En los últimos 30 años más de 40.000 mujeres han sido asesinadas en México y más de 4.000 permanecen en calidad de desaparecidas. Desde el inicio de este trabajo de investigación (2008) hasta la actualidad (2014) más de 10.000 mujeres han sido asesinadas en México, 700 de ellas en Ciudad Juárez, asesinatos que, en su mayoría, vienen ligados a la más infame impunidad29. Hemos de tener en cuenta, además, que la noción violencia de género, como señala la profesora María Isabel Menéndez, “es
relativamente nueva, como también es reciente la visibilidad social del maltrato a las mujeres. Sólo en los últimos decenios del siglo XX comenzó a aparecer esta expresión en algunos textos internacionales. Hubo que llegar hasta los años noventa (…) para encontrar menciones explícitas porque lo habitual era que apareciera solo de forma indeterminada, en el interior de otros textos que abordaban la discriminación contra las mujeres” (Menéndez 2010: p21)
Hablamos de un país, México, moldeado por sus diferentes Gobiernos, en todos sus niveles, para favorecer la continuidad de un sistema que permite una violencia estructural contra las mujeres; un sistema patriarcal que protege a agresores y asesinos “que creen que tienen todo el derecho de matar a algunas mujeres” (Monárrez 2002: p3) y que al mismo tiempo culpabiliza a las propias víctimas; un sistema que normaliza la violencia contra las mujeres y que, como veremos, potencia la continuidad de un feminicidio enmarcado en un Estado que “no se ocupa de medir este fenómeno” y el
cual “no sólo se revela el desinterés por la protección de las mujeres, sino que con este hecho se inicia el problema más acuciante para evitar que ocurra: la impunidad. Invisibilidad, en este caso, significa impunidad: a partir de la invisibilidad, las posibilidades de procurar e impartir justiciase desvanecen” (Incháustegui, López 2011:
p17) Este papel negligente de las autoridades ha propiciado que durante los últimos años se haya multiplicado la tolerancia social a la violencia contra las mujeres y la impunidad en la comisión de estos delitos, tipificados en algunos Estados de México.
29
Datos obtenidos del Informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-
2009” editado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Cámara de Diputados
Como adelantábamos, el origen de este sistema que legitima la violencia como medio para perpetuar la supremacía del hombre sobre la mujer “se remonta a los orígenes de
la civilización y se consagra y legitima a través del sistema patriarcal, cuando la sociedad se organiza en forma desigual atribuyendo derechos y deberes distintos para los miembros que la componen según el sexo a que pertenezca. Es un problema tiene que ver con el papel de sumisión al que la mujer ha sido relegada durante siglos, en consecuencia, tiene unas profundas raíces sociales y culturales”. (Roselló 2008: p584)
Tal y como explica la antropóloga Patricia Ravelo (2008) el concepto de feminicidio debemos entenderlo como una forma de violencia extrema hacia las mujeres que evidencia, entre otras cosas, el odio misógino que la cultura patriarcal se ha encargado de inculcar y consolidar socialmente. En este sentido, y centrándonos en el caso concreto de México, nos situamos ante todo un sistema que permite y protege este feminicidio estructural, una base misógina atrincherada durante décadas en leyes, lenguaje y costumbres que favorecen la persistencia del mismo a pesar de algunas medidas impulsadas en los últimos años para tratar de combatir esta realidad, como la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, puesta en marcha en 2007 y que obliga al Estado a intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas. Aún así, como señala la antropóloga Julia Monárrez nos situamos ante un “fenómeno social (…) comprende toda una serie de acciones y
procesos de violencia sexual (…) todo es tolerado y minimizado por el Estado”
(Monárrez 2000: p3) por lo que resulta muy complicado no solo combatirlo, sino denunciarlo y visibilizarlos como paso necesario para su futura erradicación.
Como destaca el “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que
Producen y Reproducen la Violencia contra las mujeres” elaborado en 2012 por
Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el caso de Ciudad Juárez debemos englobarlo dentro de una realidad social más amplia de violencia de Estado contra las mujeres que afecta a todo México acentuado, sobre todo, a partir de 2008 “en un contexto de inseguridad y violencia que asola el país las tasas
de homicidios han repuntado de manera abrupta (…) este incremento de homicidios de mujeres no ha sido homogéneo en el país. Las zonas más afectadas son las Norestes – Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas- donde el riesgo de muerte por homicidio en mujeres aumentó un 400%” (Riquer, Castro 2012: p34)
de 2008, que tendrá en Juárez unos de sus principales focos, vendrá unido a un argumentario gubernamental, que se extenderá a todos los niveles, basado en la vinculación directa de las víctimas con el crimen organizado, un hecho, según las propias autoridades, “espinoso, habida cuenta de la idea de que las mujeres que
cometen delitos o acompañan a quienes lo cometen, estarían actuando contra su naturaleza” para “justificar” (Riquer et al. 2012: p30). En el caso concreto de Ciudad
Juárez esta estrategia desinformativa, encaminada a simplificar los capítulos de secuestros sistemáticos de adolescentes y asesinatos de mujeres, vinculándolas al crimen organizado en la inmensa mayoría de los casos, ha sido constante a los largo de los últimos seis años. Como analizamos en el siguiente capítulo, estas afirmaciones extendidas de vinculación de las víctimas con estructuras delictivas jamás han sido documentadas ni probadas por las autoridades, que se han limitado a transmitir a las familias investigaciones más que dudosas encaminadas, claramente, a culpabilizar a las propias victimadas (En el Anexo 2-2 podemos observar como a partir de 2008 se intensificarán los feminicidios en Juárez y como las autoridades y el tratamiento de las informaciones favorecen en la “normalizan” del fenómeno, repitiéndose, además, en los medios el argumentario de las autoridades vinculando, sin investigación previa alguna, a las víctimas con el crimen organizado).
A lo largo del desarrollo de esta investigación hemos podido documentar numerosos casos de negligencias, complicidades y participación directa de miembros de las fuerzas de seguridad y de las propias administraciones en casos de explotación sexual de mujeres, trata de menores y feminicidios, casos que en la inmensa de mayoría de los mismos han sido cerrados dentro de una total impunidad.
Como explica la periodista española Judith Torrea, la sociedad mexicana en general, y juarense en particular, han “aceptado” que en el actual sistema “los policías y
las autoridades siempre han manejado las droga (…) y sí iban pasando los años sin proyectos para detener la violencia hacia la violencia hacia las mujeres, sin parar la venta de droga” (Torrea 2011: p45) Nos situamos ante un Estado que ha decidido por
voluntad propia permitir y potenciar la violencia contra las mujeres y las niñas a todos sus niveles, especialmente la violencia sexual. Según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) de 2013 “en México cerca de 70 mil niñas y
niños son víctimas de trata”30. Uno de los ejes que rigen y estructuran la política y los principios del sistema patriarcal es el que sustenta que los hombres “deben mandar” sobre las mujeres “por derechos de nacimiento y ratificación de la sociedad”; un sistema en el que “las instituciones sociales y políticas están en manos de los poderes
patriarcales (…) jererquiza a las mujeres entre sí (…) y ejerce violencia contra ellas precisamente por ser mujeres” (Monárrez 2000: p6) Este anclaje permite, además,
“mantener el orden existente” (Guillén 1991: p40) en el que “los medios de
comunicación de masas constituyen un aparato de dominación menos ostensible que las fuerzas represivas, que el poder económico y financiero en manos de minorías oligárquicas” (Guillén 1991: p55) por lo que jugarán, como veremos, un papel
fundamental en todos estos procesos.
Ciudad Juárez supone un ejemplo claro y extremo de la consolidación de esta concepción misógina y patriarcal de sumisión sexual de la mujer y empoderamiento total del hombre, presentando, además, rasgos singulares que le hacen diferente a otras estados de la República. Ciudad Juárez ejemplifica la “creciente incapacidad del
gobierno no sólo para controlar la violencia, sino para frenarla, prevenirla, investigarla y castigar a los responsables” (Ravelo 2004: p29) algo que ha sido
permanente a lo largo de los últimos 20 años y que han generado desinterés e incredulidad entre la población a la hora de valorar la acción de las diferentes administraciones.
Paralelamente, el progresivo aumento de poder de las estructuras delictivas, asociadas e infiltradas en los sectores económicos y empresariales del Estado, ha permitido la institucionalización de la violencia en general, y de la violencia contra las mujeres en particular. Esta filtración y ascenso progresivo del crimen organizado al poder ha consolidado la proliferación de la violencia contra las mujeres como “producto
de pactos patriarcales (…) y confraternidad masculina”, tal y como afirma Celia
Amorós. En el caso concreto de los asesinatos sexuales seriales de mujeres en Ciudad Juárez, este “pacto” entre hombres conlleva, como señala la investigadora Rita Laura Segato, “actos comunicativos (…) La violencia constituida y cristalizada en forma de
sistema de comunicación” (Segato: 2004: p11) entre estructuras criminales sustentadas
por el propio sistema patriarcal. Los feminicidios de Ciudad Juárez son un claro
30
Alrededor de 70 mil niños son víctimas de trata: DIF. 24 de abril de 2014. Excélsior. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/24/955656
ejemplo de escenificación de este lenguaje entre estructuras misóginas que han utilizado y utilizan a niñas y mujeres como arma, como instrumento desechable a su antojo que pueden secuestrar, violar, mutilar y asesinar a su voluntad, dejando sus cuerpos como y donde quieren o, en otros casos, haciéndolos desaparecer, todo ello protegido por la más completa impunidad.
Las desapariciones forzosas de cientos de mujeres y niñas en Juárez en los últimos 20 años es una muestra más de la indefensión y la falta de previsión y respuestas ante una nueva forma de violencia contra las mujeres. Secuestros sistemáticos que han tratado de ser “normalizados” por las autoridades durante años restando importancia a un fenómeno atroz son los feminicidios sexuales sistemáticos de niñas y mujeres, que han tratado de ser encasillados estratégicamente por parte de las autoridades como parte de un fenómeno global de trata de mujeres con fines de explotación sexual para “minimizar” la gravedad de un hecho singular y propio de Ciudad Juárez y difuminar el mismo dentro de un sistema generalizado de violencia contra mujeres en toda la República. Sin embargo, los secuestros seriales de adolescentes en Ciudad Juárez no han sido ni son un fenómeno de trata y explotación sexual de menores propiamente dicho. Lo ocurrido en Ciudad Juárez entre 2008 y 2014 (y en los años precedentes) en relación a las desapariciones de adolescentes es, tal y como demostraremos, un feminicidio sistemático ocultado por las autoridades y justificado como episodios aislados de trata dentro de un contexto de violencia extrema contra las mujeres. Una estrategia que, como hemos adelantado ya y analizaremos en el Capítulo 3, no es nueva, sino una continuación de las instauradas ya en la década de los noventa donde, como señala el escritor y activista Humberto Robles (2010), los sucesivos Gobiernos se encargarán de disminuir constantemente el número de feminicidios, haciendo, además, caso omiso de las recomendaciones y llamadas de atención internacionales; hechos tremendamente graves que analizaremos en un profundad en el próximo capítulo y que deberían ser investigados y juzgados por organismos penales internacionales al presentar características que podrían catalogar a estos crímenes sistemáticos de niñas y mujeres documentados como “crímenes de lesa
humanidad (…) como parte de un ataque generalizado o sistemático” (Toledo 2009:
p54) que incluye desaparición forzosa, violación, tortura, asesinato y, finalmente, exterminio.
Este clima de tolerancia social, mediática y gubernamental debe ser englobado dentro de un contexto de normalización de la explotación sexual de niñas y mujeres. La trata con fines de explotación sexual se ha convertido, como señala la Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de España, Yolanda Besteiro, en “la nueva forma
de esclavitud del siglo XXI” (Besteiro, Yolanda; entrevista personal del autor en octubre
de 2013) y México se ha consolidado en los últimos años como “uno de los países más
afectados por la trata de personas, incluyendo mujeres y niños”31 llegando a ser esta actividad delictiva la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, después del trasiego de drogas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo Internacional para la Infancia “en México, 20 mil menores son sujetos de
explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía”32, lo que ha hecho de la explotación sexual de niñas y mujeres en México una fuente lucrativa para estructuras del crimen organizado que han logrado el control de barrios e incluso municipios enteros, como Tenancingo, que, pese a ser reconocidos como cuna de
padrotes33 y lenones, cuentan con total impunidad y la complicidad de las diferentes
autoridades.
Pese a ello, es cierto que en los últimos años se han logrado avances legislativos como, por ejemplo, la implantación de la Ley General de Acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia que distinguirá entre cuatro tipos de violencia: “Violencia Laboral y Docentes (…) Violencia en la Comunidad (…) Violencia institucional (…) y violencia feminicida” (Riquer 2012: p19) y que tipifica la violencia la violencia sexual
como “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y
que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expansión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto” (CONAVIM 2012: p34).
A pesar de estas iniciativas, la realidad es que los avances han sido escasos. Para la realización de esta investigación hemos entrevistado a los principales responsables de la lucha contra la trata y explotación sexual de mujeres a nivel Federal, entre ellos la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
31
Pérez, Juan Carlos. (16 de noviembre de 2013). México y el infierno de la trata de mujeres. BBC. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131111_mexico_trata_mujeres_prostitucion_jcps.shtml
32 México, líder exportador de víctimas de trata: EU. (1 de enero de 2013).
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/mexico-lider-exportador-de-victimas-de-trata-eu- 1357053524
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Sara Irene Herrería, o la Fiscal para la de Atención de Delitos Sexuales, Juana Camila Bautista, y, a pesar de las acciones que se están implementando para combatir a estas estructuras, la proliferación de estas cadenas criminales para la explotación sexual de niñas y mujeres continúa debido, en parte, a la falta de capacitación en esta materia para funcionarios de la administración e impartición de justicia y fuerzas de seguridad, por lo que es necesario un esfuerzo real desde las administraciones para, como señala el Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, Justicia y Legalidad en su informe “Estadística sobre la eficiencia en el
combate a la trata de personas en México Un ejercicio de acceso a la información 2010 -2013”, formar y legislar con el objetivo de “reforzar, al menos desde esa trinchera, el combate integral de la lucha contra este delito” (ONC 2014; p17) La antropóloga
mexicana Marcela Lagarde, incide en señalar en este sentido que pese a los avances logrados en la última década con la puesta en marcha de Fiscalías Especiales para combatir la violencia machista “los resultados han sido desalentadores” precisamente por esta insuficiente formación “de operadores de Justicia (…) incluso quienes hacen
investigaciones para fundamentar las acciones y quienes deben instrumentar las transversalidad de género en las políticas de gobierno, así como legislar y gobernar, no conocen, no comprenden, en su mayoría, la perspectiva de género” (Lagarde 2011:
p72) La lucha contra estas estructuras es, en realidad, una lucha contra todo un sistema que, para algunos estudiosos, presenta en la explotación sexual de niñas y mujeres “una