Uno de los aspectos fundamentales a la hora de abordar desde una perspectiva global los capítulos de feminicidios y secuestros sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez es la respuesta dada desde diferentes sectores y, más concretamente, desde los movimientos defensores de los derechos humanos en general, y de las mujeres en particular. Sin la acción de estos actores y sus trabajos de denuncia para la visualización y posterior lucha para su erradicación hoy sería imposible la realización de este trabajo. Como afirma la antropóloga Patricia Ravelo, “los crímenes contra mujeres han
evidenciado el poder patriarcal que domina las relaciones de género en la frontera”
poniendo de manifiesto “la creciente incapacidad del Estado para controlar esta
violencia, mostrando con ello la más burda ineptitud e indiferencia para esclarecer, resolver y prevenir estos asesinatos, perdiendo con ello credibilidad de la ciudadanía y la sociedad civil” lo que provocó la organización de “grupos de mujeres y de otros sectores ciudadanos para enfrentar la violencia” (Ravelo 2011: pp22-23) La labor de
estos sectores aglutinan ya casi dos décadas de denuncias que han provocado la internacionalización de una realidad que ha logrado ser difundida y combatida de manera integral por organismos y actores internacionales.
El feminicidio de Ciudad Juárez es hoy un ejemplo paradigmático de la mala praxis gubernamental a la hora de afrontar estos casos y sólo mediante la presión de organizaciones y las propias familias se ha conseguido primero documentar numerosos casos de negligencias y complicidades gubernamentales y, en segundo lugar, actuaciones internacionales con consecuencias positivas y avances sin precedentes como, por ejemplo, una condena al Estado Mexicano por sus acciones deficientes en las investigaciones de algunos de estos casos e, incluso, la suspensión o condena a cargos públicos o de las fuerzas de seguridad del Estado de Chihuahua.
Cuando iniciamos la investigación, uno de los aspectos que más llamó nuestra atención fue la repetición sistemática de los patrones de actuación por parte de las autoridades y la necesidad de las propias familias afectadas de unir sus fuerzas para tratar de evidenciar y combatir la inacción y pasividad de las fuerzas policiales y altos cargos de la administración a todos los niveles: local, estatal y federal. Las campañas y estrategias impulsadas desde los poderes políticos/económicos del Estado para fortalecer las bases de la cultura predominante, entendida como el “conjunto de valores
y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas valores” (Castells 2009 : p65), en este caso una cultura patriarcal que, como
analizaremos de forma pormenorizada en el Capítulo 3, buscará la culpabilización de las víctimas y la protección de los victimarios, provocará la respuesta de las propias familias, así como de movimientos feministas internacionales y defensores de los derechos humanos como parte de un “proceso de resistencia al poder, en nombre de
intereses, valores y proyectos excluidos” (Castells 2009 : p78).
Pese a los avances logrados a lo largo de estas dos décadas gracias a las persistencia de las propias familias y el trabajo de organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos de las mujeres en Juárez, la maquinaria puesta en marcha desde diversos frentes para consolidar las estrategias de manipulación informativa impulsadas por las diferentes administraciones han logrado frenar, al menos en parte, los avances alcanzados y la unidad de acción de estas asociaciones integradas principalmente por familiares de mujeres asesinadas o secuestradas en Ciudad Juárez. Los sucesivos gobiernos serán los principales defensores de la perpetuación de un sistema cultural de valores patriarcales potenciando una violencia instrumental que, como analiza la profesora María Isabel Menéndez (2010), busca la consecución de un fin determinado, un medio para conseguir un resultado que, en el caso de la violencia de género, persigue el control de la víctima por parte del agresor, y en el caso concreto de Ciudad Juárez la dominación y la supremacía del hombre sobre la mujer amparada en la impunidad y en los mensajes de desprotección pública de las mujeres ante las agresiones y asesinatos por el simple hecho de ser mujeres.
La labor de denuncia conjunta de madres y familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas comenzó ya en la década de los noventa. Paula Flores, madre de Sagrario González Flores (joven de 17 años trabajadora de maquila, secuestrada en abril de 1998) y su hija Guillermina González Flores, fueron pioneras a la hora de unir esfuerzos entre las familias afectadas por el secuestro o asesinato de una de sus hijas. La década de los noventa estará marcada por la impunidad y toda una cadena de complicidades que ampararon y potenciaron los casos de feminicidios sexuales y secuestros de adolescentes con una creciente normalización de la violencia contra las mujeres. La actitud indulgente e incluso delictiva de las propias autoridades, que no sólo no buscaban a las niñas secuestradas sino que pusieron en marcha toda una campaña de difamación pública y culpabilización de las propias víctimas amparada por el propio Gobernador del Estado, Francisco Barrio, provocó la reacción de las madres que se
negaron a aceptar la versión gubernamental o a recoger una bolsa de huesos sin más explicaciones ni investigaciones. Voces sin Eco fue la primera muestra de insumisión de las familias ante las mentiras gubernamentales y su puesta en marcha supone, como avanza la investigadora Martha Estela Pérez en “Las Organizaciones No
Gubernamentales en Ciudad Juárez y su lucha contra la violencia de género”, que por
primera vez en la historia contemporánea de Ciudad Juárez se tiene “una lucha
organizada de mujeres dirigida por ellas mismas, una lucha de las mujeres por las mujeres que logra la institución de un espacio de poder para ejercer presión en contra de los asesinatos, defender sus derechos y democratizar espacios predominantemente masculinos” (Pérez 2005: pp147-167) Paula Flores y Gullermina González Flores
lograrán aglutinar a algunas de las familias afectadas y durante tres años pondrán en marcha campañas informativas en defensa de los derechos de las mujeres, organizarán actos públicos de denuncia y ayudarán a familias que sufren la desaparición y/o asesinatos de una de sus hijas a tramitar sus quejas y exigencias a las administraciones y autoridades competentes.
De forma paralela al nacimiento de Voces Sin Eco irá consolidándose la aparición progresiva de activistas y/o feministas que impulsarán movimientos u organismos para, al menos en principio, tratar de dar apoyo a las familias afectadas. La proliferación de estas organizaciones, muchas de ellas sin presencia ni participación activa de las propias madres de mujeres asesinadas o desaparecidas, generará las primeras sospechas y denuncias por parte de algunas familias de intentos de lucro y degenerará, además, en una lucha fratricida y una batalla dialéctica pública entre las propias organizaciones y sus representantes.
Fotografía 8-2
Doña Paula, durante la entrevista realizada en Ciudad Juárez en septiembre de 2008. Fotografía: Javier Juárez
Fotografía 9-2
Voces Sin Eco llenó Juárez de cruces negras sobre fondo rosa como símbolo de denuncia contra la impunidad y exigencia de Justicia
En el año 1999 la activista Esther Chávez Cano impulsa el proyecto Casa Amiga
Centro de Crisis, y su trabajo de denuncia logrará una gran repercusión no sólo en el
ámbito local, también en el internacional. Nuestras Hijas de Regreso a Casa se convertiría a partir del año 2001 en uno de los principales exponentes de denuncia y reivindicación ante la pasividad y la apatía de las autoridades. Como analiza la periodista juarense Rosa Isela Pérez en “El feminicidio de Ciudad Juárez.
Repercusiones legales y culturales de la impunidad gracias a este trabajo” gracias “a la exigencia pública de justicia que hicieron familiares de las víctimas y las activistas sociales y a la difusión de tan graves asesinatos, diversos organismos internacionales de derechos humanos se interesaron y exigieron a México detener y esclarecer este tipo de violencia contra las mujeres” (Pérez 2012: p115) Esta aparición en medios
internacionales y su alto grado de repercusión provocará una doble reacción: Por un lado una respuesta muy positiva por parte de numerosas familias que solicitarán apoyo y asesoramiento, lo que en poco tiempo llevará a las organizaciones a aglutinar y coordinar a un gran número de familias afectadas por la de desaparición o el asesinato de una de sus hijas. Pero, por otro lado, esta cadena de acciones y denuncias conllevarán reacciones negativas como la campaña de difamación contra sus propias impulsoras, acusándolas de lucro, o los actos intimidatorios para frenar sus avances, que irán desde las amenazas hasta las agresiones físicas, como analizaremos de forma pormenorizada en el Capítulo 3.