Desarrollo de la investigación
3.2 Antecedentes: Los feminicidios comenzaron antes de
Aunque gran parte de las estadísticas y los trabajos de seguimiento y documentación de los casos de desapariciones y asesinatos de mujeres, que desarrollarán fundamentalmente activistas y periodistas, arrancarán a partir de 1993, hay estudiosas, como Julia Estela Monárrez, que sitúan el inicio de éstos a finales de la década de los ochenta. Mónarrez (2004) documenta en su trabajo “Elementos de
análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica”
que el feminicidio sexual en Ciudad Juárez no comienza en el año 1993, sino años antes, aportando, además, notas periodísticas publicadas ya en 1991 en medios locales donde se documenta la comisión de feminicidios sexuales sistemáticos. Sin embargo, será a partir de 1993 cuando comiencen a denunciarse públicamente casos de desapariciones sistemáticas de adolescentes cuyos cuerpos eran localizados días o semanas más tarde, abandonados, en la mayor parte de los casos, en terrenos baldíos situados en las afueras de la ciudad, con evidentes signos de tortura y agresiones sexuales.
Prueba de la existencia de casos de feminicidios sexuales seriales previos a 1993 es el testimonio de Oralia Hernández (madre de Verónica Hernández, adolescente asesinada en 1992) reproducido en el documental sonoro “Las madres de Ciudad
Juárez” del periodista Fran Sevilla, emitido por Radio Nacional de España en diciembre
de 2006. En él, Oralia Hernández recuerda que:
“Lo peor que le puede pasar a una madre es imaginar todo lo que puede haber sufrido
(su hija). Ella fue víctima de un secuestro; apareció al tercer día de haberse perdido. Fue víctima de una violación tumultuaria de tres individuos (…) yo sufrí una amenaza, fue la razón por la cual callé muchos años, y fue por el ex Gobernador de este Estado, Francisco Barrio, él fue quien me dijo que me callara porque a lo mejor la que seguía era yo, y dicho eso de un primer mandatario de un Estado te queda callarte, por eso quiero huir de este Estado (...) Mientras un asesino no sea castigado es como si le están invitando a seguir haciendo este tipo de crímenes, porque no hay castigo” . (Sevilla : 2006)
La lucha de Oralia Hernández se mantendrá a lo largo de los años, acusando al Gobernador, Francisco Barrio (PAN, 1992-98) de “negligente” y admitiendo que pese a
todos los esfuerzos de las familias “desafortunadamente las muertes y la violencia
siguen”36. Su testiominio refleja hasta que punto la cadena de impunidad e injusticia se fue forjando en Ciudad Juárez hasta llegar al nivel más alto, el de la Jefatura del Estado. Decenas de jóvenes estaban siendo secuestradas, violadas, asesinadas de manera sistemática y el Gobierno de Francisco Barrio se había convertido en el principal garante de esta impunidad. Como analizaremos a continuación, su actitud y las respuestas dadas por los principales cargos públicos y políticos desde la administración panista a nivel Estatal se basarán en la minimización de los hechos y la culpabilización de las víctimas y sus familias con un claro objetivo: eludir responsabilidades para perpetuar un sistema misógino y sexista entendido como “el conjunto de todos y cada
uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino”
(Varela 2005: p180)
Analizando el perfil de las víctimas podemos observar que de forma mayoritaria, podríamos decir incluso unánime, nos situamos ante familias sin recursos para poder defenderse legalmente o denunciar las negligencias gubernamentales. Las mujeres desaparecidas eran en su mayoría jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, secuestradas cuando se dirigían o regresaban al trabajo, muchas de ellas empleadas de maquiladoras, o en la zona centro de la ciudad. Las jóvenes, que presentaban características físicas muy similares (morenas, delgadas, bellas, de pelo largo y oscuro) eran localizadas días o semanas después con evidentes signos de tortura extrema y agresiones sexuales.
Expertos consultados, entre ellos el que fuera forense municipal hasta 2002, Óscar Maynez, coinciden en la posibilidad de que estas estructuras feminicidas aún hoy sigan actuando como consecuencia de la impunidad latente y la actitud “indolente” de las autoridades; estructuras que, muy probablemente, están conformadas por hombres pertenecientes al crimen organizado, con poder y vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado. Nos enfrentamos, como señala la investigadora Patricia Ravelo (2009) a todo un sistema que consolida una estructura política-jurídica-policial que protege y legitima la violencia contra niñas y mujeres, cuya expresión máxima de poder y superioridad es el asesinato, el feminicidio, que permanecerá impune como consecuencia de una violencia contra las mujeres producto de pactos patriarcales, pactos entre hombres.
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Arroyo, Marta. (25 de enero de 2006). Ciudad Juárez: símbolo de la violencia machista. El Mundo. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/24/solidaridad/1138090324.html
A pesar de la documentación de más de una decena de asesinatos sexuales seriales entre 1992 y 1994, 1995 supone el arranque de las denuncias públicas y la organización de las propias familias afectadas. Ante la desconfianza creciente en las argumentaciones y supuestas pruebas aportadas por las autoridades, algunas familias rebatirán públicamente las mismas y denunciarán acciones denigratorias contra ellas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de las propias administraciones. Las madres de las mujeres asesinadas o desaparecidas se unirán para construir un potente movimiento de sororidad, entendido, según la antropóloga Marcela Largarde, como “una solidaridad específica, la que se da entre las mujeres, que por encima de sus
diferencias y antagonismos se deciden por desterrar la misoginia y sumar esfuerzos, voluntades y capacidades, y pactan asociarse para potenciar su poderío y eliminar el patriarcalismo de sus vidas y del mundo”. (Lagarde 2012: p34)