PDF superior La ley de violencia de género, diez años después

La ley de violencia de género, diez años después

La ley de violencia de género, diez años después

menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados). Esta distinción tiene su reflejo en la penalidad, pues en el primer caso, la pena a imponer es de prisión de 6 meses a un año, mientras que en el segundo supuesto, el marco penal comprende de tres meses a un año de prisión, teniendo el resto de penas principales y accesorias (trabajo en beneficio de la comunidad y privación del derecho a la tenencia y porte de armas) la misma duración; a excepción de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, cúratela, guarda y acogimiento que tiene mayor duración en el primer supuesto (hasta cinco años).
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La ley de violencia de género: problemas dogmáticos y procesales

La ley de violencia de género: problemas dogmáticos y procesales

Así, este sector entendía que la futura norma era plenamente constitucional puesto que las medidas de discriminación positiva no vulneraban en modo alguno el principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la CE, alegando, además, que los organismos del Estado son los encargados de alcanzar la igualdad entre sexos, lo que justificaría cualquier tipo de medida que proponga llegar a la totalidad de aquélla. De esta manera la Ley integral sería del todo necesaria para luchar contra la violencia de género sin que en ningún caso pueda entenderse que se le dota al sector femenino de un privilegio, como bien marcaba la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia de tribunales de Derechos Humanos o la doctrina del Tribunal de Luxemburgo, al aplicar políticas de discriminación positiva . Por último, estos votos particulares destacan que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta jurisprudencia internacional, creyéndola del todo ajustada a la norma suprema, como recuerdan la existencia de otros Juzgados especializados (Juzgados de Familia, de menores o de Vigilancia Penitenciaria) que en absoluto habían sido objeto censura por supuestas desigualdades. 40 La norma fue muy controvertida como lo demuestra el que se interpusieran casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por jueces y magistrados una vez que entró en vigor la Ley 1/2004. La mayoría de estas cuestiones versaron sobre la constitucionalidad de los artículos 171.4 y 171.6 y el artículo 153.1 del Código Penal de los que más adelante hablaremos. 41 Se ha comentado más arriba que dicho precepto aumenta la pena en caso de que sea un hombre el que agreda a una mujer cuando ésta haya mantenido una relación conyugal o haya
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Some procedural aspects of the Organic Law on measures of comprehensive protection against domestic violence

Some procedural aspects of the Organic Law on measures of comprehensive protection against domestic violence

15. La Ley Integral no resuelve lo que debe suceder si, una vez asumida la competencia sobre un asunto civil, el JVM dicta un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria en el asunto penal, por lo que dejaría de concurrir uno de los presupuestos para que el JVM asuma la com- petencia en materia civil. Teniendo en cuenta los principios de economía procesal y seguridad jurídica, cabe considerar que ha de mantener la competencia en materia civil aunque en el asunto penal por violencia de género se haya dictado alguna de las resoluciones mencionadas. Como señala Asencio Mellado, para que en este caso hubiese una pérdida de competencia sería necesaria una norma que así lo estableciera expresamente. Ante la falta de ésta, es de aplicación el art. 411 LEC, según el cual las alteraciones relativas al domicilio de las partes, a la situación de la cosa litigiosa o al objeto del juicio que se produzcan a lo largo del proceso no modificarán la competencia. A SENCIO M ELLADO , J. Mª: Op. cit., p. 13.
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Propuesta para el tratamiento eficaz de la violencia de género

Propuesta para el tratamiento eficaz de la violencia de género

En España, no se está produciendo la condena social en la opinión pública, no al menos con la intensidad que originan otro tipo de asesinatos. A pesar de todas las recomendaciones recogidas en los códigos específicos de autorregulación, las informaciones vertidas siguen sin conseguir los objetivos marcados. Parte de las causas de esta situación la encontramos en que el relato audiovisual presenta mensajes contradictorios letales para la generación y percepción de la condena social. Se informa sobre estos hechos (Martínez, 2011: 320-321) “más y mejor que hace una década antes de la proliferación de los códigos deontológicos (…) pero los periodistas no parecen conocer las recomendaciones o, al menos, no han profundizado en ellas. Incluso en el caso de la ley, hay un conocimiento vago al respecto, inconcreto, y por tanto sus recomendaciones no se plasman en el trabajo cotidiano: la teoría, o bien no se conoce, o al menos no se pone en práctica”.
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Vivir libre de violencia : alternativas de política pública para mejorar la situación de la mujer mexicana víctima de abuso doméstico

Vivir libre de violencia : alternativas de política pública para mejorar la situación de la mujer mexicana víctima de abuso doméstico

Violencia; Violencia Doméstica; Violencia Familiar; Derechos Humanos; Justicia; Políticas Públicas; Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Género; Sociedad Civil... MARCO TEÓRI[r]

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Diez años después de aprobada la ley del derecho a la esterilización en Costa Rica

Diez años después de aprobada la ley del derecho a la esterilización en Costa Rica

Entre los retos más inmediatos relacionados con el tema de salud reproductiva podemos mencionar: a) la necesidad de enfocar la atención de la salud reproductiva como parte de la salud integral de las personas; b) urgencia de posicionar los derechos reproductivos dentro de marco de los derechos humanos y como tales universales, de aplicabilidad para todas las personas, sin distingos de edad, género, etnia, creencia religiosa, preferencia sexual, etc.; c) implementación de programas de educación en se��alidad científicos�� claros �� veraces en esc�elas y colegios; d) necesidad de retomar acciones para impulsar los derechos reproductivos conformando una nueva “Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales”; e) elaboración de políticas en las que el monitoreo y vigilancia ciudadana sean fundamentales; f) promover el cambio de mentalidad en el personal de salud para minimizar las barreras en los servicios que se brinda.
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Entre lo formal y lo sustantivo: La calidad de la asistencia al parto en el Uruguay

Entre lo formal y lo sustantivo: La calidad de la asistencia al parto en el Uruguay

Resumen : Este artículo aborda una de las formas de violencia de género, la violencia en el marco de la asistencia al parto, contrastando los derechos sociales contenidos en la Ley de Sa- lud Reproductiva uruguaya con el escenario donde se desarrolla la asistencia al parto. Para la discusión se tomaron entrevistas a personal de salud obstétrico y mujeres que han transitado por una experiencia de parto, realizadas en el marco de una maestría en sociología concluida y de un doctorado en curso. Como principal resultado aparece una distancia importante entre lo formal y lo sustantivo, siendo la violencia simbólica, expresada fundamentalmente a través de la relación médico-paciente, uno de los obstáculos para que “los derechos sean hechos”. En las conclusiones se exponen propuestas para mejorar el respeto de los derechos de las mujeres en la asistencia al parto, referidos a un cambio de enfoque que resulte en la transformación del modelo de asistencia y de los/as profesionales que asisten.
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La violencia doméstica contra la mujer después del advenimiento de la Ley contra la violencia en Brasil, Ley "Maria da Penha"

La violencia doméstica contra la mujer después del advenimiento de la Ley contra la violencia en Brasil, Ley "Maria da Penha"

Hay innumerables razones para la mujer víctima de violencia doméstica es digno de protección específica: el Estado debe buscar un material isonomía, tratar a los desiguales como desigualdades, por lo que no se abusa, las mujeres constituyen un grupo especial (como el niños y ancianos), porque a lo largo de los siglos, fueron víctimas de la dominación del hombre sobre ellos, los tratados internacionales ratificados por el Brasil demuestran la necesidad de una mayor protección a las mujeres, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que impone a los Estados Partes la obligación de eliminar la discriminación y garantizar la igualdad, así como la atención a la Convención de Viena, en la que ha sido la violencia de género reconocido como violaciónes de derechos humanos.
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El Archivo Universitario de Alcalá diez años después (1997 2007)

El Archivo Universitario de Alcalá diez años después (1997 2007)

La Administración Electrónica. Uno de los factores que ha influido en la práctica archivística universitaria ha sido la progresiva implantación de programas informáticos de gestión administrativa (Sorolla, Ágora, etc., algunos de ellos hoy integrados en Universitas XXI) que han derivado en un menor volumen de papel en la gestión de los expedientes; por ejemplo los expedientes de alumnos aparecen ya transferidos con los documentos en papel esenciales del procedimiento. Esta tarea es paralela a la regulación e identificación de los procedimientos administrativos de las unidades, lo que racionaliza los asuntos administrativos, las series documentales y beneficia al Archivo pues los papeles vienen ya transferidos en series ordenadas y las labores de identificación, clasificación y ordenación quedan perfectamente encuadradas. Si a este factor se unen la regularidad y las buenas prácticas en las transferencias se consolida un flujo documental continuo ajustado a la teoría archivística. En este contexto de utilización creciente de soportes electrónicos la aprobación de la reciente Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos ha venido a confirmar esa tendencia y la necesaria adaptación de la legislación a la gestión electrónica.
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La dependencia diez años después de la Ley 39/2006: un derecho social problemático que olvidó a la familia como sujeto cuidador

La dependencia diez años después de la Ley 39/2006: un derecho social problemático que olvidó a la familia como sujeto cuidador

Por otra parte, el artículo 4.2 j) de la LAP confirma el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho. Esta in- clusión fue una sugerencia realizada por el Consejo Económico y Social en su Dictamen sobre el anteproyecto, con la intención de que se configurara un de- recho subjetivo pleno. Sin embargo, la afirmación que recoge este artículo no es propia de la técnica legislativa. No es necesario recordar en una ley la posi- bilidad de acceso a los tribunales de aquellos a los que se les viola un derecho social, si el derecho está bien configurado y su regulación concreta su conte- nido esencial y las prestaciones que concede. El problema que está generando esta situación es que el Poder judicial obliga a las Administraciones a cumplir sus obligaciones, aunque económicamente no tengan medios suficientes, lo cual está provocando una situación controvertida de difícil solución.
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El maltrato hacia el hombre: una problemática invisible en Iberoamérica

El maltrato hacia el hombre: una problemática invisible en Iberoamérica

Así mismo, Hernández Rodríguez, Alfonso. (2009) en su reseña sobre el hombre maltratado por su mujer: una realidad oculta, basado en Fairman, Silvia (2005), de su publicación: “El hombre maltratado por su mujer: una realidad oculta”, narra cómo desde hace algunos años se ha presentado una tendencia notable a reducir la violencia de género, y sobre todo la violencia doméstica (que no son lo mismo), a un esquema simplista y a veces hasta sesgado, en el cual se “naturaliza” la diada hombre-violencia mujer-víctima, a pesar de que existen estudios realizados con rigor científico donde se puede ver y demostrar que, dependiendo de la forma de preguntar, se asigna el papel de víctima o victimario, independientemente del género de los sujetos a quienes se investiga; así, si se le pregunta exclusivamente a mujeres, obviamente ellas serán las víctimas. Si se le pregunta a los varones, el resultado será diferente, pero ellos se asumirán como víctimas en mayor o menor grado; sin embargo, cuando se pregunta a ambos, los resultados obtenidos son polémicos y contrarios a la corriente principal, ya que reflejan un nivel de violencia estadísticamente igual (Informe Iceberg e Informe 111 de Álvarez Diez y las investigaciones Straus, entre otras), lo que rompe el esquema del binomio hombre- victimario, mujer víctima 89
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EL PERMISO POR LACTANCIA DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA LEY DE IGUALDAD

EL PERMISO POR LACTANCIA DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA LEY DE IGUALDAD

El segundo requisito consiste en que el hijo (o asimilado) debe ser menor de nueve meses (doce en la regulación del EBEP). Merece la pena destacar que en la primera norma que reconoció el derecho (Ley de 13 de marzo de 1900 sobre protección de la mujer y el niño en el trabajo), este no se limitaba a los hijos menores de nueve meses, sino que se exten- día a los hijos en “periodo de lactancia”, sin limitación temporal, por lo que se prolon- gaba durante todo el tiempo que durase la situación de lactancia natural. La limitación vinculada a una edad concreta del menor (los nueve meses) apareció por primera vez en la Ley de Relaciones Laborales de 1976. Será indiferente, en consecuencia, la duración real de la lactancia natural (e, incluso, si esta llega a producirse), pudiendo exceder o ser inferior al período referido 5 .
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Ley  de Referéndum: Reflexiones a diez años de su promulgación

Ley de Referéndum: Reflexiones a diez años de su promulgación

La legislación especializada establece que el referéndum tendrá un carácter vinculante cuando participe por lo menos un treinta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para la legislación ordinaria; y un cuarenta por ciento, como mínimo, en los temas que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada. Según el artículo 4 de la Ley, la norma promulgada será obligatoria y surtirá efectos desde el día en que dicha norma lo designe o, en su defecto, diez días después de su publicación en La Gaceta.
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Ley de Investigación Biomédica, diez años después: carencias y propuestas

Ley de Investigación Biomédica, diez años después: carencias y propuestas

e Desarrollo normativo de constitución, acreditación y funcionamiento de los CEI : La LIB, a través del artículo 12 crea los CEI, define de forma general sus funciones y hace una mención muy puntual sobre la declaración de intereses de sus miembros y la necesaria abstención en caso en caso de tener interés directo o indirecto sobre el asunto examinado. Nada dice sobre la composición, ni sobre los criterios y procedimientos de acreditación, u otros aspectos del funcionamiento de los CEI, lo cual es lógico porque una Ley no puede llegar a ese nivel de detalle. Para ello, están los desarrollos normativos, pero hasta la fecha no ha habido ninguno. Sí se ha producido un desarrollo específico para los CEI acreditados para evaluar estudios clínicos con medicamentos (los CEIm), estudios que la LIB excluye de su ámbito de aplicación, pero los CEI que se han creado en Universidades y Centros de Investigación están casi en el desamparo legal en la mayor parte de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) 6 . Este es, probablemente,
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Análisis del impacto que ha tenido la campaña ganadora del Gran Cóndor de Oro 2014, caso: las burladas por Don Juan

Análisis del impacto que ha tenido la campaña ganadora del Gran Cóndor de Oro 2014, caso: las burladas por Don Juan

Dentro del Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género en el Ecuador, se menciona que “la violencia de género se traduce, histórica y socialmente, en violencia dirigida contra las mujeres, puesto que las afecta en forma desproporcionada con base en el rol femenino socialmente construido” (Comisión Interinstitucional, 2008:7). Se incluyen actos o amenazas que generan daño físico, mental o sexual, coacción y otras formas de privación de la libertad. Similar a lo propuesto por otros autores que mantienen que se usa el término “violencia de género para dar cuenta de todos los tipos de maltrato – físico, psicológico o simbólico- que sufren las mujeres como consecuencia de las formas con que socialmente entendemos y construimos nuestras relaciones entre géneros” (Gil, Mestre, & Lloret 2007:10). Añaden también que este tipo de violencia no solo se presentan en el ámbito material, es decir en agresiones físicas y la falta de recursos económicos, también en el ámbito simbólico, en las emociones, deseos y carencias al momento de establecer relaciones afectivas con las personas, derivadas de la forma como se entienden y se construyen la masculinidad y la feminidad en nuestra época.
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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

Tal causa de resolución del contrato guarda relación con la causa prevista en el artículo 215.3 de la Ley referido a la subcontratación, al señalar expresamente que la infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación , así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación , tendrá entre otras, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, cuando así se hubiera previsto en los pliegos, la posible resolución del contrato siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 en el sentido de que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares al efecto de atribuir de características con el carácter de obligación contractual esencial, artículo 122.3.
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Violencia de género en el estado de Oaxaca: análisis sobre sus causas, consecuencias y la respuesta gubernamental

Violencia de género en el estado de Oaxaca: análisis sobre sus causas, consecuencias y la respuesta gubernamental

Traduciendo en términos de violencia de género el efecto que narra Engels con respecto al interés que suscita la violencia directa en relación a los otros dos tipos de violencia podemos aseverar que: Cuando un hombre inflige daño físico a una mujer, se llama violencia, cuando la violencia se produce por su especial condición de ser mujer, se le denomina violencia de género. Pero cuando la sociedad sitúa a las mujeres en una posición tal de desigualdad que no queda otra más que someterse a la violencia, aceptarla: esto es violencia institucional. Cuando la sociedad deja a las mujeres sin medios de defensa, sabiendo que esto producirá daño a las mujeres –posiblemente la muerte- y aun así permite que esas condiciones se mantengan, esta violencia resulta peor que la violencia directa. Lo peor de la violencia de género estructural es que las mujeres no pueden defenderse de ella de forma individual, porque se enfrenta a un agresor colectivo invisible y el daño parece tan natural que es difícil de identificar.
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LA LEY 4/2016, DE 15 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA: ANTECEDENTES Y SUJETOS OBLIGADOS DEL ARTÍCULO 4

LA LEY 4/2016, DE 15 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA: ANTECEDENTES Y SUJETOS OBLIGADOS DEL ARTÍCULO 4

37 Ahora bien, la cuestión dista mucho de ser pacífica. En efecto, tanto la LTBG como las leyes autonómicas sobre transparencia se han construido exclusivamente sobre la base de un ámbito subjetivo, en el que cada norma vincula a sus propios órganos o, como mucho, integra a las Entidades Locales de su territorio. Quizá la circunstancia de que el derecho de acceso se haya configurado sobre el fundamento del art. 105 b) CE ha sido determinante para asentar la idea de que cada ley de transparencia debe circunscribirse a vincular a sus propias administraciones o a los entes que, en su ámbito territorial, ejercen una actividad materialmente administrativa. Pero como la LTBG se configura como una “ley de mínimos” debido a su naturaleza de legislación básica, esta forma de proceder genera desigualdades que parecen contrarias al principio de igualdad.
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LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN

LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN

 Una cosa, en la medida en que es más necesitada o es más escasa tiende a aumentar su valor, y tiende a disminuirlo en la medida en que es más abundante. Esta ley ha sido hecha extensiva, especialmente desde la Revolución Francesa, al precio del trabajo, imponiendo al hombre la misma relación que se tiene con las cosas; el hombre de trabajo pasa a ser una mercancía, sometido a la ley de la oferta y la demanda, llamada a este fin libre concurrencia, de modo que cuando se produce mucha oferta de trabajo, que es cuando la gente está más necesitada, el valor del salario baja.
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LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Por tanto, en el contrato o acto jurídico similar, normalmente en el pliego de cláusulas administrativas en el ámbito de la contratación púbica, debe quedar fijado que los licitadores y el órgano de contratación, en aquellos contratos que impliquen el tratamiento de datos personales, se encuentran obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos y, en lo que no se oponga a éste, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, omitiéndose ya la referencia a la LOPD que ha sido derogada.
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