El derecho de vacaciones en el sector público y privado

Texto completo

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

TEMA:

EL DERECHO DE VACACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

AUTOR: HEREMBAS PABÓN CARLOS JAVIER

ASESOR: DR. CHAMORRO VALENCIA DIEGO XAVIER, MGS.

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APROBACION DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación realizado por el señor Carlos Javier Herembás Pabón, estudiante de la Carrera de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia, con el tema: “EL DERECHO DE VACACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes -UNIANDES-, por lo que apruebo su presentación.

Ibarra, enero de 2018

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DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo Carlos Javier Herembás Pabón, estudiante de la Carrera de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo la obtención del título de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.

Ibarra, enero de 2018

Sr. Carlos Javier Herembás Pabón C.I. 0401680228

AUTOR

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CERTIFICACIÓN DEL LECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo Dr. Xavier Alexander Mantilla Andrade, Mgs., en calidad de Lector del Proyecto de Titulación.

CERTIFICO:

Que el presente trabajo de titulación realizado por la estudiante Carlos Javier Herembás Pabón, sobre el tema: “EL DERECHO DE VACACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, ha sido cuidadosamente revisado por el suscrito, por lo que he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y forma establecidos por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, para esta clase de trabajos, por lo que autorizo su presentación.

Ibarra, febrero del 2018

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DERECHOS DE AUTOR

Yo Carlos Javier Herembás Pabón, declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultoría que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella:

Ibarra, enero de 2018

Sr. Carlos Javier Herembás Pabón C.I. 0401680228

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DEDICATORIA

El esfuerzo reflejado en este trabajo de investigación lo dedico a mis Padres quienes han sido los pilares fundamentales de soporte en función de que no solo me han brindado su apoyo incondicional sino han sido fuente de inspiración y superación para llegar a cumplir cada una de mis metas.

A mi hermana por el compañerismo que siempre hemos tenido, gracias por la confianza y por siempre creer en mí.

A ellos mi eterna gratitud.

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AGRADECIMIENTO

La gratitud es un valor y un sentimiento que lo dedico desde lo más profundo de mi alma a mis distinguidos catedráticos, quienes han sabido enrumbarme por el camino del saber para formarme y convertirme en el futuro profesional del derecho, capaz de aplicar lo teórico y lo práctico, apegado a los valores éticos, morales, y los servicios a la colectividad.

No puedo dejar de mencionar a mi prestigiosa institución, la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” sede Ibarra, la cual se ha convertido en un verdadero segundo hogar y de la cual soy un fiel reflejo de los conocimientos impartidos en ella.

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RESUMEN

El presente Proyecto de Investigación se ha desarrollado respecto a la problemática actual que representa el incumplimiento del principio de igualdad en relación al derecho fundamental y constitucional que tienen los trabajadores a disfrutar de vacaciones, ya que si bien los derechos constitucionales de los trabajadores se hallan reconocidos de manera general para todas y todos los trabajadores, se encuentran tipificados dos regímenes distintos en cuanto al goce de vacaciones entre el sector público y privado lo cual violenta el principio de igualdad.

Respecto a la metodología aplicada, el presente trabajo está inscrito dentro de la línea de investigación Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador: El ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y constitucionales. Para la elaboración del desarrollo y contenido se utilizaron los métodos inductivo- deductivo, analítico- sintético e histórico- lógico, como técnicas se aplicaron la observación, la entrevista y la encuesta, con sus respectivos instrumentos.

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ABSTRACT

The present Research Project has been developed with respect to the current problems that represent the breach of the principle of equality in relation to the fundamental and constitutional right that workers have to enjoy vacations, since although the constitutional rights of workers are recognized In general, for all workers, two different regimes are defined in terms of holiday enjoyment between the public and private sectors, which violates the principle of equality.

Regarding the methodology applied, this work is inscribed within the line of research Challenges, perspectives and improvement of legal sciences in Ecuador: The Ecuadorian legal system, historical, theoretical, philosophical and constitutional budgets. For the elaboration of the development and content the inductive-deductive, analytic-synthetic and historical-logical methods were used, as techniques were applied the observation, the interview and the survey, with their respective instruments.

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ÍNDICE GENERAL

Pág.

INTRODUCCIÓN ... 1

Antecedentes de la Investigación ... 1

Situación Problémica ... 2

Problema Científico ... 3

Objeto de la Investigación ... 3

Campo de Acción ... 3

Identificación de la Línea de Investigación ... 3

Objetivo General ... 4

Objetivos Específicos ... 4

Idea a Defender ... 4

Variables de la Investigación ... 4

Metodología ... 4

Justificación ... 5

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO ... 6

1.1. El Derecho de trabajo ... 6

1.1.1. Antecedentes ... 6

1.1.2. Definiciones Conceptuales ... 7

1.1.2.1. Trabajo ... 7

1.1.2.2. Trabajador ... 7

1.1.2.3. Servidor Público ... 9

1.1.2.4. Vacaciones ... 9

1.2. Derechos Fundamentales ... 10

1.2.1. Derecho de Igualdad ... 11

1.2.2. Principios ... 12

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1.3. Marco Jurídico ... 14

1.3.1. Convenios Internacionales ... 14

1.3.2. Constitución de la República del Ecuador ... 15

1.3.3. Jerarquía de la Ley en el Ecuador ... 23

1.3.4. Código Orgánico de la Función Judicial ... 25

1.3.5. Derecho Administrativo ... 31

1.3.6. Administración Tributaria ... 34

1.3.7. Código Orgánico General de Procesos ... 35

1.4. Conclusiones parciales del capítulo I ... 36

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA ... 38

2.1. Caracterización del sector ... 38

2.2. Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la investigación ... 38

2.2.1. Métodos ... 39

2.2.2. Técnicas ... 39

2.2.3. Instrumentos ... 40

2.3. Población y Muestra ... 40

2.3.1. Población ... 40

2.3.2. Muestra ... 40

2.4. Análisis e interpretación de datos, a la encuesta aplicada a empleados del Ilustre Municipio de Ibarra. ... 41

2.5. Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista realizada al Director Administrativo del Ilustre Municipio de Ibarra ... 49

2.6. Conclusiones parciales del capítulo II ... 51

CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ... 52

3.1. Objetivo ... 52

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3.3. Descripción de la propuesta ... 53

3.4. Desarrollo del cuerpo central ... 54

3.5. Validación, aplicación y evaluación de los resultados de la aplicación de la propuesta ... 57

3.6. Impactos ... 58

3.6.1. Impacto Social ... 58

3.6.2. Impacto Jurídico ... 59

3.7. Conclusiones parciales del capítulo III ... 59

CONCLUSIONES GENERALES ... 61

RECOMENDACIONES ... 62

BIBLIOGRAFÍA………63

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ÍNDICE DE TABLAS

Pág. Tabla 1 Regímenes distintos de vacaciones en el Ecuador ... 411 Tabla 2 Respeto del derecho a gozar de vacaciones ... 42 Tabla 3 Satisfacción con el número de días de vacaciones al año ... 43 Tabla 4 Conocimiento de la normativa jurídica sobre vacaciones en el

Ecuador ... 44 Tabla 5 Discriminación en cuanto al goce de vacaciones ... 45 Tabla 6 Vulneración del principio de igualdad en cuanto al goce de

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ÍNDICE DE FIGURAS

Pág. Figura 1 Regímenes distintos de vacaciones en el Ecuador ... 41 Figura 2 Respeto del derecho a gozar de vacaciones ... 42 Figura 3 Satisfacción con el número de días de vacaciones al año ... 43 Figura 4 Conocimiento de la normativa jurídica sobre vacaciones en el

Ecuador ... 44 Figura 5 Discriminación en cuanto al goce de vacaciones ... 45 Figura 6 Vulneración del principio de igualdad en cuanto al goce de

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1 INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la Investigación

La historia del trabajo en Ecuador está marcada por una serie de atropellos a los derechos humanos de las personas. Desde la colonia, las encomiendas, mitas y obrajes, se instauraron como formas de explotación humana; estas enriquecieron a unos pocos y sumieron en la pobreza e incluso acabaron con la vida, especialmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Desde el nacimiento de la República en 1830 hasta finales del siglo XIX, las cosas se mantuvieron relativamente igual. Entre los primeros registros de organización se pueden citar la conformación de la Sociedad de Sastres de Pichincha y la Sociedad de Carpinteros instaurada en Guayaquil, en el año 1896, que pedían reducir a 9 horas la jornada laboral. El fortalecimiento de la organización de los trabajadores dio como resultado la creación el 13 de julio de 1925, por primera vez en Ecuador de un Ministerio del Trabajo.

En los años siguientes dentro del movimiento sindical se fortaleció en una serie de centrales obreras y de trabajadores que fueron claves, no solo para reivindicaciones laborales, sino que fueron el puntal de la organización social en Ecuador hasta finales de los ochenta. Desde entonces el movimiento sindical ha tenido que sobrevivir a un modelo económico contrario no solo a los derechos laborales sino a una buena parte de los derechos humanos.

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cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes”.

En este parágrafo jurídico el Código del Trabajo se refiere a que todos los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a un periodo vacacional por año de quince días de forma consecutiva, lapso que no incluye los días laborables como los sábados, domingos y días feriados. Además, se establece que los trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de cinco años continuos gozaran de un día añadido a su periodo vacacional a partir del sexto año.

De esta manera, se establece legalmente este derecho irrenunciable de los trabajadores amparados por el Código del Trabajo; sin embargo, como materia de la presente investigación jurídica, es necesario brindar un análisis comparativo sobre el derecho a vacaciones establecido para los servidores públicos en la Ley Orgánica del Servicio Público la cual prescribe en el artículo 29: “Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo”. Así la Ley se refiere al derecho de los servidores públicos de gozar anualmente de un periodo de descanso en sus labores de treinta días desde el primer año de labores continuas.

En este sentido, es absolutamente necesario que, como el más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución el estado garantice y haga efectivo el principio y derecho fundamental de las personas a la igualdad previstos en nuestra Constitución, Así mismo, es necesario manifestar que los trabajadores merecen un lapso mayor de periodo vacacional anual, puesto que sus condiciones de trabajo suelen ser difíciles, situación que les hace dignos de los mismos derechos que los servidores públicos fundamentalmente respecto del derecho de vacaciones anuales.

Situación Problémica

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establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público, administrativo y judicial. El ejercicio de estos derechos se regirá por principios de igualdad y no discriminación como lo establece el art. 11 nº 2 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Sin embargo, en el Ecuador, no se cumpla el principio de igualdad en cuanto al derecho que tienen todas las y los trabajadores a disfrutar de vacaciones, ya que se encuentra tipificado dos regímenes distintos en cuanto al goce de vacaciones entre el sector público y privado lo cual violenta en principio de igualdad.

Problema Científico

¿Cómo efectivizar la aplicación del principio de igualdad en el goce de vacaciones entre empleados y trabajadores del régimen del sector público y privado?

Objeto de la Investigación

Principio de igualdad

Campo de Acción

Derecho al goce de vacaciones

Identificación de la Línea de Investigación

La presente investigación se encuentra en la línea de investigación: Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador.

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4 Objetivo General

Elaborar un ante proyecto de ley reformatoria al artículo 69 del Código de Trabajo para efectivizar la aplicación del principio de igualdad y homologar el goce de vacaciones entre trabajadores y empleados del régimen del sector público y privado.

Objetivos Específicos

 Fundamentar el derecho de igualdad de los trabajadores al goce de vacaciones.

 Determinar cómo afecta la desigualdad en el sector laboral.  Estructurar los componentes del anteproyecto de ley reformatoria.

Idea a Defender

Con la elaboración de un anteproyecto de ley reformatoria al artículo del código 69 de trabajo, se efectivizará la aplicación del principio de igualdad en el goce de vacaciones del régimen del sector público y privado.

Variables de la Investigación

Variable independiente

Anteproyecto de ley reformatoria Variable dependiente

Principio de igualdad y derecho al goce de vacaciones

Metodología

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inductivo- deductivo en la elaboración de los capítulos. En las técnicas se aplicó la observación, así como también la encuesta, ya que las personas que fueron objeto del interrogatorio fueron personas relacionadas directamente con el objeto de investigación.

Justificación

Este trabajo constituye una importante fuente de consulta y servirá para estudiantes y profesionales de derecho debido a que existe una vulneración al derecho de igualdad en cuanto al goce de vacaciones.

La actualidad y novedad del presente trabajo radica en que se realizará en este trabajo un ante proyecto de ley reformatoria respecto al goce de vacaciones de sector público y privado determinando así que existe una violación a la norma constitucional con respecto al derecho de igualdad.

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6 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

1.1. El Derecho de trabajo 1.1.1. Antecedentes

El Código Laboral vigente establece en su artículo 69: “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes”. (Código de Trabajo)

De esta manera, se establece legalmente este derecho irrenunciable de los trabajadores amparados por el Código del Trabajo; sin embargo, como materia de la presente investigación jurídica, es necesario brindar un análisis comparativo sobre el derecho a vacaciones establecido para los servidores públicos en la Ley Orgánica del Servicio Público la cual prescribe en el artículo 29: “Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo”. Así la Ley se refiere al derecho de los servidores públicos de gozar anualmente de un periodo de descanso en sus labores de treinta días desde el primer año de labores continuas. (Ley Orgánica del Servicio Público)

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7 1.1.2. Definiciones Conceptuales 1.1.2.1. Trabajo

Es importante dentro de la presente investigación definir el trabajo y se puede decir que es toda actividad que se realiza o ejecuta a través de la utilización de la fuerza física o del esfuerzo intelectual, una obra, con el fin de obtener a cambio una remuneración o compensación económica.

Para Guillermo Cabanellas el trabajo es: “El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento”. (Cabanellas, 2008)

Se considera que el trabajo es toda actividad por la cual se recibe una remuneración a cambio de su realización, pero cabe recalcar que esta actividad tiene que estar dentro de la legalidad o lo permitido por la ley.

Cabe mencionar a Manuel Osorio para quien, el trabajo es: “El esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. A su vez trabajador quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio”. (Osorio, 1993)

Conforme lo expuesto se precisa que el trabajo es una actividad por la cual quien la desempeña recibe a cambio una compensación económica o remuneración, este quehacer es trascendental dentro del desarrollo económico y social de la población, constituyéndose en el engranaje del desarrollo integral del mundo, y el sistema más controversial alrededor de los tempos en virtud de los derechos, principios y garantías que giran en torno a su digna compensación y buen trato.

1.1.2.2. Trabajador

El tratadista Trujillo Julio hace referencia al Código de Trabajo en su artículo 9, define precisamente al trabajador, y dice: “La persona que se exige a la prestación del servicio o la realización de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”. (Trujillo, 2008, pág. 29).

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trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo y lo será “quien voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario” (Vásquez, 2004, pág. 141)

También en el diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de Torres define al trabajador como: “Aquella persona quien trabaja, todo aquel que realiza labor socialmente útil, laborioso o aplicado al trabajo, el que realiza una tarea manual, todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. (Cabanellas, 2008, pág. 376)

De lo antes mencionado, trabajador o trabajadora es aquella persona que vende su fuerza física o trabajo intelectual a un patrono o empleador, y a cambio recibe una remuneración económica, misma que le sirve para cubrir sus necesidades primordiales y la supervivencia.

Por su parte el Código de Trabajo define al trabajador como: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.” (Código de Trabajo)

Finalmente, Aguilar menciona: “Es la persona natural que presta sus servicios lícitos y personales a otra persona, que labora bajo su dependencia por una retribución acordada en un contrato. Excepcionalmente se dice trabajador a varias personas que trabajan en un grupo o en un equipo. Cicerón al referirse al trabajador dice que cada cual se entregue a la práctica de aquel oficio que conozca bien.” (Aguilar, 2013)

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9 1.1.2.3. Servidor Público

Para conocer un proco mejor la distinción de trabajador y servidor público cabe definir este último, y es posible decir que servidor público es aquella persona que presta sus servicios físicos e intelectuales en una dependencia, organismo o institución del Estado y sus sectores públicos y a cambio recibe una remuneración o compensación económica.

La Ley Orgánica de Servicio Público establece: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.” (Ley Orgánica de Servicio Público)

Esto quiere decir que, el servidor público es toda aquella persona que presta sus servicios en una institución del Estado y por lo mismo a la sociedad, no importa cuál sea su cargo o función, pero hay que recalcar que en las instituciones públicas también existen trabajadores que son los que prestan sus servicios manuales o físicos mismos que se acogen al Código de Trabajo, y estos no tienen la calidad de servidores públicos.

1.1.2.4. Vacaciones

Las vacaciones importantes dentro del derecho laboral, son aquellos días libres que tiene el trabajador una vez al año para descansar de su rutina de trabajo, con la finalidad de recuperar sus energías para que preste un buen rendimiento en sus labores diarias.

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hecho descansen aun con el olvido de las preocupaciones relacionadas con el trabajo y vida diarios y además para provechar los cambios de climas y estaciones.” (Trujillo, Derecho del trabajo, 2008, pág. 371)

Guillermo Cabanellas manifiesta que las vacaciones son la: “Temporada, desde algunos días o varios meses, en que se cesa el trabajo habitual, en los negocios, estudios, servicios, procesos y demás actividades, a fin de disponer de tiempo para un descanso reparador, para entregarse a ocupaciones personales necesarias o a las distracciones.” (Cabanellas, 2008)

De lo expuesto se puede decir que las vacaciones son el tiempo de descanso que el empleador le debe conceder al trabajador de manera obligatoria, con la finalidad de que este descanse, recupere fuerzas de sus actividades diarias, recupere sus energías o se ocupe en asuntos personales. Las vacaciones finalmente constituyen un derecho irrenunciable del trabajador, es por ello que se prohíbe la disminución del goce de este derecho como sanción por sus faltas disciplinarias.

1.2. Derechos Fundamentales

Para lo cual, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de empleo; los que trabajan tienen derecho a una remuneración que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social.

Diego Andrade señala que los derechos fundamentales son: “Derechos Civiles, esto es los que afectan de modo más directo a la persona, y entre los más importantes tenemos: el derecho a la vida, a la libertad laboral y a la seguridad social” (Andrade D. , 2013, págs. 1-2).

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El jurista Ferrajoli, menciona, además: “son los derechos que están adscritos universalmente a 4 todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalienables.” (Ferrajoli, 2006)

Los derechos de los trabajadores y principalmente el derecho a gozar de vacaciones, es un derecho universal que es por ende irrenunciable, imprescriptible, inembargable, indivisible, estos derechos no podrán ser limitados ni vulnerados aun cuando así lo apruebe el trabajador, al der un derecho fundamental contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra su aplicación además amparada por el principio de supremacía constitucional.

1.2.1. Derecho de Igualdad

El tratadista José García respecto a los derechos fundamentales del trabajador manifiesta que: “La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los cuales es titular el trabajador por el mero hecho de ser tal” (García J. , 2010, págs. 2-3)

Dentro de los antes mencionados derechos fundamentales el derecho a la igualdad configura a la equidad de trato que debe haber entre las personas, nadie puede ser tratado de una forma distinta a los demás ya que todos tenemos los mismos derechos y garantías ante la ley. Y tal como lo determina la Constitución de la República, la igualdad y el derecho a la no discriminación, implica que todas las personas se consideran iguales ante la ley y tendrán los mismos derechos, garantías y oportunidades, sin discriminación por ningún concepto, sea cual sea su etnia, color, idioma, sexo, religión, edad, religión o filiación política, entre otras condiciones.

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discriminación dada que, al darse un trato diferente a una persona, también se origina la discriminación y por ende la vulneración de otro derecho.

1.2.2. Principios

Son normas que ordenan que algo se ha realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas reales y existentes. En otras palabras, son mandatos de optimización que pueden cumplirse en diferente grado.

Irrenunciabilidad de derechos laborales.- La Constitución de la República en el número 2 del artículo 326, recoge el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, en los siguientes términos: Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles; será nula toda estipulación en contrario, norma que también se encuentra desarrollada en el artículo 4 del Código del Trabajo. El tratadista Márquez Pedro respecto a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, expone la siguiente definición: “Es la no posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio de los derechos concedidos por la legislación laboral”. (Márquez, 2008, pág. 78)

Intangibilidad de los derechos.- Según Guerrón Santiago sobre este principio expresa que: “En palabras muy comunes, la intangibilidad consiste en aquello que no se puede tocar; todo derecho reconocido al trabajador no se puede tocar, disminuir, al contrario, lo que puede hacer es mejorar; en este sentido, por medio de este principio, los derechos adquiridos por los trabajadores solamente pueden ser mejorados.” (Guerrón, 2003, pág. 76)

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Al respecto Diego Valadés, menciona: “el estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder.” (Valadés, 2002, pág. 7)

Cabe mencionar y hacer un análisis sintético, de esta condición, en el Estado de derechos, los derechos que son creaciones y reivindicaciones de nuestro pasado, limita los poderes del Estado. Entonces la parte dogmática, donde establece nuestros derechos, tiene una importante relación con la orgánica e impone el cumplimiento a los órganos estatales de garantizar los derechos de las personas.

Agrega, además, el jurista Ramiro Ávila Santamaría: “La Constitución es, además, norma jurídica directamente aplicable, por parte de cualquier persona, autoridad o juez. Al considerarse una norma vinculante requiere de una autoridad competente para sancionar su incumplimiento. Esta autoridad es la Corte Constitucional, que tiene facultades para sancionar la inconstitucionalidad de los actos que emanan del poder público en cualquier forma: leyes y otras normas de carácter general, actos administrativos, políticas públicas y autos o sentencias. El poder para resolver casos de conflicto entre órganos o por exceso en sus atribuciones, se transfiere del parlamento a los jueces con competencia constitucional.” (Ávila, 2008, pág. 22)

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esfera de lo que está limitado, constituida justamente por los derechos fundamentales de todos: los derechos de libertad, que ninguna mayoría puede violar, y los derechos sociales - derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la subsistencia, que toda mayoría está obligada a satisfacer.” (Ferrajoli, La democracia constitucional, 2008, pág. 27)

Finalmente, al hablar el Estado de Derechos se debe comprender al estado desde dos perspectivas: Pluralidad Jurídica que se refiere a las múltiples normas que existen a fin de garantizar los derechos y amparar a las personas en sus necesidades y la Importancia de los Derechos reconocidos en la Constitución, esta circunstancia implica un mayor garantismo y humanidad en el reconocimiento de los derechos y principios del ámbito laboral.

1.3. Marco Jurídico

1.3.1. Convenios Internacionales

En la actualidad, numerosos países han creado alianzas entre sí para proteger sus intereses y los de sus habitantes. Para lograr tal objetivo se ha hecho uso de los instrumentos conocidos como Convenios y Tratados Internacionales los cuales hacen posible la cooperación internacional y una mejor garantía para los derechos de sus habitantes. Nuestro Estado como suscriptor de tratados internacionales está en la obligación de hacer cumplir sus disposiciones.

Respecto al presente tema el Art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos textualmente señala: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

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Además, es necesario mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce derechos a los trabajadores en el plano de la igualdad, desechando todo tipo de discriminación.

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo promueve los derechos laborales de los Estados miembros, fomenta oportunidades de trabajo decente, mejora la protección social y fortalece el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.

1.3.2. Constitución de la República del Ecuador

El derecho al trabajo se encuentra garantizado en el artículo 33 de nuestra norma suprema, que textualmente señala: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

De acuerdo a lo expuesto, el trabajo constituye uno de los principales derechos fundamentales inherentes a la personalidad y desarrollo del ser humano, pues de él depende la calidad de vida de la persona y la de su familia, en cuanto pueda lícitamente generar los medios necesarios para su existencia y para conseguir movilidad social; y, es por esto que este derecho ha sido históricamente defendido por el Estado como un asunto prioritario para que el trabajador tenga una vida digna y decorosa en nuestra sociedad, además que de esta manera contribuye al desarrollo económico del país.

Para tratar el tema de la igualdad es necesario citar el artículo 11 de la Constitución que textualmente señala: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

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derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Como es apreciable, nuestra Constitución es la norma jerárquicamente superior en el ordenamiento jurídico ecuatoriano por lo que sus preceptos deben ser aplicados prioritariamente y las demás normas deben adecuarse a su contenido. De acuerdo al tema de investigación jurídica, se debe aplicar el principio de igualdad de forma inmediata en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores amparados por el Código de Trabajo en el Ecuador.

Principios Constitucionales

Son instituciones jurídicas o normativas vinculantes para los poderes públicos y privados. Ciertos principios están incorporados en la Constitución, por ejemplo, el principio de igualdad, pero otros no están determinados expresamente, sino que han de establecerse en una interpretación operativa a partir de las reglas constitucionales como por ejemplo los principios para el ejercicio de los derechos conforme lo determina el artículo 11 de la Constitución.

Principios Constitucionales de la Función judicial

Los principios integran la esencia de este derecho, el primer principio protectorio, de irrenunciabilidad o imperatividad, y la continuidad; también la primacía de la realidad, de buena fe, de equidad, de no discriminación; principio protectorio: se sancionan a las normas laborales para proteger a los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad; este principio corrige la desigualdad economía existente entre el empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.

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un buen funcionamiento y ante todo respeto entre compañeros para que no exista ningún inconveniente que afecte las relaciones afectivas.

a) Principio pro-operario. - El numeral 3 del artículo 326 de la Constitución de la República, señala: En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.

Este principio se lo debe aplicar de acuerdo a lo que se encuentra establecido en la ley y cumplirlo en este caso en lo que concierne a todos los asuntos laborales, pero siempre buscando el beneficio para los trabajadores y más que todo aquellos que tengan problemas dentro o fuera del lugar del trabajo.

b) Principio in dubio pro operario. - “Este principio significa que los juzgados y tribunales, en caso de duda sobre la aplicación de la norma, la interpretarán de la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador”. (Estrella, 2005, pág. 1)

En este aspecto se considera que la decisión que tomen los tribunales de justicia son los que aplicaran todas las normas, pero estas deben ser muy bien interpretadas para que no exista ninguna equivocación y no se vulnere el derecho de los trabajadores sino se garantice el cumplimiento de todos sus derechos como protección a toda necesidad.

En concordancia con esta norma constitucional, el artículo 7 del Código del Trabajo, en torno a este aspecto, dispone que en caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales o administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores, no obstante recoger el principio constitucional, esta norma legal es restrictiva, en tanto tal aplicación a funcionarios judiciales y administrativos, entendiéndose que en estricto cumplimiento de la jerarquía constitucional, deberá entenderse que aún en el ámbito mismo de la relación laboral se debe aplicar tal principio.

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olvidar que nuestra constitución como norma suprema ampara todo derecho que sea más favorable para el trabajador antes cualquier otra ley ya que siempre garantizara todo deber, derecho y obligación de empleado y empleador.

c) Principio de condición más beneficiosa.- Si una norma laboral establece condiciones peores que las contenidas en los contratos, prevalecerán las condiciones más beneficiosas que se fijaron anteriormente; en definitiva el derecho de los trabajadores a que se aplique la normativa laboral, legal o contractual en el sentido más favorable a ellos constituye aspecto fundamental que permite la tutela preferente a una de las partes de la relación laboral cuya posición en la misma, al contrario de las relaciones que se establecen en el derecho común, es de desigualdad.

Como lo dice este principio es el más beneficioso para todo trabajador tomando en cuenta todos los aspectos legales que garanticen su cumplimiento de todas las cláusulas del contrato que es el principal requisito dentro de la función laboral, todos los aspectos en relación al trabajador deben ser atendidos de mayor prioridad siempre y cuando el empleador también este de acuerdo a todos los requerimientos legales que influye en la prestación de servicios por parte del trabajador.

d) Principio de norma más favorable.- Cuando existan dos o más normas, cualquiera que sea su rango, aplicables a un caso concreto, se aplicará la que, apreciada en su conjunto, sea más favorable para el trabajador.

Este principio es cuando coexisten 2 o más normas, se aplicara aquella que contenga mayores beneficios para los trabajadores se refiere a la conservación de los derechos adquiridos por el trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter general menos favorable sobre esto el artículo 7 del Código de Trabajo dispone que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.

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seguridad de todo aquel que cumpla con su trabajo ya que todo debe regirse a la ley siempre y cuando no tenga objeciones negativas a las que se deben plantear como garantía de un buen respaldo para los trabajadores.

El tratadista José García respecto a los derechos fundamentales del trabajador manifiesta que: “La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los cuales es titular el trabajador por el mero hecho de ser tal.” (García J. , 2010, pág. 3)

El trabajador es la persona que como tal tiene más derechos por realizar un trabajo diario y que cumple con buena funcionalidad y por ende hay que contribuir con todos los beneficios que deben otorgarlo tanto empleador como el Estado y que deben ser garantizados de acuerdo a las necesidades de los trabajadores que como tal necesitan de mayor atención.

A igual trabajo igual remuneración. - El numeral 4 del artículo 326 de la Constitución de la República, señala: A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración; este derecho establece una equidad con relación a un pago que sea ecuánime con el trabajo realizado, puesto que antes ocurría que el patrono o empleador pagaba lo que le parecía a él era suficiente en donde muchas veces se abusaba de la ignorancia o ingenuidad del trabajador.

El trabajo debe ser remunerado de acuerdo a la carga laboral que el empleador le designe al trabajador y lo que conste en el contrato de trabajo, todos los beneficios de ley deben ser cumplidos por parte del empleador sin desigualdad alguna; ya que todo lo relacionado a salarios debe ser recompensado como tal y más si el trabajador cumple más del trabajo y fuera del horario a cumplirlo, el empleador no debe abusar de los trabajadores que no tienen la capacidad física y otros intelectual para el desarrollo de algunas obras grandes y de mayor responsabilidad, así como también de su falta de conocimiento de leyes no debe a ver ningún tipo de perjudicialidad por parte del empleador con su equipo de trabajo.

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salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; es decir brinda un mayor rango de protección tanto para el aspecto psicológico y físico del trabajador ya que se dan casos de acoso, intimidación, en donde muchas veces el trabajador se ve obligado a renunciar o en otros en donde sufre un accidente y el empleador no se hace responsable del mismo.

En todo lugar de trabajo debe a ver un ambiente sano para todo el personal que cumple con sus funciones diarias, el espacio físico debe estar adecuado a las condiciones que va a cumplir el trabajador para que tenga la capacidad suficiente para laborar sin problema alguno; así como también el ambiente con todo el personal debe ser de mucho respeto y sin discriminación alguna como en muchos lugares habido el acoso laboral, esta situación debe ser atendida como mayor prioridad ya que en muchos casos el trabajador puede llegar a caer en un estado de depresión incluso a una autoeliminación y esto conlleva a la incompetencia del empleador en no cumplir con la obligación de ofrecer un adecuado respaldo y de mayor control con sus trabajadores, cualquier situación de peligro que tenga el trabajador recaerá en el empleador quien asumirá cualquier situación legal que se le imponga por negligencia.

Derecho a ser reintegrado al trabajo.- El numeral 6 del artículo 326 de la Constitución de la República, señala: Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley; para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es un contrato inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es su mutabilidad en el tiempo; es decir toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las condiciones originales que le dieron origen precisamente porque estamos hablando de un contrato que involucra el quehacer humano.

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cambiando de acuerdo a las necesidades y condiciones que tanto el empleador como el trabajador lo vean conveniente tanto para el bienestar personal y de la empresa, y en muchos casos ver los cargos y la situación económica que puede ir variando con el tiempo y el desempeño de las funciones que vayan realizando a diario los trabajadores.

Derecho a organizarse y a ser representados. - El numeral 7 del artículo 326 de la Constitución de la República, señala que: Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa; este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente; de igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.

Todos los trabajadores tienen el derecho de formar u organizarse como lo consideren conveniente, desarrollando sus diferentes reglamentos amparados con la ley y sobre todo garantizando el cumplimiento a todas las personas que llegue a afiliarse dentro del campo que lo consideren importante y de mayor desarrollo, así como también tienen derecho los empleadores de organizarse de manera voluntaria siempre y cuando cumplan con todos los parámetros exigidos por la norma suprema.

Solución de conflictos laborales. - El numeral 8 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: Se adoptará el dialogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.

La solución de cualquier problema dentro de los lugares de trabajo debe ser resueltos de una forma democrática y con igualdad para que puedan llegar acuerdos para beneficio de todos y que no haya ningún riesgo que dañe el ambiente de trabajo, esta solución de conflictos se la debe realizar como una reunión de carácter social viendo las diferentes necesidades que requieran de un cambio.

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competente; los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.

Los conflictos laborales deben ser sometidos ante una autoridad competente para que se pueda resolver de una forma pacífica sin que se viole los derechos ya que estos son irrenunciables pero siempre habrá la posibilidad de un acuerdo en beneficio de todos los implicados en estos grandes inconvenientes que de alguna u otra manera ayudan al crecimiento tanto personal como profesional. e) Seguridad social.- De acuerdo al artículo 367 de la Constitución de la República, el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población; la protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales; el sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad; el Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social.

Este derecho es garantizado por el Estado que a través de sus organismos de control social velaran por la seguridad de todos los trabajadores para que se cumplan sus derechos; así como también la integridad física y emocional que deben desarrollarlo de una manera efectiva para que no haya inconveniente alguno y que cumplan con todos los requerimientos que lo disponga el empleador para el bien común y propio de todos los trabajadores.

f) Principio de continuidad. - El contrato individual de trabajo es de tracto sucesivo, y no se agota en una prestación se mantiene en el tiempo está relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.

g) Principio de primacía de la realidad. - Cuando se utilizan métodos indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como si fuera una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.

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conducirse con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad este principio exige conducta como buen empleador y buen trabajador.

Todos estos principios fundamentales del derecho del trabajo se encuentran consagrados en nuestra Constitución de la República, en la sección tercera, en las formas de trabajo y su retribución, desde el artículo 325 al 333, los cuales son muy importantes para que el trabajador se desempeñe en un ambiente óptimo de trabajo.

Principio de Igualdad

El Principio de Igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad bien organizada y de todo Estado constitucional. Este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos. A su vez, este deber se concreta en cuatro mandatos correlativos: 1. Un mandato de trato idéntico a destinarios que se encuentren en circunstancias idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes y diferencias, y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.

La igualdad ha generado en los últimos tiempos abundante literatura doctrinal y ha sido objeto de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales, pero, dada su enorme complejidad e importancia, continúa produciéndonos la sensación de materia poco trabajada, con numerosas incógnitas y cuestiones todavía pendientes.

1.3.3. Jerarquía de la Ley en el Ecuador

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entre sí, de modo que traducidas a una imagen visual se asemejarían a una pirámide formada por pisos superpuestos.

Al respecto, a fin de contextaulizar la obra de Hans Kelsen: “La pirámide de Kelsen representa de forma gráfica la estructura escalonada del orden jurídico, que es el resultado obtenido de un estudio profundo de la obra Teoría pura del derecho, del tratadista austriaco Hans Kelsen, quien propuso que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas categorizadas jerárquicamente, entre si, de tal manera que representada de manera visual se asemejaría a una pirámide formada por pisos superpuestos. Siendo la que se encuentra en la cúspide la de mayor jerarquía y disminuyendo conforme se acerca a la base de la pirámide, esto indica de manera visual cual está supeditada a las que se encuentran sobre ella y cuales dependen de ella.” (Reyes, 2013, pág. 14)

Entonces de lo expuesto se entiende que el Sistema Jurídico está constituido por normas jerárquicas y superpuestas, de acuerdo a la trascendencia de la norma y su aplicación en beneficio de los derechos de las personas, el establecimiento de la pirámide jerárquica de la normativa nacional se basa en dos criterios: Las Categorías y los Grados.

A saber, las categorías, es la expresión de un gobierno normativo que determina una calificación de su contenido y una condición relativa determinada por la constitución o por ser normas reglamentarias, mientras que los grados, son los que exponen una escala o graduación existente entre las normas pertenecientes a una misma categoría. Dicha relación interna se establece por la utilización de sus principios de competencia funcional y territorial, formalidad extraordinaria y jerarquía del órgano legislativo.

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1.3.4. Código Orgánico de la Función Judicial

El Código Orgánico de la Función Judicial comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia.

Principios rectores y disposiciones fundamentales del Código Orgánico de la Función Judicial son los encargados de regir la administración de justicia y garantizar su aplicación en armonía con la Constitución de la República y se mencionan a continuación:

“Artículo 4.- Principio de supremacía constitucional. - Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía.

Artículo 5.- Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación.

Artículo 6.- Interpretación integral de la norma constitucional.- Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad.

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funciones. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley.

Artículo 8.- Principio de independencia.- Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.

Artículo 9.- Principio de imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.

Artículo 10.- Principios de unidad jurisdiccional y gradualidad.- De conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.

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Artículo 13.- Principio de publicidad.- Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.

Artículo 14.- Principio de autonomía económica, financiera y administrativa.- La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de descentralización y desconcentración. El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica.

Artículo 15.- Principio de responsabilidad.- La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Artículo 16.- Principio de dedicación exclusiva.- El ejercicio de cualquier servicio permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o por derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño libre de la profesión de abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo.

Artículo 17.- Principio de servicio a la comunidad.- La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes.

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consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

Artículo 19.- Principios dispositivo, de inmediación y concentración.- Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.

Artículo 20.- Principio de celeridad.- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.

Artículo 21.- Principio de probidad.- La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial.

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Artículo 23.- Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.

Artículo 24.- Principio de interculturalidad.- En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante.

Artículo 25.- Principio de seguridad jurídica.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. Artículo 26.- Principio de buena fe y lealtad procesal.- En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley.

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ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia.

Artículo 29.- Interpretación de normas procesales.- Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.

Artículo 30.- Principio de colaboración con la función judicial.- Las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias. La Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera.

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31 1.3.5. Derecho Administrativo

Es el conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan las relaciones de la Administración Pública con los particulares y las relaciones entre los mismos organismos públicos.

El Derecho administrativo, con sus técnicas tradicionales sobre control de la arbitrariedad de la Administración Pública, ha aportado mucho en este terreno, habiéndose orientado la labor del Derecho constitucional y los Tribunales constitucionales fundamentalmente a perfilar la igualdad en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de justicia ordinarios.

 Derecho Administrativo Público: Regula las actuaciones del estado y sus funcionarios

 Derecho Administrativo Privado: Regula a las personas titulares de derechos

El Derecho administrativo, a diferencia del derecho privado (civil, mercantil o laboral) es derecho sustantivo y público, regula relaciones entre el Estado y los particulares y es derecho garantizador, incluye normas destinadas al Estado para garantizar el cumplimiento del Derecho administrativo (potestades).

Administración Pública

La función que tiene la administración pública es la de satisfacer las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, la administración privada se ocupa del manejo de las actividades que no están a cargo del Estado, o las que este cede.

Objetivo de la Administración Pública

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Diferencia: La pública busca fines altruistas de bienestar general para la comunidad, para así obtener el logro de los cometidos estatales, por su parte, la privada propende por la satisfacción de necesidades particulares, que se traducen generalmente en un provecho económico. Existen empresas privadas que prestan servicios públicos y a su vez entidades públicas que obtienen utilidades del servicio prestado.

Acto Administrativo

Es según el tratadista Seccaria, la declaración unilateral de voluntad que expresa la administración pública y que produce efectos jurídicos directos e inmediatos, los órganos públicos en el ejercicio de su competencia manifiestan la voluntad de la función administrativa del Estado a través de los actos administrativos para satisfacer el interés general; puede ser considerada como administrativa, las actividades de organización interna de las otras funciones del poder.

Efectos del acto Administrativo

Pueden estimarse directos o indirectos, los directos serán la creación, declaración o extinción de las obligaciones y derechos, es decir, producirá obligaciones de dar-hacer-no hacer- declarar un derecho; los efectos indirectos son la realización misma de la decisión que contiene el acto administrativo. Clases de Actos Administrativos

Generales: Crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas de una colectividad; va dirigido a un número plural de personas, que se enmarcan en los supuestos de hecho que trae el acto; ejemplo: ordenanzas.

Particulares: modifican y regulan situaciones específicas, de un individuo en particular o de un grupo de personas claramente identificado;

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Actos definitivos: se pronuncian sobre la esencia del tema a resolver, contienen una decisión final

Reglados: son emitidos en virtud de una disposición normativa que ordena explícitamente a la administración la realización del mismo.

Actos legislativos: actos emitidos con fuerza de ley; ejemplo: resoluciones. Hechos Administrativos

Todo suceso proveniente de la administración, que, aunque causa una consecuencia jurídica sobre una persona, un bien, no traen inmersa una intención previa de realizarla.

Las instalaciones de una oficina pública, comprende un edificio de varios pisos, el cual repentinamente por aparente estado de deterioro cae en el predio vecino, generando daños considerables en la estructura de la casa vecina, vemos en este caso como sin mediar voluntariedad por parte de la administración en la caída de la edificación, ésta si genera consecuencias jurídicas para el Estado debido a que el edificio es un bien público y por lo tanto se debe responder por las secuelas causadas por la destrucción del mismo.

Contratos Administrativos

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34 1.3.6. Administración Tributaria

La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto.

Administración tributaria central, seccional y de excepción

Central: la dirección de la administración tributaria corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca.

Seccional: en el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine.

Excepción: se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación.

Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta se aplica a todas las personas o empresas que generen una ganancia o utilidad al final de cada año.

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se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. Retención de Impuestos

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.

Agentes de Retención

 Entidades y organismos del sector público y empresas públicas  Contribuyentes especiales

 Sociedad y persona natural obligada a llevar contabilidad  Contratante de servicios de construcción

 Compañías de seguros y reaseguros

 Exportadores (únicamente en la adquisición de bienes que se exporten, o en la compra de bienes o servicios para la fabricación y comercialización del bien exportado)

1.3.7. Código Orgánico General de Procesos

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