Gestión de impactos indirectos

Según Polo-Cheva y Rojas (2004), dado que los riesgos indirectos, o los que se generan a través de los proyectos de los clientes, son los que tienen el mayor costo potencial, no

solamente económico sino también reputacional y legal, para las IB. Por ello, es primordial que estos también sean atendidos. Para ello, se proponen dos aspectos importantes a considerar: la existencia de productos y servicios de carácter ambiental y la incorporación de evaluaciones del riesgo ambiental en las principales operaciones de las IB. A continuación, se abordan de manera más detallada los resultados de la investigación obtenidos para estos dos elementos.

En referencia a la existencia de productos y servicios de carácter ambiental, autores como Urban y Von der Emde (s/f) señalan que el lanzar nuevos productos financieros ambientales provee diversas oportunidades a las IB, como por ejemplo el de una ventaja competitiva al posicionarse en nichos de mercado con pocos competidores y, además, pueden mejorar considerablemente la imagen de las instituciones.

Sin embargo, en una posición más crítica y con base en un estudio empírico de diversos bancos europeos, ISIS (2002) sugiere que los productos verdes, además de formar una parte menor de los portafolios generales de las IB, contribuyen de manera modesta a los ingresos de estas instituciones y su viabilidad comercial futura puede sufrir elevados cuestionamientos.

En lo que respecta los resultados de esta investigación, del total de funcionarios de las seis IB entrevistadas, tan solo CIBanco se declara contar con dos productos financieros verdes:

CIAuto Verde, crédito para autos de bajas emisiones con una baja tasa de interés anual dirigido a particulares; y CIPanel Solar, crédito destinado para la adquisición de páneles solares para casa habitación propia con tarifa eléctrica de alto consumo. Por lo que CIBanco pretende seguir una estrategia de posicionamiento en el mercado local de Tijuana por delante de las demás IB de la zona, externalizando unos productos con total orientación ecológica, para afianzar así su declaración como primer banco verde de México. Cabe señalar que estos dos productos que oferta CIBanco van orientados a un consumidor muy selecto.

Considerando la contrariedad de las opiniones de los autores arriba citados, se puede concluir que si una IB se lanza a ofertar productos de carácter ambiental, debe asegurarse previamente

que cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la demanda de éstos (cultura organizacional, herramientas de evaluación, personal capacitado, entre otros), de lo contrario difícilmente estos tendrán la validez y el resultado que se espera. Por consiguiente, para que este tipo de proyectos no tengan la oposición que, muchas veces se señala, enfrentan los créditos ambientales, más que crear productos específicos para este mercado ambiental, es recomendable crear primeramente un ambiente favorable que acepte dentro de los programas de operaciones “corrientes” de las IB, proyectos de mejoramiento ambiental y de tecnología limpia (eg. créditos, inversiones, cuentas, etc.). Lo anterior permite también a las IB ir explorando el terreno y experimentando en el mercado ambiental sin tener que dar un paso en falso, es decir a partir de una incursión progresiva y segura.

La recomendación expuesta en el párrafo anterior concuerda con las iniciativas que se desprenden de los reportes anuales de las IB estudiadas. Cinco de las seis IB no cuenta con productos “verdes”. Sin embargo, para incursar en este mercado verde estas IB cuentan con diferentes mecanismos y herramientas, tales como créditos sindicados⁶⁸, coparticipación, asesorías especializadas dirigidas a clientes, etcétera.

Por citar algunos ejemplos, se encontró en los reportes anuales que en 2013, Banorte ofrecía a sus clientes asesoría puntual para gestionar, minimizar, mitigar y compensar los impactos sociales y/o ambientales resultantes de los proyectos a desarrollar o para mejorar su rendimiento en materia socioambiental. Por su parte, Banamex y Bancomer coparticipan en el programa de Infonavit de hipotecas verdes, por medio del cual obligan a los clientes a utilizar ecotecnologías en las viviendas financiadas para ayudar a frenar el deterioro ecológico.

Además, durante 2012, Banamex realizó una campaña en el área de Tarjetas de Crédito y un fabricante especializado para promover la adquisición de productos que fomentan el ahorro de agua y energía, como son: biodigestor autolimpiable, calentadores solares, purificadores de agua o sistema DUO para WC, otorgando facilidades a los clientes para pagarlos a siete y 17 meses sin intereses. Asimismo, se puede citar a Bancomer y Santander, quienes apuestan por

68 Es un tipo de crédito que, debido a su riesgo o cuantía, es concedido por un conjunto de bancos de manera mancomunada como Sindicato Bancario. El préstamo es uno, aunque se divide en tantas partes como bancos acreedores participen en el mismo, cuyos montos vienen determinados por las cuantías de sus respectivas aportaciones.

la financiación y asesoramiento de operaciones de energías renovables. Por ejemplo, hasta 2013, Bancomer cuenta con diversos créditos sindicados con instituciones de gobierno y otras internacionales, como por ejemplo el BID, para proyectos como seis parques eólicos en Oaxaca, una terminal gasera en Salamanca y una carretera que va de Mitla al Istmo de Tehuantepec.

Llama la atención que CIBanco, además de ser de las instituciones más jóvenes en el mercado financiero de Baja California, sea la única de las IB de la muestra que tenga este tipo de productos o servicios “verdes”, a diferencia de las otras IB que por la solidez que le confiere su antigüedad en el mercado bancario del país, se esperaría un mayor avance en ofertar productos “verdes”. Además, los funcionarios entrevistados de estas últimas IB señalaron que desconocen si sus instituciones estén desarrollando productos o servicios orientados a la protección ambiental.

Esta falta de productos y servicios vinculados al cuidado ambiental, no puede ser explicado por la falta de mercado, toda vez que como se ha mostrado en el capítulo II, el estado de Baja California, tiene un gran potencial para la inversión en sustentabilidad y tiene un alto grado de influencia por Estados Unidos como país vecino, en donde las regulaciones ambientales son importantes. La ausencia de productos y servicios ambientales tampoco puede ser atribuida a un desconocimiento sobre los beneficios y la rentabilidad que tiene a mediano y largo plazo atender estas actividades, ya que las IB entrevistadas, como grupo corporativo, son miembros de numerosas políticas y acuerdos (cuadro 5.3) que promueven e infieren en estas cuestiones tan importantes para el sector financiero.

Sin embargo, la ausencia de productos “verdes” pudiera relacionarse, tal y como lo señalan en su trabajo Partt y Rojas (2001), al hecho de que, cuando un banco da un paso en el sentido de ofrecer productos verdes, su imagen corporativa se vincula explícitamente con el tema ambiental y crece el riesgo de mostrarse públicamente como inconsecuente en el manejo de ese tema, si no extienden su desempeño ambiental a otras áreas de su negocio.

Por otro lado, en cuanto a la incorporación de evaluaciones del riesgo ambiental en las principales operaciones de las IB, Polo-Cheva y Rojas (2004) sugieren que éstas deben darse de una forma metódica y consistente y que las IB deben apoyar este proceso con una lista de preguntas mínimas por sector, misma que los analistas deben plantear para evaluar el riesgo ambiental.

Los resultados de la investigación revelan por un lado, que los funcionarios entrevistados de las seis IB manifestaron no identificar ni categorizar actualmente, a los clientes actuales y potenciales de acuerdo a riesgos ambientales que representan. Por el otro lado, los funcionarios entrevistados de cinco de las seis IB declararon que en el análisis del riesgo de una operación bancaria a realizarse (eg. crédito, inversión), los ejecutivos realizan evaluaciones generales o “clásicas” del riesgo. Con ello para evaluar un préstamo, al parecer se toman en cuenta cuatro criterios: la factibilidad del proyecto, la capacidad y voluntad de pago del cliente y la garantía otorgada, sin incluir las particularidades ambientales. Por el contrario, un informante de Bancomer menciona que, aunque a él no se le haya presentado el caso, supone que en las evaluaciones del riesgo, sólo en casos aislados y extremos en que es muy evidente la amenaza, se toma en cuenta la variable ambiental al valorar la factibilidad técnico-económico-financiera de un préstamo.

Retomando la línea de argumentación de Polo-Cheva y Rojas (2004), el restringir la evaluación a los elementos evidentes (generales o “clásicos”), es decir, en donde el riesgo ambiental de alto potencial no es perceptible, existe el peligro de que se proceda al financiamiento, con las consecuentes fallas para el cliente y las IB. Por este motivo, el sistema de evaluación “clásico” y/o “informal” que se detecta a nivel local, depende casi completamente del criterio bien intencionado, pero subjetivo de los ejecutivos, por lo que resulta importante promover el cambio de dicha evaluación) hacia una inclusión de los aspectos ambientales y llevarse a cabo de manera sencilla pero cuidadosa y clara.

Sin embargo, y contrario a lo que señalaron la mayoría de los funcionarios entrevistados a nivel local, los reportes anuales de las IB que conforman la muestra de esta investigación indican que dichas evaluaciones se están desarrollando o que cuentan con sistemas de gestión

del riesgo ambiental, con los cuales pretenden identificar, gestionar, mitigar y compensar los riesgos extra financieros asociados a un prestatario o a un proyecto financiado que pudieran afectar al perfil crediticio de estos, y consecuentemente poner en peligro tanto el pago de la deuda como los principios ambientales corporativos.

Algunos ejemplos de iniciativas que dejan entrever que las IB incorporan el análisis de los riesgos ambientales en sus actividades es el que Banamex declara tener oficiales de riesgo encargados de identificar, a través de la aplicación de procedimientos y cuestionarios, las operaciones con riesgos ambientales que puedan afectar a la institución y al cliente. Por su parte, el funcionario de Banorte afirma que en el proceso de análisis crediticio, se encuentra incluida la identificación y asignación de los proyectos financiados con nivel de riesgo socio- ambiental, y que además cuenta con más de 300 personas clave del Grupo, para asegurar que los proyectos financiados por la institución cumplan con la serie de estándares socio- ambientales del IFC.

Además, tal y como se mencionó anteriormente, otro ejemplo de estas iniciativas es que las seis IB de la muestra a nivel nacional se encuentran afiliadas a los Principios de Ecuador⁶⁹, donde en el marco de esta serie de directrices, se comprometen a seleccionar a sus clientes sobre la base del proceso de selección ambiental y social que establece la CFI. Es decir las IB de la muestra clasifican los proyectos como A, B o C (riesgo social o ambiental alto, mediano y bajo, respectivamente) con la ayuda de una terminología común y procesos determinados a seguir. No obstante, a reserva de que no declaren toda la información necesaria, tan sólo tres de las seis IB (Banamex, Bancomer y CIBanco) parecen llevar a cabo la aplicación de dichas directrices (cuadro 5.4). Las demás, tan sólo hacen mención a su membresía y compromiso con los Principios de Ecuador.

69Para mayor información sobre los Principios de Ecuador, favor de leer el capítulo II del presente trabajo de investigación.

Cuadro 5.4. Proyectos revisados o financiados sujetos a Principios de Ecuador

2011 2012

Revisados PE Financiados PE Revisados PE Financiados PE

A B C A B C A B C A B C

Banamex 2 4 0 0 1 0 0 5 2 0 4 0

Bancomer N/A N/A N/A 2 0 0 N/P N/P N/P 1 2 0

CIBanco N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 2 N/P N/P N/P

N/P: no proporcionado N/A: no aplica, no reporta todavía.

Fuente: Elaboración propia, con base en los informes anuales de las seis IB que conforman la muestra.

Estos resultados podrían estar enfatizando la conclusión ya mencionada, en el sentido de que el compromiso del sistema bancario para con el medio ambiente no es del todo una prioridad y que por ello, priva un desconocimiento del tema ambiental por parte del personal del banco a nivel local. Se trata más bien de una gestión discursiva y de políticas ambientales superficiales que no son desarrolladas o permean a los estados y que además, parecen estar desfasadas con respecto a las necesidades reales del mercado o la capacidad de instrumentarlas. Estos hallazgos concuerdan con Morhardt et al. (2002, citado en Senior et al., 2010), quienes afirman que aún cuando los estándares ambientales son conocidos, puede darse un desfase entre lo que se sabe ético y financieramente necesario y la posibilidad de instrumentar operativamente dichas normas, de tal manera que la organización puede enfrentarse a un fracaso o puede tener dificultades severas para su puesta en práctica.