RECOMENDACIONES FINALES

Un urbanismo democrático

Desde el plano de los principios, ha de hacerse hincapié también en que en un modelo de urbanismo verdaderamente democrático han de primar la transparencia y la participación social. En ello se juegan las administraciones públicas su credi- bilidad y legitimidad. Entendemos esencial que los ciudadanos perciban que sus aspiraciones e intereses han sido tomados en consideración a la hora definir el planeamiento futuro de sus ciudades y pueblos, ya que ello incrementa el sentimiento de pertenencia y contribuye a fortalecer la cohesión social.

tintes de denuncia pública por la pasividad de ciertas adminis- traciones.

- Perspectiva de género. Se consideró finalmente perti- nente incluir una referencia al tema, pero desde una concepción más global de orientación a los distintos colectivos ciudadanos, incluidos los mayores, menores, etc.

Como es lógico, para la formulación de algunas reco- mendaciones fue preciso alcanzar fórmulas de compromiso, que sin satisfacer plenamente a unos u otros fueran aceptables por todas las partes, aun a costa de perder concreción.

Se priorizaron principalmente aquellas recomendaciones que pretenden incidir sobre los factores condicionantes enun- ciados; es decir, aquellas dirigidas a garantizar una planificación sostenible del territorio, la coherencia de competencias y me- dios, la transparencia pública, el control y la disciplina urbanís- tica y el desarrollo de una política de vivienda no segregadora.

Comentaré brevemente las recomendaciones finales evitando en lo posible reiterar conceptos ya expuestos.

Planificación sostenible del territorio

El requisito primero para garantizar un desarrollo soste- nible es la planificación integral del territorio a nivel supralocal.

Por ello, “reclamamos la aprobación, sin más demora, de Planes de Ordenación Territorial (POT) de carácter integral, por parte de las Comunidades Autónomas”. Se hace necesario hacer com- patible la racionalidad supralocal con el escrupuloso respeto a la potestad de planeamiento municipal.

De igual modo, entendemos imprescindible “incorporar

la filosofía de la sostenibilidad a los Planes Generales de Orde- nación Urbana, garantizando su coherencia con los Planes de Ordenación Territorial”, lo que permitirá “adecuar el crecimien- to espacial de la ciudad a las necesidades demográficas reales y a los criterios de sostenibilidad: ambiental, social, económica, etc., evitando el crecimiento y la dispersión innecesaria del casco ur- bano y el abandono y degradación de los barrios tradicionales”.

Para ello, “entendemos necesaria la inclusión, como ele- mento integrante de la figura de planeamiento general, de un Estudio de Impacto Territorial”, que refleje detalladamente la población y situación socioeconómica del municipio; los facto- res medio ambientales; la disponibilidad y uso previsto de re- cursos naturales, hídricos, energéticos, etc.; la localización de actividades económicas; las infraestructuras, dotaciones, equi- pamientos y servicios previstos; la realización de un análisis de accesibilidad y movilidad, etc. En la misma línea, consideramos necesario incorporar esta nueva filosofía a cualquier proceso de modificación del planeamiento.

“Recomendamos que el planeamiento de los nuevos de- sarrollos urbanísticos contemple la previsión de todas las infra- estructuras y dotaciones de servicios públicos con que contará el nuevo barrio, incluyendo su correspondiente planificación tem- poral y su previsión económica, lo que permitirá racionalizar su ubicación y garantizando la equidad en el acceso a los mismos”.

Creemos asimismo necesario “generalizar la considera- ción del ruido como contaminante ambiental, a la hora de fijar los criterios de localización para usos y actividades en el planea- miento urbano”, lo que evitaría muchos de los actuales conflictos de colisión de usos.

Coherencia de competencias y medios

Por lo que hace referencia a la incoherencia de amplias competencias y escasos recursos de los pequeños ayuntamien- tos, nos limitamos a recomendar que se “garantice que todos los ayuntamientos cuenten con medios técnicos suficientes, capaci- tados e independientes, para poder gestionar sus competencias de manera adecuada”. Para ello será necesario sin duda utilizar fórmulas de cooperación, analizar alternativas de concentra- ción, especialización etc.

Creímos oportuno no eludir la referencia a que se

“revise el sistema de financiación municipal, para evitar que los Ayuntamientos dependan tanto del Urbanismo como fuente de generación de ingresos”, ya que como hemos señalado, creemos que es un factor determinante.

Transparencia y participación

Creemos necesaria “la equiparación expresa del régimen de información urbanística al régimen legal de información en materia de medio ambiente”, y por ello recomendamos que se “re- gule el derecho de todo ciudadano a solicitar cuanta información urbanística esté en poder de la Administración, sin necesidad de acreditar interés legítimo, de forma que se fijen restrictivamente las excepciones al libre acceso a los datos urbanísticos”.

Promover un urbanismo social orientado al interés gene- ral de los ciudadanos implica otorgarles un mayor protagonis- mo en los procesos de planeamiento. La publicación a posteriori de los actos en los Diarios Oficiales y el establecimiento de un periodo de alegaciones, no es un método suficiente ni adecuado para lograr el objetivo enunciado. Recomendamos por ello que

“todo Plan de Ordenación Urbana se apoye en un plan estratégi-

co, y que previamente a su redacción técnica se ponga en marcha un proceso de participación directa, que permita conocer las ne- cesidades y expectativas de los distintos colectivos ciudadanos, a fin de favorecer su implicación activa en el proceso de construir la ciudad. A través de dicho proceso, se considera especialmente necesario incorporar un análisis y formulación de objetivos es- pecíficos desde las perspectivas de género y edad, e impulsar las estrategias de accesibilidad universal y diseño para todos”.

Es recomendable que los trámites de información pública sean más específicamente activos e imaginativos, y por ello entendemos necesario “que todo Plan Territorial o Municipal de Ordenación lleve aparejada la puesta en marcha de un Plan de Comunicación, que permita difundir el sentido y fundamento de los proyectos a desarrollar, a fin de involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de la ejecución”, práctica que afortunadamente cada día observamos con más frecuencia.

Control y disciplina urbanística

Como hemos señalado, otro de los elementos que determinan la confianza en el sistema es la existencia y aplicación de los instrumentos de control adecuados. Por ello entendemos recomendable “que se generalicen en la medida de lo posible los sistemas de doble control”.

Creímos también oportuno “recordar a las Comunidades Autónomas su obligación de hacer uso de las competencias de que disponen, para intervenir en casos de infracciones urbanísticas municipales y denunciar la pasividad e inhibición que se viene observando hasta el presente en esta materia”.

Como hemos señalado, la lentitud de los procesos judi-

ciales traslada a la opinión pública la sensación de permisividad, y por ello acordamos “recordar a las Administraciones Públicas que tienen el deber de solicitar a las autoridades judiciales la suspensión cautelar de las actuaciones urbanísticas que atenten gravemente contra el interés general, a fin de evitar la irreversi- bilidad de las actuaciones”.

Por último, dada la complejidad técnica del urbanismo, y la magnitud y el entramado de intereses públicos y privados que entran en juego, creímos necesario “recomendar que la persecución de los delitos urbanísticos corra a cargo de fiscales especializados en la materia”.

Una política de vivienda no segregadora

Creímos necesario aportar algunas consideraciones al tema de la vivienda desde la concepción del Urbanismo Social, muchas de las cuales se solapan con las expuestas en el Taller específico, cuyas conclusiones compartimos.

Entendemos sobre todo necesario recordar permanen- temente a las Administraciones que disponen de muchos más instrumentos de intervención en políticas de suelo y vivienda de los que han venido empleando hasta la actualidad, pero que, desde el punto de vista social, ello no significa centrar en exclu- siva las políticas de vivienda en el acceso a la vivienda nueva y en propiedad.

Creemos oportuno recomendar la elaboración de Planes Municipales de Vivienda, que impulsen más las políticas de vi- vienda social en alquiler e incluyan alternativas de intervención, para evitar el deterioro y favorecer la rehabilitación del parque de viviendas preexistentes, en especial de las ocupadas por co-

lectivos desfavorecidos. Desarrollar e impulsar Planes Integra- les de Intervención Pública para la regeneración de barrios de- gradados y la rehabilitación de centros históricos, procurando, siempre que sea posible, que la población de estas zonas perma- nezca en su hábitat, etc.

Para evitar la segregación y el riesgo de formación de nuevos guetos, son distintas las medidas que han de adoptar- se, y que han sido brillantemente recogidas en el Taller de Vi- vienda. Creemos que una medida eficaz puede ser también la de abordar una política de vivienda protegida con una concepción más amplia, con programas más universales, que no se dirija en exclusiva a los colectivos más vulnerables, sino que de mane- ra simultánea trate de dar respuesta también a todos aquellos ciudadanos, especialmente jóvenes, que no tienen posibilidades reales de acceder al mercado libre de la vivienda.

En relación con las posibilidades reales de lograr una adecuada integración de la nueva población inmigrante, no debe olvidarse la gran importancia de los componentes culturales y la complejidad del fenómeno, que implica múltiples necesidades educativas, sanitarias, etc. Una adecuada actuación en materia de urbanismo y vivienda sin duda puede ser de gran ayuda, pero no es la panacea. Cualquier actuación en esta materia exigirá por tanto intervenciones más integradas.

El mundo rural

El informe incluye, por último, una breve referencia al mundo rural y formula una genérica recomendación para que se

“preserven los modelos de vida tradicionales de las áreas rurales, garantizando que sus ciudadanos gocen de los mismos derechos que los habitantes de zonas urbanas”.