LEY DE NEGO SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

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SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

Daniel Mesa

Mario Pomatta

Laura Bajac

Héctor Zapirain

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En el presente número la Revista «Transformación,

Estado y Democracia» entendió importante publicar

el texto completo de dos leyes recientemente aproba-das por el Parlamento Nacional, vinculaaproba-das a la Nego-ciación Colectiva en el sector público, Ley Nº 18.508 del 26 de Junio de 2009 y en el sector privado, Ley Nº 18.566, del 30 de septiembre de 2009.

Desde la perspectiva de la Oficina Nacional del Ser-vicio Civil, se trata de dos instrumentos normativos de enorme trascendencia pues constituyen una novedad en lo que ha sido la tradición abstencionista en mate-ria de derecho colectivo del trabajo en nuestro país.

Además del texto de las referidas normas, la publi-cación resulta enriquecida por los comentarios de cua-tro autores de reconocida trayectoria en el marco de las relaciones laborales, tanto en el sector privado como en el público. Nos estamos refiriendo al 0 Dr. Héctor Zapirain quien hace una primera aproximación al texto de la Ley Nº 18.566, así como a los Dres. Mario Pomatta, Laura Bajac y al Cr. Daniel Mesa que aportan su visión no solamente sobre el texto de la Ley No. 18.508, sino que nos brindan su autorizada opinión respecto a las principales características del proceso de elaboración del referido cuerpo normativo, en tanto han participado directamente de los ámbitos de Negociación Colectiva del sector público.

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I - PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1 (Principios y derechos fundamenta-les del sistema de relaciones laborafundamenta-les en el sector público).- El sistema de relaciones laborales en el sector público está inspirado y regido por los prin-cipios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y por los derechos fundamentales inter-nacionalmente reconocidos (artículos 57, 65, 72 y 332 de la Constitución de la República).

Artículo 2 (Participación, consulta y colabora-ción).- El Estado promoverá de manera efectiva la consulta y la colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de trabajadores pú-blicos sobre las cuestiones de interés común que pudieren ser determinadas por las partes, con el objetivo general de fomentar relaciones fluidas en-tre los interlocutores, la comprensión mutua, el intercambio de información y el examen conjunto de cuestiones de interés mutuo.

La participación y la consulta son el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo sobre asun-tos respecto de los cuales se ha proporcionado previamente información suficiente, a un nivel ade-cuado de representación de las partes que permita obtener respuestas suficientes sobre las posicio-nes adoptadas e incluso alcanzar acuerdos previos a posibles decisiones unilaterales.

Artículo 3 (Derecho de negociación colectiva).-Reconócese el derecho a la negociación colectiva a todos los funcionarios públicos con las exclusio-nes, limitaciones y particularidades previstas en el artículo 9º del Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y en los numerales 2 y 3 del artículo 1 del Convenio N º 1 5 1 d e l a O I T, a p r o b a d o p o r l a L e y Nº 16.039, de 8 de mayo de 1989.

El Estado promoverá y garantizará el libre ejer-cicio de la negociación colectiva en todos los nive-les. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre la

administración y las organizaciones representati-vas de trabajadores públicos.

Artículo 4 (Negociación colectiva).- Negocia-ción colectiva en el sector público es la que tiene lugar, por una parte entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones que los representen y, por otra parte, una o varias organi-zaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de propender a alcanzar acuerdos que regulen:

A) Las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral.

B) El diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la fun-ción pública.

C) La estructura de la carrera funcional. D) El sistema de reforma de la gestión del Esta-do, criterios de eficiencia, eficacia, calidad y profe-sionalización.

E) Las relaciones entre empleadores y funcionarios. F) Las relaciones entre uno o varios organismos públicos y la o las organizaciones de funcionarios públicos correspondientes y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación.

Las partes están obligadas a negociar, lo que no impone la obligación de concretar acuerdos.

Artículo 5 (Obligación de negociar de buena fe).- La obligación de negociar de buena fe comporta para las partes los siguientes derechos y obligaciones:

A) La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma.

B) La realización entre las partes de las reunio-nes que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.

C) La designación de negociadores con idonei-dad y representativiidonei-dad suficientes para la discu-sión del tema que se trata.

D) El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate.

Ley Nº 18508

Ley Nº 18508

Ley Nº 18508

Ley Nº 18508

Ley Nº 18508

Promulgación: 26/06/2009

Promulgación: 26/06/2009

Promulgación: 26/06/2009

Promulgación: 26/06/2009

Promulgación: 26/06/2009

Publicación: 16/07/2009

Publicación: 16/07/2009

Publicación: 16/07/2009

Publicación: 16/07/2009

Publicación: 16/07/2009

Tabaré Vázquez Jorge Bruni Gonzalo Fernández Andrés Masoller José Bayardi María Simon Víctor Rossi Daniel Martínez Eduardo Bonomi Miguel Fernández Galeano -Ernesto Agazzi - Héctor Lescano - Carlos Colacce - Marina Arismendi

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E) La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso.

Artículo 6 (Derecho de información).- Las par-tes tienen la obligación de proporcionar, en forma previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa.

El Estado, a solicitud de las organizaciones re-presentativas de los trabajadores del sector públi-co, deberá suministrar a las mismas toda la infor-mación disponible referente a:

A) Los avances de los proyectos de Presupues-to y Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

B) La situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de los funcionarios.

C) Los cambios tecnológicos y reestructuras funcionales a realizar.

D) Los planes de formación y capacitación para los trabajadores.

E) Posibles cambios en las condiciones de traba-jo, seguridad, salud e higiene laboral.

Artículo 7 (Formación para la negociación).-Las partes en la negociación colectiva adoptarán medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una for-mación adecuada.

II - ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 8 (Ámbito de aplicación).- Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Po-der Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Admi-nistrativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electo-ral, los entes autónomos, servicios descentraliza-dos y los Gobiernos Departamentales (Intenden-cias Municipales, Juntas Departamentales y Jun-tas Locales Autónomas Electivas).

Artículo 9 (Competencias del Ministerio de Tra-bajo y Seguridad Social).- El Ministerio de TraTra-bajo y Seguridad Social será el organismo encargado de velar por la aplicación de la presente ley.

En tal carácter, coordinará, facilitará y promo-verá las relaciones laborales y la negociación colec-tiva en el sector público. Cumplirá funciones de conciliación y de mediación y dispondrá de las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

Artículo 10 (Niveles de negociación en el Po-der Ejecutivo y en los entes autónomos yservicios descentralizados del dominio industrial y comer-cial del Estado).- La negociación colectiva en el

Poder Ejecutivo y en los entes autónomos y servicios des-centralizados del dominio industrial y comercial del Esta-do, funcionará en tres niveles:

A) General o de nivel superior, a través del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

B) Sectorial o por rama, a través de las mesas de nego-ciación establecidas en función de las particularidades o autonomías.

C) Por inciso u organismo, a través de las mesas de negocia-ción entre las organizaciones sindicales representativas de base y los respectivos organismos.

Artículo 11 (Consejo Superior de Negociación Colecti-va del Sector Público).- El Consejo Superior de Negocia-ción Colectiva del Sector Público estará integrado por dos representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-cial (uno de los cuales presidirá el Consejo), dos represen-tantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos repre-sentantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos representantes de la Oficina Nacional del Servicio Ci-vil y ocho representantes de las organizaciones sindicales más representativas de funcionarios públicos de mayor grado a nivel nacional, de conformidad con los principios establecidos en los Convenios Nº 151 y 154 de la Organi-zación Internacional del Trabajo (OIT) y recomendacio-nes del Convenio Nº 159 de la OIT, quierecomendacio-nes podrán ser asistidos por asesores técnicos.

El Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sec-tor Público desarrollará la negociación colectiva de nivel superior, actuará por consenso y funcionará a pedido de cualquiera de las partes que lo integran.

Serán cometidos del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público propender a alcanzar acuer-dos de máximo nivel en las materias referidas en el artículo 4º de la presente ley y todas aquellas que las partes definan y que no impliquen limitación o reserva constitucional o legal.

Artículo 12 (Segundo nivel).- La mesa de negociación en el nivel sectorial o por rama de la negociación colectiva en el Poder Ejecutivo y en los entes autónomos y servicios descentralizados se integrará con dos representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos representan-tes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos represen-tantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dos repre-sentantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ocho delegados designados por la organización representa-tiva de los funcionarios públicos del respectivo sector o rama.

En el caso de los entes autónomos y servicios descen-tralizados, el ámbito de negociación podrá integrarse, ade-más, con representantes de las referidas instituciones.

La negociación colectiva de nivel sectorial o por rama tendrá como cometido propender a alcanzar acuerdos de segundo nivel en las materias referidas en el artículo 4º de esta ley.

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orga-nismo funcionará a través de las mesas de negocia-ción integradas por las autoridades del inciso u or-ganismo y las organizaciones sindicales represen-tativas de base.

Asimismo, podrán participar representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Mi-nisterio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Na-cional del Servicio Civil, así como delegados de las organizaciones sindicales representativas de la rama. La negociación colectiva de nivel inferior o por inciso u organismo tendrá como cometido propen-der a alcanzar acuerdos en las materias referidas en el artículo 4º de la presente ley.

Artículo 14 (Mesas de negociación).- A los efec-tos de la negociación colectiva en el

Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electo-ral, el Tribunal de Cuentas, los entes autónomos de la Enseñanza Pública, y los Gobiernos Departa-mentales (Intendencias Municipales, Juntas De-partamentales y Juntas Locales Autónomas Elec-tivas), se constituirán mesas de negociación, aten-diendo a las particularidades reconocidas por la Constitución de la República.

Las respectivas mesas de negociación estarán integradas por dos representantes del organismo correspondiente, por tres delegados designados por

la organización representativa de los funcionarios y por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que actuará conforme con lo dispuesto por el artículo 9º de la presente ley. Asi-mismo, podrán participar, como asesores, delega-dos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Mi-nisterio de Economía y Finanzas.

Cada mesa de negociación definirá los ámbitos y niveles de funcionamiento según las necesidades y particularidades de cada organismo. La negociación colectiva tendrá como cometido propender a al-canzar acuerdos en las materias referidas en el artículo 4º de esta ley.

III - PREVENCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS

Artículo 15 (Prevención de conflictos).- Ante cualquier diferencia de naturaleza colectiva que pueda representar conflictos entre las partes, se buscarán soluciones en el nivel del organismo; en caso de no lograr acuerdo, la diferencia podrá ser planteada en la instancia superior, atendiendo a las características o peculiaridades del ámbito de ne-gociación de que se trate, sin perjuicio de las com-petencias específicas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ley Nº 18566

Ley Nº 18566

Ley Nº 18566

Ley Nº 18566

Ley Nº 18566

Promulgación: 11/09/2009

Promulgación: 11/09/2009

Promulgación: 11/09/2009

Promulgación: 11/09/2009

Promulgación: 11/09/2009

Publicación: 30/09/2009

Publicación: 30/09/2009

Publicación: 30/09/2009

Publicación: 30/09/2009

Publicación: 30/09/2009

Rodolfo Nin Novoa

Julio Baráibar

I - PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTIVA

Artículo 1 (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamen-tales internacionalmente reconocidos.

Artículo 2 (Derecho de negociación colecti-va).- En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por

una parte, y una organización o varias organizacio-nes de trabajadores, por otra, tienen derecho a adop-tar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas. Artículo 3 (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la ne-gociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleado-res y trabajadoempleado-res.

Artículo 4 (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a

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sus negociadores respectivos el mandato necesa-rio para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consul-tas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.

Las partes deberán asimismo intercambiar in-formaciones necesarias a fin de facilitar un desa-rrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la co-municación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsa-bilidad a quienes incumplan.

Artículo 5 (Colaboración y consulta).- La co-laboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la com-prensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la eco-nomía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.

Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular:

A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.

B) Lograr que las autoridades públicas compe-tentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizacio-nes de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como:

i) La preparación y aplicación de la legisla-ción relativa a sus intereses.

ii) La creación y funcionamiento de organis-mos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readapta-ción profesionales, protecreadapta-ción de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, se-guridad y bienestar sociales.

iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6 (Formación para la negociación).-Las partes en la negociación colectiva podrán adop-tar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respec-to de tal formación a las organizaciones de emplea-dores y de trabajaemplea-dores que lo soliciten.

El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apro-piada de empleadores o de trabajadores interesada.

La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de desig-nar a sus propios representantes a los fines de la negocia-ción colectiva.

II - CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO

Artículo 7 (Creación del Consejo Superior Triparti-to).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno.

Artículo 8 (Integración).- El Consejo Superior Tripar-tito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecu-tivo, seis delegados de las organizaciones más representa-tivas de empleadores y seis delegados de las organizacio-nes más representativas de trabajadores, más un igual nú-mero de suplentes o alternos de cada parte.

Artículo 9 (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Tra-bajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a pro-puesta de cualquiera de las partes.

Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia míni-ma del 50% (cincuenta por ciento) de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segun-da convocatoria dentro de las 48 horas para la que se reque-rirá el 50% (cincuenta por ciento) de los integrantes del Consejo. Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 10 (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

A) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determi-ne para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por pro-cedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

B) Efectuar la clasificación de los grupos de negocia-ción tripartita por rama de actividad o cadenas producti-vas, designando, en su caso, las organizaciones negociado-ras en cada ámbito.

C) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resolu-ciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita.

D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones rela-cionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita. E) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que consi-dere pertinentes para el fomento de la consulta, la negocia-ción y el desarrollo de las relaciones laborales.

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III - NEGOCIACION COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Artículo 11 (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita.

Artículo 12 (Competencia).- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

«ARTICULO 5º.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publica-das por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sec-tor de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá con-vocarlo dentro de los quince días de presentada la petición. No será necesaria la convocatoria de Consejos de Sala-rios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente con-certado por las organizaciones de empleadores y trabaja-dores más representativas de la actividad o sector».

Artículo 13 (Designación de delegados).- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

«ARTICULO 6º.- El Consejo Superior Tripartito efec-tuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecuti-vo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más represen-tativas de los respectivos grupos de actividad.

En los sectores donde no existiere una organización sufi-cientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizacio-nes que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que éste pro-ponga»

IV - NEGOCIACIÓN COLECTIVA BIPARTITA

Artículo 14 (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un em-pleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representa-tivas de los trabajadores, por otra.

Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organi-zación. En la negociación colectiva de empresa, cuan-do no exista organización de los trabajacuan-dores, la legitimación para negociar recaerá en la organiza-ción más representativa de nivel superior.

Artículo 15 (Niveles y articulación).- Las par-tes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adopta-dos en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo. Artículo 16 (Efectos del convenio colectivo).-Los convenios colectivos no podrán ser modifica-dos por contrato individual o acuermodifica-dos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebra-do por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleado-res y trabajadoempleado-res del nivel de negociación empleado- respec-tivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17 (Vigencia).- La vigencia de los con-venios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determi-nar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. V - PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN

DE CONFLICTOS

Artículo 18 El Ministerio de Trabajo y Seguri-dad Social tendrá competencias en materia de me-diación y conciliación en caso de conflictos colecti-vos de trabajo.

Artículo 19 (Procedimientos autónomos).- Los empleadores o sus organizaciones y las

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Cr. Daniel Mesa

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Director de la Unidad de Presupuesto Nacional - MEF

La puesta en marcha de sistemas de negociación colectiva, tanto en el campo privado como en el público fue una de las propuestas de la plataforma electoral del lema triunfador en las elecciones nacionales de octubre de 2004.

En el campo privado la propuesta se instrumentó instalando los consejos de salarios de acuerdo a la ley de 1943.

En el Sector Público, por primera vez en la historia, se comenzó la construcción de un sistema de Negociación Colectiva. A nivel del Poder Ejecutivo se acordó en un principio que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil representa-rían al Poder Ejecutivo y a las Empresas Públicas en los distintos ámbitos de negociación del Sector Público.

ciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brinda-rá asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedi-mientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 20 (Mediación y conciliación volun-taria).- Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren conve-niente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943).

Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la soli-citud con los antecedentes correspondientes, éste deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas.

Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Conse-jo de Salarios, que no es posible arribar a un

acuer-do conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Na-cional de Trabajo a los efectos pertinentes.

CAPÍTULO VI

Artículo 21 Durante la vigencia de los conve-nios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplica medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito.

Queda excluida de su alcance la adhesión a medi-das sindicales de carácter nacional convocamedi-das por las organizaciones sindicales.

Para resolver las controversias en la interpreta-ción del convenio deberán establecerse en el mismo procedimientos que procuren agotar todas las ins-tancias de negociación directa entre las partes, y luego con la intervención de la autoridad ministe-rial competente, para evitar el conflicto y las accio-nes y efectos generados por éste.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, a falta de un proce-dimiento fijado por las partes, puede dar lugar a la declaración de la rescisión del convenio, la que de-berá promoverse ante la justicia laboral.

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Esas decisiones políticas se materializaron en decretos durante marzo de 2005 y el 17 de marzo de 2005 tuvo su primera sesión el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

En el mes de julio de 2005 en dicho Consejo se firmó el acuerdo, marco de la Negocia-ción Colectiva del Sector Público, referencia de todos los acuerdos posteriores y resultado de una práctica de negociación desarrollada desde el mes de marzo.

Ese acuerdo a su vez se constituyó en un valioso antecedente para la formulación de la ley de Negociación Colectiva, que fue también objeto de negociación en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

El resultado de esa negociación fue el proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que finalmente, enriquecido en la discusión por ambas cámaras, resultó aproba-do el 26 de junio de 2009.

La construcción en común entre gobierno y sindicatos de este proyecto de ley fue posible por la metodología de negociación adoptada por ambas partes:

- análisis en común del problema a resolver, compartiendo la información disponible aportada por ambas partes,

- búsqueda de las causas de los problemas y por ende de las alternativas de solución a los mismos, y la

- discusión acerca de la elección de la mejor alternativa.

NUEVA LEY SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL

SECTOR PÚBLICO

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Departamento Jurídico del PIT CNT

La adaptación al nuevo marco jurídico

Estado y Sociedad son instituciones ar-ticulables a través de las herramientas de que disponen, fenómeno sociológico indis-cutible, y analizando las perspectivas que se generan para el Movimiento Sindical Uru-guayo, -la más representativa de las Orga-nizaciones Sociales que interactúan en esa relación en nuestro país-, a partir de la pro-mulgación de la nueva Ley sobre Negocia-ción Colectiva en el Sector Público, los tra-bajadores organizados sindicalmente de ese Sector cuentan con ámbitos donde se preservará el acceso al efectivo ejercicio de ese Derecho Humano Fundamental.

El Diálogo Social, el Tripartismo, y la más privilegiada y preciada de esas herramien-tas de interacción entre el Gobierno y los Sindicatos, la Negociación Colectiva, insti-tucionalizada a través de la norma

aproba-da, posicionan al Movimiento Sindical de for-ma tal, que su estrategia en este plano ya no dependerá exclusivamente de la volun-tad política del Gobierno de turno, sino del sistema instaurado, que ha sido caracteri-zado como un verdadero Sistema de

Rela-ciones laborales en el Sector Público, con

las notables consecuencias que ello con-lleva como fenómeno democratizador y re-gulador de dichas relaciones, como lo ex-presaremos.

No es por casualidad entonces que no-sotros estemos difundiendo el pensamiento del Movimiento Sindical en una publicación de nivel y prestigio como esta, que precisa-mente se denomina Transformación, Esta-do y Democracia.

Existen, entonces determinados planos de la realidad que le permiten al Movimiento Sindical participar por la vía mencionada, la de la negociación colectiva, en la

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determi-nación no sólo de sus condiciones de em-pleo, sino también en la planificación estra-tégica de los Organismos del Estado vincu-lados con la Economía, el Desarrollo Pro-ductivo, la Política Energética, la Centralidad del mundo del trabajo, (empleo, salario, pro-tección e inclusión social), Salud, Educación, Seguridad, y todos aquellos donde se haga imprescindible, como clase trabajadora, dede los derechos inherentes a la condi-ción de servidor público.

Y porque además participar en esas de-terminaciones implica participar en todas las

condiciones trabajo y empleo, inclusive en las que los generan, como lo establece el Convenio de OIT Nº 154.

Si esta no fuera la tarea, es decir, si es-tos no fueran los criterios para ejercitar la acción gremial a partir de la puesta en prác-tica de la nueva estructura de las relaciones laborales en el sector público, la novedosa

aparición en el escenario social de esta norma no serviría más que para comple-tar un cuadro normativo de avanzada, pero no modificaría lo que entendemos es una escasa incidencia de los planteos de las organizaciones sindicales de trabajadores públicos en los procesos de transforma-ción social que en los últimos tiempos se ponen a consideración de la sociedad. La Nueva Ley y la acción internacional de la OIT

La reciente Conferencia de la Organiza-ción Internacional del Trabajo, que aborda-ra, entre otros temas, la Crisis Global, sus consecuencias, y las respuestas a la mis-ma, recomendó, en el Documento Final

so-bre un Pacto Mundial para el Empleo, y

en-tre otras varias cuestiones, precisamente

la tarea a cargo de Gobiernos, Organiza-ciones de Trabajadores y de Empleado-res, dirigida a fortalecer a los interlocuto-res sociales, en el marco de una estrate-gia cuyo debate requiere de la participa-ción en base al Diálogo Social, el Tripartismo y la Negociación Colectiva entre dichos actores, como mecanismo dirigido a su vez a la elaboración de políti-cas públipolíti-cas de amplia base social.

La nueva Ley que analizamos, resulta funcional a esos planes y pronunciamien-tos, requiriendo por supuesto de organici-dad, definición de metas claras, cometidos específicos, y fundamentalmente trabajo

centralizado y coordinado desde las organi-zaciones sindicales y el Gobierno, sin aban-donar por supuesto, y desde nuestro punto de vista, el conjunto de las otras herramien-tas tan caras al movimiento sindical urugua-yo, y en función de sus intereses, que no se descartan, y que sirven de apoyo a la tarea que se emprende en el tránsito de la inte-gración a dichas estrategias.

Es ésta entonces una norma jurídica de avanzada, que se integra al Nuevo Sistema de Relaciones Laborales en nuestro país, y que se complementa entre otras con la Ley sobre Negociación Colectiva en el Sector Privado, y con la Ley sobre Libertad Sindical. Permite en definitiva a las Organizacio-nes Sindicales de Trabajadores Públicos

propender a la necesaria transformación del Estado, proceso ineludible e inherente a

cualquier pretensión de cambio de modelo de país, y encarar esta tarea bajo la

premi-sa también necepremi-saria y fundamental de que la tan mentada, multicitada y “manosea-da” idea acerca de esta “Reforma”, no puede detenerse en el mero análisis de cambio en los paradigmas de gestión ad-ministrativa del aparato del Estado, como ha ocurrido en el pasado, y como lamenta-blemente, desde nuestro punto de vista, continúa ocurriendo en la actual administra-ción de gobierno.

Los cambios de paradigma en la Nueva Ley

Ya desde el contenido del art. 1º de la nueva Ley se percibe una transformación pa-radigmática en varios aspectos que han sido, en nuestro país, cuestiones consolidadas en los ámbitos académicos, gremiales, po-líticos, e incluso sociales, y que han opera-do como un freno al impulso renovaopera-dor que en otros aspectos se están produciendo en nues-tra sociedad.

Es así que el artículo 1º adopta una fórmula que innova saludablemente en la materia, esto es, en el examen de las relaciones entre el tra-bajador del Estado y su empleador.

Se define entonces al cuerpo normativo como un Sistema de Relaciones

Labora-les en el Sector Público, inspirándose en

Principios Generales de Derecho y en nor-mas de carácter supranacional, que consa-gran Derechos Humanos Fundamentales, en especial los Convenios Internacionales de la OIT No 151 y 154, y la expresa remisión

a las disposiciones contenidas en los Arts.

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1 Extractado de la publicación Trabajo & Utopía, PIT CNT, Julio – Agosto de 2009. 2 Así lo expresamos en trabajo editado en el Nº 37 de esta misma publicación.

72 y 332 de la Constitución de la República, lo cual implica adherir a derechos

inheren-tes a la personalidad humana, a principios generales de derecho y a las doctrinas ge-neralmente admitidas, permitiendo además

incorporar directamente a nuestro derecho positivo, definiciones, pronunciamientos y

conceptualizaciones emanadas de la OIT, y de su Comité de Libertad Sindical.

También las normas contenidas en los arts. 3º y 4º de la Ley que comentamos, ca-racterizando el fenómeno de la Negociación Colectiva y determinando su contenido, lo

reconoce como un derecho y promueve su efectivo ejercicio a todos los niveles posibles, declarando su obligatoriedad, con lo cual ope-ra en la práctica también como un cambio pa-radigmático que, aun en la resistencia de algu-nos sectores – tal lo que ocurre en estos mo-mentos en la Corte Electoral y algunas Admi-nistraciones Municipales-, impone una solu-ción de principio democrática y republicana.

Otro tanto ocurre al momento de fijar los eventuales contenidos de la negociación a cualquier nivel, -Superior, por sectores o “ra-mas”, por Organismo o Inciso-, con lo que

se termina con la práctica limitante en cuan-to a no negociar cuestiones reservadas a los Estatutos de los funcionarios de cual-quiera de esos Organismos, o a las nor-mas del Presupuesto Nacional, y se aban-dona además la tesis conservadora y se-gregante que extralimita las diferencias en-tre la relación contractual o estatutaria en la función pública.

No es este un análisis exhaustivo de las características salientes de la nueva ley, ni lo pretende.

Sí corresponde expresar con firmeza cuáles son las exactas previsiones de la Ley, para alejarlas de eventuales interpretacio-nes que la pretendan “encorsetar”,

Para ello debemos señalar que el texto legal, porque así surge de su inspiración normativa, que lo es además de carácter político y fundamentalmente ideológico, está dirigido a colocar al Estado, la Persona Pú-blica Mayor 2, como el Órgano que

efectiva-mente determina la aplicación de las

nor-mas nacionales y supranacionales ratifica-das por el país, y que son las que fijan el imperativo de vigencia del Derecho humano Fundamental a la Libertad Sindical y la Ne-gociación Colectiva para los trabajadores públicos y privados, con las solas limitacio-nes a las que refiere la Ley en su art. 3º.

Sujetándose entonces esa Persona Pú-blica Mayor a las normas mencionadas, lo propio deberá ocurrir a partir de la vigencia de la Ley con todos y cada uno de los Orga-nismos Públicos incluidos en sus previsio-nes, especialmente las contenidas en su art. 8º.

Y finalmente corresponde referir a las competencias del Ministerio de Trabajo y Se-guridad Social, quién será el Organismo

encargado de velar por la aplicación de la presente ley.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá asumir, como lo hace para el caso de la actividad privada, el

rol de impulsor de políticas sobre relaciones laborales en el sector público, característica fundamental que le permite exigir, desde esa posición, la necesaria sujeción al sistema ins-taurado por Ley de los restantes Organismos que conforman al Estado en sentido amplio, y además, cumplir y hacer cumplir la Ley, como corresponde.

En definitiva, a la inclusión del concepto por el cual el estado asume la obligación de negociar como componente fundamental de su práctica laboral; a la amplitud con que se considera el Capítulo sobre los contenidos para esa negociación; a la extensión del fe-nómeno a todos los niveles posibles dentro del esquema constitucional que estructura los Organismos del Estado; y al reconoci-miento expreso de la relación funcional como propia de un sistema de cuño laboral, se le agrega la obligatoria sujeción a dicho siste-ma de todos y cada uno de los Organismos que conforman esa estructura, colocándo-se en su vértice al Ministerio de Trabajo y Seguridad, que como quedó expresado, deberá en el futuro asumir su rol como

Rec-tor en políticas públicas sobre relaciones laborales.

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LOS TRES GRANDES PERÍODOS DE LA NEGOCIACIÓN

COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

Dra. Laura Bajac

Dra. Laura Bajac

Dra. Laura Bajac

Dra. Laura Bajac

Dra. Laura Bajac

Estrategias y Desarrollo de Gestión Humana

de la ONSC

La negociación colectiva en el sector público ha pasado por varios períodos, los que se pueden caracterizar por un determinado marco jurídico y por su aplicación. El presente trabajo busca plasmar la evolución por la que ha transitado la negociación en el sector público hasta llegar a la primera ley que la regula específicamente.

Así se pueden distinguir tres grandes períodos: 1) Antecedentes: previo a marzo de 2005.

2) Desarrollo: marzo 2005 hasta la sanción de la nueva Ley.

3) A partir de la Ley de negociación colectiva en el sector público Nº 18.508.

1) ANTECEDENTES: PREVIO A MARZO DE 2005

La negociación colectiva, es un derecho humano fundamental, por “doble partida”, por sí y como parte de la Libertad Sindical. Dicho derecho, ha sido recogido en diversas nor-mas jurídicas de máxima jerarquía, a nivel internacional como Pactos1, Declaraciones 2 y

Convenios Internacionales 3, y a nivel nacional en la Constitución de la República 4,

forman-do parte del denominaforman-do “bloque de constitucionalidad. 5

El marco normativo de la época se completa con las siguientes disposiciones:

Ley Nº 16.736 del año 1996, cuyo artículo 739 creó una Comisión Permanente de Relaciones Laborales para la Administración Central y los organismos comprendidos en el art. 220 de la Constitución, con el cometido de asesorar en materia salarial, condiciones de empleo y demás temas regulados por los Convenios Internacionales de Trabajo, Integrada por represen-tantes del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y organizaciones más representativas de los funcionarios. El Texto Ordenado de los Funcionarios Públicos, Decreto Nº 200/997.

No obstante lo expresado, en la aplicación concreta del derecho, encontramos: A nivel de la Administración Central, los primeros intentos consistieron en experiencias

1 Algunos ejemplos: Art. 7 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales(Bogotá 1948), art. 43 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (Buenos Aires, 1967).

2 La Declaración de Derechos y Principios Fundamentales de la OIT de 1998, recoge a la negociación colectiva entre ellos, y establece que todos los miembros del organismo tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la OIT de respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad a la Constitución los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios. 3 Convenio Internacional de Trabajo Nº 87 (Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación) y Nº 98 (Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva), ratificados por Ley Nº 12.030; Nº 151 (Sobre las relaciones de trabajo en la administración pública) y Nº 154 (Sobre el fomento de la negociación colectiva) ratificados por Ley Nº 16.089.

4 Artículos : 57, 65, 72 y 332.

5 Barbagelata, H-H El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales, en rDL T. XLVII, Nº 214, pág. 213 y sig. Ermida Uriarte, O. Derechos Humanos Laborales en el derecho positivo uruguayo, en Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en Uruguay. Infocus. OIT, Nº 205, año 2006. Págs. 16 y 17. Barretto Ghione, H.

Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabaoj en Uruguay. Infocus. OIT, Nº 205, año 2006. Pág. 26.

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informales de negociación con motivo de la elaboración de la ley de presupuesto en el año 1967. También se señala el primer convenio salarial de los diques del Estado, en el año 1966.

En la década de 1990, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como algunos Gobiernos Departamentales, comen-zaron a celebrar convenios colectivos con las organizaciones representativas de sus fun-cionarios. Estos convenios se caracterizan por utilizar un lenguaje laboral, aún cuando se refieren a materia que, según la Constitución, pertenece al estatuto del funcionario6.

Asimismo en los años 90’ se concreta la negociación colectiva en la Banca Oficial, con la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuyo resultado se denomina “Acuerdos laborales”.

Con relación a la Comisión Permanente de Relaciones Laborales (art. 739 de la Ley Nº 16.736), en la práctica actuó durante dos años y cumplió principalmente funciones de mediación a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En resumen, existieron ámbitos de negociación aislada, inorgánica y generalmente correspondiente a los entes del Estado de dominio industrial, comercial o del sector ban-cario. Se efectuaron denuncias ante la Organización Internacional de Trabajo por inexisten-cia de negoinexisten-ciación colectiva en la Administración Central y en la Enseñanza. Y con relación al rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue de ausencia en la promoción de la negociación colectiva en el sector público.

2) DESARROLLO: MARZO 2005 HASTA LA SANCIÓN DE LA NUEVA LEY

El marco normativo se reitera, pero se agregan el Decreto Nº 104/005, el Decreto Nº 113/005, el Convenio Colectivo de la Banca Oficial (abril, 2005), el Acuerdo Marco 22/7/05 y la Ley Nº 17.940.

Los Decretos de marzo de 2005 (Nº 104 y 113) y el Acuerdo Marco, crearon un sistema de negociación colectiva en el Sector Público, instalando ámbitos formales de negociación en tres niveles:

• Consejo Superior de Negociación Colectiva en el Sector Público (CSNCSP), integra-do por representantes Poder Ejecutivo, a través de la OPP, ONSC y el MTSS actuanintegra-do en carácter de coordinador y moderador, representantes de las organizaciones sindi-cales más representativas de funcionarios del Sector Público.

• Sectorial o por rama: Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado-Administración Central; Mesa Sindical Coordinadores de Entes-Poder Ejecuti-vo; Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay-Administración Nacional de Educación Pública, Universidad de la República; Banca Oficial-Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, Sector Financiero Oficial. • Inciso u organismo, desarrolla la negociación directa entre las organizaciones sindicales de base con sus respectivos organismos.

En el período se firmaron aproximadamente 60 actas de acuerdos, destacándose los siguientes contenidos:

- Artículo 7 de la Ley Nº 17.930: “naturalización de becarios y pasantes”, creación de paritarias;

- Acuerdo Marco; - FONASA

- Acuerdos salariales: recuperación de la “pérdida Batlle” y ajustes salariales: - Banca Oficial (19/12/07)

- Enseñanza Pública (20/12/07) - Empresas Públicas (20/12/07)

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- Poder Judicial (20/12/07)

- Administración Central y organismos del 220 (11/4/08)

- Anteproyecto de la ley de negociación colectiva en el Sector Público

El rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este período fue activo. Promocio-nó la negociación colectiva en el sector público, participó como coordinador y moderador en los diferentes niveles, y medió y concilió en diversos conflictos del sector.

Las principales dificultades se dieron en torno a la negativa del Tribunal de lo Conten-cioso- Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial y de algunos Gobiernos Departamentales, a integrarse al nuevo sistema de negociación colec-tiva. Dichos organismos, se negaron sistemáticamente a negociar con presencia del Po-der Ejecutivo, aunque sólo se tratara del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actuando como mediador.

La actitud asumida por los organismos citados, colocó al Estado uruguayo como in-cumplidor ante el concierto internacional, porque el Estado -persona pública mayor- está obligado a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la negociación colectiva, y es res-ponsable ante los organismos internacionales.

3) A PARTIR DE LA LEY Nº 18.508

Al ámbito normativo citado ut supra, debemos agregar la Ley Nº 18.508. El contenido de la misma fue negociado por el Poder Ejecutivo y los representantes de las organizaciones sindicales más representativas de funcionarios del Sector Público, en el ámbito del Con-sejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, siendo recogido en su totalidad por el Poder Legislativo. Las partes aportaron su experiencia obtenida en los últimos años, buscando solucionar las principales dificultades que se presentaron.

En ese sentido, se establece que el ámbito de aplicación de la ley comprende al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administra-tivo, al Tribunal de Cuentas, a los Entes Autónomos, a los Servicios Descentralizados y a los Gobiernos Departamentales (Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Juntas Autónomas Electivas).

Se reconoce el derecho a la negociación colectiva a todos los funcionarios públicos, con las exclusiones, limitaciones y particularidades previstas en el art. 9 del Convenio Internacional de Trabajo Nº 87 y num. 2 y 3 del art. 1 del Convenio Internacional de Trabajo Nº 151.

Se instaura la obligación de negociar, y de negociar de buena fe, y se determinan las materias de la negociación colectiva, así como el derecho a la información en general y en particular7.

Por otra parte, se recoge la inquietud de ambas partes para lograr una mejor negocia-ción, previendo la formación para la negociación. En cuanto a la prevención de conflictos, se establece que ante posibles situaciones de conflicto, las partes se comprometen a buscar soluciones en los ámbitos de negociación, desde el nivel de base hasta el superior, sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Con relación a la estructura del sistema de negociación colectiva, se dividió en dos, atendien-do a las particularidades reconocidas por la Constitución: 1) el Poder Ejecutivo, los Entes Autóno-mos y los Servicios Descentralizados del dominio industrial comercial; 2) el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos de la Enseñanza.

Los tres grandes períodos de la Negociación Colectiva - Laura Bajac

7 Los avances de los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal; la situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de los funcionarios; los cambios tecnológicos y reestructuras funcionales a realizar; los planes de formación ycapacitaciónpara los trabajadores; los posibles cambios en las condiciones de trabajo, seguridad, salud ehigiene laboral.

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1) El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados del dominio indus-trial comercial, se recoge la experiencia del Acuerdo Marco, y se crean tres niveles:

- General o Superior, en el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el Sector Público

-CSNCSP-- Sectorial o por Rama, a través de las mesas de negociación establecidas en función de las particularidades o autonomías. En caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de dominio industrial y comercial, se prevé la posibilidad de que se integre además de los representantes del Gobierno (MTSS, OPP, ONSC y MEF), los representantes de las referidas instituciones.

- Por inciso u organismo, a través de las mesas de negociación entre las organizaciones sindicales representativas de base y los respectivos organis-mos. Se prevé que en estos ámbitos bipartitos puedan participar represen-tantes del MTSS, MEF, OPP, ONSC, así como delegados de las organizacio-nes sindicales representativas de la rama.

2) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos de la Enseñanza: se constituirán Mesas de Negociación, que se integrarán con dos represen-tantes de cada organismo, tres delegados por organización representativa de funcionarios y un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Podrán participar como Asesores, delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamien-to y PresupuesPlaneamien-to y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Cada Mesa de Negociación definirá los ámbitos y niveles de funcionamiento según las necesidades y particularidades de cada organismo.

Con relación al rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se establece en primer término que velará por la aplicación de la ley, coordinando, facilitando y promoviendo las relaciones laborales y la negociación colectiva en el sector público.

Asimismo dicho Ministerio cumplirá funciones de conciliación y de mediación y dispon-drá de las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos, integrará todos los ámbitos y mesas de negociación, así como presidirá el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

La negociación colectiva es un derecho que tiene consagración constitucional e in-tegra el elenco de los derechos humanos laborales.

No obstante ello, se ha carecido de una regulación integral y sistemática. Singulari-dad que ha estado matizada por leyes aisla-das sobre aspectos puntuales o específi-cos, y los convenios de la OIT. núm. 98, 151 y 154 ratificados por el país.

Es así que, la ley No 18.566, de 11 se

setiembre de 2009, regula con carácter

ge-NUEVAS REGLAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

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Asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

neral e integral la negociación colectiva y el convenio colectivo.

Del artículo 1º se desprende que el sis-tema estará inspirado y regido por los prin-cipios y derechos enumerados en la ley y demás “derechos fundamentales internacio-nalmente reconocidos”. Tales como, dere-cho de negociación colectiva, promoción y garantía a la libre negociación, intercambio de información, deber de negociar de bue-na fe, etc. Normas que más allá de la cues-tión de su aplicación inmediata o directa,

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constituyen un marco de referencia obliga-do a los efectos de la interpretación e inte-gración de las disposiciones aplicables.

Esta ley trata de la negociación colectiva en el ámbito privado, dado que para el sec-tor público o estatal rige la Ley No 18.508, de

26 de Junio de 2009. Quedan además in-cluidas en su ámbito de aplicación, las per-sonas públicas no estatales o de derecho privado.

El nuevo sistema de negociación colec-tiva no desplaza a los Consejos de Salarios sino que los integra. Tiene un carácter mix-to, donde conviven y se complementan, sin desplazarse ni superponerse, la negocia-ción colectiva bipartita (empleadores y bajadores) y la tripartita (empleadores, tra-bajadores y gobierno). Recogiendo así una larga práctica en el país, donde la negociación colectiva ha tenido más de una manifestación.

Al tiempo que se reconoce a los interlocuto-res sociales la libertad para elegir el nivel de negociación, el sistema se organiza o estructu-ra en tres gestructu-randes niveles o estestructu-ratos. Las partes pueden negociar por sector de actividad, por empresa o establecimiento, o cualquier otro ni-vel que estimen oportuno.

En un primer nivel se ubica la negociación colectiva de empresa, establecimiento o unidad menor; y también la que involucra a más de una empresa que estén vinculadas o interrelaciona-das entre sí. A este nivel la negociación colectiva será siempre bipartita.

Un segundo nivel, donde tiene lugar la negociación colectiva de rama de actividad o de cadenas productivas, ya sea dentro del ámbito de los Consejos de Salarios o de instancias bipartitas.

En los Consejos de Salarios, además de la fijación de los mínimos salariales por categoría laboral, la actualización de las re-muneraciones y la determinación del régi-men de licencia sindical, las partes se po-drán acordar condiciones de trabajo.

Conviene destacar un cambio importante al régimen de convocatoria de los Consejos de Salarios, ya que ahora podrán ser convocados no sólo de oficio por el Poder Ejecutivo sino tam-bién cuando media a requerimiento de los

sec-tores sociales. En este último caso la convoca-toria será preceptiva.

En aquella rama o cadena productiva en que esté vigente un convenio colectivo, de-bidamente acordado por las organizaciones más representativas de empleadores y tra-bajadores, no será necesaria la convocato-ria del Consejo de Salarios del respectivo grupo de actividad.

Por último, un tercer nivel, en el cual tie-ne lugar una tie-negociación colectiva de ca-rácter macro. Al igual que a nivel de rama, la negociación colectiva de grado superior, puede ser tanto bipartita, como tripartita.

La negociación tripartita a este nivel es la que se desarrolla en marco del Consejo Superior Tripartito, entre los representantes del Poder Ejecutivo y los delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores.

En resumen, la nueva regulación, dejan-do a la autonomía un amplio espectro de cuestiones, consagra un marco legal de carácter general. De la ley no surge una re-glamentación minuciosa u omnicomprensi-va, sino una regulación mínima o básica que tiene como finalidad primordial oficiar de soporte o apoyo a la negociación colectiva. Brinda unas reglas tendientes a “estimular y fomentar” la negociación; lo cual se ajusta a un modelo de regulación moderada e ins-pirado en los convenios y recomendaciones de la OIT.

En conclusión, un sistema donde la nego-ciación colectiva bipartita se complementa con la negociación tripartita, sin que ello signifique dependencia o subordinación de una sobre otra. Al tiempo que se consagran reglas ten-dientes a promover y facilitar la negociación que tiene lugar entre empleadores y traba-jadores, se fortalecen ámbitos donde la negociación colectiva asume un carácter netamente tripartito.

Solución que podría catalogarse de ecléctica o mixta, pero que tiene la virtud de reflejar una realidad del sistema uruguayo de relaciones la-borales.

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