El contrapoder: Las denuncias de las familias y los movimientos feministas

La cadena de acusaciones contra las propias víctimas y sus familias provocarán la reacción de éstas últimas, sobre todo de las madres de las niñas y jóvenes secuestradas y/o asesinadas, que encabezarán un movimiento de sororidad, entendido, según la antropóloga Marcela Lagarde, como “una solidaridad específica, la que se da

entre las mujeres que por encima de sus diferencias y antagonismos se deciden por desterrar la misoginia y sumar esfuerzos, voluntades y capacidades, y pactan asociarse para potenciar su poderío” (Lagarde 2012: p34) para combatir las mentiras

gubernamentales, exigir actuaciones y luchar contra la impunidad.

Las familias se unirán para contestar las “argumentaciones oficiales” y rebatir las versiones aportadas por “el poder central compuesto por el estado y los grupos de

élite de la economía y la política chihuahuense. Ellos explicaron la historia de las asesinadas y mostraron su preocupación por el fenómeno de violencia contra las mujeres a la comunidad local e internacional. Señalaron que ellas, las exterminadas, llevaban una doble vida y que provenían de familias desintegradas” (Monárrez 2009:

p33). Paula Flores, madre de Sagrario González Flores, secuestrada en abril de 1998, y Guillermina, su hija y hermana de Sagrario, serán las primeras mujeres que iniciarán este movimiento de contrapoder, entendido, como señala el investigador Manuel Castells (2008), como la capacidad de distintos actores sociales para desafiar y cambiar las relaciones de poder institucionalizadas en la sociedad, desafiando las estructuras de poder existentes. En el caso concreto de Ciudad Juárez, esta labor de contrapoder estará protagonizada por las propias familias afectadas por la desaparición o el asesinato de una de sus hijas, para responder a la campaña de mentiras y difamaciones impulsada por los actores sociales del Estado (en este caso autoridades y poderes empresariales y económicos) Irma Pérez, madre de Olga Carrillo, secuestrada el 10 agosto de 1995 en la zona centro y localizada asesinada un mes después en Lote Bravo, donde se encontrarían restos de más adolescentes, también formó parte de esta organización impusada por la familia González-Flores, que no sólo no contó con apoyo alguno de las autoridades sino que “con frecuencia fue atacada por empleados del gobierno, y se

Los insultos y las amenazas hacia las madres que denunciaban la inacción gubernamental ha sido una constante que se prolonga por más de 20 años. Cómo señala la investigadora Julia Monárrez “en esta larga lucha (…) las mujeres activistas han

enfrentado amenazas a su integridad física y emocional” (Monárrez 2009: p50) Al

igual que Paula Flores y su familia, numerosas madres han sido acosadas o agredidas por su lucha y han sufrido intensas campañas de desgaste emocional. Un ejemplo de ello es María Esther Luna, madre de Brenda Esther Alfaro Luna, una joven de 15 años secuestrada el 17 de septiembre de 1997 cuyo cuerpo fue localizado dos semanas después de ser reportada desaparecida. María Esther recuerda que las autoridades emplearon los mismos argumentos dados a otras madres de jóvenes desaparecidas, asegurando que su hija podría haberse fugado de manera voluntaria. Tuvo que esperar hasta cinco años para poder dar sepultura a su pequeña ante una cadena negligencias flagrantes que incluyeron “la pérdida” de los restos de su hija para poder corroborar las pruebas de identificación mediante el ADN. El periodista Fran Sevilla incluye en su trabajo “Las madres de Ciudad Juárez”, emitido por Radio Nacional de España en 2006, el testimonio de Maria Esther Alfaro, que evidencia las actitudes misóginas de las fuerzas de seguridad y autoridades de la Fiscalía, que lejos de investigar la desaparición de su hija, menor de edad, argumentaron que debía estar “con los chavalos de loca”. Al igual que muchas otras madres, María Esther Alfaro sufrió en primera persona las deficientes investigaciones y la ausencia de garantías a la hora de identificar las osamentas de jóvenes localizadas, lo que dilata estos procesos meses, e incluso años, provocando un enorme desgasto emocional y físico en las familias. En el reportaje sonoro “Las madres de Ciudad Juárez” María Esther Luna denuncia que:

“Acababa de cumplir 15 años mi niña (...) fue incansable mi búsqueda y no pude lograrlo (…) por la prensa fui y le dije: “me permiten reconocer, con el periódico en la mano, ese cuerpo, a ver si era mi hija (…) pasé y lo primero que vi fue un bultito de ropa, su ropita interior… toda la reconocí y dije “es mi hija” y me dijeron “no, mírela primero, mire su cuerpo”, y dije, “oiga, espéreme; Tiene una mordida de perro en su chamorrito izquierdo y tiene cicatriz, déjeme ver” y dijo “véala”. La vi y le dije: es el cuerpecito de mi hija. ¿Me lo puede dar? Y dice: “No, hay que hacer varios trámites y estudios” (…) al año mandaron hacer el ADN me salieron con la noticia de que se les perdió la parte que mandaron de su cuerpecito (…) mandaron hacer supuestamente otra vez y al año me dicen “ya vino el resultado (…) salió negativo”. Y yo desesperada preguntaba ¿Ahora qué se hace? ¿Y mi hija dónde está? Me la denigraron mucho. “Pues ha de andar ahí con los chavalos en las calles de loca” Dije yo

“Bendito Dios que anduviera, pero que estuviera viva”, y no encontraba la manera de que me dieran ese cuerpo, porque yo tenía la plena seguridad de que era ella desde un principio. A los cinco años encontré una Organización No Gubernamental que me ayudó. Mandaron hacer la prueba de ADN que regresó positivo y me lo dieron para sepultarlo. Enterré ese cuerpo con la incertidumbre de que fuera mi hija” (Sevilla 2008)

Algunas familias responderán al poder ejercido por las autoridades y la cultura impuesta por los poderes establecidos; un claro intento de “resistencia al poder” que, como explica el investigador Manuel Castells surge con el objetivo de “introducir

nuevas instrucciones y códigos” sociales (Castells 2009: pp78-79) y en el caso de

Ciudad Juárez, como intento de respuesta a la cultura y las estructuras patriarcales dominantes. Como señalábamos, el primer intento de las familias afectadas para unir esfuerzos en su lucha y reivindicaciones se manterializó en Voces sin Eco, suponiendo un importante punto de inflexión y el embrión para futuras organizaciones que han conseguido una importantísima repercusión internacional y llevado a cabo una encomiable labor de apoyo a las familias.

Durante la entrevista realizada en 2008 para el desarrollo de la presente investigación, Paula Flores señalaba sobre Voces Sin Eco que:

“Cuando pasó lo de mi hija nos unimos seis familias y formamos el grupo Voces Sin

Eco, apoyando a las familias cuyas hijas desaparecían, y les acompañábamos para ayudarles y decirles donde tenían que ir y poner las denuncias. Era la manera de apoyar a las familias porque no contábamos con recursos. Después de tres años decidimos apoyar, pero ya no de forma organizada. Fue entonces cuando mi hija pensó en un símbolo como prevención, que fueron las cruces negras sobre fondo rosa en memoria de ellas y colocamos una cruz de cuatro metros en la entrada de Juárez. Me preguntaron si tenía permiso para colocar esa cruz y yo respondí “a mí no me pidieron permiso para llevarse a mi hija” (…) La gente no se involucra y algunas mamás dejaron la lucha porque vieron que las autoridades no van a hacer nada y ya no quieren. Cuando viene gente importante nos escuchan más, pero es cierto que nos sentimos muy solas. Yo nunca me cansaré de luchar por mi hija y por las asesinadas, pero a veces nos sentimos solas, que la sociedad no apoya. Hay muchas asociaciones que dicen que apoyan y no es verdad, a muchas el Gobierno dio recursos y yo pregunto ¿dónde están?. Yo respeto el trabajo de las organizaciones pero como madre quiero Justicia y lamentablemente algunas familias se han conformado con lo poco o lo mucho que el Gobierno les ha dado, y creen que con eso tenemos que callar. Se me hace que ya lo de los feminicidios se contaminó tanto que ya

ni nos creen y que por mucho que digamos para las autoridades mejor que no nos escuchen. La prensa local no nos escucha, le da lo mismo. Este mes en la protesta hubo solo tres madres y no querían hacer marcha porque parecemos locas y se burlan de nosotras. A mi me da igual que se burlen. Yo voy con la foto de mi hija Sagrario y la gente dice que estorbamos pero ojala a nadie le pase esto. Los policías nos dicen que estamos locas cuando pintamos las cruces, y yo les digo que como se nota que no le mataron a su hija” (Flores, Paula; entrevista personal del

autor, enero de 2008).

Analizando sus palabras observamos mensajes muy importantes que reflejan a la perfección como convergen distintos factores que, como analizamos a continuación, se irán repitiendo a lo largo de todos estos años:

Por un lado la puesta en marcha por parte de las autoridades de una estrategia premeditada para dividir la capacidad de acción de las familias. Hablamos en todo momento de, en la inmensa mayoría de los casos analizados, familias muy humildes, desconocedoras de sus derechos, lo que las convierte en vulnerables, algo que aprovecharán las diferentes administraciones, consiguiendo, además, resquebrajar la unidad de acción y denuncia que tantos avances estaba consolidando. En este sentido, la investigadora Martha Estela Pérez, recoge en su trabajo “Las Organizaciones No

Gubernamentales en Ciudad Juárez y su lucha contra la violencia de género”

declaraciones de la activista Lucha Castro en las que señala que “cuando las madres en

Chihuahua y en Juárez se empiezan a organizar, enfrentan la falta de atención y sobre todo la prohibición a que se organicen” (Pérez 2005: pp150-151) Esta fricción entre las

familias se agudiza aún más ante la ausencia de respuestas o avances significativos que se suman al desgate físico y sicológico que ya de por sí soportan las propias familias ante el drama y la dureza de su situación. Por otro lado la imposibilidad de transmitir sus mensajes en la mayor parte de los medios locales y la inclusión de campañas de desprestigio contra organizaciones no gubernamentales, sobre todo entre los años 2000 y 2004, provocarán, en gran parte, que las estrategias gubernamentales se consoliden y se repitan de forma sistemática a lo largo de los años consiguiendo, al menos en parte, paliar los avances logrados por estas asociaciones.

Hemos de destacar en este sentido que la primera respuesta organizada de las familias llegó tras documentarse entre 1995 y 1998 más de 50 feminicidios sexuales

seriales en Ciudad Juárez. Muchos de los cuerpos de estas jóvenes aparecerán en

urbano y cercanos a espacios poblacionales extremadamente humildes como, por ejemplo, Anapra. En la zona conocida como Lote Bravo serán localizados, entre agosto y septiembre de 1995, los cuerpos de, al menos, ocho mujeres reportadas desaparecidas, entre ellos el de Silvia Elena Rivera, secuestrada en el centro de la ciudad en julio de 1995, y el de Olga Alicia Carrillo Pérez, secuestrada también en la zona centro en agosto de ese mismo año. Todas ellas presentaban evidentes signos de tortura y rasgos comunes que demostraban la existencia de una misma autoría como, por ejemplo, que muchas aparecieron con sus manos atadas con cordones a modo de esposas, presentando en muchos casos el mismo tipo de nudo, una afirmación corroborada desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde su Director General del Programa de Desaparecidos, Tomás Serrano, nos confirmaba en julio de 2008 en la entrevista realizada para la presente investigación que:

“Muchas de las asesinadas fueron reportadas días antes como desaparecidas y luego fueron encontradas asesinadas en las afueras, en el Cristo Negro, Cerro Bola, Lomas de Poleo… con las manos atadas con los cordones de sus zapatillas” (Serrano,

Tomás; entrevista personal del autor, julio de 2011. Entrevista disponible en Tomo II. Entrevista 10)

Tal y como mencionábamos, Lomas de Poleo, zona desértica y alejada del centro de Juárez, será uno de los espacios elegidos por estas estructuras feminicidas para abandonar, entre marzo y abril de 1996, al menos ocho cuerpos más sin vida de jóvenes secuestradas. Años más tarde, en noviembre de 2001, serán localizados en un campo algodonero los restos de ocho mujeres reportadas como desaparecidas. Entre octubre de 2002 y abril de 2003 serán localizados los cuerpos de al menos cinco jóvenes reportadas desaparecidas en la conocida como zona del Cristo Negro. Las jóvenes tenían entre 12 y 18 años.

Fotografía 6-3

Zona del “Cristo Negro” en la que han sido localizadas osamentos de jóvenes desaparecidas

Fotografía 7-3

Exterior del espacio construido en homenaje a las ocho jóvenes asesinadas en el campo algodonero en noviembre de 2011

Esta realidad, tratada de ser acallada por los sucesivos Gobiernos Estatales, comenzará a ser visibilizada a finales de la década de los noventa gracias a las denuncias de las propias madres de las mujeres asesinadas y a la labor incesante de feministas como Esther Chávez Cano y los trabajos de seguimiento y documentación elaborados tanto por la propia Esther como por Julia Estela Monárrez.

En 1999 se constituirá formalmente Casa Amiga, fundada por la activista Esther Chávez Cano, teniendo su embrión en el Grupo 8 de marzo, conformado a inicios de la década de los noventa. Chávez Cano era ya en el año 1999 una activista reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres al frente de la Coordinadora en

Pro de los derechos de las mujeres y el mencionado colectivo 8 de marzo desde el año

1993. Sin embargo, su trabajo y su denuncia al frente de Casa Amiga logrará una importante repercusión en medios y organizaciones en defensa de los derechos humanos. En una entrevista realizada en enero de 2008 Esther Chávez explicará que:

“Hay que entender los asesinatos de mujeres que suceden como una respuesta de

misoginia, lo que explica tan absoluta y la indiferencia de las autoridades. Hablamos de mujeres jóvenes que son secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas… levantadas en lugares céntricos sin que hagan nada y repitiéndose durante años, lo que nos deja ver que hay complicidades policiales, que hay gente de poder, algo que hemos denunciado y por lo cual hemos sufrido campañas de desprestigio que jamás han sido demostradas. Las cuentas de Casa Amiga están abiertas a quien quiera consultarlas. Los proyectos que Casa Amiga ha llevado y lleva a cabo están abiertos a quién quiera verlos, dando apoyo no sólo a familiares de víctimas, sino a mujeres y niñas que sufren violencia en su entorno, a las que damos apoyo y a las que protegemos” (Chávez, Esther; entrevista personal del autor, enero de 2008).

Esther Chávez llevó a cabo una importante labor de denuncia al frente de Casa

Amiga, y su denuncia directa, acusando a las autoridades de graves negligencias,

provocó una cadena de denuncias contra la gestión del Centro de Crisis Casa Amiga y, consecuentemente, contra la propia Esther Chávez a quien, según la periodista Judith Torrea, “se la intentó desprestigiar, en su propia tierra, con campañas mediáticas. Así

actuó el ahora ex Gobernador Patricio Martínez para acallarla desde el mayor periódico del Estado, El Diario de Juárez, del que es accionista. Pero no pudieron silenciarla” (Torrea 2011: p45)

Durante la realización de la investigación, la propia Esther Chávez nos mostró el trabajo que desarrollan en las dependencias del centro, danto apoyo a lo largo de estos

años a cientos de mujeres y niñas víctimas de la violencia machista en sus diferentes vertientes, así como las campañas informativas y de denuncia que vienen programando y desarrollando.

La investigadora Julia Monárrez señalará en “Peritaje sobre Feminicidio Sexual

Sistémico en Ciudad Juárez”, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, que las autoridades, una vez más, responderán argumentando que:

“aquellas organizaciones de mujeres activistas que clamaban justicia lo hacían solo

con el fin de “lucrar con el dolor ajeno”. A la Comunidad se le culpabilizó (…) también se adujo que las asesinadas eran “un mito” inventado por las organizaciones no gubernamentales y la academia feminista. Finalmente adujeron que la violencia feminicida ya había “terminado” (…) de esta manera la ciudadanía juarense es guiada desde el Estado y los grupos hegemónicos, por falsos discursos que actúan para que la comunidad se desligue de los crímenes atroces que experimenta una ciudadanía compuesta por mujeres vulnerables y desdeñe las demandas de justicia por parte de familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos” (Monárrez 2009: pp33- 34)

Las argumentaciones de las autoridades, tanto a nivel municipal como estatal, enfocadas a la minimización de los hechos y la culpabilización de organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres, vendrán respaldadas por informaciones publicadas de forma intermitente en algunos medios locales, principalmente El Diario

de Juárez, que redundarán en la crítica al trabajo desarrollado por estas organizaciones y

la sustentación de las afirmaciones oficiales. Muestra de esta estrategia es el reportaje que publicará El Diario el 20 de abril de 2004 titulado: “Lucran grupos con muertas de

Juárez” (Información disponible en Tomo II. Anexo 48-3) En el cuerpo de la noticia,

firmada por Sandra Rodríguez, se acusa abiertamente a organizaciones, en especial a

Casa Amiga, de recibir donaciones y apoyos que “no beneficia a familiares de víctimas”50. En ese mismo reportaje se utilizarán los testimonios de algunos familiares de mujeres asesinadas para poner en duda la gestión de organizaciones como Nuestras

Hijas de Regreso a Casa y, fundamentalmente, Casa Amiga. Este mismo medio,

publicará el 3 de marzo de 2005 un editorial en el que bajo el titular “Muerte de

Mujeres: la Justa dimensión” (Disponible en Tomo II. Anexo 49-3) se secundará punto

por punto el argumentario extendido por la administración estatal del priísta José Reyes

50

Rodríguez, Sandra. (20 de abril de 2004) Lucran grupos con muertas de Juárez. El Diario de Juárez. P. 3 A y portada.

en relación a los casos de feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, llegando a minimizar los graves sucesos documentados ya en esa fecha como un “descuido oficial” y reduciendo los hechos a “exageraciones” de medios y activistas en busca de notoriedad. En el citado editorial, este medio afirma que:

“vienen a colocar en su justa dimensión esta problemática que ante el descuido oficial

se le desbordó a las autoridades, propiciando que una diversidad de grupos con distintos intereses lo tomaran como estandarte y lo llevaran al escenario internacional con informaciones distorsionadas, que dieron pauta para crear en torno a Juárez la imagen de que únicamente aquì se cometían los asesinatos más horrendos en contra de las mujeres (…) esas desmesuras hicieron mucho daño a la imagen de la urbe y sobre todo de sus habitantes (…) padecemos una situación de violencia en contra de las mujeres no tan disparatada como algunos pretenden”.

El 5 de junio de 2006, este mismo medio publicará un “Reportaje Especial” de 16 páginas titulado “Juárez, víctima de una leyenda negra”. En él nuevamente se incide en la critica abierta de la labor desarrollada por defensoras de los derechos de las mujeres y se afirma abiertamente que:

“una leyenda negra se construyó sobre Ciudad Juárez en la última década, causándole

un daño difícil de reparar a su imagen y a su sociedad, basada en especulaciones, exageraciones, mitos e información errónea en torno al fenómeno de los crímenes de mujeres (…) gran parte de la responsabilidad sobre esa equivocada percepción recae en el manejo desproporcionado y tendencioso que muchos, incluidos medios locales impulsados por motivos comerciales y hasta personales hicieron sobre esta realidad”51 (Información completa