La época de los sistemas efímeros (1868-1874)

Alrededor de 1870 se producen en Europa y fuera de ella una serie de conflictos y convulsiones que dan lugar a una época distinta, que supera algunos viejos esquemas decimonónicos. Nuevos hombres, nuevos problemas; un nuevo ambiente, en general, se encarama al primer plano de la realidad histórica. En España la frontera entre las dos épocas puede colocarse en la revolución de 1868. Todo un mundo romántico y fácil, sin problemas sociales ni masas, escaso en ideologías y lleno de generales metidos a políticos, ha caducado y se nos aparece, de pronto, anticuado, viejo e inservible. Una nueva realidad —con problemas que nos resultan mucho más familiares a los hombres de hoy— acaba de despuntar en la historia de España.

El sexenio que va de 1868 a 1874 es uno de los más agitados que se recuerdan en nuestro país. Tenemos un destronamiento, un régimen provisional, una regencia, una monarquía democrática, una abdicación, una república federal, una república unitaria, tres guerras civiles a un tiempo, un nuevo régimen provisional, un nuevo intento de regencia y, por último, la restauración de la dinastía derribada en un principio. Explicar este ritmo fugaz no es fácil; pero quizá lo comprendamos mejor si tenemos en cuenta lo abstracto de las teorías que llevaron a la revolución y la división de los propios revolucionarios.

La revolución de 1868

El golpe que derriba la monarquía de Isabel II puede parecer, en la forma, uno de tantos pronunciamientos. Sin embargo, la casi inmediata participación de las masas, la entrada de una nueva generación de políticos y el inicio de experiencias desconocidas hasta entonces nos hacen ver que el fenómeno es mucho más complejo y las causas, probablemente, más profundas.

En toda revolución importante suelen compaginarse, potenciándola, factores políticos, sociales y económicos. Entre los políticos hemos visto ya que los hay de carácter negativo (alianza de Isabel II con los moderados, desgaste de este partido, corrupción administrativa), y de carácter positivo (aparición de nuevas fuerzas provistas de un programa amplio y coherente: sobre todo, el partido demócrata). En cuanto al factor social, la protesta de las masas desheredadas se venía incubando desde tiempo antes, pero contribuyó a fomentarla entonces la propaganda de los demagogos y la crisis económica. La situación real del trabajador no nos es conocida aún con absoluta precisión, pero no cabe la menor duda acerca de las condiciones precarias y hasta

inhumanas en que tenía que desenvolverse su vida. Parece que el sueldo de un obrero, en Barcelona y en 1867, apenas bastaba para sostener a dos personas (por ejemplo, el trabajador y su mujer), de suerte que un hijo pequeño obligaba ya al empleo de los dos esposos. El problema social se complicó, como decimos, con una crisis económica que se registró en toda Europa en 1866-67, pero que en España repercutió con mayor gravedad y se combinó con las malas cosechas de 1867-68. Quebraron las compañías de ferrocarriles, cerraron numerosas fábricas y miles de obreros quedaron en la calle precisamente cuando la escasez hacía subir los precios más que nunca.

La revolución fue organizada por todos los grupos políticos contrarios a los moderados, es decir por una coalición de progresistas, unionistas y demócratas; claro está que cada grupo tenía sus fines específicos, como pronto se vio. El golpe estalló en Cádiz el 18 de septiembre, y pronto se corrió a toda Andalucía. En el puente de Alcolea, el sublevado general Serrano derrotó a las tropas del Gobierno, e Isabel II, viéndose perdida, huyó a Francia. Las masas llenaron las calles, y por todas partes se constituyeron juntas provisionales. Por doquier se hablaba de la soberanía del pueblo y de la felicidad universal.

Claro está que España no iba a ser lo que quisieran los españoles, ni siquiera todos los autores de la revolución, sino los jefes más caracterizados, entre los cuales destacaban Serrano y Prim. Se constituyó un Gobierno provisional, y se convocaron elecciones, en las que resultaron vencedores los progresistas, seguidos de los unionistas y, muy en tercer lugar, los demócratas. Aquellas Cortes elaboraron la Constitución de 1869, en la que se proclamaban enfáticamente los derechos del ciudadano, la soberanía nacional, el sufragio universal y la libertad religiosa. En cuanto a la forma de gobierno, España se constituía en reino, con un monarca que se limitaba a acatar los designios de la voluntad nacional: es decir, se iba a una monarquía democrática.

Amadeo de Saboya

Entre infinitas opiniones prevaleció, al fin, el criterio de Prim de traer como rey de España al duque de Aosta, Amadeo de Saboya. Aquel príncipe italiano, leal y caballeroso, era hombre de relativa inteligencia, pero carecía de la habilidad del político, aparte de que conocía muy poco a los españoles. Estos, que en absoluto le habían buscado, le vieron llegar sin afecto, y el nuevo monarca no fue capaz de ganárselo. Y lo que fue peor: el general Prim, que era en realidad el único artífice de su venida, y quien tenía formado un plan concreto de gobierno, fue asesinado en Madrid por aquellos mismos días.

La nueva monarquía nacía huérfana. El rey no encontró a casi nadie en quien depositar su confianza. Los políticos estaban ferozmente divididos, y Edmundo de Amicis, de viaje entonces por España, enumera a 30 partidos. Don Amadeo trató de organizar un turno entre los dos grupos más fuertes, los constitucionales de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla, pero este último se negó al juego del turnismo. Y como quiera

que cualquier partido estaba en minoría respecto de la suma de los demás, y nadie se avenía a una coalición, no había forma de gobernar.

Los demócratas, despechados por la solución monárquica, se lanzaron abiertamente a la agitación. Por su parte, las masas dudaban entre los demagogos de la socialdemocracia y los agentes de la Internacional de Trabajadores, introducidos en España desde 1871. En las Cortes hubo un sonado debate sobre la Internacional, que al fin fue declarada fuera de la ley. Amplios grupos de trabajadores estaban ya contra la monarquía. Por el flanco opuesto comenzaba el ataque también. En abril de 1872 se lanzaron los carlistas a una nueva guerra civil. Reconocían como rey a Carlos VII, un hombre muy distinto a su abuelo: joven, inteligente y flexible, rodeado de una verdadera escuela intelectual como nunca hasta entonces había tenido el carlismo. Su programa de renovación, en que no faltaban alusiones a los derechos del pueblo, la representatividad y la preocupación social, pudo arrastrar a muchas personas y a gran parte de la masa católica del país.

Amadeo de Saboya, cada vez más solo, se encontraba en un callejón sin salida. Mejor dicho: la única salida era la suya propia. Así supo comprenderlo, y a raíz de un conflicto entre el Gobierno y el cuerpo de Artillería, que le puso virtualmente entre la espada y la pared, prefirió abdicar en febrero de 1873. Su reinado había durado dos años y dos meses.

La primera República

El fracaso de la monarquía democrática dejaba el camino abierto a los republicanos, que eran los únicos que aún no habían ensayado su sistema, y aún no habían tenido ocasión de desprestigiarse. Republicanos auténticos había relativamente pocos; pero el partido contaba con una parte de las masas, aleccionadas por los demagogos y convencidas de que la República iba a suprimir el servicio militar y los impuestos y a convertir a los jornaleros en dueños de las tierras y a los obreros en dueños del taller.

Pero los republicanos no contaban con fuerzas políticas suficientes para articular el régimen por sí solos. Cuatro ministros de Amadeo I pasaban sin más a formar parte del nuevo Gobierno antimonárquico, presidido por Figueras. Como era fácil prever, las escisiones surgieron pronto en el seno del gabinete y en las Cortes. Estallaron motines federales por todas partes; el Gobierno no era obedecido por nadie. Figueras, desesperado, abandonó no ya la presidencia, sino España, convencido de que era imposible gobernar.

Fracasada la fórmula de coalición, se ensayó una «república de republicanos puros», a base del ala extremista del partido, que eran los federales, y a la presidencia subió el padre del federalismo, Francisco Pi y Margall. Tomar Pi el mando y proclamarse repúblicas federales por todas partes, sin esperar más, fue todo uno. La Diputación de Barcelona hizo proclamar la república de Cataluña. Málaga se hizo república independiente de Madrid, y pronto siguieron su camino Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia, Cartagena y otras muchas ciudades, y hasta pueblos. Utrera se declaró

independiente de Sevilla, estallando la guerra entre las dos «repúblicas»; también entraron en guerra Granada y Jaén, y lo peor fue que Cartagena, que contaba con gran parte de la escuadra y una fuerte guarnición, declaró la guerra a Madrid, conflicto sangriento que duró varios meses. España entera se descuartizaba. El episodio de las

Cantonales es uno de los hechos más llamativos de la historia contemporánea de España,

y está necesitando aún un estudio a fondo. En él juegan el particularismo ibérico, los resentimientos provinciales y locales contra los abusos del centrismo, y las miras de políticos inquietos o agitadores sociales, que aprovechan la ocasión para hacerse valer o para protestar contra antiguas injusticias.

Las luchas cantonales se unían a la guerra civil en el norte, donde los carlistas amenazaban dominar regiones enteras, y una sublevación en Cuba que ponía en peligro la vinculación de aquella isla a España. Tres guerras civiles a un tiempo. Pi y Margall cayó sin poder dominar la hecatombe, y lo mismo le sucedió al tercer presidente, Salmerón, hombre convencido, como Pi, de la excelencia de sus principios, y que prefirió abandonar su puesto antes que firmar una sentencia de muerte.

La República se hundía cuando Castelar subió al poder. Comprendió que no había otro medio de salvarla que obrar con energía. Reforzó el poder del Estado, llamo al Ejército, aplicó la pena de muerte, suprimió el principio federal para acentuar el centralismo. Pero sus compañeros no le dejaron continuar, acusándole de militarista y dictatorial. El 2 de enero de 1874, las Cortes le obligaron a dimitir. Horas más tarde, el general Pavía, previendo mayores desórdenes, hizo disolver la asamblea. La República cayó sin resistencia a los once meses de haberse implantado.

El régimen de Serrano

El golpe de Pavía acabó con el sistema republicano, pero no implantó ningún otro sistema. Pavía mismo se negó a ocupar el poder, y quien lo asumió fue el general Serrano. Su Gobierno duró diez meses, y tuvo un matiz indefinido, que los autores suelen conocer como la Interinidad. Parece claro que Serrano aspiraba a restablecer la monarquía, sin llamar a ningún rey, para ejercer por tiempo indefinido la regencia. Su argumento era que el país no podía definirse mientras no estuviera pacificado, y en esta tarea se afanó con éxito relativo.

Habían fracasado todos los ensayos de sistemas nuevos, y estaba fracasando lo único que ya se podía ensayar: la falta de sistema. El ambiente se iba preparando de forma lenta, pero segura en favor de la Restauración.