dida en la ciudad, facilitar una situación menos desigual para negociar los necesarios ajustes entre todos los grupos y fomentar una cohesión social más democrática y más respetuosa de la diferencia. (La participación de los inmigrantes en el ámbito local, de Carles Simó y Francisco Torres.)
- Hacinamiento, provocado por la dificultad para encontrar vivien- da y la necesidad de compartir piso. Como ya hemos indicado, el núme- ro de viviendas con sobre-ocupación extrema o crítica ha descendido en las últimas anualidades, no obstante, los problemas de convivencia generados en estos casos suelen ser importantes.
- Deficientes condiciones de habitabilidaden las viviendas, sobre todo en el entorno de las explotaciones agrícolas (ausencia de agua o luz), pero también en los cascos urbanos (existencia de grietas, humedades, goteras o malos olores).
- Insuficiencia de viviendas de alquiler, debido a la tradicional escasez de estos bienes en el mercado español, a lo que debe aña- dirse las reticencias de naturaleza xenófoba a concertar contratos de arrendamiento con la población inmigrante.
- Imposibilidad de acceso, en muchos casos, a la adjudicación de vivienda protegida de promoción pública, para la que resulta exigible la acreditación de un plazo mínimo de residencia en la localidad con carácter previo a la adjudicación (2 años en el caso de las viviendas protegidas promovidas por la JCCM, conforme al Decreto Regional 3/2004), lo que excluye a los inmigrantes recién llegados durante los primeros años de estancia en los pueblos y ciu- dades de nuestra provincia.
- Mayor dificultad para el acceso a la vivienda, derivada del idio- ma y de la ausencia de una red social de apoyo. Resulta obvio que la diferencia lingüística genera a la población inmigrante más pro- blemas de los usuales para conocer el mercado de la vivienda, nego- ciar un contrato u obtener el asesoramiento público o privado más adecuado. De otro lado, la ausencia de una red social de apoyo pro- voca un mayor desconocimiento de los lugares en los que buscar alo- jamiento. Así, quienes carecen de la información o recursos de pri- mera acogida facilitados por compatriotas se ven forzados, en el mejor de los casos, a usar de la red asistencial para personas “sin techo”.
Hemos de hacer, en este punto, una especial incidencia en la proble- mática de los denominados inmigrantes “sin techo”en el ámbito regional y provincial.
Una previa delimitación del concepto de persona “sin techo” o “sin hogar”, nos lleva la definición realizada a efectos estadísticos por el INE, que indica “Una persona sin hogar es alguien que no tiene acceso a un alo- jamiento que puede razonablemente ser habitado, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como si es alquilado, proporcionado por ins-
tituciones, por empleadores u ocupado de forma gratuita bajo un acuerdo contractual o de otro tipo. “ (INE 2004: Anexo Metodológico de la Encuesta sobre las personas sin hogar.)
Según los datos del organismo estadístico nacional, pese a que no dis- pone de indicadores provinciales, lo cierto es que puede concluirse que más de la mitad de las personas sin hogar en nuestra provincia son extranjeras.
A ello contribuye, sin duda, la temporalidad del trabajo agrícola en nuestra región.
Resultan especialmente ilustrativos los datos regionales aportados por el Servicio de Integración de la Junta, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, referidos a las personas que pasan en un determinado momento por un centro de acogida, si bien es evidente que no refleja la rea- lidad de los “sin techo” en toda su amplitud.
Según la información de la Administración Regional, más de la mitad de las personas que se alojaron durante el año 2006 en Centros de Baja Exigencia en la región eran extranjeros.
Por otro lado, el Observatorio CITE CCOO 2003/2006, arroja unos datos más ajustados a la realidad de la población inmigrante. Así, conclu- ye que aproximadamente el 7% de ellos pueden ser considerados como “sin hogar”, incluyendo, eso sí, a quienes residen en viviendas prestadas por ami- gos, instituciones o empleadores.
En este sentido, el 2º Plan Regional de Integración Social 2002-2005 ya preveía una descripción del perfil de los colectivos afectados por la exclusión social en la Región, identificando en este grupo a la población inmi- grante.
Más en concreto, la Red Regional de Atención a Transeúntes sin techo, en su informe correspondiente a las previsiones para el año 2007, se refería expresamente a los inmigrantes como destinatarios de los dispositi- vos de atención gestionados por la Administración Autonómica.
El problema de los asentamientos de inmigrantesen la provincia mere- ce, por su conflictividad social, una especial atención.
Resulta frecuente que los medios de comunicación periódicamente infor- men acerca de los problemas de convivencia generados por los asenta- mientos irregulares en las cercanías de los pueblos y ciudades de Albacete.
La situación de tales asentamientos aparece vinculada a los ciclos de cosechas y empleo temporal en el sector agrario. La improvisación de cam- pamentos en los que puede llegar a residir un importante número de extran- jeros en condiciones insalubres es habitual y genera recelo por parte de los vecinos autóctonos que comparten el territorio del asentamiento.
Así, resultan especialmente destacables los conflictos detectados
durante el verano del año 2006 en Villarrobledo y en la zona de Villaelvira de la capital, vinculados por algunos medios de comunicación y por deter- minados grupos políticos al incremento de la delincuencia en la zona.
En el mismo año, se llegó a producir el desalojo y expulsión policial de varios de los residentes en un asentamiento irregular en la localidad de Tarazona de la Mancha.
Durante el año 2006, igualmente, se produjo el caso del asentamien- to de la fábrica de piensos Pansalba, cuantitativamente más importante que los precitados, y del que los medios de comunicación se hicieron un espe- cial eco.
En este caso, el conflicto se ramificó al afectar, en primer lugar, a los propios grupos de inmigrantes residentes en la citada instalación, en segun- do lugar, a los vecinos de la zona, quienes pretendían el desalojo de los inmi- grantes y la demolición del inmueble para su desarrollo urbanístico, en ter- cer lugar, a los empresarios del sector agrario, a los que se culpabilizó de la situación precaria padecida por los afectados, e incluso a los habitantes del barrio de “las seiscientas”, donde se pensó reubicar inicialmente a los inmigrantes, además, claro está, de al Ayuntamiento de Albacete.
El amplio abanico de los colectivos directa o indirectamente afecta- dos mostró, de forma particularmente llamativa, la verdadera dimensión del problema.
La disputa cesó, parcialmente, con la apertura del campamento muni- cipal de La Dehesa, junto al cementerio. Pese a las reticencias iniciales, los inmigrantes fueron llegando a estas instalaciones, en las que recibieron, ade- más de alojamiento, asistencia sanitaria y jurídica. Con la llegada del invier- no, el albergue se fue desalojando, si bien constituye un importante recur- so ante la llegada de temporeros en años futuros.
Recientemente, durante el año 2007 se produjo una situación especialmente problemática en La Herrera, donde se asentó, junto al acueducto Tajo- Segura, un campamento de aproximadamente 300 ciudadanos de naciona- lidad rumana. No fueron, sin embargo, las penosas condiciones de insalu- bridad las que motivaron la actuación de los poderes públicos, sino los even- tuales problemas de inseguridad que el asentamiento pudiera causar en el municipio. La intervención política promovida desde el Ayuntamiento, así como la presencia policial, llevaron al desalojo del campamento el 22 de agos- to de 2007. Las ONG y Asociaciones advirtieron, no obstante, que con ello se trataba simplemente de eludir el problema mediante su traslado a otro lugar, sin aportación de soluciones más racionales.
En relación con esta cuestión, la Institución del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha tratado el tema de los asentamientos a instancias
de unos vecinos de la localidad de Hoya Gonzalo, de nacionalidad españo- la, y ante el temor de que se generasen en la localidad situaciones de inse- guridad originadas por la llegada masiva de inmigrantes para trabajar en la campaña del ajo. En este caso, sin embargo, el problema no llegó a mate- rializarse, dado que, a requerimiento de la Institución, la Corporación reca- bó los datos necesarios sobre la entidad y alcance de la situación, tanto de los servicios sociales como de las fuerzas de seguridad, que inspeccionaron los supuestos escenarios de los asentamientos.
Finalmente se concluyó que no se habían producido asentamientos de trabajadores inmigrantes en el municipio con motivo de la recolección de ajos, pues aunque diariamente llegaban trabajadores, se marchaban al ter- minar la jornada laboral. Asimismo, se comprobó que el hecho que había motivado la nueva denuncia de los reclamantes fue la instalación de una tien- da de campaña con unas diez personas, que no se encontraba ya ubicada en la localidad.
El de los asentamientos irregulares es, en suma, un problema propio de nuestra provincia que, por su incidencia social, debe ser resuelto adecuadamente por parte de los poderes públicos, mediante su colaboración y coordinación en el ejercicio de sus competencias, y no sólo desde la perspectiva de la segu- ridad de la población autóctona, sino también con el objeto de solventar los problemas de acceso a una vivienda digna y adecuada por parte de los tra- bajadores inmigrantes que trabajan en los campos de nuestra provincia.
En este sentido, podemos reseñar las reflexiones y recomendaciones que, en relación con este concreto problema, ha realizado el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe especial elaborado en el año 2005 sobre “El Chabolismo en Andalucía”.
Tras una exhaustiva tarea de recopilación de datos y su posterior aná- lisis, el Comisionado Parlamentario Andaluz formula una serie de consideraciones específicamente referidas al problema que nos ocupa, y que resaltamos puntualmente en la medida en que tales conclusiones pueden extrapolarse a la realidad de la provincia de Albacete:
- Las condiciones de estos asentamientos, la razón de ser de su crea- ción, el perfil de las personas que los habitan, en la mayoría de los casos su temporalidad, las características de las chabolas y las nece- sidades personales, dadas las escasas familias inmigrantes alojadas en chabolas, aconsejan que su tratamiento no pueda ser el mismo que el de los asentamientos tradicionales. Pero los poderes públicos, de ningún modo, pueden dar la espalda a su existencia.
- En cualquier caso, se trata de una tipología de alojamiento que es
preciso rechazar de manera radical, pues es indigno para las perso- nas que en ellos residen y sobre los que genera un estigma respec- to al resto de la población. Sin obviar los problemas que, en relación con la higiene, el derecho a la intimidad personal, las dificultades para el acceso a los transportes y, por tanto, al trabajo y a los espa- cios de ocio, conlleva la creación de una situación de segregación espacial como la que supone vivir en este tipo de alojamiento.
- Es verdad que el derecho a la vivienda digna y adecuada, además de los españoles, sólo lo tienen reconocido los extranjeros residen- tes en España, pero creemos que, cualquiera que sea su situación legal, mientras estén en nuestro país los inmigrantes no pueden vivir en unas circunstancias que suponen una violación del art. 10 CE, pues la dig- nidad no es patrimonio de quienes disfrutan de un determinado
«status» jurídico, sino algo inherente a la naturaleza humana que, en todo caso, hay que garantizar.
Sugiere, en consecuencia, la adopción de medidas tales como:
a) Crear una bolsa de inmuebles y un banco de datos de información sobre posibles alojamientos existentes y precios.
b) Ofertar, para aquellos que no posean recursos y una vez agotadas las posibilidades de darles cobertura en alojamientos colectivos o albergues, alojamientos en régimen de alquiler, sufragados total o parcialmente, según las circunstancias personales, con cargo a las ayudas de emergencia que poseen las administraciones, aunque sólo sean medidas de carácter temporal
c) Se proceda a instalar tiendas de campañas, del tipo de las que uti- lizan la Cruz Roja o el Ejercito, en espacios habilitados para ello y a las que se dotaría de los servicios mínimos sanitarios y de abas- tecimiento de agua, para el supuesto de que la infraestructura inmobiliaria y de hospedaje no permitiera garantizar un aloja- miento temporal para estas personas.
d) Con independencia de ello, se deben poner en valor todos los recur- sos existentes y, entre ellos, estudiar las propuestas de ofrecer sue- lo o inmuebles para la construcción o rehabilitación que, en oca- siones, han realizado ONG o algún empresario privado.
e) Se exija, por parte de los Ayuntamientos y respecto de los inmue- bles y espacios que no reúnan condiciones dignas y por los que se está cobrando un alquiler, que se les dote de unos servicios míni- mos. Los Ayuntamientos no pueden vivir de espaldas a estos pro- blemas.
Por otro lado, la Institución del Defensor del Pueblo de Castilla-la Mancha ha reflexionado igualmente acerca de la problemática de los inmigrantes y su acceso a una vivienda digna.
Con motivo de la celebración en la Ciudad de León, en octubre de 2006, de las Jornadas de Coordinación de Defensores Estatal y Autonómicos, orientadas a evaluar el impacto social del urbanismo, la Institución Regional formuló las siguientes consideraciones relacionadas con el problema de la inmigración y la vivienda, dirigidas a los poderes públicos:
- No centrar en exclusiva las políticas de vivienda protegida en el acce- so a la vivienda nueva y en propiedad. Impulsar más las políticas de vivienda social en alquiler y estudiar alternativas de intervención para favorecer el uso de las viviendas vacías, evitar el deterioro y favo- recer la rehabilitación del parque actual de viviendas, en especial de las ocupadas por colectivos desfavorecidos.
- Desarrollar e impulsar Planes Integrales de Intervención Pública para la regeneración de barrios degradados, barrios periféricos de creci- miento espontáneo y núcleos ya existentes de vivienda social exclu- sivamente destinados a población marginal, a los que se dote de una financiación específica y suficiente e incluyan tanto medidas de acción como de prevención.
- Evitar la formación de nuevos guetos y la construcción de barrios destinados exclusivamente a vivienda protegida para colectivos objeto de especial protección.
- Recomendar que todos los municipios de cierta entidad de pobla- ción elaboren un Plan Municipal de Vivienda, en coordinación, en su caso, con el Plan Autonómico o con el Plan Nacional, desde el que se plantee a medio y largo plazo como se van a afrontar las nece- sidades habitacionales de la población.
- Diversificar al máximo los tipos de vivienda y desarrollar progra- mas de VPO más amplios y universales, dirigidos preferentemente a colectivos de especial protección pero también y de manera simul- tánea a todos aquellos ciudadanos, especialmente jóvenes, que no tienen posibilidades reales de acceder al mercado libre de la vivien- da, con el fin de facilitar la cohesión e integración social.
- Prever normativamente la inclusión en los instrumentos de planea- miento de un índice de variedad urbana que garantice la reserva de suelo para usos no predominantes.
- Garantizar que las reservas para la construcción de viviendas de pro- tección pública se emplacen evitando su concentración espacial, inclu-
yendo en la legislación urbanística esta previsión y respetando la mis- ma en la elaboración de los planes urbanísticos.
- En los procesos de realojo derivados de proyectos de lucha contra la infravivienda llevados a cabo por las administraciones públicas, garantizar el respeto a un principio de dispersión geográfica, valo- rando adecuadamente el cumplimiento de este objetivo en el procedimiento correspondiente.
- En suma, que se regule de manera eficaz el derecho del inmigran- te al acceso al sistema público de ayudas en materia de vivienda, de una manera real y efectiva, en todos los ámbitos de actuación.
Cabe añadir, a modo de conclusión, que las propuestas citadas pudie- ran complementarse con medidas más específicas, dirigidas todas ellas a la consecución de la integración de los inmigrantes, tales como la elaboración de un censo de infravivienda que lleve aparejado su control por parte de la Administración, el diseño de un programa de viviendas tuteladas con alqui- leres subsidiados, la creación de servicios de asesoramiento e intermedia- ción específicos que faciliten el acceso a la vivienda de la población inmi- grante, o a la potenciación de la gestión administrativa de pisos o alojamientos de carácter temporal.
Bibliografía
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Aproximación teórico-práctica”. (2003, Ed. Icaria)
- González Enriquez, C. y Álvarez Miranda, B.: “Inmigrantes en el barrio.
Un estudio cualitativo de opinión pública”. (Observatorio Permanente de la Inmigración en el año 2006).
- Carles Simó y Francisco Torres. “La participación de los inmigrantes en el ámbito local”. (Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006).
- Cortes Alcalá, Luis; Menéndez, M. Victoria y Navarrete, Jimena, “La vivien- da como factor de integración social en los inmigrantes”, (Documentación Social 2004, nº 32).
- Defensor del Pueblo Andaluz: “Informe especial sobre el Chabolismo en Andalucía” (Diciembre 2005)
María José Aguilar Idáñez Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social
Universidad de Castilla-La Mancha
1Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales, Directora del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía (GIEMIC), y Directora del Master en Inmigración e Interculturalidad de la UCLM.
minada “integración” de inmigrantes como las siguientes: “es ver- dad que son necesarios, pero que vivan como nosotros”, “es que tienen que comportarse como nosotros”, y otras de parecida índo- le. Yo siempre pregunto, y me pregunto: ¿A qué modos de vida y comportamientos se estarán refiriendo? También es frecuente oír la frase: “es que su cultura no es como la nuestra”. Y yo pregun- to: ¿a qué cultura se estarán refiriendo cuando dicen “la nuestra”?.
Otras veces he oído opiniones, procedentes de gente que se con- sidera sensible ante el fenómeno, tales como: “es que las mujeres están allí dominadas y aquí no es así, tienen que aprender a ser como nosotros”. Y yo me pregunto: ¿en qué información y conocimien- tos se basan ésta y las afirmaciones precedentes?
En este capítulo trataremos de aproximarnos a la realidad en nuestra provincia sobre eso que se ha dado en llamar “la integración de los inmi- grantes”, incorporando en nuestro análisis elementos de la perspectiva del enfoque intercultural. Dada la limitación de espacio para tratar tan amplia cuestión, me permitiré una escritura casi telegráfica para, a modo de pre- guntas/respuestas/propuestas, abordar los temas a mi cargo en esta obra. Intentaré, sobre todo, aportar datos que ayuden a desmitificar algunos estereotipos, fal- sedades o mitos en los que se suele asentar el discurso y la práctica en mate- ria de integración sociocultural de inmigrantes en nuestra provincia2.
2No debe pensar el lector que la realidad en Albacete es muy diferente a la del resto del Estado, aun- que aquí me centraré exclusivamente en los rasgos más característicos de la realidad provincial, con independencia de que sean o no comunes a otras realidades del Estado Español.
1. Algunos datos sobre la atención social en los dispositivos públicos