Apuestas y retos de la Universidad del siglo XX

Las instituciones universitarias han afrontado en los últimos años profundos cambios debido, por un lado, a causas internas: nuevas orientaciones políticas, descenso del índice de natalidad, competencia derivada de la aparición de nue- vas Universidades (públicas y privadas), la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, y por otro lado, a causas externas, consecuencia de los nue- vos retos derivados de la globalización. Junto a sus funciones clásicas como son las de creación y transmisión de conocimientos, la preparación para el mundo profesional y fomento del desarrollo cultural, la Universidad de hoy ha de en- frentarse a nuevos retos: la exigencia de la sociedad del saber, que requiere una formación permanente, y la adaptación a las demandas de la sociedad civil. Co- mo indica Losada-Díaz (2002: 21), «la Universidad es una de las organizaciones que con más urgencia necesita replantear ciertas concepciones para encajar de forma más eficaz dentro de las demandas sociales que tiene asignadas».

Las nuevas condiciones sociales, políticas y legislativas, así como el surgimiento de nuevas demandas en torno al conocimiento y el aprendizaje, han propiciado un replanteamiento de la función de la Universidad. Asimismo, «el crecimiento del entorno competitivo y la nueva regulación de los títulos y enseñanzas han obligado a las instituciones universitarias a analizar sus estructuras internas y los factores externos, con el objeto de adaptarse a las nuevas necesidades de los es- tudiantes y de la sociedad (…). De esta manera, la Universidad adquiere nuevas

responsabilidades en la sociedad, que desembocan en la redefinición de la propia institución, de sus estructuras y de sus modos de actuación. En este sentido, y ante el protagonismo de las leyes del mercado, las Universidades empiezan a plantear su futuro en términos estratégicos, adscribiéndose así a la lógica instru- mental, y convirtiéndose en una institución que busca un posicionamiento públi- co y sólido, que asegure y garantice su legitimidad social (…). Por lo tanto, la co- municación se perfila hoy día como un gran reto pendiente para la Universidad española en su propia sociedad«(Fernández-Blanco y Alameda-García, 2005).

Gutiérrez-Zuloaga (1999: 23) también reconoce que «la Universidad ha cam- biado en muchos aspectos, porque no cabe duda que la actual sociedad española reclama de ella mucho más que en el pasado. Nuestra institución es hoy objetivo de muy variados ámbitos sociales, los cuales solicitan una mayor y mejor forma- ción, así como una respuesta eficaz a sus exigencias personales y profesionales».

En relación al cambio universitario, el Informe Bricall (2000: 9) reflejaba, de igual manera, que «es de esperar que estas instituciones (las universitarias) no solo sean capaces de incorporarse a este proceso de cambio, sino que sean capaces de dirigirlo».

La Universidad española del siglo XXI necesita demostrar no solo su capacidad para adaptarse a los cambios, sino, sobre todo, de anticiparse a ellos e incluso impulsarlos. Este reto plantea la necesidad de afrontar la tarea universitaria como una labor de formación, y no únicamente de información, aceptando que entre los objetivos primordiales de la Universidad está el de formar personas capaces de concebir fines y de actuar coherentemente con la realidad. «El entorno en el que vivimos, mudable y aleatorio, pero ilustrado, exige que nuestras Univer- sidades dispongan de un amplio margen de autonomía que les dote de flexibi- lidad suficiente para anticiparse a los cambios. No se trata solo de que nuestras Universidades sean capaces de responder a las demandas de la sociedad, noso- tros aspiramos a más (...). Las Universidades han de liderar la innovación, ade- lantarse a las necesidades de la sociedad. Han de anticipar los cambios y también ser capaces de explicarlos, y de contribuir a que la sociedad los comprenda. En definitiva, nuestras Universidades tienen que situarse a la vanguardia de la inno- vación (...). Y para ello, tienen que establecer su propio modelo de organización, decidir qué títulos deben impartir o a qué profesores necesitan contratar. Solo así podrán encontrar sus propias respuestas; su manera particular de cumplir con lo que la sociedad les pide y espera de ellas (...)»(Quintanilla, 2007).

Jordana y Ramió (2000: 38) también abogan por esta autonomía de las Uni- versidades que «no debe tener solo un valor simbólico vinculado a la libertad in- telectual, sino también un valor de gestión que favorezca la eficacia y eficiencia de unos sistemas extremadamente complejos».

Moles-Plaza (2006) determina del mismo modo que «la Universidad del pre- sente debe flexibilizar su actividad docente, investigadora y de transferencia de tecnología si quiere competir en el futuro inmediato con perspectivas de éxito en el mercado global (…). Flexibilizar es hoy abandonar nuestro aislamiento secular para confluir en Europa en la sociedad del conocimiento».

Asimismo, Melle (2005) establece que «la sociedad actual es cada vez más di- námica, compleja, interrelacionada y global, se asienta progresivamente en la ge- neración y gestión del conocimiento y se caracteriza por una mayor movilidad en el mercado laboral. Todo ello demanda ese cambio en la educación y una Universidad que potencie el desarrollo de competencias y habilidades, que pro- porcione formación continua y estimule el trabajo en red (…).

En España, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de abril de 2007, supone un paso adelante en materia de autonomía universitaria al establecer normas que contribuyen a al- canzar instituciones más dinámicas y adaptables a los requerimiento sociales. En palabras de Quintanilla (2007), «un sistema universitario rígido es hoy en día un escollo que entorpece la capacidad de las Universidades para adaptarse al cam- bio».

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior mediante el nuevo sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias ha sido quizás el mayor reto de la Universidad española en los últimos 150 años. «Lograr una verdadera convergencia con Europa requiere, en primer término, cumplir determinados ob- jetivos operativos y académicos, entre los cuales destaca la adopción de una serie de estudios comparable en los distintos países europeos, basada en la existencia de dos ciclos: grado y posgrado (máster y doctorado). Así como también el esta- blecimiento de medidas de duración de los estudios semejantes (sistema europeo de transferencia de créditos ECTS, que mide las horas de aprendizaje que un alumno medio debe dedicar para superar los objetivos del programa educativo); la implantación de currículos académicos flexibles (reflejado en el suplemento al título); la adopción de índices comunes de calidad para la acreditación de las ti- tulaciones; la homologación automática de títulos, certificados y diplomas que faciliten la entrada y salida en el sistema universitario europeo, así como la movi- lidad dentro del mismo; el impulso de los títulos conjuntos entre distintos países europeos; y la apuesta para la formación continua a lo largo de toda la vida (…). Para conseguir esa construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es necesario, además, un cambio de mentalidad del profesorado y los estu- diantes, que posibilite la implantación de nuevas metodologías y sistemas de eva- luación. Que sean acordes con el modelo de enseñanza basado en el aprendizaje de los estudiantes y que formen en las competencias y habilidades que demanda el mercado de trabajo» (Melle, 2005).

Actualmente, las Universidades trabajan para conseguir desarrollar tres gran- des ejes principalmente: el casi milenario objetivo de transmitir el conocimiento mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje. A éste se le unió en el XIX la lla- mada visión humboldtiana de la Universidad, crear conocimiento mediante la investigación, y hoy se ha incorporado un tercer pilar, cada vez más importante, consistente en ayudar a avanzar al entorno socioeconómico.

Como reivindica Moles-Plaza (2006), el proceso de convergencia con Europa debe aprovecharse para algo más que para la mera homogeneización de la es- tructura de titulaciones. Se debe aprovechar la transformación que tal reto repre- senta para incorporar a nuestra estrategia formativa los elementos que puedan hacer realidad el ambicioso objetivo fijado en el Consejo de Lisboa y la Decla- ración de Barcelona: convertir a la economía europea «en la más competitiva y dinámica del mundo, basada en el conocimiento, capaz de sustentar el creci- miento económico y de crear un mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y mejor cohesión social». Y ello pasa por que la calidad de las Univer- sidades mejore la competitividad de la economía europea.

En definitiva, las instituciones universitarias del siglo XXI aspiran a hacer llegar a ser reconocidas por su capacidad de entender la sociedad y sus cambios, así como generar nuevas ideas y soluciones viables procedentes del estudio y de la investigación científica. En este sentido, como afirma Moles-Plaza (2006), «es ne- cesario convencer a nuestros investigadores de que hay que incrementar el volu- men de patentes generadas por nuestras Universidades, que no es posible prio- rizar solo la publicación de resultados solo con el efímero afán de mejorar leve- mente un currículo académico para optar a una leve mejora retributiva. Es pre- ciso espolear la mentalidad empresarial de nuestros investigadores para asumir los riesgos del mercado y generar empresa, retornando a la sociedad lo que ésta invirtió en su sistema de investigación».