hecho, por las exigencias de un modelo basado en concesiones forestales, asociaciones en participación, vedas forestales y desmontes masivos para uso agropecuario.
El punto de partida ha consistido en participar directamente en la producción y comercialización forestal como la vía más rápida y efectiva de valoración económica de sus recursos naturales. A partir de este hecho, las organizaciones campesinas deciden delimitar y respetar áreas forestales permanentes, establecer áreas sucesivas de corte anual, reali- zar aprovechamientos organizados y controlados de la cosecha anual del bosque, participar en la inducción y cuidando de la regeneración natural, realizar siembras directas o plantaciones artificiales, proteger sus recur- sos contra incendios y plagas forestales, controlar las talas clandestinas y el pastoreo, etc. (Suárez, 1990).
Así, las organizaciones como la Unión de Ejidos Hermenegildo Galea- na en Guerrero; Unión de Ejidos Emiliano Zapata en Durango, Estado de México y Morelos; Comunidades indígenas de San Juan Nuevo y Picháta- ro, la Unidad de Producción Adalberto Tejeda en Michoacán; la Sociedad de Productores Forestales en Quintana Roo, entre otros, constituyen claros ejemplos de la viabilidad de un modelo que garantiza la perma- nencia y renovabilidad de los recursos forestales cuando éstos se trans- forman en una alternativa económica sostenida para sus dueños. Esto demuestra que el futuro de los bosques está condicionado, normalmente, a la demostración práctica de su capacidad para elevar el nivel de vida de la población que depende directamente de ellos.
Sin embargo, por lo menos desde la llegada de la empresa Del Monte, en 1961, se empezó a desarrollar en México un sistema en donde la agroindustria privada nacional y transnacional financia parcial o totalmente la producción, proporciona asesoría técnica y asume el compromiso de compra fijando de antemano los precios o los mecanismos de fijación de los mismos, las normas de calidad y los tiempos de entrega por parte del vendedor (productor). La relación principal que predomina es la compraventa y para fines prácticos se le ha denominado agricultura por contrato.
El brócoli, la coliflor y el espárrago, así como la cebada maltera y la caña de azúcar son, sin duda, los cultivos que ilustran mejor la natura- leza y funcionamiento de la agricultura por contrato. En principio, una de las peculiaridades de este sistema es la ausencia, por parte de la empresa privada, de control directo sobre la tierra; en cambio, existe un dominio económico apoyado en el manejo de las condiciones tecno- lógicas, los insumos y el capital fijo que requiere la actividad agrícola y el mercado.
Con respecto a la horticultura, para 1991 se estimó que sólo la región centro del país, considerando a los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y sur de Zacatecas, la agroindustria hortícola tenía el dominio directo a través de los contratos de compraventa de unas 50 mil hectáreas de riego, siendo el cultivo de brócoli el que ocupa- ba el 60% de la superficie, seguido por coliflor (20%) y el espárrago (11%). Estos cultivos son eminentemente de exportación, principalmen- te hacia los Estados Unidos.
Un aspecto de particular relevancia que conviene destacar se refiere al tipo de productores con los que contrata la agroindustria. En los contratos se establece el compromiso de la empresa para abastecer con plántula e insumos a los productores, además de ofrecer asesoría y garantía de compra. Esto significa, en términos generales, que la agroindustria financia (sin intereses) entre 30 y 35% de los costos de producción, y el resto, aproximadamente 3,300 nuevos pesos por hectárea, lo cubrió el productor5.
Considerando que para este tipo de cultivos no existían líneas de crédito, que la tierra necesariamente debía ser de riego y que el tamaño promedio de los predios debía oscilar entre 20 y 40 hectáreas, era obvio que este tipo de agricultura sólo benefició a aquellos productores que disponían de capital y tierra en los montos exigidos por la agroin- dustria: sólo los medianos y grandes productores privados reunieron semejantes condiciones y fueron con los que de, hecho, se relacionó la agroindustria.
5 Estas cifras corresponden a la región del bajío guanajuatense para noviembre de 1991.
Así, las razones que arguyeron para privilegiar el trato con este tipo de agricultores y no con ejidatarios y comuneros fueron las siguientes:
(Rama y Vigorito, 1979).
Asegurar la calidad de la materia prima, pues este tipo de agricul- tores controlan las mejores tierras y pueden aplicar la tecnología mas moderna en los cultivos,
Posibilidad de obtener grandes volúmenes de producción,
Facilidad en la supervisión, pues es más fácil supervisar el cum- plimiento de un contrato con pocos productores, que con ejidata- rios o minifundistas que generan una producción fragmentada en una multitud de precios, y
Disponibilidad de maquinaria, equipo y medios que garantizan la siembra, el manejo, la cosecha y el transporte hasta la agroindustria.
Cuando se llegaba a establecer contratos en tierras ejidales, general- mente se hacían a través de terceras personas que rentaban las tierras, evitando con ello la relación directa con los ejidatarios.
Cabe señalar que el personal técnico del FIRA y algunas empresas ex- portadoras como EXPOHORT, ubicada en el estado de Querétaro, han promovido y concretado algunos proyectos de horticultura por contrato con grupos ejidales. Este caso representa uno de los pocos ejemplos en el país en donde una compañía de esa naturaleza establece relaciones directas con ejidatarios para el cultivo de hortalizas de exportación. Así, las utilidades de los productores se elevaron en más de 250% compara- das con las obtenidas cuando rentaban la tierra.
Otro ejemplo típico de agricultura por contrato lo constituye el que ha practicado desde antaño la industria cervecera, a través de Impulsora Agrícola, S.A. de C.V., con los productores de cebada maltera. Para garan- tizar el abasto de la industria, la Impulsora celebra contratos de promesa de compraventa en cerca de 300 mil hectáreas, comprometiéndose con los agricultores a adelantarles 50% de la semilla e insumos a cambio del 100% de la producción. Una vez que el agricultor recibe la semilla, la cual representa cerca del 20% de los costos totales de producción, recibe un cupón que le da derecho a entregar su cebada en lo depósitos de acopio, previa certificación de la calidad.
Este mecanismo ha resultado ser muy efectivo en virtud de que los dos grandes grupos cerveceros nacionales, mismos que controlan el 98%
del mercado nacional de cerveza, han logrado ponerse de acuerdo para que la Impulsora funja como único comprador de cebada maltera a nivel nacional. Aparte de garantizar con ello la homogeneidad en la calidad de la materia prima, también logran que los probables conflictos por precio o calidad que se presenten con los agricultores, sean atendidos directamente por la Impulsora sin que dañen la tan cultivada imagen de la industria cervecera.