La relación de los profesionales ante la salud en diversidad cultural

Una vez que se garantiza la accesibilidad a los servicios sanitarios, uno de los factores esenciales para alcanzar la plenitud de la relación terapéu- tica sigue siendo la relación profesional de la salud-paciente inmigrante. Por ello, también señalábamos (Cuadros,1998,2000) que los profesionales podrían considerar en esa atención a la salud transcultural:

- Intentar eliminar las percepciones erróneas, estereotipos y prejuicios, sobre las formas de enfermar por parte de los inmigrantes. (v.g. los problemas infecciosos exóticos).

- Mejorar la comunicación (idiomática y actitudinal) con los pacien- - Formarse en aspectos relacionados con las diferentes claves cultu-tes.

rales

- Eliminar presupuestos sobre el culturalismo (no van al médico por su cultura, porque son así) centrados en visiones etnocentristas.

Diversos autores han señalado la importancia de la relación médico- paciente, siendo el gran desafío del sistema sanitario la atención a la diver- sidad, lo que significa adaptar el servicio a las individualidades, incluida la diversidad cultural (La Parra, 2003). Una forma de paliar estas dificultades, además de sistematizar los procesos de sensibilización y formación a los pro- fesionales, pasa por sugerencias que resalten que, la salud de los inmi- grantes extranjeros, tanto a nivel asistencial como desde los servicios de salud pública y de vigilancia epidemiológica, debe ser considerada desde una ópti- ca interdisciplinaria, flexible y dinámica. Para ello debe contar con la cola-

boración de otros profesionales de servicios sociales, antropólogos, soció- logos, traductores e intérpretes, mediadores culturales y abogados, además de realizar estudios de investigación (Jansá, 2003).

Por último, y como señala en el diagnóstico de la salud el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para afrontar las dificultades que plantean las barreras culturales e idiomáticas puede ser útil implicar a los líderes de la propia comunidad en actividades educativas y de promoción de la salud. Estos mediadores culturales podrían realizar un papel de enlace entre las perso- nas inmigrantes y el sistema sanitario, facilitando el conocimiento por el inmi- grante de la estructura sanitaria y de la oferta de servicios.

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Pablo Manuel Simón Tejera Asesor del Defensor del Pueblo de Castilla-La Macha

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, «los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condicio- nes que los españoles».

Pese a que el artículo 47 de nuestra Carta Magna, dispone que sólo los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y que los pode- res públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las nor- mas pertinentes para impedir la especulación, participando la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos, lo cier- to es que los problemas de exclusión social padecidos por las capas más des- favorecidas de la población, entre las que se encuentra el colectivo inmigrante, exige de los poderes públicos la implementación de políticas específicas de vivienda que garantice, en este ámbito, un trato digno para los ciudadanos extranjeros que residen en nuestro país.

Sobre la base de esta premisa, de enfoque básicamente jurídico, es pre- ciso enmarcar el presente estudio, dirigido a analizar la situación del dere- cho de acceso a la vivienda de los inmigrantes que residen en nuestra pro- vincia.

Debemos asimismo contextualizar las reflexiones que realizamos en la actual situación del mercado de la vivienda, y por consiguiente, en la quie- bra existente entre las necesidades de la población general, y las condicio- nes en que se plantea la oferta de este bien esencial.

En este sentido, las características que se enumeran constituyen un deno- minador común en el mercando inmobiliario de todas las comunidades autónomas, desde hace casi una década:

1º.- Desproporcionado incremento de los precios de la vivienda, muy por encima del incremento del coste de la vida.

2º.- Uso del mercado de vivienda como instrumento de inversión durante un importante periodo de tiempo.

3º.- Inexistencia de un mercado del alquiler por ausencia de cultura del arrendamiento de viviendas.

4º.- Planteamiento de erráticas políticas urbanísticas que no han eli- minado la excesiva influencia del valor del suelo en el precio final de adquisición de la vivienda.

Pues bien, a los problemas existentes para la población en general, - en los que no conviene abundar por no resultar éste el objeto del presente estudio- los ciudadanos extranjeros deben sumar los obstáculos derivados de su situación administrativa, el trato social discriminatorio o incluso xenófobo, la precariedad laboral y la escasa capacidad económica.

Si, además, los inmigrantes que pretenden acceder a una vivienda se encuentran en situación “irregular”, y por tanto, quedan excluidos del reco- nocimiento de derechos sociales como la obtención de ayudas públicas para la adquisición o arrendamiento de viviendas protegidas, vienen obli- gados a la búsqueda de alojamiento en viviendas precarias o infra-vivien- das carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad, originando casos de segregación espacial en las zonas más degradadas de nuestros pueblos y ciudades.

2. Distribución residencial de los inmigrantes en las poblaciones