La época de los moderados (1843-1854)

La revolución que derribó a Espartero fue obra de una coalición de moderados y progresistas; pero pronto fueron los primeros los que, mejor organizados y más capaces por lo general, se hicieron con el poder. Los moderados gobernaron ininterrumpidamente durante una década, y dieron el tono, más que ningún otro partido, al reinado de Isabel II (1843-1868).

La época era propicia al moderantismo. El país estaba cansado de revoluciones y desórdenes; iba siendo hora de que el Nuevo Régimen se afianzase en formas estables, y los que habían conquistado revolucionariamente el poder preferían ahora disfrutarlo pacíficamente. El mismo partido moderado estaba formado por ex revolucionarios (Alcalá Galiano, Toreno, Martínez de la Rosa, Istúriz, González Bravo) desengañados por la edad o por la experiencia. La burguesía conquistadora tendía a hacerse conservadora, y fundaba (1844) la Guardia Civil, como símbolo de un «orden» que el publicismo de la época empezaba a encontrar tan importante como la libertad.

Los moderados reforzaron los resortes del poder, aun sin conseguir garantizar del todo la pública tranquilidad. Los políticos recurrieron con frecuencia al apoyo de los militares, a costa, por supuesto, de permitirles compartir el gobierno. El general Narváez, enérgico y violento cuando hacía falta, aunque más liberal de lo que aparentaba, fue el «hombre fuerte» de la época. El país mejoró en casi todos los aspectos; la curva demográfica experimentó un definitivo enderezamiento (en 1840, 13.500.000 habitantes; en 1850, 14.700.000), se estabilizó la Hacienda y se atendieron, al fin, las obras públicas. Los moderados consagraron la organización del Estado español contemporáneo, eminentemente burocrático y centralizado. Hubo reformas en la Administración, en el Ejército, en la enseñanza. La maquinaria estatal se hizo compleja y poderosa como nunca lo había sido, aun sin poder evitar —en parte por esa misma complejidad— venalidades y corrupciones. En una época de escasas fortunas individuales y poca iniciativa privada, el Estado es la panacea a que se agarran todos los españoles con aspiraciones.

La Constitución de 1845

La Constitución de 1837 parecía a los moderados demasiado progresista, y se propusieron reformarla, aunque lo que resultó fue más bien una Constitución nueva, la de 1845. En la forma puede parecerse a la anterior, pero el fondo es distinto; no se admite el principio de la soberanía popular, sino la del rey y las Cortes. Se mantenía el

sufragio restringido (solo el 1 por 100 de los españoles tenía derecho al voto) y se constituía un Senado cuyos miembros eran designados por la Corona. Aumentaban los resortes del poder ejecutivo: más que los del monarca, los de los ministros. Si en los primeros años del liberalismo español, en caso de discrepancia entre el Gobierno y las Cortes, preponderaban estas (Constitución de 1812), ahora se invierten los términos, pues el gabinete puede gobernar por «decretos» —sin necesidad de llamarles «leyes», privativas del poder legislativo— y tiene facultad, además, a través del monarca, para disolver en cualquier momento la asamblea. Cierto que al cabo de un plazo dado ha de convocar nuevas elecciones; pero el problema ahora ya no es grave para los gobiernos, porque las ganan siempre sus partidarios. La corrupción electoral —que en absoluto fueron los moderados los únicos en practicar— permite gobernar con relativa comodidad, pero conculca los principios del régimen, fomenta la venalidad administrativa y predispone al escepticismo. Aparte de que bloquea el poder en manos de un partido determinado y no deja a los otros grupos, si quieren alcanzarlo, otro recurso que la revolución.

La recuperación económica

Los moderados fueron, en general, buenos hacendistas, y una de sus obras más meritorias fue el desempeño del erario público, entrampado sin remedio nada menos que desde los tiempos de Carlos IV. En 1845, Alejandro Mon y Ramón de Santillán elaboraron un nuevo sistema de impuestos que, en sus líneas generales, ha durado más de cien años. Hasta entonces tendía a gravarse la compraventa (lo que constituía un obstáculo para el movimiento de bienes), en tanto que en la nueva ley la carga principal gravitaba sobre la propiedad (la contribución territorial). Otros tributos, pocos, pero bien estudiados, completaron un sistema sencillo y eficaz. El Estado aumentó considerablemente sus ingresos, y la riqueza de los españoles tendió a desestancarse, a hacerse más movible.

Al mismo tiempo hizo Mon un favorable arreglo de la Deuda; pero la operación principal corrió a cargo de Bravo Murillo, en 1851, con una amplísima operación a largo plazo: los acreedores habrían de esperar más, pero cobrarían más, y con seguridad. El Estado quedaba libre de un enorme peso, y, cada vez mejor provisto de fondos, podría ampliar enormemente la administración y las obras públicas. Por su parte, la reforma monetaria de 1847 equivalía a una devaluación de la moneda, y esta dejo de emigrar al extranjero. Empezaba a verse dinero abundante en España.

La burguesía no dejó de aprovechar la favorable coyuntura para lanzarse al mundo de los negocios. No fue una explosión tan fuerte como en otros países, pero, en comparación con la época anterior a 1844, el afán de los españoles adinerados por invertir llamaba la atención a sus contemporáneos. La desvinculación de las propiedades —ya fuera la desamortización eclesiástica o la civil— aumentó los movimientos. Según Millet, en 1845 las transacciones sobre propiedad desvinculadas ascendieron a 190

millones de reales; en 1854 llegaron a los 1.000 millones. Mejoró la industria, sobre todo la textil (en Cataluña); la metalúrgica (sobre todo la andaluza, en Málaga y Pedroso) y la naval (en el norte). Se construyeron los primeros ferrocarriles, aunque todavía en modesta escala: Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez.

El industrialismo, favorecido por el liberalismo económico, permitía invertir y contratar libremente. El que tenía dinero podía enriquecerse con un poco de habilidad. El trabajador, en cambio, carente de todo asomo de legislación social, sin poder acogerse ya a aquel organismo anticuado, pero protector que habían sido los gremios, quedó sin defensa. La artesanía no podía competir con la nueva industria, provista de poderosas máquinas y planificada en equipo, con lo que el artesano, paulatinamente, se veía compelido a convertirse en un obrero a jornal, a merced del capitalista, que imponía sus condiciones. La «cuestión social», como entonces se decía, empezaba a plantearse lentamente, pero de forma inexorable.

Los proyectos de Bravo Murillo

El más reformista de los Gobiernos moderados fue el que presidió Bravo Murillo en 1851-52. Bravo Murillo no parecía un político del siglo XIX: ni tenía facilidad de palabra,

ni hablaba de principios abstractos, ni gustaba de las maniobras hábiles. Aborrecía las disputas interminables de los partidos, y su lema era: «menos política y más administración».

En este sentido, su labor no pudo ser más beneficiosa. El arreglo de la Deuda acabó con la penuria del Estado. Las obras públicas alcanzaron un ritmo como no se había visto en lo que iba de siglo. Se hicieron planes de ferrocarriles, carreteras y puertos. Madrid tuvo agua corriente gracias al canal de Lozoya. El Concordato de 1851 reguló al fin las relaciones entre la Iglesia y el Estado, rotas desde los tiempos de la desamortización.

Dos grandes reformas se propuso, ante todo, el Gobierno de Bravo Murillo: una, independizar la administración de la política, de suerte que, para ser capitán general de una región, administrador de Correos de una población —o hasta guarda municipal—, no fuera preciso pertenecer, como hasta entonces, al partido dominante de turno. Otra, disminuir las ínfulas del parlamentarismo mediante una nueva Constitución y la reforma de las Cortes. No es seguro que Bravo Murillo proyectase la supresión de los partidos políticos, pero sí hablaba de llevar a la representación nacional las voces de los municipios, las provincias y las corporaciones del país.

La oposición de los partidos —incluyendo a los propios moderados— a tales proyectos fue radical. Rechazados violentamente en las Cortes, Bravo Murillo convocó nuevas elecciones, acompañando en la convocatoria el texto de sus reformas, para darles carácter de referéndum. Los políticos no le permitieron celebrarlo y provocaron su caída definitiva. Con Bravo Murillo se agotó la posibilidad de convertir el moderantismo de hecho en moderantismo legal.