fue la creciente
incorporación
de las mujeres
a la actividad social.
Hacia 1980,
representaban el
55% de los
empleados
en actividades
intelectuales, el 12%
en el comercio
y la administración
pública, y el 10% en
la industria
EMPLEO, INGRESO, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 67
Cuba 1997
RECUADRO 5.2
Factores que caracterizan la actual política en relación con el empleo y los ingresos
-Redistribución gradual de la fuerza de trabajo excedente a partir de los procesos de redi- mensionamiento y reestructuración económicos
-Protección de los trabajadores que no sea posible reubicar
-Desarrollo de Programas Territoriales de Empleo integrados al Plan de Desarrollo Eco- nómico y Social con el fin de alcanzar las mejores soluciones y sin que se concentren en un mismo lugar y tiempo las acciones de este tipo
-Ampliación de las opciones de empleo, tanto en el sector cooperativo, como en el privado
-Atención especial a los grupos vulnerables, como discapacitados, madres solas, etcétera -Continuidad en el aseguramiento de la incorporación al trabajo de los egresados de nivel
superior y mantenimiento de la atención a los de nivel medio
-Continuidad en el incremento de la participación femenina en el empleo total. vesó el país y los cambios introducidos para
el restablecimiento de las proporciones macro- económicas, han tenido una marcada inciden- cia en la evolución de ambos indicadores.
La política de empleo e ingresos aplicada en los noventa ha estado signada por la inelu- dible presencia de nuevas medidas de corte económico, necesarias en todo proceso de es- tabilización, y por los efectos sociales nega- tivos que estas producen.
En este contexto han debido desplegarse coordinadamente las políticas económicas y sociales, en particular, las relacionadas con el empleo, la seguridad social y la capacitación o recalificación de la fuerza de trabajo, e inten- tar así resolver satisfactoriamente las contra- dicciones que de forma ineludible surgen en un proceso como el que ha atravesado la eco- nomía cubana.
El objetivo ha sido avanzar hacia la recupe- ración económica, sin perder los rasgos esen- ciales que durante años han caracterizado la política de empleo e ingresos, y preservar el objetivo de la equidad.
Durante los primeros años de crisis y guia- do precisamente por este objetivo, el Estado mantuvo un enfoque sociopolítico, más que económico, en su política relativa al empleo. Las acciones estuvieron encaminadas a no re- ducir el número de trabajadores a pesar de la caída de la producción, debido a que los deso- cupados, como lo demostró Ferriol (1998), constituyeron el grupo en mayor situación de riesgo.
Paradójicamente, entre 1990 y 1993, tanto el desempleo como la población ocupada man- tuvieron una tendencia decreciente. Esto sig- nifica que creció el número de personas econó- micamente inactivas (que no trabajan o estu- dian), pero que no buscan ser empleadas.
Varios son los factores que influyeron en esta situación. Por un lado, la falta de conteni- do de trabajo sin reducción de la masa de traba- jadores, repercutió en el aumento del sub- empleo, el cual se triplicó entre 1989 y 1992 sólo en la esfera productiva. Por otro lado, el desbalance en las finanzas internas de la po- blación (debido, entre otras causas, al pago de salarios sin contrapartida material y la pér- dida de efectividad de las políticas de empleo y salarios) repercutió en la aparición de sín- tomas evidentes de desestímulo a la incor- poración al trabajo, con mayor incidencia en las mujeres y los jóvenes (Ferriol y González 1994).
Surgió así un círculo vicioso: las despro- porciones macroeconómicas se traducían en desestímulo al trabajo, pérdida de eficiencia y decrecimiento de la productividad, lo cual, a
su vez, inducía la agudización de las despro- porciones que le daban origen.
A ello se sumó la disminución de las posi- bilidades del Estado para crear nuevos pues- tos y la preeminente oferta de empleos no atractivos.
Un factor adicional, asociado a la situación económica, fue el crecimiento de un sector in- formal, con transacciones no controladas por el Estado, que proporcionaba un nivel de ingre- sos monetarios superior al obtenido por la vía de los salarios.
Lógicamente, el Estado no pudo (ni tenía lógica hacerlo) sostener durante mucho tiem- po esta situación. Como parte del proceso de cambios económicos, fue necesario introdu- cir medidas en relación con el empleo y, des- pués, con los salarios. El elemento distintivo de la nueva política, sin embargo, fue mante- ner en lo esencial los rasgos históricos de la política de empleo y preservar, en lo posible, el nivel alcanzado. Su principio rector ha segui- do siendo el de no dejar desamparada a ningu- na persona.
El programa de empleo puesto en práctica ha tenido dos retos fundamentales: primero, crear empleos productivos para aumentar el nivel de ocupación y, segundo, racionalizar plantillas para elevar la eficiencia y resolver el problema del subempleo (Valdés 1998).
La reducción de plantillas se realiza de for- ma gradual, legalmente ordenada y racional- mente aplicada en cada territorio. Fue necesa- rio aprobar decretos y resoluciones para nor- mar este proceso.En una primera fase se des- taca la legislación que establece el tratamiento laboral en condiciones de fuerte contracción económica y, por consiguiente, de reducción en los niveles de producción. La Resolución Núm. 4 de 1991, por ejemplo, regula el trata- miento laboral y de seguridad social a trabaja- dores separados de sus puestos por falta de materias primas en sus empresas.
Posteriormente, en la medida en que ha sido reanimada la producción y se busca una mayor eficiencia económica, han sido promul- gadas nuevas resoluciones, como la Núm. 6 de 1994, que establece el tratamiento laboral y salarial a trabajadores que queden disponi- bles o sean reubicados.
Se ha tratado de reubicar a la mayoría de los trabajadores. Los que, no obstante, han quedado excedentes, han sido protegidos por una garantía salarial cuya duración, entre 6 meses y tres años, depende de los años traba- jados. Una vez vencido el plazo máximo, la atención pasa a la seguridad social.
Los cambios operados en el empleo obe- decen a dos factores de marcada incidencia: la adecuación de plantillas a las posibilidades reales de gestión o control económico en las empresas del Estado y la expansión de formas no estatales de producción.
En 1994, se inició también la reorganiza- ción de los Organismos de la Administración Central del Estado, seguida del proceso de re- dimensionamiento empresarial. Ambos cam- bios persiguen el objetivo de reajustar las estructuras de dirección estatal y empresa- rial a los nuevos requerimientos del desarro- llo económico, así como a las posibilidades materiales y tecnológicas reales, maximizan- do la eficiencia en la gestión.
En 1998, se inició el proceso de per- feccionamiento en 95 empresas con el objetivo de adecuar la gestión a las nuevas condiciones de descentralización y vinculación a las exi- gencias de la competencia internacional.
Simultáneamente, se impartió cursos de re- calificación y entrenamiento de la fuerza de trabajo para facilitar su reubicación en los nue- vos puestos disponibles.
Entre 1990 y el primer semestre de 1998, cesaron en sus puestos más de 155 mil trabaja- dores, de los cuales sólo restaba por reubi- car, en agosto de ese último año, 3 044, los cuales recibían el 60% de su salario (Valdés 1998).
Otra prioridad ha sido la ubicación laboral de los jóvenes que terminan sus estudios. En 1998 se aseguró el empleo al 73% de los gra- duados universitarios (45% en 1996) y crece el número de jóvenes de la reserva calificada de técnicos de nivel medio que acceden a una plaza fija. Se reconoce, sin embargo, que la mayoría de los que no lo logran son mujeres (Valdés 1998).
Pero, en general, éstas han recibido una atención particular. Además de la protección general que ofrece la legislación vigente, han sido beneficiarias de las acciones de la Fe- deración de Mujeres Cubanas (FMC), la cual
ha canalizado programas de capacitación y creación de empleos en respuesta a sus necesi- dades.
Nuevos espacios para la ocupación han aparecido gracias a la ampliación del trabajo por cuenta propia (forma en que se denomina a la pequeña propiedad privada) y la creación de cooperativas de producción en la agricul- tura, conocidas como Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Por otro lado, los cambios introducidos en el modelo económico, sobre todo los relacio- nados con la mayor presencia del capital ex- tranjero, también han tenido impacto en el em- pleo y su legislación. Se destaca el Decreto- Ley 50, que regula las obligaciones fiscales y el régimen laboral en las empresas mixtas, así como la aparición de empresas encargadas de servir de intermediarias entre el empresario extranjero y la fuerza de trabajo a contratar. El objetivo de estas empresas, además de garanti- zar la remuneración y la seguridad social de sus trabajadores, es servir de instrumento me- diador en las condiciones existentes en el ac- tual mercado laboral, calificado por algunos autores como imperfecto (Ferriol 1996).
Estas medidas han tenido un notable impac- to en el empleo. No sólo constituyen una op- ción laboral, sino que introducen cambios en la estructura de empleo, pues reducen la pree- minencia del empleo estatal e incrementan el de las formas privada, cooperativa y mixta de propiedad. Si en 1989, el 95% de los traba- jadores estaba empleado en el sector estatal, en 1997 sólo lo estaba el 76.8% (ONE 1997a).
Siguiendo la secuencia de transforma- ciones en la esfera económica, en 1994 el nivel de desempleo había crecido hasta el 7.5% de la población económicamente activa (Togores 1996). En 1996, se había reducido al 6.5% (Cuba 1997), mientras se detenía el descenso de la población ocupada. En 1997 y 1998, se ha logra- do mantener una tasa de desempleo de, aproximadamente, el 7% (Valdés 1998).3
A comienzos de 1997 el 60% de las per- sonas que buscaban empleo eran jóvenes, so- bre todo mujeres, con niveles de calificación media o media superior, y altamente concen- tradas en zonas urbanas, lo cual hacía más compleja su solución (Cuba 1997), sobre to- do, teniendo presente que las necesidades de empleo se concentraban, fundamentalmente, en la agricultura. Esto imprime una caracte- rística particular al desempleo en los noven-
3. En Cuba, la desocupación se mide por el total de la población en edad laboral, no por los que buscan empleo, como se registra en otros países (Valdés 1998).