temas tratados en el estudio, para lo que se tomarán en consideración diferentes textos vinculados con esta investigación.
Democracia: Michelangelo Bovero establece que ésta consiste
sustancialmente en un sistema (para nada simple, sino, más bien, particularmente complejo) de reglas de juego, que permiten participar de manera igual a todos los individuos adultos en la determinación de las decisiones y orientaciones políticas de la colectividad en que viven, formulando y reformulando periódica y libremente las propias preferencias, (Bovero, 2000: 15).
La democracia no consiste necesaria y exclusivamente en la alternancia en el poder. Quien quisiera sostener la existencia de un vínculo indisoluble entre democracia y alternancia estaría obligado, por coherencia, a afirmar nuevamente un absurdo, es decir, que unas elecciones libres cuyo resultado no esté predeterminado en un sentido o en otro, son inútiles e, incluso, dañinas para la democracia. Robert Dahl establece los Criterios de un proceso democrático con respecto a las cuales han de evaluarse los procedimientos de cualquier asociación a la que se apliquen las premisas. Si un proceso los cumple a la perfección será un proceso democrático perfecto y, el gobierno de la asociación correspondiente, un gobierno democrático perfecto.
a) Participación efectiva: En todo proceso de adopción de decisiones obligatorias, los ciudadanos deben contar con oportunidades apropiadas y equitativas para expresar sus preferencias con respecto a la solución final. Deben tener oportunidades apropiadas y equitativas para incorporar temas al programa de acción y para expresar las razones que los llevan a suscribir una solución en lugar de otra.
porque se las ignore, o porque se las perciba en forma incorrecta. Pero no tomar en cuenta en modo equitativo sus preferencias con respecto de la solución final implica rechazar el principio de la Consideración Equitativa de los Intereses.
b) Igualdad de los votos en la etapa decisoria: En la etapa decisoria de las decisiones colectivas, a todos los ciudadanos debe garantizárseles iguales oportunidades para expresar una opción, cuyo peso se considerará igual al de las opciones expresadas por cualquier otro ciudadano. Al determinar la solución en la etapa decisoria, deben tomarse en cuenta estas opciones y, solo ellas.
La igualdad de los votos en la etapa decisoria es imprescindible para brindar adecuada protección a la Igualdad Intrínseca de los ciudadanos y la Presunción de la Autonomía Personal.
c) Comprensión esclarecida: Cada ciudadano debe contar con oportunidades apropiadas e iguales para descubrir y convalidar, (dentro del lapso que permita la perentoriedad de una decisión), la elección de los asuntos a ser debatidos que mejor sirvan a los intereses de los ciudadanos.
Este criterio implica que los procedimientos alternativos para adoptar decisiones se evalúen según las oportunidades que brinden a los ciudadanos para comprender los medios y los fines, los propios intereses y las consecuencias previstas que pueden tener las políticas establecidas, no sólo sobre cada uno de ellos, sino además de las personas involucradas.
d) Control del Programa de Acción: El demos debe ser el único que cuente con la oportunidad de resolver cómo se ordenarán, dentro del programa de acción, las cuestiones que deben decidirse mediante el proceso democrático.
cuestiones, sino que algunas de ellas fuesen adoptadas en forma jerárquica por jueces o administradores.
e) Criterio de control final: No presupone que el demos esté calificado para decidir todas las cuestiones que demandan una decisión obligatoria, pero sí para decidir:
1) qué cuestiones requieren o no requieren decisiones obligatorias; 2) de las que lo requieren, cuáles puede el demos resolver por sí mismo; 3) en qué condiciones delegará su autoridad, (Dahl, 1989: 134 y ss).
En la misma línea Morlino establece que la democracia es un método o un conjunto de reglas de juego que sirven para permitir la participación y la competición a todos los ciudadanos.
Dichas reglas se sustancian en estructuras y procedimientos que permiten la resolución pacífica de los conflictos a través de diversas modalidades y que garantizan, en medidas diferentes empíricamente en cada caso, los derechos políticos y civiles, (derecho de voto, libertad de pensamiento, palabra, imprenta, libertad de organización, asociación, etcétera). Además, tales derechos permiten a su vez mayores posibilidades de defensa y afirmación de los intereses propios y, por tanto, de competencia y de igualdad política respecto al anterior periodo autoritario, (Morlino, 1986: 15)
Sobre este particular David Beetham señala que los tres principales derechos que debe garantizar una democracia son:
a) Derecho a elegir, en intervalos regulares y en forma igualitaria, a las autoridades políticas principales en cada nivel de gobierno mediante el voto universal y secreto, existiendo una auténtica y efectiva opción entre candidatos y partidos políticos.
los electores, así como a un campo de juego “nivelado” en la
competencia con otros candidatos y partidos.
c) El derecho a votar directamente en un referéndum en cuanto a cambios sustantivos en la Constitución y que afectan los derechos de los electores o el alcance y facultades de la autoridad a nivel nacional. (Beetham, 2003)
Para el caso de Nuevo León los derechos políticos con que se cuentan de acuerdo al artículo 36 de la Constitución Política local son:
Votar en las elecciones populares,
Ser votado para cualquier cargo de elección,
Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos políticos e iniciar leyes ante el Congreso,
Formar partidos políticos y afiliarse a ellos de manera libre, voluntaria e individual, en los términos que prevean las leyes.
En lo que se refiere a los derechos políticos establecidos en la Ley Electoral vigente tenemos que de acuerdo al artículo 6 un ciudadano puede:
Estar inscrito en el padrón electoral y en la lista nominal, así como obtener la credencial para votar con fotografía,
Interponer los recursos que prevé esta Ley,
Participar como observadores electorales.
Es decir, en el estado se cumple con todos los derechos básicos.
Por su parte, Morlino establece los siguientes indicadores mínimos para que un régimen se considere de un orden liberal democrático:
Elecciones libres, periódicas, competitivas y correctas,
Más de un partido político en liza,
Diferentes organizaciones de intereses,
Fuentes alternativas de información,
Elección de los cargos más importantes, (Morlino, 1986: 10 y ss).
A éstos, sumamos los criterios establecidos por Gabriela Salazar en su tesis Democracia de Calidad, quien señala a los elementos de participación, de transparencia y control institucional y, el de satisfacción ciudadana como las dimensiones que se deben cubrir para denominar a un régimen democrático.
Estos apartados están integrados de la siguiente manera:
1.- Participación:
a) El acceso de los ciudadanos a los partidos políticos y a las candidaturas.
b) El conocimiento y la difusión de derechos políticos básicos de los ciudadanos.
c) El diseño de campañas electorales como principal vía de comunicación entre partido y elector.
d) La certeza del conteo de votos.
2.- Transparencia y Control Institucional:
a) Fiscalización y transparencia en el sistema electoral.
3.- Satisfacción Ciudadana:
a) La percepción de los ciudadanos sobre el sistema electoral, (Salazar, 2006: 7).
La instauración suele traslaparse con la transición, por lo que a través del presente estudio lo que buscamos es determinar si en la entidad, -de acuerdo a los propios entrevistados y la literatura estudiada-, la transición sigue vigente, es un proceso terminado o sí simplemente no se ha concretado.
Para Morlino la transición se refiere a los momentos fluidos y confusos en que están a punto de surgir nuevas estructuras democráticas, pero al mismo tiempo permanecen algunas estructuras propias del antiguo régimen; la transición supone un cambio político basado en un pacto entre las élites que, con base en una ruptura con el pasado, lleva a una transformación político-institucional del país, (Morlino, 1986: 15).
Siguiendo a Morlino, podemos decir que en su sentido más estricto, la transición es el periodo ambiguo e intermedio en el que el régimen ha abandonado algunas de las características determinantes del anterior ordenamiento institucional, sin haber adquirido todas las características determinantes del nuevo régimen que se instaurará. Se configura así un periodo de fluidez institucional en el que aún se enfrentan las diferentes soluciones políticas apoyadas por los diferentes actores en la liza. La transición se inicia cuando empiezan a reconocerse los derechos civiles y políticos que están en la base de todo ordenamiento democrático.
Nos interesa también establecer que de acuerdo a Mauricio Merino la transición mexicana ha sido más bien votada, pues aunque se ha promovido el acceso a la información, se han fortalecido los organismos electorales, se ha promovido la oralidad en los juicios, entre otros aspectos, la transición se ha centrado más en el aspecto electoral y no tanto en la creación de nuevas instituciones, ni en el reforzamiento de potestades y libertades de los ciudadanos, (Merino, 2003, 17 y ss).
Dichos momentos pueden ser sucesivos, o pueden traslaparse en el tiempo, además la democratización puede bloquearse y quedarse únicamente en la liberalización, por lo que las instituciones finalmente no aparecen. El principio de la instauración es la transición.
La liberalización es el proceso de concesión desde arriba de mayores derechos políticos y civiles, más amplios y completos, pero de tal guisa que permiten la organización controlada de la sociedad civil, tanto a nivel de élite como de masa.
La democratización o instauración democrática auténtica es el proceso distinto, alternativo o eventualmente posterior a la liberalización. Ese proceso implica una ampliación completa y un reconocimiento real de los derechos civiles y políticos; donde sea necesaria, la completa civilización de la sociedad; la aparición de más partidos y de un sistema de partidos, pero también de organizaciones colectivas de intereses, como sindicatos y otros grupos; la elaboración o, en cualquier caso, la adopción de los principales procedimientos e instituciones democráticas que caracterizan a ese régimen, como la ley electoral o la fijación de las relaciones legislativo-ejecutivo, u otros aspectos importantes para el funcionamiento del régimen.
La instauración democrática se completa cuando termina la
construcción de las principales estructuras del régimen. La fase inicial de la instauración puede coincidir parcialmente con la transición y se caracteriza por la ampliación de los derechos civiles y políticos. Puede ocurrir que la instauración no se complete y así se intente pararla casi inmediatamente, (liberalización) o que tome otras direcciones con retorno hacia soluciones de tipo autoritario, (Morlino, 1986: 104 y ss).
proceso de consolidación no es pues, más que una de las posibilidades abiertas, que se pueden tener tras la instauración. (Morlino, 1986: 13 y ss)
En este sentido el mismo Morlino señala que la consolidación democrática es el proceso de adaptación-congelación de estructuras y normas democráticas que son aceptadas como legítimas, en parte o del todo, por la sociedad civil. Tal proceso, complejo y variado se desarrolla en direcciones diferentes y alcanza tal refuerzo de aquellas instituciones y normas como para permitir su persistencia. Puede consistir en una fijación de pautas, de modelos de comportamientos políticos repetidos en el tiempo; puede consistir también en una posterior articulación de las diversas estructuras democráticas; caracterizarse por una adaptación progresiva de las instituciones a la realidad cambiante en el ámbito del modelo democrático diseñado por la carta constitucional y por las demás leyes fundamentales del ordenamiento democrático de un determinado país. Adicionalmente puede permitir a algunas instituciones la adquisición de identidad y un notable grado de autonomía respecto de la sociedad civil; puede consistir en un aumento del apoyo a las diferentes instituciones democráticas, (Morlino, 1986: 19 y ss).
En este mismo contexto existe también la llamada no consolidación, la cual significa que una determinada democracia, tras la instauración o en los años siguientes, desemboca en la vía de la crisis o de la inestabilidad.
De acuerdo a Morlino sí durante la transición y la instauración todas las fuerzas políticas han aceptado la participación de masas y la organización y representación política y sindical de las clases inferiores, la consolidación es más probable.
La consolidación a su vez puede ser de tres modelos diferentes: 1) simbiótica, 2) a través de partidos y 3) carismática.
sistema de partidos en su conjunto, que está en condiciones de controlar, eventualmente, moderar e integrar a todas las formas de participación.
Los partidos mediante leyes creadas a propósito, se financian con dinero público. Se fijan claras alineaciones entre partidos y grupos sociales, de larga duración; se crean identidades y reglas de competencia interna de las élites de los partidos. Además, -y este es uno de los aspectos más importantes-, esas élites no son sólo decisivas en los procesos de toma de decisiones, sino que los partidos ocupan gradualmente los principales roles administrativos y las diferentes posiciones de administración y distribución de recursos a nivel local y nacional, (Morlino, 1986: 39 y ss)
Por otra parte la consolidación simbiótica indica la presencia y el papel crucial, al mismo tiempo, en el sistema democrático que se forma con la instauración y se consolida, de las dos estructuras principales de mediación, partidos, (sistema de partidos) y, grupos. Unos y otros logran aquel refuerzo, aquella autonomía y todas las demás características señaladas como propias de la consolidación de los sistemas de representación, como son las estructuras y procedimientos, relaciones inter estructurales, partidos y sistema de partidos, estructuras de intereses, estructuras de mediación de la sociedad civil, así como las estructuras de mediación del régimen, (Morlino, 1986: 39 y ss).
En el mismo caso que nos toca estudiar se incluye a la consolidación carismática, la cual contempla la posibilidad de que exista un personaje determinante que crea apoyos a su alrededor para concretar los procesos de
consolidación y que de acuerdo a Morlino se le puede considerar así “si es que
en la base de la transición y, sin duda, en la instauración democrática ha habido un líder carismático que ha logrado crear un amplio movimiento de masa en torno a sí”, (Morlino, 1986: 41)
Una vez pasado este proceso de consolidación, se llega a la
estructuras-instituciones y su refuerzo, comprende tanto la instauración como la consolidación, (Morlino, 1986: 20).
Uno de los aspectos en que nos vamos a centrar en el presente estudio es el relacionado con la alternancia, misma que de acuerdo a Morlino es la situación en que la titularidad del gobierno la ocupa una persona o planilla que pertenece a un partido o grupo político diferente al que tenía el cargo en el
periodo inmediato anterior. Es en esta que se da “el proceso de formación de
estructuras-instituciones y su refuerzo”, (Morlino, 1986: 20).
En nuestro caso se habla de transición votada, pues se ha concentrado prácticamente en los asuntos electorales, ya que no ha producido un pacto fundacional, ni tampoco otro que afiance la gobernabilidad democrática, ni se ha ocupado de la reforma de las instituciones políticas para acoplarlas a los nuevos signos de la pluralidad partidaria, (Merino, 2003: 8).
Gobierno
autoritario Colapso del gobierno Re- equilibrio
Inicio de la transición
Liberalización
Democracia (Poliarquía Dahl)
Democratización Reconocimiento
de los triunfos de la
oposición Reconocimiento
de derechos
“desde arriba”
Creación de instituciones
Ampliación de derechos
Participación Igualdad Comprensión
Control
Consolidación Democrática
Gráfico 1: Etapas de la transición política.
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores consultados.
El cuadro gris representa la zona de transición en la que se encuentra el estado de acuerdo al análisis efectuado en la presente tesis.
3. QUÉ HA PASADO EN NUEVO LEÓN
Con base en los conceptos de Michelangelo Bovero en torno a las características de la Democracia, se puede establecer que en Nuevo León se cumplen la mayoría de los elementos para asegurar la existencia de un régimen democrático, desde el punto de vista de los procedimientos.
En este sentido es importante considerar que desde hace años la sociedad nuevoleonesa ha expresado sus preferencias, orientaciones, inclinaciones políticas distintas y, mucho más a raíz de la ciudadanización de la Comisión Estatal Electoral, la cual inició con Sócrates Rizzo en 1993 y se concretó durante el mandato de Benjamín Clariond Reyes, con lo que se generó una mayor confianza de la población hacia las instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos eleccionarios. En este sentido podemos incluir lo
dicho por Guillermo O’Donnell, en torno a que la democracia no es sólo un
régimen político, sino también un modo particular de relación, entre el estado y ciudadanos y, entre los propios ciudadanos, bajo un tipo de estado de derecho que, junto con la ciudadanía política, sostiene la ciudadanía civil y una red completa de accountability. Es decir, un instrumento político que permite a los
ciudadanos de un país elegir libremente a sus gobernantes, (O’Donnell, 2001:
288 y ss).
Podemos inferir, por tanto, que vivimos en un estado democrático. Sin embargo, es necesario estar conscientes de que la democracia no es perfecta y se sigue transformando, pues existen aún temas pendientes por incluir en la agenda.
Sobre este particular retomamos la definición de democracia de Morlino, que alude al conjunto de reglas del juego que permiten la participación y la competencia de todos los ciudadanos en los procesos eleccionarios y de toma de decisiones. El mismo Morlino establece una serie de indicadores mínimos, -ya mencionados anteriormente-, con los cuales se considera a un régimen de orden liberal democrático.
Es importante destacar que al menos en el periodo que comprende el presente estudio, 1997 a la fecha, se presentan todas y cada de las características incluidas en el concepto. Con este cumplimiento podemos decir que se llega también a uno de los supuestos establecidos por Morlino para arribar a la consolidación democrática, pues si durante la transición y la instauración de la misma las fuerzas políticas aceptan la participación de las masas, así como de las organizaciones y representaciones sindicales, es mucho más probable que se consiga la consolidación. Además que dicha movilización y consolidación de los partidos y de las mismas organizaciones ofrecen una legitimidad amplia y general para el mismo régimen, con lo que se logrará adicionalmente una mayor participación de la sociedad civil y en general de todos los sectores de la población en las decisiones gubernamentales.
Además, siguiendo a Morlino, se debe considerar también que si el cambio de régimen se da sin movilizaciones, -como sucedió en Nuevo León-, entonces el cambio se trata de un cambio gradual, convenido, dirigido desde arriba, por las misma fuerzas en el poder, en el régimen autoritario.
Independientemente del juicio político que se pueda hacer de tal cambio, un cambio perfectamente continuo y sin rupturas reales con el pasado, tendría la ventaja de una transferencia de legitimidad no traumática al nuevo régimen por parte de los aparatos burocráticos, incluidos los militares, (Morlino, 1986).
León se ha seguido la tendencia de lograr una consolidación democrática a partir de un cambio gradual, el cual se fue preparando con las alternancias en los municipios y con un mayor trabajo de parte del Partido Acción Nacional para llegar al triunfo de la gubernatura en 1997.
En este contexto se puede señalar que la democracia ha ido en el camino de la consolidación, -en el concepto de Morlino-, pues se ha logrado la aceptación progresiva de las estructuras y normas para la resolución pacífica de los conflictos, con un conocimiento cada vez mayor en la aceptación y apoyo al compromiso institucional. Por otra parte y en torno a los criterios de un proceso democrático que establece Robert Dahl se incluyen aquellas normas con respecto a las cuales han de evaluarse los procedimientos de cualquier asociación a la que se apliquen las premisas y si un proceso los cumple a la perfección será un proceso democrático perfecto y, el gobierno de la asociación correspondiente, un gobierno democrático perfecto, (Dahl, 1989: 134 y ss).
Sobre este particular, se puede considerar la existencia de una participación efectiva de la sociedad en el estado, pues gracias a la confianza en el voto y en las autoridades electorales se ha logrado avanzar en la concurrencia de la población durante los procesos eleccionarios, pues sí bien sigue persistiendo el fantasma del abstencionismo, este no es tan considerable como en otras entidades.
Esto se puede confirmar con los datos ofrecidos por las mismas autoridades electorales, los cuales muestran una tendencia a la alza, sobre todo desde que las elecciones se hicieron concurrentes y como muestra se puede señalar que analizando los últimos seis procesos eleccionarios la tendencia ha sido la siguiente: 1991 un 39.78 por ciento de votación; seguida de una participación del 75.96 por ciento en 1994, que ha sido el récord en el estado, al elegirse también al Presidente Ernesto Zedillo.
Adicionalmente en Nuevo León se cumple con las otras características marcadas por Dahl, en el sentido de que los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para elegir y expresar sus preferencias, además que se observa el apartado de la igualdad de los votos, o sea que todos los votos cuentan y pesan por igual.
Gracias a las campañas realizadas por candidatos y partidos, además del mismo gobierno, podemos considerar que cuando se debe tomar una decisión ésta se apoya en una comprensión esclarecida razonable, pues cada ciudadano dispone de las mismas oportunidades para descubrir y convalidar la elección de los asuntos a ser debatidos.
Sobre este particular retomamos la idea de Gabriela Salazar, quien expone en su tesis que gracias a las campañas de conocimiento emprendidas por la Comisión Estatal Electoral se ha ido generando una mayor participación de los ciudadanos en los procesos eleccionarios y con ello se va fortaleciendo la comprensión esclarecida en la toma de decisiones.
En este sentido expone que de acuerdo a los estudios efectuados por la Comisión Electoral reportaron que por ejemplo en el año 2002, un año antes de las elecciones, el 72 por ciento de los hombres y el 82 por ciento de las mujeres ni conocían, ni deseaban participar en el proceso electoral de ninguna forma. El 72 por ciento rechazaba ser funcionario de casilla, pues lo consideraba problemático y conflictivo. En los niveles bajos de la población argumentaban un temor al líder y del resto de las funciones como ser consejero ni siquiera eran mencionados.
Después de las elecciones de 2003 el 80 por ciento de los entrevistados dijo conocer plenamente la tarea de funcionario de casilla y el 40.9 por ciento dijo estar interesado en ser, en el futuro, funcionario de casilla en cualquiera de sus funciones. De quienes dijeron que no querían ser funcionarios el 59 por ciento, argumentaron que se debía a sus ocupaciones y por falta de tiempo el 35 por ciento; por falta de confianza en los partidos el 31 por ciento y por apatía el 15.9 por ciento. En posteriores ejercicios la tendencia sigue a la alza y por ejemplo en agosto de 2006 el estudio reportó que el 49 por ciento de los ciudadanos sí le interesaría participar en un próximo proceso electoral, (Salazar, 2006: 54 y ss).
Se puede decir también que en Nuevo León se cumple además con el control del programa de acción, en el sentido de que si bien los ciudadanos no deciden sobre absolutamente todos los temas, sí participan y externan sus opiniones en torno a los temas importantes de la agenda gubernativa. Además que se reconoce que la misma autoridad posee el criterio de control final en torno a qué cuestiones requieren o no requieren decisiones obligatorias; de las que lo requieren, cuáles puede el demos resolver por sí mismo y en qué condiciones delegará su autoridad. Por tanto se confirma que en Nuevo León se cumple razonablemente con las características marcadas por O’Donnell en
torno al proceso democrático, pues las instituciones incorporan y determinan qué agentes, sobre la base de qué recursos, demandas y procedimientos, se aceptan como voces válidas en la elaboración e implementación de decisiones.
4. DEMOCRACIA Y ALTERNANCIA
Sobre la democracia y la alternancia Michelangelo Bovero, a través de
su texto “Democracia, alternancia, elecciones”, señala que una renovación en
la cúspide del sistema político como consecuencia de un proceso electoral limpio y equitativo, sobre todo en un país en donde por largo tiempo las alternativas estaban bloqueadas, es un hecho sumamente relevante, (Bovero, 2000: 14)
Por lo que a poco más de una década de que se concretó en la entidad la alternancia en el Gobierno del Estado podemos decir que si bien este es un tema importante, no es una condición única para hablar de democracia, pues de acuerdo a lo señalado por otros autores como Morlino, en la entidad se cumplen con los requisitos mínimos para decir que se vive bajo éste régimen, tales como las elecciones libres, periódicas, competitivas y correctas, el sufragio universal masculino y femenino, con más de un partido político en liza, además de diferentes organizaciones de intereses, fuentes alternativas de información y, sobre todo con la elección de los cargos más importantes.
En este sentido, coincido con lo establecido por Bovero, pues ya desde antes de la llegada de los panistas al gobierno existía la alternancia en los municipios metropolitanos y se podía decir que las elecciones eran competidas y al final se respetaba la decisión de los ciudadanos, aunque si bien esta no fue la regla en general, el estado se ha mantenido a la vanguardia en muchos aspectos y el electoral no ha sido la excepción.
Es importante reconocer que tal y como lo señala Bovero “no se puede
De otra manera, en todas las ocasiones en que una elección confirma al sujeto (o al partido) en el gobierno, deberíamos concluir que el sistema no es
democrático, lo cual evidentemente es absurdo”.
Para Bovero es importante dejar en claro que “vincular de manera
estrecha el concepto de democracia al de alternancia implica desvincularlo del de elecciones; y al revés, vincular el concepto de democracia al de elecciones, como parecería más obvio, implica reconocer las posibilidad de que pueda
existir democracia también en los casos en que no haya alternancia”, (Bovero,
2000:15)
Siguiendo a Bovero, es importante destacar que una sociedad democrática (gobernada de forma democrática) puede albergar en su seno una gran variedad de preferencias, orientaciones, inclinaciones políticas distintas y alternativas entre sí, todas ellas legítimas en principio; y que el contenido de las directrices del gobierno y de las decisiones políticas se determinará, de vez en vez, con base en la aplicación y el respeto de las reglas formales del juego. Estas reglas pueden variar, también en medida relevante, dependiendo del lugar, del tiempo y de las circunstancias; pero, independientemente de las específicas particularidades que caracterizan las distintas constituciones, son reconocibles como reglas democráticas precisamente en tanto que instituyen la posibilidad de mutar, periódica y pacíficamente, el contenido de las directrices del gobierno y la sustancia de las decisiones políticas.
Sobre este punto, el mismo Bovero nos lleva al concepto compuesto de
“alternancia democrática”, ya que si bien se ha dejado en claro que los
principalmente de aquellas que rigen un proceso electoral basado en el sufragio universal, igual y libre.
Por tanto, la alternancia democrática se presenta como una alternancia
pacífica, no violenta, en tanto que resulta del procedimiento de contar todas las cabezas sin cortar ninguna de ellas (ni las de los electores ni las de los elegibles).
De manera recíproca, desde este particular ángulo visual, la democracia resultará redefinida como la forma de gobierno que consiste en la posibilidad
5. TRANSICIÓN
Considerando que la intención del presente estudio es determinar si Nuevo León es un estado verdaderamente democrático o sigue en vías de su consolidación democrática es necesario que se retome en este punto a la transición, proceso que marca el arranque de la instauración y con ello de la democratización.
Primeramente debemos contar con un concepto claro de lo que significa
transición, misma que de acuerdo a Morlino son los “momentos fluidos y
confusos en que están a punto de surgir las nuevas estructuras democráticas,
pero al mismo tiempo permanecen algunas estructuras del antiguo régimen”,
(Morlino, 1986: 8)
En este sentido es importante reconocer que tanto en el país como en el estado, hasta el siglo pasado el modelo de partido único fue el dominante y, se caracterizó por el control total de los procesos electorales, por la ausencia de elecciones libres y de competencia política real para los partidos políticos.
Fue a partir de la década de los setenta cuando comienzan a presentarse una serie de cambios en la sociedad, con lo que se marcó el inicio de transformaciones paulatinas, la cuales derivaron en reformas a las reglas electorales, mismas que desempeñaron un papel esencial en el diseño de los procesos a través de los cuales se concretó el acceso de otros partidos a los diferentes cargos de elección popular, (Salazar, 2006: 9)
políticos fuertes y nacionales, así como una vida electoral auténtica, (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 29 y ss).
Como ya hemos señalado reiteradamente la transición en México ha estado enfocada principalmente al aspecto electoral, donde la hegemonía del partido único es cosa del pasado. Es necesario establecer que las reformas que se han registrado en esta materia de 1977 a la fecha han permitido:
Apertura gradual hacia la competencia electoral real para los partidos distintos al partido único, (la oposición)
Posibilidad de creación de nuevos partidos y de condiciones viables para su participación en los comicios
Descentralización gradual, hasta concluir en la ciudadanización total de la organización de las elecciones en una instancia ciudadana y profesional
Mayores condiciones de equidad para los partidos políticos, garantizándoles financiamiento y prerrogativas para su participación en las contiendas
Realización de elecciones libres, limpias y confiables que hicieran posible la alternancia en el poder
El respeto del voto, (Salazar, 2006: 10)
Es aquí donde retomamos los aspectos establecidos por Morlino en torno a la democracia, los cuales inician con la instauración, misma que puede desembocar en la consolidación, pero también en una crisis del régimen o de todo el sistema político, donde la instauración se caracteriza por el diseño de las nuevas instituciones y procedimientos, además de todos los aspectos propios de un sistema democrático, (Morlino, 1986: 8)
la creación de nuevas instituciones, ni en el reforzamiento de potestades y libertades de los ciudadanos.
Como ya se dijo, al inicio la instauración está compuesta de los momentos de liberalización, donde se reconocen los derechos políticos y de democratización, que es propiamente donde se concreta la creación de las instituciones, los cuales pueden ser sucesivos, o pueden traslaparse en el tiempo, además la democratización puede bloquearse y quedarse únicamente en la liberalización, por lo que las instituciones finalmente no aparecen. El principio de la instauración es la transición.
Nos interesa estudiar este aspecto para determinar sí en el estado se cubrieron estos momentos, se siguen dando o simplemente no han llegado, lo que derivaría, por tanto, establecer que de ser así el proceso de consolidación democrática simple y sencillamente no se ha dado.
Como primer paso vemos que en el caso de Nuevo León la transición, entendida en el sentido de dejar atrás a las viejas instituciones y crear nuevas, no se concretó del todo, pues aunque en su campaña Fernando Canales
rechazó todo lo que significara “PRI-gobierno”, al estar al frente del Ejecutivo
no sólo se integró a las antiguas instituciones, sino que las fortaleció , es decir, a su arribo al poder el gobierno panista no generó un rompimiento con el pasado tricolor; por el contrario, los antiguos bastiones priistas fueron ampliamente reconocidos por la administración, dándose la cohabitación del viejo sistema priista con el gobierno de Acción Nacional, o como diría Merino en Nuevo León se concretó únicamente la transición votada.
Una simple prueba de ello es la participación de los funcionarios del gabinete estatal en las peregrinaciones a la basílica de Guadalupe realizadas por la dirigencia del SUSPE, así como el apoyo recibido por Canales Clariond de 500 cetemistas disidentes, encabezados por Andrés Caballero, hijo del extinto líder de la CTM en la entidad, Raúl Caballero, quien en ocasión de la posada navideña de la central en diciembre de 1997 se refirió a Canales
“Si bien el voto por Canales Clariond se nutrió de un fuerte contenido antiPRI, antisistema, éste vínculo ya no pudo ser continuado porque no se crearon los mecanismos alternos que le permitieran su desarrollo y consolidación. Estrenar alternancia significaba hacer otras cosas, de otra manera. Nada de populismo, acarreo o desplantes corporativistas. Eso estaba claro; sin embargo no se pudo concretar pues definitivamente no es lo mismo mantener una relación al nivel municipal, donde la maquinaria panista ha logrado adecuar sus vínculos de participación-integración ciudadana, que aplicarlo en el plano estatal, sobre todo cuando la administración en general estaba carente de un modelo alterno”, (Garza, 2000: 122).
Retomando los análisis de Merino en torno a la transición votada donde se puede considerar que Nuevo León siguió la tendencia nacional en el sentido de que poco a poco el régimen autoritario fue cediendo en el plano electoral, lo que se dio, principalmente, por la presión que en su momento ejercieron los integrantes de la sociedad política y la sociedad civil, que exigieron una mayor claridad en las reglas electorales.
La transición votada permitió garantizar un organismo electoral confiable, mismo que fue un elemento clave en el proceso de alternancia de 1997, donde el Partido Acción Nacional capitalizó sus antecedentes de lucha y de denuncia del presunto fraude electoral de 1985, desde el cual el PAN logró una presencia importante como oposición democrática, por su defensa del voto y la exigencia de garantías y equidad electoral.
En este mismo contexto es necesario incluir los momentos más relevantes en los procesos de reforma electoral en Nuevo León, mismos que dieron una mayor posibilidad a la alternancia en el gobierno.
Para tener mayores bases al estudio que estamos presentando incluimos las reformas registradas a partir de 1976, con el Gobernador Pedro G. Zorrilla Martínez, cuando se introduce la figura de diputados de minoría en el Congreso del Estado; la creación de los 26 distritos uninominales, la figura de los regidores de representación proporcional en los Ayuntamientos y la Creación de la Comisión Estatal Electoral como un organismo autónomo, permanente, con personalidad jurídica propia, además de la eliminación de las candidaturas independientes. El 18 de mayo de 1987 se concretó una reforma más, la cual creaba un sistema mixto similar al federal; la creación del Tribunal Electoral para la Contencioso Electoral; la creación del Centro Estatal de Cómputo Electoral; el financiamiento público a los partidos políticos y la posibilidad de acceder a los tiempos de televisión y radio.
Fue en octubre de 1993 cuando el Congreso local, de mayoría priista,
decidió incorporar cambios “relevantes” con el objetivo de lograr la
ciudadanización de sus instancias electorales. Estas reformas se concretaron el 29 de octubre de 1993 fueron principalmente orientadas a la creación del Tribunal Electoral del Estado; se revisó lo relacionado a los gastos de campaña y se incluyó la obligatoriedad de la credencial de elector. Podemos decir que las reformas electorales de 1993 y 1996 en Nuevo León se concretaron más por seguimiento a los cambios federales, que como una apuesta al cambio en el estado.
elecciones de los diputados, pasando esta responsabilidad a la autoridad electoral, en este caso la CEE. 1 (Salazar, 2006: 29 y ss)
La Comisión Estatal Electoral quedó integrada por cinco comisionados ciudadanos y dos suplentes, además de los representantes y suplentes acreditados por los partidos políticos, con posibilidad de voz, pero no de voto. Es importante destacar que a partir de esta fecha quedó a cargo de los diputados locales la designación de los comisionados ciudadanos, según lo establece el artículo 63 fracción XLVI de la Constitución Política local, que a la
letra dice: “Corresponde al Congreso: Designar a los Comisionados
Ciudadanos y a los Magistrados Electorales, en los términos que determinen
esta Constitución y las leyes respectivas”.
Una vez que el PAN llegó al poder, en el sexenio se concretaron tres reformas electorales (1999, 2000, 2002). La primera, aprobada por mayoría calificada, fue en julio de 1999. Esta reforma precisa los requisitos para la observación electoral, la elección escalonada de los comisionados ciudadanos; la integración de las mesas auxiliares de cómputo y de casilla, así como la entrega y recepción de los paquetes electorales, los medios de impugnación de actos electorales, además del mejoramiento de las condiciones de eficiencia operativa del proceso electoral.2 La reforma del año 2000 significó un avance, al menos en lo que se refiere al conocimiento de los problemas de los municipios, pues se modificó el artículo 10 de la Ley Electoral, para exigir que
1
La Comisión Estatal Electoral fue creada como tal en 1976, pero a partir de ese año, ha tenido tres importantes reformas hasta llegar a ser lo que es en la actualidad, un organismo ciudadanizado, integrado por siete comisionados ciudadanos (cinco propietarios y dos suplentes comunes).
El 8 de noviembre de 1993. Ley Electoral del Estado de Nuevo León. Decreto N° 207. Esta ley abroga la del 27 de mayo de 1987. Integración de la Comisión Estatal Electoral:
- Ciudadano designado por el Poder Ejecutivo (Presidente). - Dos representantes del Congreso.
- Un representante por partido político registrado. Los representantes de los partidos políticos con registro condicionado sólo tendrán derecho a voz.
- Un Comisionado Ciudadano por cada representante de partido con registro definitivo. - Un secretario técnico (sólo con voz).
Nueva integración de la Comisión Estatal Electoral. Deja de ser presidida por el Secretario General de Gobierno. Se introduce la figura de Comisionados Ciudadanos con la intención de propiciar una mayor y efectiva participación de los ciudadanos en la vigilancia de los procesos electorales. Se elimina el principio de autocalificación en las elecciones de diputados. Se faculta a la CEE para el cómputo.
Eliminación del Centro Estatal de Cómputo Electoral.
Se crea un Tribunal de Segunda Instancia para conocer sobre recursos de reconsideración. Utilización del nuevo padrón y credencial con fotografía.
2
los integrantes de la planilla que compiten por los Ayuntamientos, deban de acreditar la residencia del municipio por al menos un año antes de su registro. Es importante señalar que si bien esta reforma fue aprobada en el año 2000 no se utilizó en el proceso eleccionario de ese año, pues hubo errores al momento de su publicación, por lo que comenzó a aplicarse hasta enero de 2001. 3
En el año 2001 hubo otro intento de reforma, ahora por los partidos políticos, que planteaban, entre otros aspectos, determinar exactamente las funciones de los observadores electorales, el registro de los partidos políticos, la propaganda del gobierno en tiempos electorales, financiamiento público, gastos de campaña, aspectos de logística durante la jornada electoral entre la Comisión Estatal Electoral y el IFE, así como las candidaturas independientes y los medios de impugnación. 4
Para realizar esta propuesta se integró la llamada Mesa del Diálogo, en la cual participaron representantes de la Comisión Estatal Electoral, el Instituto Federal Electoral Nuevo León, así como los líderes de los partidos PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Alianza Social.
Este fue el primer esfuerzo formal encabezado por el mismo Gobierno del Estado de concretar una reforma integral, sin embargo muchos aspectos no lograron el consenso de todos los actores y todo quedó en buenas intenciones; finalmente no se pudo concretar una reforma electoral integral conjunta con apoyo de todos los partidos, pues el PAN no estuvo de acuerdo en varios de los aspectos que se tocaban y por tanto no firmó la iniciativa que se envió al Congreso local, lo que derivó finalmente en que la propuesta de la Mesa del Diálogo fuera llevada finalmente por una Mesa Alterna en la que estaban integrados solamente los partidos de oposición al PAN.
La reforma electoral de 2002, modificó únicamente el artículo 158, referente a la conformación del distrito uno, con cabecera de Monterrey, puesto
3
Decreto No. 202 publicado el 30 de julio de 1999 y de nuevo en el decreto 383, publicado el 13 de octubre de 2000.
que a raíz de la modificación limítrofe entre Escobedo y Monterrey, el número de colonias de cada uno de estos cambió considerablemente. Es importante destacar que las reformas de los años 2000 y 2002 fueron aprobadas por unanimidad con 37 y 38 votos de los legisladores presentes. 5, (Periódico Oficial del Estado, 31 de julio del 2002)
El año 2003 fue escenario de elecciones en el estado de Nuevo León para renovar la gubernatura, los 26 distritos electorales, los 51 municipios. En el 2004 partidos y organismos intermedios determinaron que era necesario contar con una nueva Ley Electoral, por lo que el Congreso del Estado recibió 62 propuestas de reforma de partidos, ciudadanos, organismos intermedios y de los mismos organismos electorales, las cuales incluían las figuras de candidaturas independientes; revocación de mandato; contexto completo de las campañas electorales, en donde se incluyen los gastos, duración, topes, regulación de precampañas, entre otros aspectos; además de una redistritación electoral; la fiscalización de las campañas electorales; voto electrónico; segunda vuelta electoral y los debates entre candidatos. En esta ocasión tampoco se lograron acuerdos entre los partidos políticos y la reforma no prosperó, por lo que las últimas elecciones del estado, en el 2006, también se rigieron por las mismas viejas reglas, (Salazar, 2006: 32 y ss).
Si bien se han logrado ciertos avances en cuestión electoral, siguen habiendo todavía huecos y, prueba de ello son las últimas propuestas presentadas ante el Congreso, con lo que se confirma el aspecto de que en el estado la transición, al igual que en el país, ha sido una transición votada, puesto que las reformas que se han planteado han sido más tendientes a concretar cambios en la forma de votar y ser votado, no tanto en lo que se refiere a la creación de nuevas instituciones.
Vemos que, de acuerdo a Merino, el ideal de transición es aquella que supone un cambio político basado en un pacto entre las élites que, con la base
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de una ruptura con el pasado, lleve a una transformación político-institucional. Sobre este aspecto, en el caso de Nuevo León no se ha dado una ruptura con el régimen anterior, pues en el caso del PAN, como ya se dijo, no sólo aceptó las instituciones sindicales como parte de su diario actuar, sino que prácticamente llevaron una relación de fraternidad y complacencia. No hubo, por tanto, la eliminación de las viejas instituciones o del corporativismo que tanto se criticó como oposición, ni se dio otro de los aspectos señalados por Merino como es el abandono de la plaza en definitiva, pues, el PRI siguió en la escena y no sólo se consolidó como oposición, sino logró reagruparse y retomar la senda del triunfo al concretar la alternancia sobre la alternancia en el año 2003, (Merino, 2003: 15).
En este sentido, es necesario señalar algunos otros aspectos en donde consideramos que no se han logrado avances para decir que el proceso de transición ya concluyó y que vivimos en una democracia consolidada, sino que estamos en vías de lograrlo.
Nos referimos por ejemplo al resto de las instituciones que garantizan una vida democrática, enfocándonos en primera instancia a la Constitución Política local, misma que, si bien no es totalmente anacrónica, sí ha quedado rezagada en algunos de sus aspectos. A lo largo de su vigencia ha habido cambios y ha existido la intención de reformarla por completo, sin embargo aún siguen vigentes supuestos que posicionan al estado en los inicios del siglo pasado.
Debido a que nuestra intención es solamente evidenciar el anacronismo de algunos de sus aspectos no abundaremos en todos y cada uno de sus artículos, sino solamente retomaremos unos cuantos para sustentar nuestras afirmaciones en torno al anacronismo de la Ley.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su
Artículo 8 establece que “es inviolable el derecho de petición ejercido por
escrito de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos del Estado. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene la
obligación de hacer saber en breve término el resultado al peticionario”.
Otro punto que hasta cierto punto se puede considerar como ilógico, puesto que la autoridad ha emprendido una lucha en contra del narcotráfico y sus consecuencias de inseguridad, pero que se contrapone a la Ley estatal, pues la Constitución de Nuevo León en su artículo 10 permite a los ciudadanos mayores de edad la posibilidad de tener un arma en casa para su legítima defensa.
Aspectos del siglo pasado como los establecidos en el artículo 20 y 21 que a la letra dicen: Artículo 20.- Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas o trascendentales.
Artículo 21.- Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos, y en cuanto a los demás, podrá imponerse al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario y al salteador de caminos.
Retomamos aquí los momentos de la instauración que nos llevan a la consolidación democrática, comenzando con el de la liberalización, que es donde se reconocen los derechos políticos de los ciudadanos, quienes de acuerdo a la Constitución local en su artículo 38 establece que la calidad de Ciudadano nuevoleonés se puede perder por, entre otros aspectos,
“incapacidad mental; por estar procesado; por vagancia, ebriedad
Siguiendo con el momento de la liberalización y el reconocimiento de los derechos políticos, podemos decir que este se inició entre los años de 1996, con la ciudadanización de la Comisión Estatal Electoral y 1997, con el arribo de la oposición al Gobierno del Estado y donde el trabajo de las instituciones es reconocido.
El momento de la democratización, entendido, como la creación de las instituciones, lo podemos establecer con el fortalecimiento de la misma Comisión Estatal Electoral y las sucesivas creaciones de tribunales de la rama así como de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, a pesar de sus fallas de ejercicio y problemas internos en su conformación.
Estos momentos pueden ser sucesivos, al mismo tiempo, o extendidos en el tiempo, aunque también se pueden bloquear y quedarse solamente en la liberalización, evitando el de la democratización, lo que derivaría en que las instituciones finalmente no aparecen.
Como ya lo señalamos la Constitución del Estado presenta varios puntos que requieren ser reformados, tanto en lo que hace a derechos como en la parte orgánica, lo que nos lleva a inferir que esta no es en sí misma totalmente democrática, pues aunque el proceso de liberalización se dio con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, el de la democratización simple y sencillamente no avanzó lo suficiente para decir que se haya llegado a la consolidación de la democracia.
En síntesis, podemos resumir los puntos centrales de este apartado de la siguiente manera:
temas que le incumben.
Se cumplen, por tanto, los indicadores mínimos de la democracia al existir en la entidad elecciones libres, periódicas, competitivas y correctas, con sufragio universal masculino y femenino, la participación de más de un partido político, con diferentes organizaciones de intereses, existen fuentes alternativas de información, y los cargos más importantes son definidos por elección.
Sobre el proceso de instauración, caracterizado por el diseño de nuevas instituciones y procedimientos, el que puede ser visto como primera etapa de la transición democrática, podemos decir que se inició la transición, pero no ha logrado concluirse, pues en el estado siguen conviviendo las antiguas instituciones con las nuevas, es decir, no hubo un rompimiento con el pasado.
En torno al momento de la liberalización, que puede ser visto como la segunda etapa de la transición democrática, ya que es cuando se reconocen los derechos políticos y el de la democratización, concretándose así la creación de las instituciones, podemos decir que si bien se han creado instituciones ciudadanizadas como la Comisión Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Acceso a la Información, no se ha logrado la ampliación completa y el reconocimiento real de los derechos civiles y políticos; el sistema de partidos sigue funcionando, algunas veces acotado por los intereses de los dirigentes, pero en general buscando su permanencia e influencia en las decisiones importantes del país.
6. LA ALTERNANCIA EN NUEVO LEÓN
Entendemos por alternancia la situación en que la titularidad del gobierno la ocupa una persona o planilla que pertenece a un partido o grupo político diferente al que tenía el cargo en el periodo inmediato anterior. Esto nos lleva a hacer una segunda clasificación del término al señalar que la alternancia se puede considerar como simple, al producirse únicamente una vez el cambio, es decir, que cambie un partido por otro y, el recién llegado, se perpetúe en el poder como lo hizo su antecesor. O bien se puede decir que existe una alternancia consolidada, cuando en los gobiernos donde el cambio de titular se ha presentado en más de una ocasión en un periodo determinado y pueden involucrar a dos partidos únicamente o puede ser, incluso, en más partidos.
Sobre este tema Bovero señala que la alternancia democrática se presenta como una alternancia pacífica, no violenta, en tanto que resulta del procedimiento de contar todas las cabezas sin cortar ninguna de ellas, esto es ni las de los electores ni las de los elegibles. De manera recíproca, desde este particular ángulo visual, la democracia resultará redefinida como la forma de gobierno que consiste en la posibilidad siempre abierta de una alternancia
pacífica en el poder. Sobre este particular podemos considerar a la alternancia
vivida en Nuevo León como una “alternancia consolidada”, puesto que el
cambio de partido en el gobierno se dio primero en 1997 y a la vuelta de 6 años el PRI recuperó el poder perdido anteriormente, (Bovero, 2000: 17).
Esta situación, no es privativa de la gubernatura de Nuevo León, pues la historia de alternancias no se inició en el ejecutivo estatal, sino a nivel ayuntamientos, principalmente en el área metropolitana de Monterrey.
Para complementar esta investigación retomamos a Mentor Tijerina Martínez, quien a través de un estudio detectó algunas de las condiciones que permitieron que se concretara la alternancia sobre la alternancia, no sólo en el estado, sino en otras entidades del país. Sobre este particular señala que “los
antesala del proceso de transición democrática que culminaría a nivel nacional con la alternancia en el poder en el año 2000. La derrota del PRI a nivel local se inscribe en el contexto de democratización del escenario electoral que se dio
a partir de los años ochenta y noventa”.
En su análisis señala que hasta antes de la liberalización electoral del
llamado “primer ciclo de las reformas políticas” (1977-1996), el PRI mantenía el
control de los procesos electorales en un escenario de pluralismo político
limitado, lo que dejó al otrora “partidazo” con muy pocas aptitudes para la
competencia en un ambiente democrático. Sin embargo, gracias a las reformas que se registraron en el país y a la dinámica que se estaba viviendo los partidos, en especial el PAN, se fueron preparando para llegar al poder en varias entidades, (Tijerina, 2007: 5).
Si bien este fenómeno se registró en varios estados del país, el propósito de este análisis está enfocado a Nuevo León, donde la alternancia inició en las administraciones municipales y, derivó en la posibilidad de ganar la gubernatura en 1997.
Para seguir este análisis es necesario dar cuenta de la historia política del estado y señalar que desde el primer Gobernador Constitucional, -José María Parás, quien gobernó la entidad en los plazos de 1825-1827; 1848-1849 y de 1849-1851-, Nuevo León ha tenido 120 gobernadores, entre los que se cuentan un total de 59 interinos, 2 sustitutos, 7 provisionales y 3 prefectos imperiales. 6
El poder en Nuevo León, -al igual que en todo el país-, estuvo durante muchos años bajo el mando de un mismo partido y la sucesión siempre se registró de la mano de los deseos del presidente en turno. Si bien los gobernadores siguieron siendo priistas, se pudo concretar la llegada de
6
alcaldes panistas a los municipios del área metropolitana. Adicionalmente se dieron algunos desencuentros entre ejecutivo de la nación y los empresarios nuevoleoneses integrantes del llamado Grupo Monterrey, el cual logró imponerse en muchas de las decisiones y con ello en la nominación de candidatos. A nivel legislativo, en el año de 1946 se elige a Antonio L. Rodríguez, como el primer Diputado federal panista del estado, quien fue electo en 1948 como candidato a la gubernatura de Nuevo León, convirtiéndose así en el primer candidato del PAN a este puesto de elección popular.
En 1963 Humberto Junco Voigt fue electo como el primer alcalde panista en el estado de Nuevo León y tomó posesión el 1º de enero de 1964, para regir el municipio de San Pedro Garza García, el cual fue gobernado a partir de 1967 por la primera mujer alcaldesa de la República Mexicana, la panista Norma Villarreal de Zambrano. Seguida luego de Luis J. Prieto, quien se convierte en el primer alcalde del PAN en el municipio de San Nicolás cubriendo el trienio 1974 a 1976 y en Santa Catarina con Teresa García de Sepúlveda de 1988 a 1991.
6.1. PRIMER GOBIERNO DEL PAN: ALTAS EXPECTATIVAS
Con la bandera del cambio y el llamado “sí se puede”, Fernando Canales
Clariond llegó al gobierno del estado el 4 de octubre del 1997. De origen empresarial, el panista levantó altas expectativas entre la población, que esperaba la generación de 100 mil empleos en el primer año, además de grandes obras y, sobre todo, de la desaparición de la corrupción y malos manejos denunciados por el ex gobernador interino y sustituto, Benjamín Clariond Reyes-Retana.
Como en prácticamente todo el país, la historia de la alternancia comenzó en los municipios y, que culminó con el arribo de Fernando Canales Clariond al poder el 4 de octubre de 1997.
