Lecciones frente al derecho a la memoria de las comunidades de la Orinoquía
ca, Caprecom y Colombiana de Salud para la atención de los maestros en zonas rurales; Mallamas, Comfamiliar Huila y sus IPS y Dusakawi.
[…] RECHAZAMOS todo tipo de intervención de la política minero energética y la implementación de megaproyectos agrícolas, agroindustria- les y ambientales en nuestros territorios indígenas, así como el saqueo de los recursos naturales, que pone en riesgo y compromete la vida e inte- gridad de nuestros Pueblos. Ejemplo de ello son los casos específicos del Conpes de la Altillanura colombiana en Meta y Vichada; megaproyectos ambientales en Selva Mataven; Proyecto Mundo Nuevo; Proyecto Tan- gara y Niscota3D, áreas protegidas, exploración sísmica, megaproyectos de navegabilidad del Río Meta. DENUNCIAMOS a la opinión pública local, departamental, regional, nacional e internacional las constantes y persistentes violaciones de nuestros derechos humanos que se vienen pre- sentando diariamente en las comunidades de nuestros Pueblos así como las amenazas de riesgo, despojo y exterminio físico y cultural que ponen en riesgo nuestra pervivencia, por causa del modelo de desarrollo económico impuesto por el Gobierno Nacional y las políticas neoliberales han venido usurpado y extrayendo el patrimonio natural en nuestros territorios ances- trales. (ONIC, 2015)
Más allá de las diferencias las cosmovisiones de las comunidades indígenas y la po- blación secularizada u occidentalizada, existen un mínimo de condiciones que no pueden abandonarse por parte de la misión institucional del Estado bajo el pretex- to del respeto al territorio ancestral; la protección a la salud, a la afectación de los territorios por parte de la extracción minera energética y la prevención de acciones que puedan resultar en genocidios y en afectación a la vida de los miembros de las comunidades no son solamente un discurso que puede encontrar legitimidad dentro de los procesos de decolonialidad, sino que es un asunto esencial a la hora de pensar sobre el territorio y la aplicación de los Derechos Humanos, por ende la conservación de los derechos de las comunidades indígenas no pueden leerse como un acto de benevolencia estatal frente a la diversidad étnica sino como una obligación sustentada jurídico políticamente que debe tener una acción constan- te, debidamente vigilada y aplicada oportunamente que permite y garantiza un proceso de memoria histórica, reparadora y colectiva.
113
ginarios frente a las comunidades indígenas y su ancestralidad, la posibilidad de revisar la teoría sobre las tierras latinoamericanas o el territorio de Abya Yala para decantar todos los elementos discursivos que han sostenido las dinámicas de opre- sión a partir del poder colonial el cual no es un proceso que aparece como nuevo para el ejercicio de la Academia.
Posibilitar que los escritos académicos y las investigaciones sirvan como espacio de denuncias para las violencias políticas, físicas y simbólicas contra la población indígena a lo largo de la historia en Colombia es un paso importante a la hora de reconocer la existencia de una violencia discursiva que se ha establecido como le- gítima en todos los entornos académicos y educativos, sosteniendo la colonialidad como la norma y lo indígena como la otredad. Replantearse las premisas que se asumen como certezas dentro de los discursos de las disciplinas, entendiendo que el pensamiento está permeado por los sistemas de opresión y que la colonialidad determina lo forma en que se concibe y se desarrolla el pensamiento, lo cual es- tableció la eurocentralidad como punto de partida.
La historia como disciplina y proceso requiere comprender las implicaciones so- ciales de los discursos replicados, así mismo, es necesario comprender las implica- ciones de seguir validando un discurso histórico sentado a partir de la concepción de la población indígena como una comunidad incivilizada y salvaje, mientras se plantea en contrapartida el proceso de conquista y colonialidad como una serie de sucesos benevolentes civilizadores. Si bien es necesario crear un sistema meto- dológico para poder comprobar las premisas y teorías de las diferentes disciplinas, no puede caerse en un cientificismo absoluto que obvie los saberes resultado de la interacción experiencial y el desarrollo de lógicas dado como consecuencia de la necesidad de adaptabilidad, esto implicaría, entonces, comprender que pese a que situaciones y conocimientos que no hicieron parte del método científico ini- cialmente, pueden llegar a ser tan efectivos como los resultantes de la aplicación de este método.
Atribuirle al conocimiento la necesidad de siempre estar ligado a una hermeticidad científica heredada del pensamiento europeo es desconocer la necesidad y la im- portancia de las ciencias sociales y humanas para conocimiento universal, la sub- jetividad con la que se ha rotulado los procesos y saberes indígenas ha estigmati- zado los aportes que estos puedan hacer al campo del conocimiento y al proceso de difusión del conocimiento. Por esto es necesario e imperante pensarse espacios dentro del proceso académico donde la narrativa indígena salga del estigma de la observación como la alteridad humana y se incluya con la misma validez que se adiciona una escuela de pensamiento a la hora de sustentar una teoría.
La academia tiene el poder de legitimar o cuestionar los discursos que se dan por sentado y se naturalizan dentro del entorno social, sin embargo, la potestad de la academia también incluye la posibilidad de sentar una posición crítica que funcio- ne como antítesis dentro de los procesos de síntesis del pensamiento humano fun- cionando como una tensión dentro del proceso dialéctico de las ideas. Concebir la
Lecciones frente al derecho a la memoria de las comunidades de la Orinoquía
academia como espacio de debate y replanteamiento social no solamente dina- miza el espectro de la investigación y la pedagogía, sino que también plantea una nueva forma de lucha en la que la academia se desprende de su análisis alejado de la sociedad para entrar a crear herramientas que alteren los significantes en las comunidades y que repercutan en los procesos comunitarios y políticos. Así mismo sucede en el escenario jurídico, la ciencia del derecho y el proceso legislativo tal como lo señala Ariza Santamaría:
La descolonización es un dispositivo de lucha y transformación y por ende debe ser pieza fundamental para emprender un proceso de cambio, esto implica en primera instancia, iniciar y lograr una sensibilización, que esté directamente relacionada con un cambio de actitud y del hacer en las prácticas legales por parte de los abogados indígenas y no indígenas y de comunidades y minorías, que debe comenzar por “poner en cuestión” la teoría hegemónica Estatal y legal y asumir el legado histórico y las nue- vas construcciones desde el saber propio y ancestral. (Ariza Santamaría, 2017, p. 3020)
Finalmente, esta apertura académica a los discursos decoloniales y a la posibilidad de presentarse como escenario de denuncia y de difusión para las voces e ideas indígenas debe erigirse a partir de la premisa de comprender que este proceso no puede darse en las mismas lógicas que los procesos de apropiación cognitiva, y que a menudo resultan de los estudios indígenas a partir de la observación a las comunidades como la otredad, para crear un espacio garantista que permita que la ancestralidad y las cosmovisiones de los pueblos indígenas puedan ser difundidos y como consecuencia se recupere la memoria histórica con lo cual debe entender- se estos pueblos como un núcleo dentro de la sociedad que ha sido observado como ajeno a consecuencia de los procesos de abandono estatal y la predominan- cia del discurso colonial.
115