Contexto de apertura económica y liberalización en México

El proceso de desregulación y apertura comercial que inicia a mediados de la década de los ochenta y culmina con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, constituyó el contexto general que obligó a la economía mexicana a elevar su desempeño, en primer lugar, a través de incrementar la competitividad, para estimular las exportaciones y en segundo lugar para enfrentar las importaciones en el mercado nacional. Estos procesos iniciaron con la eliminación de los permisos previos de importación sobre 80 por ciento de las fracciones arancelarias, y, en 1986, con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Las medidas implementadas pretendían que las exportaciones y la inversión privada, nacional y extranjera, se erigieran como los pivotes de la expansión de la demanda, papel que antes había desempeñado el gasto público, con el objetivo de elevar la tasa de crecimiento del producto en el largo plazo (Brown y Domínguez, 1999).

El crecimiento de las exportaciones durante 1982-1993 fue de 5.8 por ciento anual, mientras que las exportaciones de las economías más importantes en América Latina fueron de 8.0 por ciento para Brasil, Chile 8.4 y Argentina 3.7 por ciento, datos ampliamente superados por países asiáticos como Malasia con una tasa de crecimiento en sus exportaciones de 12.3 y Tailandia 14.5 por ciento promedio anual. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el crecimiento de las exportaciones mexicanas se

106 elevó a 11.1 por ciento anual durante 1993-2006, Brasil disminuyó el ritmo de sus exportaciones a una tasa de 7.1 por ciento, Chile 7.5 y Argentina elevó su dinámica exportadora a razón de 8.3 por ciento, mientras que los países asiáticos, Malasia y Tailandia, disminuyeron el ritmo de sus exportaciones 8.9 y 7.8 por ciento respectivamente (Moreno, 2010).

La composición de las exportaciones mexicanas rápidamente transitó desde exportaciones de petróleo a principios de los ochenta hacia manufacturas no basadas en recursos naturales, éstas representaron 36 por ciento del total de exportaciones en 1985, elevando su participación a 72.4 por ciento en 1994, esta dinámica en las exportaciones mexicanas colocó a México como uno de los países que competía exitosamente en el mercado de Estados Unidos, situación que se ha visto modificada desde los primeros años del siglo XXI debido a las crecientes exportaciones de China y otros países asiáticos (Moreno, 2010).

El proceso de apertura económica determinó la creación de un entorno favorable a los flujos de inversión extranjera directa, situación que propició la desregulación del mercado laboral, la existencia de modelos de negociación colectiva fueron sustituidos por otros de índole individual y, como consecuencia, la reducción en los costos de despido y contratación de mano de obra temporal o a tiempo parcial, vinculando el comportamiento de los salarios, no sólo con la productividad promedio sino con las fluctuaciones de la demanda.

En este contexto, y ante la necesidad de elevar la productividad promedio, tanto de las empresas como del conjunto de la economía, el Estado gradualmente se aleja de la negociación salarial y deja, cada vez más, en manos del mercado el establecimiento del salario y de las condiciones generales de trabajo, ya que no existían condiciones para apoyar con recursos públicos la implementación de estrategias para elevar el nivel de eficiencia en aquellos procesos productivos orientados a las exportaciones, además de impulsar la diferenciación de la

107 gama de bienes ofrecidos tanto a nivel de mercado externo como interno, logrando con ello incidir positivamente en el bienestar de la población en general.

Tanto las políticas empresariales como la propia competencia mundial, determinaron que en el contexto de la flexibilización laboral, la reorganización del proceso de trabajo tuviese como objetivos prioritarios: primero, fragmentar y diversificar las labores del trabajador masivo y, segundo, crear una reducida porción de trabajadores altamente calificados encargados de tareas complejas de supervisión y dirección. Los medios de que se valen para lograr esto, son elevar el uso de la capacidad productiva a través de la producción continua, logrando con ello reducir la vulnerabilidad del proceso de producción y debilitar la organización de los trabajadores basada en intereses colectivos.

Existen al menos tres tipos de presiones a las cuales están sometidas las empresas, que han dado como resultado un proceso de precarización del trabajo, entendido como el conjunto de problemas que enfrentan los trabajadores y que se manifiestan en bajos salarios, deterioro en la calidad del empleo, prolongación de la jornada de trabajo y sobre todo la afectación de los derechos laborales.

La industria de alimentos, bebidas y tabaco (IABT) no se ha visto excluida de este proceso de apertura económica y liberalización comercial, aun cuando se trata de una industria más bien orientada al mercado interno, no obstante, a lo largo del período 1999-2010 se ha incrementado la inversión extranjera directa en algunas de sus ramas. Asimismo, la competencia con empresas transnacionales que satisfacen las necesidades alimenticias de grandes segmentos de la población, ha traído consigo una nueva dinámica que ha afectado a algunas de sus ramas. Veamos algunos de los indicadores técnico productivos que muestran la heterogeneidad en su desempeño: en primer lugar se define a la industria de alimentos; se aborda la situación del personal

108 ocupado; el nivel de productividad promedio que presenta amplias diferencias en una misma rama y entre distintas entidades federativas; la intensidad en el uso del capital que nos aproxima al nivel tecnológico promedio que impera en cada rama y en cada región; finalmente, la evolución que ha tenido el costo laboral unitario que expresa la proporción del pago en remuneraciones por unidad producida.

IV.2. Importancia económica y territorial de la industria de alimentos,