PDF superior Evolución y aplicación del derecho internacional humanitario

Evolución y aplicación del derecho internacional humanitario

Evolución y aplicación del derecho internacional humanitario

La obra de Francis Lieber 24 había preparado la opinión pública a la idea de que era necesaria y posible una reglamentación de la guerra. Esta aspiración se plasmó en la convocación, por el Zar Alejandro II, de una Conferencia para la codificación del derecho de la guerra, que se celebró en Bruselas el año 1874. La cuestión más debatida fue la definición de combatientes, cuando se trató de determinar el círculo de las personas con derecho a participar en la lucha. Así, se redactaron en Bruselas las cuatro famosas condiciones que se reproducirán ulteriormente, palabra por palabra, en el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra. Por lo que atañe a los bombardeos, se dice ya que no se deben atacar las ciudades o localidades “abiertas, que no estén defendidas”, base para los futuros textos de La Haya. La Declaración de Bruselas nunca ha tenido fuerza de ley, porque no ha sido ratificada. Pero, gracias a ella, se llegó a una etapa importante. Por su parte, el Instituto de Derecho Internacional aprobó, en 1880, el Manual de Oxford, redactado por Gustave Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja. En el manual se formulan los principios del derecho de la guerra con perfecta claridad y se establece un justo equilibrio entre el ideal humanitario y las exigencias militares.
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La ciberguerra y la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario

La ciberguerra y la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario

Para llegar al principio de No Intervención es necesario abordar el tema de la intervención internacional de los Estados. “La intervención, que es la injerencia coactiva de un Estado en las cuestiones externas o internas de otro, constituye una de las más antiguas prácticas de la vida internacional, especialmente en las relaciones de los pueblos fuertes o de las coaliciones de varios Estados, con pueblos débiles o aislados políticamente.”(Ulloa, A., 1957, p. 317)De igual manera Gómez-Robledo, A. (1993) menciona que “[…] el término de “intervenir” tiene diversos alcances, ya que por una parte se habla de un “derecho de intervención”, derecho reivindicado por todos los Estados para proteger a sus ciudadanos y propiedades en el extranjero, y por otra parte se emplea el mismo término para designar la acción imperativa de un Estado que por medio de la amenaza o uso de la fuerza trata de imponer un particular punto de vista sobre un asunto que es de competencia esencialmente doméstica.” (p. 87)
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El clan del golfo ¿sujeto de aplicación del derecho internacional humanitario como actor armado en el conflicto colombiano?

El clan del golfo ¿sujeto de aplicación del derecho internacional humanitario como actor armado en el conflicto colombiano?

Si se adopta una interpretación amplia, el concepto de conflicto armado no internacional tal como lo define el Protocolo se asemeja al del artículo 3. Incluso el control temporario de zonas reducidas sería suficiente en ese caso para justificar la aplicación del Protocolo adicional II. Por el contrario, una interpretación estricta del artículo 1(1) obliga a limitar las situaciones comprendidas en él a aquellas en las cuales la parte no gubernamental ejerce un control similar al de un Estado y la naturaleza del conflicto es semejante a la de un conflicto armado internacional. En su Comentario de los Protocolos adicionales, el CICR parece adoptar una postura intermedia respecto de este tema al aceptar que el control territorial tiene a veces un carácter relativo, por ejemplo, cuando los centros urbanos permanecen en poder gubernamental, mientras que las zonas rurales escapan a su autoridad. No obstante, agrega que la naturaleza misma de las exigencias mencionadas en el Protocolo adicional II implica que se necesita cierta estabilidad en el control de una porción del territorio, aunque sea modesta (Vité, 2009).
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Métodos y medios prohibidos por el derecho internacional humanitario en Colombia casos de militares víctimas del conflicto armado colombiano, periodo 2003-2007

Métodos y medios prohibidos por el derecho internacional humanitario en Colombia casos de militares víctimas del conflicto armado colombiano, periodo 2003-2007

político, se crean grupos de guerrilla de filosofía marxista – leninista para combatir los abusos de los diferentes grupos armados conservadores y liberales. Estos grupos son las Fuerzas Armadas Revolucionarias 17 (en adelante FARC), fundado en 1964; El Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN) 18 , fundado entre 1962 y 1964, y Ejército Popular de Liberación (en adelante EPL) 19 , fundado en 1967; lo que implicó para el estado colombiano una puesta en ejercicio de las garantías que constituyen el DIH en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional, garantías que se tenían rango constitucional desde la constitución política de Rionegro (Ant) de 1863, la cual en su artículo 91 consagro que el “derecho de gentes” hacía parte de la legislación nacional y que dichas disposiciones tenían aplicación en especial en los casos de guerra civil, guerra civil a la que podía ponérsele fin por medio de tratados entre las partes beligerantes y que dichas partes debían respetar las prácticas de las naciones cristianas y civilizadas. Desde principios de la década de los sesenta es reconocido nacionalmente por las altas Cortes e Internacionalmente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH), la existencia de un contexto de violencia permanente en Colombia, a partir de la connotación que comenzaron a tener los hechos de violencia ocurridos en el país y que fueron dados a conocer por los diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Conflicto interno que es necesario analizarlo a partir de las reglas del DIH, que regulan los medios y modos de hacer la guerra.
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Tortura en persona protegida por el derecho internacional humanitario

Tortura en persona protegida por el derecho internacional humanitario

La principal reforma que se ha realizado a este delito ha sido la inexequibilidad de la Corte Constitucional en la sentencia C 148 de 2005 aso como la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 94772016 (42129), del 13 de julio de 2016 por la cual se elimina la expresión “graves” al calificar los sufrimientos infligidos al sujeto pasivo del delito. La Corte ha dicho que si bien los instrumentos internacionales han incluido la expresión graves, sino que se ha limitado la definición de tortura en todo acto que consolide en la víctima sufrimientos cuyos efectos socavan la personalidad del sujeto pasivo así como sus capacidades tanto físicas o mentales. Esto no necesariamente se lleva a cabo a través de métodos que causen dolor, pueden ser diversos los métodos usados y la Convención no los limita ni especifica métodos especiales para que se constituya la tortura. Por lo tanto el legislador nacional tampoco hace referencia ni en el artículo 137 ni en el 148 a una forma específica en la cual sea realizada la tortura. En realidad, limitar la aplicación de la Convención Interamericana es en realidad una violación a sí misma y al Bloque de Constitucionalidad consagrado en el artículo 93 constitucional. Por cuanto en Colombia se elimina la expresión “graves” al calificar el sufrimiento o los dolores que constituyen tortura. (Corte Constitucional, C 148 de 2005)
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TítuloEl derecho internacional humanitario como instrumento de paz

TítuloEl derecho internacional humanitario como instrumento de paz

Como consecuencia de esta evolución, algunos autores sostuvieron la opinión de que estando prohibida la guerra, sería minar la confianza de la opinión pública sobre la eficacia de la Organización de Naciones Unidas, la aprobación de normas de aplicación en la guerra (Derecho de la guerra); y ello significó el escaso desarrollo de las reglas internacionales sobre el uso de la fuerza (Derecho de La Haya). Por el contrario, el Comi- té Internacional de la Cruz Roja fue más pragmático al promover el progreso del Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Ginebra, sobre protección de las personas contra el abuso de las fuerzas en caso de conflicto armado), pues las guerras se producen a pesar de todo y hay situaciones en las que se admite recurrir a la fuerza, conforme a la Carta de las Naciones Unidas (legítima defensa, acción preventiva o represiva ordenada por el Consejo de Seguridad de la ONU o aplicación del principio el derecho de los pueblos a su libre determinación). En las guerras hay siempre personas que sufren y a ellas se aplica el Derecho de los conflictos armados –particularmente el Derecho Internacional Humanita- rio– con independencia de las causas del conflicto armado.
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LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

En el GP I se introduce un innegable progreso, ya que en es este instrumento se amplía el círculo de beneficiarios. A las mujeres encinta y parturientas se añade una nueva categoría: la de las madres lactantes. Las palabras madres con niños de corta edad a su cargo tienen un significado más amplio que los términos madres con niños lactantes. Sin embargo, los redactores de los GP I y II no lograron llegar a un acuerdo acerca de la edad a la cual los niños de corta edad dejan de ser dependientes de su madre. Considerando que en el GC IV hay diferentes disposiciones en las que se menciona a las madres de niños de menos de siete años (trato preferencial del Articulo 50 o zonas de seguridad del artículo 14), se puede admitir que siete años es la edad por debajo de la cual es imperativa la aplicación del Artículo 76, párrafo 2, del GP I.
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Concientización sobre Minas Antipersonas

Concientización sobre Minas Antipersonas

Son bienvenidas sus propuestas, correcciones, críticas y sugerencias para mejorar esta cartilla. Sus observaciones y comentarios pueden ser envia­ dos al Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, bajo la supervisión de la Vicepresidencia de la República de Colombia ubi­ cado en la caIIe 8 No. 6-63, Casa Republicana en Bogotá, al teléfono 3360311; fax: 3374667, en Bogotá.

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Tipologia de los conflictos armados en el derecho internacional humanitario

Tipologia de los conflictos armados en el derecho internacional humanitario

Si bien su finalidad es limitar los efectos de los conflictos armados, el de- recho internacional humanitario no contiene una definición acabada de las situa- ciones que quedan comprendidas dentro de su ámbito material de aplicación. Si bien es cierto que los convenios pertinentes hacen referencia a diversos tipos de conflictos armados y, por ende, proporcionan un panorama general de los aspectos jurídicos de ese concepto multifacético, esos instrumentos no proponen criterios lo suficientemente precisos para determinar de manera inequívoca el contenido de esas categorías. La precisión es, sin embargo, necesaria. De hecho, las normas aplicables varían de un caso a otro en función de cómo se defina jurídicamente cada uno de ellos. Los regímenes jurídicos que se deben tener en cuenta no son siempre los mismos, pues su aplicación depende, por ejemplo, de si la situación constitu- ye un conflicto armado internacional o no internacional. Análogamente, algunas formas de violencia, denominadas “tensiones internas” o “disturbios interiores”, no alcanzan el umbral de aplicabilidad del derecho internacional humanitario y, en consecuencia, quedan dentro del alcance de otras normativas.
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Corte Internacional de Justicia, derecho internacional humanitario y crimen internacional de genocidio . El valor de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y el crimen internacional

Corte Internacional de Justicia, derecho internacional humanitario y crimen internacional de genocidio . El valor de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y el crimen internacional

El tratamiento por parte de la C. I. J., tanto en procedimientos contenciosos como consult ivos, de cuest iones at inent es al D. I. H. y al crimen int ernacional de genocidio en un período de tiempo que alcanza los 50 años, ha permitido sentar una jurisprudencia en la materia. La elaboración de tal jurisprudencia por parte de la C. I. J. – órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (O. N. U.) – resulta de gran importancia no sólo porque un buen número de los asuntos inscriptos en su registro general se refiere a alegaciones de violaciones a normas de D. I. H. y a la int erpret ación y aplicación de normas convencionales y consuet udinarias sobre el crimen int ernacional de genocidio, sino t ambién porque la verif icación de normas consuet udinarias de D. I. H. y las relat ivas al crimen internacional de genocidio interesa a todo otro tribunal internacional que deba aplicar este tipo de normas. El mejor ejemplo al respecto lo ofrecen el Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la Ex Yugoslavia a Partir desde 1991 (T. P. I. Y.), y el Tribunal Int ernacional para el Enjuiciamiento de Presuntos Responsables de Actos de Genocidio u Otras Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de Ruanda y los Ciudadanos Ruandeses Presuntamente Responsables de tales Actos o Violaciones Cometidos en el Territorio de Estados Vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 (T. P. I. R.) ambos establecidos por el Consejo de Seguridad de la O. N. U. en virtud del Capítulo VII de la Carta. Por otra parte, debe tenerse presente que la Corte Penal Internacional (C. P. I.) debe aplicar, de acuerdo a su Estatuto, principios y reglas de derecho int ernacional incluyendo los principios del derecho int ernacional de los conf lict os armados.
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Eficacia del derecho internacional humanitario frente al conflicto armado colombiano con relación a la población civil

Eficacia del derecho internacional humanitario frente al conflicto armado colombiano con relación a la población civil

ahora bien, resulta más complicado cuando se refiere a los que no tienen el carácter de no internacional. No obstante, se puede aseverar que un conflicto armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, utilicen armas u otras medidas de destrucción, pero estos enfrentamientos deben ser sostenidos y concertados. Lo anterior se desprende de una lectura detallada del artículo 1 del convenio de Ginebra protocolo II, la cual recrea unos requisitos para poder configurarse un conflicto armado no internacional y así dar aplicación al Derecho Internacional Humanitario. Así las cosas el Conflicto Armado debe: (1) Desarrollarse en el territorio de un solo estado contratante, es decir, no debe haber otro estado involucrado en el enfrentamiento; (2) El enfrentamiento debe realizarse entre las fuerzas armadas legítimas y las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados; (3) Debe existir un mando responsable que direccione a las fuerzas armadas disidentes o bien sea al grupo armado ilegal; (4) Que ese grupo armado disidente o ilegal ejerza un control sobre una parte del territorio lo que le permita realizar operaciones militares; (5) Las operaciones militares deben ser sostenidas y concertadas; así como que les permita aplicar el Protocolo II del convenio de Ginebra.
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Los drones y su debate en el marco del Derecho Internacional Humanitario

Los drones y su debate en el marco del Derecho Internacional Humanitario

En tal sentido, Guardado et al. (2017) sostienen que es posible interpretar el Derecho de la Haya con respecto a los drones, en función a la forma en la que operan, su interpretación atañe al Derecho a la Guerra Aérea, la otra interpretación posible se identifica con el Derecho de Ginebra o DIH Bélico, el cual puede establecer normas para el uso de los drones, básicamente cuando las estrategias de aplicación están vinculadas a actores armados no estatales.

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La ambientalización del derecho internacional humanitario

La ambientalización del derecho internacional humanitario

avance no es suficiente y, la propuesta legislativa de creación de nuevas normas como fue la propuesta de elaborar una V Convención de Ginebra, que no tuvo éxito de convocatoria. El segundo apartado examina la posibilidad de llevar a cabo la ambientalización del Derecho internacional humanitario por medio de la técnica de integración normativa por medio de la legislación por referencia, que finalmente si bien representa una posibilidad de ambientalización no nos parece la más idónea atendiendo a la resistencia por parte de los Estados a crear nuevas normas aplicables en tiempo de conflicto armado. El tercer apartado analiza la posibilidad de ambientalizar el DIH a través de dos técnicas de integración normativa como son la integración normativa como objetivo específico de la propia norma, utilizando para ello principalmente el principio del desarrollo sostenible y, la integración normativa como resultado de la interpretación y aplicación de las normas, presentando el rendimiento que puede tener la interpretación evolutiva y dinámica de las normas del DIH como también el principio de integración sistémica en cuanto a conseguir la ambientalización del Derecho internacional humanitario. Por último, este capítulo nos ofrece la posibilidad de determinar como algunos principios del Derecho internacional humanitario, como son el principio de proporcionalidad y el principio de humanidad, pueden contribuir en su ambientalización.
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El derecho internacional humanitario y los conflictos armados internacionales

El derecho internacional humanitario y los conflictos armados internacionales

internacionales concertados bajo la égida del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el objeto fundamental de proteger a las víctimas de los conflictos; el "DERECHO DE LA HAYA" (1899-1907) que trataron principalmente de los medios y métodos tolerables de la guerra; y por último los esfuerzos de las Naciones Unidas encaminados al cumplimiento de sus propósitos primordiales: mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y la prevención de los conflictos armados, destacando el respeto de los derechos humanos como principio básico de la organización.
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Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano

Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano

Por otra parte, observamos el acoplamiento de las FARC como partido político a la vida nacional y la aparición de la justicia especial de paz, que debe emplear los mecanismos de verdad, [r]

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Desapariciones forzadas: una violación al derecho internacional humanitario y derecho internacional de derechos humanos

Desapariciones forzadas: una violación al derecho internacional humanitario y derecho internacional de derechos humanos

Hay normas que no permiten derogación alguna, como las relativas al derecho a la vida, y las que prohíben la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud y la servidumbre y la retroactividad de las leyes penales. ¿Quién debe aplicar las disposiciones de estos derechos? El DIH debe ser aplicado por todas las partes en un conflicto armado: en los conflictos internacionales, debe ser acatado por los Estados implicados y, en los conflictos internos, por los grupos que combatan contra el Estado o que combatan entre ellos. En el DIDH se imponen obligaciones a los Gobiernos en sus relaciones con los individuos. Muchos opinan que los agentes no estatales especialmente los que ejercen funciones de índole gubernamental también tendrían que respetar las normas de derechos humanos.
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La imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinaria por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario

La imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinaria por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario

subject imprescriptibilidad, crímenes contra la humanidad, derechos hu- manos, prescripción, derecho internacional. humanitario[r]

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El derecho a la reparación de las víctimas por la violación de derechos humanos fundamentales

El derecho a la reparación de las víctimas por la violación de derechos humanos fundamentales

1.-­‐   teoría   de   la   ponderación   de   bienes   propuesta   por   Jürgen   Bröhmer,   que  propone  una  solución  que  se  basa  en  la  distinción  entre  diferentes  tipos   de  violaciones  de  derechos  humanos  y  la  asunción  de  riesgos  por  parte  de   los   estados   en   el   contexto   de   demandas   de   daños   y   perjuicios.   Esto   es,   propone  que  se  excepcione  la  inmunidad  jurisdiccional  del  Estado  si  se  ha   producido   una   violación   de   un   derecho   humano   fundamental   fuera   del   contexto   de   conflicto   armado.   Este   derecho   humano   vulnerado   tiene   que   tener  el  carácter  de  ius  cogens  en  Derecho  internacional  ya  sea  por  muerte  o   lesiones   personales,   sin   importar   que   tenga   su   origen   en   actos   gubernamentales   o   no.   Sin   embargo,   Bröhmer   propone   que   se   excluya   la   obligación   de   los   Estados   a   responder   por   tales   violaciones   cuando   se   vaticine  una  oleada  de  demandas  y  en  aquella  situación  en  la  que  el  Estado   pruebe   que   ha   llevado   el   asunto   ante   un   tribunal   internacional   o   ha   sometido   la   cuestión   a   alguna   otra   forma   de   solución   de   diferencias   que   asegure   una   reparación   efectiva   a   la   disputa.   Según   Espósito,   la   única   prerrogativa   de   esta   propuesta   frente   a   la   excepción   de   daños   y   lesiones   estudiada   es   que   “no   se   exige   la   conexión   territorial   respecto   del   daño   o   lesión   producidos,   pero   por   lo   demás   es   realmente   desafortunada   y,   al   buscar  una  extrema  individualización  de  la  reparación  ,  resultaría  contraria   a  lo  que  pretende  defender,  es  decir,  el  punto  de  vista  de  las  victimas” 25 .  
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El derecho a la verdad y su fundamento en la dignidad humana

El derecho a la verdad y su fundamento en la dignidad humana

Posteriormente en el 2000, en el caso Bámaca Vélasquez vs. Guatemala, la Corte reconoció que las acciones del Estado impidieron que los familiares de la víctima conocieran la verdad acerca de la suerte corrida por la víctima. Sin embargo, aclaró que el derecho a la verdad se encontraba subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. 10 En el caso Barrios Altos vs. Perú, el Estado reconoció la violación del derecho a la verdad. Por su parte, la Comisión vinculó el derecho a la verdad no solamente a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sino también al artículo 13, en lo relativo al derecho a buscar y recibir información. La Corte consideró que se impidió a las víctimas sobrevivientes, sus familiares y a los familiares de las víctimas que fallecieron, conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos en Barrios Altos, pero recordó que este derecho está subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos
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Los convenios internacionales del trabajo de la organización internacional del trabajo en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil y en el Tribunal Constitucional de España

Los convenios internacionales del trabajo de la organización internacional del trabajo en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil y en el Tribunal Constitucional de España

CRFB: “Art. 231. Se les reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones y los derechos de origen sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo de competencia de la Unión demarcar estas tierras y proteger y hacer respetar todos sus bienes. § 1º -Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios aquellas que ellos habitan en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. § 2º -Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, cabiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes. § 3º -El aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la investigación y la extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas solo pueden ser realizados con autorización del Congreso Nacional, luego de escuchada la voz de las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los resultados, en la forma que indica la ley. § 4º -Las tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles y los derechos sobre ellas imprescriptibles. § 5º -Queda vedada la remoción de los grupos indígenas de sus tierras, salvo, "ad referendum" del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que ponga en riesgo su población, o en interés de la soberanía del país, tras deliberación del Congreso Nacional; garantizado, en cualquier caso, el retorno inmediato así que desapareciera el riesgo. § 6º -Son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación o dominio y la posesión de tierras a que se refiere este artículo, o la explotación de las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes, excepto en caso de relevante interés público de la Unión, según lo que disponga la ley complementaria, sin que la nulidad o la extinción signifiquen derecho a indemnización o a acciones contra la Unión, salvo en la forma de la ley, cuando trata sobre los beneficios derivados de la ocupación de buena fe. § 7º -No se aplica a las tierras indígenas lo dispuesto en el art. 174, § 3º y § 4º.”; “Art. 232. Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para pleitear en juicio la defensa de sus derechos e intereses, con la intervención del Ministerio Público en todos los actos del proceso.”
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