emergentes
con más fuerza
que en etapas
anteriores
fue el mayor
desempleo en las
provincias orientales,
que ha obligado
a la ejecución
de programas
territoriales como
medida
para mantener
una equidad
de empleo nacional
y territorial
das, sobre la base del principio de riesgo pro- fesional (CISS 1994).
Los seguros sociales no cubrían ni el 50% de los trabajadores asalariados (Argüelles 1989) y tampoco existía el seguro de en- fermedad. También resulta notorio el grado de desigualdad del régimen de seguros exis- tentes en relación con las condiciones de atri- bución, las fórmulas de cálculo, salarios base, límites cuantitativos y otros factores concer- nientes a las prestaciones monetarias. Por ejemplo, los límites de edades para el retiro variaban indistintamente entre 45 y 60 años; los años de servicio entre 10 y 30 años; las prestaciones, entre 150 y 600 pesos (CISS 1994).
Las desigualdades en la concesión de pensiones eran muy marcadas. Por ejemplo, a los trabajadores agrícolas se les otorgaba só- lo 6 pesos mensuales, mientras el 90% de las pensiones en el sector azucarero estaban por debajo de los 40 pesos (Rodríguez J. L. 1990). Las medidas iniciales, adoptadas por la Revolución en el campo de la seguridad social, tendieron a unificar administrativa y finan- cieramente los regímenes establecidos, y con- formar un sistema único insertado en el pro- grama general de desarrollo de las activida- des estatales e interrelacionado con el proce- so de desarrollo económico y social del país. La primera de las grandes transformacio- nes con efecto en la seguridad social fue la elevación de la cobertura al 100% de la pobla- ción, con lo que la seguridad social adquirió una nueva dimensión. Los objetivos del sis- tema cambiaron y se establecieron nuevas pautas: atención financiera a los fondos de seguros sociales que garantizarían las obliga- ciones sin interrupción y a plazos mayores; cobertura a todos los riesgos; extensión de la protección a todos los trabajadores; conce- sión de préstamos suficientes; racionalización y unidad administrativa; gratuidad del siste- ma y creación del seguro de enfermedad (CISS 1994).
Desde 1959, el Estado financia la seguri- dad social. Entre 1959 y 1980, los recursos des- tinados a esta esfera ascendieron aproxima- damente a 8 mil 805.3 millones de pesos, con un ritmo de crecimiento anual del 9.1%. El gas- to mensual por jubilado se elevó de 67.2 pesos a 85.7 en ese período (Rodríguez J. L. 1990).
Entre otros aspectos, las bases del siste- ma de seguridad social han sido: elevación de la protección a la mujer trabajadora y a su hi- jo; elevación de las prestaciones por invali- dez temporal; establecimiento del retiro labo- ral para todos los trabajadores; protección para los incapacitados permanentes y no per-
manentes, y asistencia social para todas las personas necesitadas.
Con la Ley 1100 de 1963, se garantizó la seguridad social a todos los trabajadores del país y erradicó el aporte de éstos al sistema. Esta ley aseguraba el amparo social de forma general contra las más importantes contin- gencias: enfermedades de tipo común y profe- sional, riesgos de maternidad, accidentes de trabajo, vejez, invalidez y muerte. Se estableció el derecho al retiro laboral para todos los traba- jadores, y se estipuló como edades límites las de 55 y 60 años para las mujeres y los hombres, respectivamente.
Sobre las prestaciones familiares, la ley consideró la necesidad de ejecutar la pro- tección de forma integral a través de cuatro aspectos esenciales: educación, salud, alimen- tación y vivienda. Esta protección se ha garan- tizado con la educación gratuita (que incluye los materiales escolares y un amplio sistema de becas), los servicios de salud (también gra- tuitos) y el subsidio en la alimentación, distri- buida en forma racionada. En relación con la vivienda, inicialmente se redujo el alquiler en un 50% y, con posterioridad, se facilitó su ad- quisición, por lo cual muchos arrendatarios se convirtieron en propietarios.
Otro momento importante en la evolución de la seguridad social en Cuba fue la entrada en vigor de la Ley 24 de 1979. La Ley 1100 de 1963 sólo comprendía al trabajador y su fami- lia, sin embargo, resultaba evidente la nece- sidad de una cobertura más amplia, abarcado- ra de la población cuyas necesidades esen- ciales no estuvieran aseguradas o cuyas con- diciones de vida o salud demandaran esa pro- tección como resultado de su incapacidad para solucionar los problemas.
La Ley 24 de 1979 relacionaba el régimen de prestaciones con las condiciones socio- económicas de entonces y aseguraba una distribución más justa de los fondos desti- nados a la seguridad social. Esta ley reúne tanto las normas del régimen de seguridad so- cial que ampara a los trabajadores sociales, como las del régimen de asistencia social. Define el régimen de asistencia social y regula su campo de aplicación y sus prestaciones, con lo cual da coherencia al sistema de segu- ridad social, pues reúne en un solo cuerpo le- gal estas disposiciones y las interrelaciona en forma adecuada.
Este régimen ofrece protección, con carác- ter subsidiario, a núcleos que no tengan fami- liar obligado a otorgar manutención alguna; evalúa la capacidad generadora de ingresos del núcleo familiar para constatar la situación real y otorgar la prestación; concede las presta-
EMPLEO, INGRESO, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 75 ciones y responsabiliza a los Organos Locales
de Poder Popular con la atención de los benefi- ciarios.Quedó establecido cuáles serían las personas protegidas por la asistencia social: personas no aptas para el trabajo o quienes, por razones de causa mayor, estuvieran impe- didos de incorporarse al trabajo; madres sol- teras con dificultades para la atención y cui- dado de sus hijos; parientes del trabajador o pensionado fallecido, comprendidos en el de- recho a pensión por causa de muerte esta- blecido por la ley y que hubieran estado bajo su abrigo o protección; trabajadores que arri- baran a las edades señaladas en la pensión or- dinaria y se invalidaran sin cumplir el requisito de tiempo mínimo para obtener una protección de seguridad social.
Desde las primeras transformaciones en la esfera de la seguridad y la asistencia sociales, estuvo presente la equidad, tanto en el proce- dimiento, como en el tratamiento ante las le- yes mediante las cuales se le garantizaba de- rechos básicos mínimos a la población. Más aún, las regulaciones de las leyes enunciadas, fueron una expresión del agudo proceso de integración social acometido por el Estado cubano. En el desarrollo de la equidad social se destacan categorías tan importantes como la prioridad y la proporcionalidad.
La prioridad garantiza que los grupos más vulnerables de la población sean atendidos por el sistema de asistencia social. La propor- cionalidad, que la pensión otorgada se corres- ponda con la contribución del trabajador, en términos de tiempo laborado y salario deven- gado.
Un elemento clave en el sistema de segu- ridad social es, sin dudas, el financiamiento. Cuando se aplica el criterio de que la seguridad social constituye una obligación del Estado y debe, en consecuencia, ser financiada por el presupuesto estatal, se considera que el finan- ciamiento así conceptuado garantiza la aplica- ción del principio de la universalidad.
El gasto en la seguridad social ha crecido año tras año. Si en 1959 fue de 114.3 millones de pesos, en 1995 ascendía a 1 572.5 millones, y en 1997 alcanzaba 1 635.9 millones (ONE 1997b). El número de pensionados se ha incre- mentado notablemente: en 1987, los beneficia- rios eran 6.5 veces más que los de 1959. En 1997, había un millón 300 mil 189 pensionados. También se ha elevado significativamente el importe de las pensiones: de 40 pesos mensua- les, como mínimo, en 1959, a 60 pesos en 1969, y casi 102 pesos en 1997.9
A pesar de las diferentes medidas adop- tadas en los años noventa para la reducción del déficit fiscal, los gastos sociales han se- guido creciendo. El déficit presupuestario se redujo de 33.5% del PIB en 1993, a 2.5% en 1998, a pesar de lo cual los gastos sociales siguieron incrementándose. En 1997 represen- taban más de la mitad de los gastos totales del presupuesto (ONE 1997c). El mayor creci- miento ocurrió en la seguridad y la asistencia sociales, que crecieron, respectivamente, en un 75.4% y de 85.5%, en relación con 1989, lo cual se traduce en una mayor protección a los sectores más vulnerables de la población. El Estado cubrió el 43.5% de estos gastos (BNC 1995).
Más aún, se ha estado aplicando dife- rentes programas asistenciales (que incluyen prestaciones monetarias y en especie), diri- gidos, preferentemente, a las personas de más bajos ingresos. A los ancianos se les garantiza alimentación, servicios de lavandería y acti- vidades de esparcimiento; a las madres solte- ras se les facilita la incorporación laboral me- diante cursos y otras vías, y se les gestiona el ingreso de sus hijos en los círculos infantiles, escuelas seminternas e internas; a los minus- válidos se les ofrece garantías de empleo, prestaciones especiales y rehabilitación in- tegral en esfuerzos conjuntos con las asocia- ciones de discapacitados.
Actualmente, a los trabajadores no se les ha impuesto una contribución especial; los aportes provienen de las entidades que em- plean a sus beneficiarios. Se observa una di- ferencia negativa creciente entre la contri- bución y el pago de la seguridad social, debi- do a que el ritmo de crecimiento de la contri- bución al presupuesto estatal es menor que el del pago a sus beneficiarios, por lo cual el Es- tado debe asumir la diferencia.
Al Estado se le presenta el reto de rediseñar un sistema de seguridad social que, sin menos- cabar la eficiencia económica, mantenga los fundamentos estratégicos básicos: universa- lidad, equidad y solidaridad.
Las transformaciones sociales y econó- micas experimentadas por Cuba en las últimas décadas han tenido un gran impacto en la vi- da de la población. El desarrollo económico que se observó en el país hasta finales de los ochenta, así como las políticas sociales apli- cadas, contribuyeron al incremento de la espe- ranza de vida, con lo cual se ha notado un rápido proceso de envejecimiento de la pobla- ción.
Entre 1953 y 1996, se elevó el número de personas de 60 años o más y se redujo el de menores de 15 años. En términos de la segu-
9. Cálculos efectuados por el Departamento de Pro- yección y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las medidas
iniciales adoptadas
por la Revolución
en el campo
de la seguridad
social tendieron a
unificar
administrativa y
financieramente
las regiones
establecidas,
y conformar
un sistema único
insertado
en el programa
general de desarrollo
de todas las
actividades estatales
e interrelacionados
con el proceso de
desarrollo económico
y social del país
ridad social, este envejecimiento progresivo significa que los beneficiarios del sistema tienden a aumentar, por lo cual no debe des- cartarse un posible incremento de la seguri- dad social a corto plazo.
Como resultado de las dificultades econó- micas, la década de los noventa se ha caracte- rizado por una discreta tendencia al creci- miento de la pensión nominal y una consi- derable caída de la real, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los pensio- nados.
Los ingresos en divisas de la población constituyen el 36% del total de ingresos, mien- tras en los núcleos integrados sólo por pen- sionados, representan algo más del 21%. Los ingresos por concepto de pensiones represen- tan, aproximadamente, el 70% del total de
ingresos de estos núcleos (ONE 1997). Resul- ta obvia la deducción de que, en la actualidad, los pensionados dependen, o bien de fuentes alternativas de ingresos (una minoría), o bien de la ayuda familiar, para satisfacer las nece- sidades básicas.
El Estado y las instituciones implicadas en el desarrollo social del país han implementado importantes medidas de alimentación, salud y distribución de medicamentos para tratar de reducir estas afectaciones. El Ministerio de Sa- lud Pública, por ejemplo, introdujo un Progra- ma de Atención al Adulto Mayor mediante el cual ha aumentado la atención a este grupo poblacional, integrado en un 60% por pensio- nados. En 1992, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) revalorizó las pen- siones de menor cuantía (MTSS 1994).
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Educación, cultura, deporte
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-El derecho fundamental de todo ciudadano a la educación, sin distinción de raza, sexo, credo o nivel social
-La responsabilidad del Estado en la creación de condiciones para que la educación llegue a todos por igual
-La universalidad y gratuidad de los estudios, incluidos los de nivel superior y de postgrado -La existencia de una amplia red de escuelas estatales de diferentes niveles de enseñanza
en todo el país, regida por un programa nacional de enseñanza
-El perfeccionamiento constante de los programas de estudio, en concordancia con las necesidades nacionales y el avance del conocimiento a escala internacional -La materialización del principio de estudio-trabajo como vía para una mejor forma-
ción de los estudiantes
-La promoción de la educación patriótica y la preparación de las nuevas generaciones para la vida social
-La activa participación ciudadana en la realización de la política educacional -La práctica de la colaboración en la educación con otros países que la necesiten
Características de la política educacional de Cuba
RECUADRO 6.1
Programa educacional
El programa educacional cubano ha teni- do un peso decisivo en la política social. La educación ha sido considerada un derecho humano fundamental que no requiere jus- tificación. El acceso a la educación brinda al individuo no sólo conocimientos y la posi- bilidad de acceder a su propia visión del mun- do, sino que lo capacita para una vida plena, rica intelectual y moralmente. Por ello, la edu- cación en Cuba no es, en sentido estricto, una inversión social,1 sino que forma parte de
una concepción más amplia, en la cual el bie- nestar del ser humano es el objetivo funda- mental. Una sociedad de personas educadas avanza y se desarrolla armónicamente.
Una de las primeras medidas del gobier- no revolucionario fue, en 1961, la Campaña de Alfabetización. Un movimiento que aglu- tinó a 270 mil voluntarios (entre estudiantes, trabajadores y maestros) logró, en menos de un año, reducir el índice de analfabetismo, de un 23.1%, a sólo 3.9%. En ese breve lapso, fueron alfabetizadas 700 mil personas, 55% de las cuales eran mujeres y la mayoría resi- dentes de las áreas rurales (CIEM 1997) (MI- NED 1986).
Simultáneamente, era restructurada la en- señanza nacional, hasta entonces fragmen- tada en escuelas privadas y públicas, de mayor o menor rigor, con más o menos recursos y universalmente concentrada en las ciudades. Así, fue reorganizado el Ministerio de Edu- cación, que pasó a ser la única institución capacitada para realizar la labor educativa, rectora de un sistema único y con principios definidos, el primero de los cuales ha sido el
1. El Estado Mundial de la Infancia 1999, publicado por UNICEF y dedicado a la educación, ofrece un interesante análisis del concepto de educación para todos y su aplicación desde la óptica de las Naciones Unidas, al tiempo que contiene estadísticas que permiten comparar las diferentes situaciones na- cionales.
de educación para todos bajo el lema martia- no: Ser cultos para ser libres. Sucesivamen- te, fueron aprobadas la Ley de la Naciona- lización de la Enseñanza (1961) y la Reforma Universitaria (1962), primeros complementos de la gran revolución educacional que la cam- paña de alfabetización había puesto en mar- cha.
La igualdad real de oportunidades edu- cativas, como práctica cotidiana, ha sido, des- de entonces, uno de los pilares en los que ha descansado el alto nivel de integración de la sociedad cubana.2 El control del Estado sobre
la totalidad de las instituciones escolares ex- cluye la privatización de la enseñanza tanto como la injerencia de los mecanismos de mer- cado y garantiza condiciones educativas similares para todos los educandos. Es obli- gatoria la educación hasta el noveno grado, y las leyes prohíben y sancionan el trabajo infantil.
2. El significado político de este principio en las