Campaña para la implicación de no culpables: El caso del Campo Algodonero

Al igual que sucediera bajo el mandato panista, la nueva administración chihuahuense recurrirá a la inculpación de inocentes para tratar de mostrar ante la opinión pública eficiencia en su trabajo y argumentar respuestas efectivas ante la ya incipiente presión de organismos defensores de los derechos humanos que habían fijado su punto de mira en Juárez.

El secuestro y asesinato de Lilia Alejandra García Andrade en febrero de 2001 puso de manifiesto que, pese a las campañas de minimización de los hechos impulsadas por los Gobierno de Barrio y Martínez, los feminicidios sexuales seriales seguían estando presentes y, lo que era más preocupante e indignante, la impunidad seguía siendo la nota predominante sobre ellos. El 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra, de 17 años de edad, era secuestrada cuando salía de trabajar de una industria maquiladora. Pese a los esfuerzos de su madre, Norma Esther Andrade, las autoridades jamás buscaron a la joven; es más, las investigaciones posteriores evidenciarían que las fuerzas de seguridad desecharon pruebas y testimonios para su localización durante el período de cautiverio. Una semana más tarde, el 21 de febrero, su cuerpo era localizado en una zona cercana al lugar donde fue vista por última vez. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija y presentaba múltiples signos de tortura. Durante el desarrollo de esta investigación tuvimos la oportunidad de hablar en numerosas ocasiones con la madre de Alejandra, quien aún hoy, trece años después, sigue exigiendo Justicia para su hija. Durante la entrevista realizada a Norma Andrade en Ciudad Juárez en 2008, la activista afirmará sobre el secuestro y asesinato de su hija que:

“Mi hija Alejandra fue secuestrada el 14 de febrero de 2001 y encontrada asesinada el

21 de febrero de ese mismo año. A raíz de su asesinato, la profesora de mi hija, la Maestra Marisela Ortiz, hizo unos escritos públicos manifestando su coraje por lo sucedido. Por aquel entonces estaban desapareciendo muchas jovencitas, también en Chihuahua. Las madres pensaron al leer a Marisela que ella era una estudiosa del tema (…) y así fue nació Nuestras Hijas de Regreso a Casa. La llamamos así porque por aquel entonces las jóvenes estaban

desaparecidas, sólo mi hija había sido encontrada asesinada. Poco a poco se unieron más madres de Juárez (...) Lo normal es que las Autoridades sean quienes nos protegen, y que ellos sean nuestros abogados, pero es sólo teoría; la realidad es muy diferente. Cuando uno va y pide informes o dice que quiere algo, en lugar de tener apoyo recibe negativas, mentiras y simulaciones. Exigir Justicia nos ha convertido en su piedra en el zapato. Piensan que las madres se van a cansar, pero no es así, sus mentiras nos enfadan aún más. No tendrían por qué mentir pero lo hicieron y lo hacen aún hoy. Hemos sido amenazadas (…) Alejandra estuvo seis días en cautiverio y pudimos ver lo que las hacen a las chicas. Hay mucha información y el gobierno no hace absolutamente nada. Hay incluso testigos que vieron cuando secuestraron a Alejandra. No sé qué poder tiene el asesino, pero una testigo incluso llamó al 060 y sabemos que la persona que contestó se llama Gloria, y admite que envió una patrulla al lugar, pero nunca llegó esa patrulla (…) Asuntos Internos negó la llamada e incluso cuando revisamos la factura vimos que no aparecía registrada, pero sin embargo la trabajadora admite que ella mandó una patrulla al lugar (…) Yo creo que detrás de esto debe haber alguien con dinero, sólo así se explique que el Gobierno no llegue al fondo del asunto. Cuando es el novio o el marido quien la mata lo atrapan al momento, pero en estos casos no hay detenidos. Quién con tanto poder puede hacer eso para que el gobierno los proteja (…)el mismo año que matan a Alejandra, a apenas dos kilómetros, encuentran ocho chicas asesinadas juntas, algunas en la misma posición. No sé que quieren decir, pero no creo que sea casualidad, es un lenguaje propio (…) Creo que puede ser verdad que nada ha cambiado, solo que ante la presión los asesinos ya no actúan con tanto descaro, y ahora son más precavidos. A Alejandra la dejaron en un sitio muy céntrico. Ahora las han tenido que ocultar, porque el Gobierno sabe que si sale otro caso como el campo algodonero se lo tragan vivo porque la presión es mucha y por eso el Gobierno oculta” (Andrade, Norma; entrevista personal del autor, julio de 2008. Entrevista

completa disponible en Tomo II. Entrevista 8).

Casi 14 años después, el asesinato de Lilia Alejandra sigue impune. Tres años después de realizar esta entrevista Norma Andrade fue víctima de un atentado en Juárez que casi le cuesta la vida. La activista “fue atacada a tiros cuando abordaba su

camioneta para trasladarse al trabajo en compañía de sus dos nietos menores. Un sujeto se acercó y le disparó en cinco ocasiones, "hiriéndola en el torso, el hombro derecho y la mano derecha”44. Jamás se aclaró la autoría de su intento de asesinato e incluso las Autoridades intentaron minimizar los hechos argumentando que el atentado fue motivado por “un intento de robo”, una afirmación absurda, ya que, como la propia

44

Norma Andrade se encuentra 'grave pero estable' tras ser tiroteada en México. (6 de diciembre de 2011). El Mundo. http://www.elmundo.es/america/2011/12/03/mexico/1322876542.html

Norma Andrade nos indicará durante la entrevista que le realizamos una semana después de sufrir el atentado, “le entregué las llaves del auto para disuadirle de sus

intenciones al ser encañonada, pero él quería matarme” (Andrade, Norma; entrevista

personal del autor, diciembre de 2011). Como explicamos de forma más detallada las denuncias públicas de activistas (en muchos casos madres de jóvenes secuestradas o asesinadas convertidas “a la fuerza” en activistas para reivindicar actuaciones eficientes a la hora de abordar los casos) serán respondidas con campañas de acoso y atentados que, en algunos casos, han desembocado incluso en el asesinatos.

El caso de Norma Andrade ejemplifica la existencia de una compleja cadena que dificulta enormemente el avance en las investigaciones y, consecuentemente, la proliferación de la impunidad. Como señalan las investigadoras Claudia Bani y Beatriz Leonardi en su trabajo “El feminicidio: Origen y consecuencia” los feminicidios deben ser entendidos bajo la “complicidad interesada de los grupos de poder” para perpetuar la impunidad en los casos de violencia contra niñas y mujeres como parte de una

“cultura que organiza los estereotipos de género con definidas prácticas en el ejercicio de poder sobre el cuerpo de otras/os, donde la huella de la tortura y la muerte, es un código que se utiliza para el disciplinamiento social a manera de advertencia y castigo ejemplar, para aquellas que están vivas (…) Algunos matan, otros pegan, los demás silencian, invisibilizan y excluyen (Bani; Leonardi 2010: pp5- 6)

Fotografía 1-3

Las investigaciones de Norma Andrade y la periodista Diana Whasington (El Paso Times) llevaron hasta este local, situado muy cerca de donde Lilia Alejandra fue secuestrada, como espacio donde supuestamente la joven fue

retenida durante, al menos, parte de su cautiverio. Fotografía: Javier Juárez

Fotografía 2-3

El secuestro y asesinato de Lilia Alejandra García Andrade vino seguido por un caso que ha pasado a ser un ejemplo emblemático de negligencias, complicidades e impunidad: el Caso del Campo Algodonero. Sin duda alguna, este capítulo fue y será el punto de inflexión que marcará el Gobierno de Patricio Martínez y encenderá la mecha para potenciar la presión internacional para exigir respuestas políticas y judiciales urgentes ante unos hechos que, como analizaremos a continuación, escribirán uno de los capítulos más turbios y opacos de la historia mexicana reciente. Entre el 6 y el 7 de septiembre de 2001 serán localizados en un campo algodonero los cuerpos y osamentas de ocho mujeres. Todas ellas presentaban claros signos de torturas y agresiones sexuales. La aparición de los cuerpos desatará toda una cadena de acusaciones contra la administración del Estado y, una vez más, medios y entidades defensoras de los derechos humanos centrarán su mirada a la ciudad fronteriza exigiendo respuestas a un Gobierno que seguía centrado en negar los hechos y difundir un mensaje de eficacia política y policial como eje de un estratagia desinformativa encaminada a consolidar la idea de que los asesinatos sexuales de mujeres y niñas eran cosa del pasado. Los principales actores sociales permitirán, unos por acción directa y otros por omisión, la consecución de una estrategia de manipulación informativa fortalecida por “un pacto

político patriarcal entre hombres” para asegurar “sus poderes de dominio” (Aldana,

Sepúlveda 2008: p126)

En pleno proceso de levantamiento de los cuerpos y localización de pruebas y evidencias que facilitaran la investigación, las autoridades del Estado, lideradas por la Fiscal Sully Ponce, anunciaron ante la opinión pública la detención de los dos supuestos asesinos de las ocho mujeres: Gustavo González “La Foca” y Javier García Uribe “El

Cerillo”, dos conductores de la Ruta 7 de Ciudad Juárez. Jamás se mostrará prueba

alguna que inculpara a los detenidos. Sus detenciones e inculpaciones vendrán ligadas a una total falta de claridad y explicaciones que, como veremos, esconderán una nueva estrategia de manipulación gubernamental para, por un lado, sellar el caso ante la opinión pública, y, por otro, garantizar nuevamente la impunidad y la protección de los verdaderos asesinos.

El “Caso del Campo Algodonero” estará sembrado de actuaciones cuanto menos negligentes de las autoridades que serán señaladas por activistas y algunos periodistas, que pondrán tela de juicio las pruebas presentadas contra los detenidos, basadas en supuestos testimonios de testigos que estarán marcados por contradicciones y argumentaciones vagas. Tanto Gustavo como Javier serán presentado ante los medios y

denunciarán haber sido objeto de torturas y amenazas para firmar su autoinculpación, llegando a dar por buena una confesión escrita de antemano por las autoridades. Ambos serán encarcelados y Gustavo morirá en el penal en 2003, según el forense Óscar Maynez “en situaciones más que extrañas, yo vi su autopsia y es tremendamente

extraño lo que justificaron” (Maynez, Óscar; entrevista personal del autor, enero de

2008). Durante la realización de la investigación pudimos recoger el testimonio de Blanca López, viuda de Gustavo González “La Foca”, quien fue objeto de amenazas y víctima de una intensa campaña de acoso contra ella y su familia. A pesar de los años transcurridos, existe mucho miedo por parte de los familiares de las víctimas a la hora de atender la llamada de periodistas, por lo que resulta muy complejo conseguir testimonios inéditos ante el temor, por parte de las fuentes, a sufrir represalias por sus denuncias. Pese a ello, Blanca López accedió a revelarnos la campaña de acoso y hostigamiento que prosiguió a la detención su marido y las graves denuncias desveladas por el propio Gustavo antes de morir en el penal.

“En noviembre de 2001 localizan los cuerpos de unas niñas en un campo algodonero.

Horas después, de madrugada, vienen a por él a casa, encapuchados. Eran 20 hombres armados que lo detienen sin saber por qué se lo llevaban. No se identificaron. Yo estaba embarazada de 7 meses y aquello fue muy violento (…) Él se negaba a irse y al hacerlo uno de ellos me apuntó a mí, en la cabeza y en la tripa, y dijo que si no iba con ellos nos matarían. Así fue como se lo llevaron (... ) Era viernes. Estuvimos todo el sábado y el domingo buscándole, pero no aparecía en ningún lado. Ni en PGR ni en Subprocuraduría… nadie sabía nada. (…) en la noche del domingo vemos en la tele que les han detenido por homicidas. Nos vimos indignados al ver por la tele lo que pasaba. Aparecía con la cara golpeada, hinchado de las palizas. Dijeron a la prensa que allá estaban los asesinos de esas niñas sin dejar preguntar nada a la prensa y así supimos que les acusan de los ocho homicidios de mujeres (…) Gustavo me contó tras poder hablar conmigo que no podía decir nada porque si lo hacía me matarían (…) Yo le dije que estaba la prensa pendiente, que hablara, yo no era consciente de lo que pasaba. Él me contó lo de las torturas, pero me hacía señas para decirme que no podía hablar, que le estaban vigilando (…) No había ni una prueba contra él. Teníamos un carro45

nuevo y quisieron llevárselo para sembrar pruebas falsas. Yo misma vi como trataban de dejar cosas en la cajuela cuando fueron a mi casa pero nos opusimos (…) Durante los dos días que torturaron a mi marido grabaron a Gustavo hasta que dijo que era culpable. Pero no había nada contra ellos. No sé a quién protegían, quizás al mismo gobierno (…) Gustavo fue llevado a Chihuahua

tras estar seis meses detenido en Juárez. Allí duró apenas un año. Él mismo me dijo que cuando le golpearon no lo hicieron en la Fiscalía, que le llevaban a una casa, en distintos cuartos. Él pudo decirme dónde estaba esa casa más o menos ubicada y yo misma fui allá a ver qué había y localicé esa casa y me dijeron que me fuera, que tuviera cuidado que me estaba metiendo en problemas (…) Un asesino no actúa así (…) Yo pude verle en Juárez, en la prisión, y allí me contó todo lo que le habían hecho (…) Él me decía que le iban a matar en la prisión. Un jueves fui a verle, y le dije que iría el domingo con nuestros hijos. Y ese mismo jueves le operaron en la prisión. Él pidió una pastilla para el dolor, pero al llegar a enfermería le sedaron y la operaron sin su permiso. Nos enseñaron la firma, pero no era su firma. Al día siguiente él mismo nos llamó, y nos dijo que al llegar a enfermería le dijeron “ya la chingaste” y que él no dio su consentimiento, que la taparon la boca y le durmieron (…) Esa misma mañana nos llaman de nuevo para decirnos que Gustavo había muerto, pero no nos dan autopsia, sólo nos dicen que fue por un problema del corazón. Ningún médico quiso hacerle autopsia, nadie se atrevía. El Gobierno hizo todo para que nadie aclarara que pasó con Gustavo (…) Yo sigo exigiendo justicia, y que el Gobierno acepte que actuó mal y que Gustavo era inocente. Estamos desamparados y pido ayuda (…) El Gobierno no ha ayudado nunca a salir adelante ni han aceptado que cometieron un error. Sabemos que Gustavo era inocente y que fue por parte del gobierno lo que se dio todo esto. Pero él ya murió y hay que seguir. Su abogado fue asesinado también por policías, el licenciado Escobedo. Después asumió el caso otro abogado, el licenciado Dante, y al asumir nuestra defensa salen habladurías de que le iban a detener por que estaba implicado en un asunto de drogas. Habían terminado con el primer abogado y querían terminar con este otro también y detenerle con otra excusa para que no nos defendiera (…) Poco antes de morir, Gustavo me dijo que tuviera cuidado, que me querían implicar en un tema de drogas (…) Una vez llamaron a casa tras fallecer Gustavo para decirme que me iban a matar, y llamaron a casa de mis padres y les decían que ya me habían matado… hemos sido perseguidos, acosados exigiendo que nos calláramos. Nos ponían carros persiguiéndonos, con los teléfonos intervenidos, escuchando voces mientras hablábamos…” (López, Blanca;

entrevista personal del autor, julio de 2008. Disponible en Tomo II. Entrevista 1)

El testimonio de Blanca López evidencia las sospechas sobre las mentiras, negligencias y complicidades de Estado que rodearon a los feminicidios del Campo Algodonero. Desde las autoridades, a todos sus niveles, jamás se ha buscado el esclarecimiento de estas denuncias y mucho menos profundizar en las verdaderas autorías de estos feminicidios. Al contrario. La red de manipulación para consolidar estar negligencias de Estado en relación a todo lo relacionado con el “Caso del Campo

forense municipal, Óscar Maynez, quien renunciaría a su cargo tras recibir presiones para inculpar a los dos inocentes detenidos.

Fotografía 3-3

Blanca López durante la entrevista realizada en Ciudad Juárez en 2008. Fotografía: Javier Juárez

Fotografía 4-3

Durante el desarrollo de nuestra investigación en Ciudad Juárez entrevistamos a Óscar Maynez, cuyo testimonio resulta enormemente esclarecedor y denuncia directamente las cadena irregularidades y mentiras gubernamentales forjadas para sellar en falso los casos.

“He sido funcionario en dependencias municipales y estatales y jefe del departamento

forense de la Procuraduría, además de asesor de la policía local capacitando a personas (…) A raíz de la disconformidad que mostré con lo forma que se estaba llevando todo lo relacionado con la investigación de los ocho homicidios del Campo Algodonero decidí renunciar a mi cargo. Estaba convencido de que las dos personas detenidas eran inocentes y que se estaba armando un expediente falso para inculparlos. Básicamente lo que hice fue mantenerme en el cargo hasta que el expediente no fuera enviado a los Juzgados, para evitar que se incluyeran evidencias falsas que les inculparan. Era mi responsabilidad, pero una vez que salió el expediente sin pruebas contra esas dos personas renuncié a mi cargo (…) La realidad es que los cuerpos se localizan un jueves y en pleno proceso de investigación, en el inicio para obtener muestras, el domingo por la mañana el Procurador presenta públicamente a Los Choferes y se cierra el caso. Se identifica a las víctimas, se detiene a los supuestos culpables, se cierra el caso (…) El Campo Algodonero es emblemático porque demuestra todo lo que funciona mal en la Justicia de México, cómo la autoridades indolente no responde al problema, con estrategias de todo tipo para no responder el problema: culpando a las víctimas, fabricando culpables. Era una situación muy grave, y en lugar de investigar agarraron dos inocentes, los torturaron y los condenaron. Todos se doblegan ante la autoridad, desde los jueces, cuya actitud es vergonzosa, hasta la mayoría de los medios, reproduciendo la versión oficial sin cuestionar nada (…) Los abogados defensores fueron asesinados. Luego Gustavo, uno de los acusados, murió en el penal en situaciones más que extrañas, yo vi su autopsia y es tremendamente extraño lo que justificaron (…) Que los policías están ligados a los criminales es una teoría posible que explicaría que no se avance en los casos (…) El problema no acaba con la fabricación de chivos expiatorios, de hecho siguieron y siguen apareciendo cuerpos (…) En estos casos de asesinatos de mujeres hay un componente ritualístico, es sistemático. Yo no detecté sacrificios satánicos ni simbolismo. Hablaron de videos snuff46, pero yo creo que los asesinos sí pueden tener un registro fotográfico o de videos pero para consumo propio no para venderlos (…) Es un grupo misógino organizado, que las secuestra y las mata porque tienen recursos y porque tiene poder (…) En una ciudad como Juárez es poco probable que haya varios grupos delictivos organizados de este tipo (…) En el núcleo de este problema había un grupo, y seguramente hay

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Grabaciones de video en las que se reproducirían las torturas y violaciones de las víctimas y que serían comercializadas entre un grupo cerrado.

un grupo, porque no han sido detenidos, que sistemáticamente secuestra y mata mujeres,