La aspiración social a la reforma de la Justicia

En plena tormenta del caso Tirado y coin- cidiendo con el trigésimo aniversario de la vigencia de la Constitución, el baró- metro de noviembre del Centro de In- vestigaciones Sociológicas (CIS) incluyó

una serie de preguntas acerca de la per- cepción que tenemos los españoles de nuestra Ley Fundamental. Sin duda el dato más destacado es la casi exacta coin- cidencia entre quienes se dicen satisfe- chos con la Constitución (53,4%) y aqué- llos que se muestran favorables a su refor- ma (un 52,7%). Y aun cuando esa aspiración mayoritaria a la reforma cons- titucional no se corresponda con la exis- tencia de un alto grado de consenso social en la identificación de los aspectos concre- tos de la Constitución susceptibles de revisión, llama la atención el hecho de que sea “la reforma de la Justicia” la que con- cite un mayor apoyo ciudadano al ser es- pontáneamente mencionada como obje- tivo prioritario de la reforma por un 11,5% de los encuestados25.

No puede sorprender esa correlación entre satisfacción social por la Constitución y aspiración a su reforma, y la derivada identificación de la Justicia como objeto principal de dicha reforma si reparamos en que el Estudio sobre calidad de la democra- cia en España elaborado igualmente por el CIS en mayo de 2007 dio como resul- tado que una parte significativa de los en- tonces encuestados identificó como ca- racterística esencial de la democracia la exis- tencia de “un sistema judicial que trate a todos por igual” (29,9%). Esta caracterís- tica se valoró por encima de otros aspec- tos como “una economía que asegure el in- greso digno” (20,8%), la “libertad de expre- sión para criticar abiertamente” (18,9%) o la celebración de “elecciones regulares” (18,5%). Parece natural que quienes coinci-

den en valorar la Justicia como institu- ción clave del sistema democrático sean más exigentes con su funcionamiento y re- clamen de ella mejores prestaciones26.

El ansia de reforma de la Administra- ción de Justicia expresado en el baróme- tro de noviembre de 2008 se corresponde, por lo demás, con una opinión general- mente desfavorable de su funcionamien- to. Hasta el punto de que los tribunales de justicia representan la institución que menor confianza merece a los ciudadanos, obteniendo apenas una nota de 3,74 so- bre 10, muy por debajo de los 5,96 pun- tos que alcanzan las Fuerzas Armadas –la institución mejor valorada–, o los 5,03 pun- tos que obtiene el Defensor del Pueblo –que ocupa el sexto lugar–, de 12 instituciones objeto de calificación, pese a que sólo un 14,8% de los encuestados sabe quién des- empeña actualmente el puesto. Compa- rados estos resultados con los obtenidos en el Estudio sobre calidad de la democracia en España a que antes se ha hecho referen- cia se observa un descenso en la valoración de los tribunales de justicia, que entonces obtenían una puntuación media de 4,89 puntos. Ello puede deberse al impacto so- bre la opinión pública del caso Tirado o qui- zás pueda explicarse por el hecho de que no coincidan los términos de contraste en los dos estudios. Por otro lado, la inmen- sa mayoría de los encuestados en el baró- metro de noviembre tiene una opinión

poco favorable del funcionamiento de los tribunales de justicia: un 40,2% cree que ese funcionamiento es malo o muy malo, el 47,5% lo califica de regular y apenas un 8,8% lo valora como bueno o muy bue- no. Ahora bien, apenas un 1,7% mencio- na la Administración de Justicia como uno de los principales problemas que existen actualmente en España, porcentaje que des- ciende al 0,5% cuando se solicita una res- puesta espontánea sobre el principal pro- blema. Los datos coinciden sustancialmen- te con los del barómetro de enero de 2008, pues si bien se ha elevado ligeramente el número de quienes lo mencionan entre los tres primeros problemas (entonces fueron el 1,6% de los encuestados), se mantiene in- alterado el de aquellos ciudadanos que lo perciben como el problema más grave.

Siempre según los datos del baróme- tro de noviembre del CIS, la razón prin- cipal de ese funcionamiento insatisfac- torio de la Administración de Justicia se halla en la insuficiencia de medios ma- teriales (un 67,2% de los encuestados se manifiesta muy de acuerdo o más bien de acuerdo con esta opinión, frente al 19,6% que discrepa). Esta imagen poco favorable de la Administración de Jus- ticia se corresponde, por lo demás, con la opinión que los ciudadanos tienen de sus principales responsables, los jue- ces. Para el 66,1% la exigencia de respon- sabilidad por el incumplimiento de sus

26 En ese mismo estudio, que puede consultarse en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/lis- taMuestras.jsp?estudio=8080, la mayoría de los encuestados ya manifestaba que el objetivo del tratamiento igual de todos los ciudadanos por el sistema judicial no se ha alcanzado en España, destacando su percep- ción de que el principal factor discriminatorio es la titularidad de un cargo político (81,7%), ligeramente por en- cima de la riqueza (77,6%).

obligaciones es defectuosa, y un 58,5% estima que, por lo general, los jueces no se preocupan de que sus resoluciones sean adecuadamente ejecutadas. Esa opi- nión negativa sólo se atenúa al plante- arse el tema de la imparcialidad judicial, ya que un 48,6% entiende que los jueces suelen ser imparciales en el ejercicio de sus funciones, frente a un 37,5% que no lo siente así.

Los resultados del barómetro vienen a ratificar en lo esencial el diagnóstico lle- vado a cabo por nuestros mayores espe- cialistas en la realización de estudios de opinión social sobre la Justicia en España, Juan José Toharia y Juan José García de la Cruz. Estos autores han identificado dos grandes planos en la evaluación ciuda- dana de la Justicia: el de su eficiencia –que remite a la capacidad del sistema judi- cial para dar respuestas eficaces y efecti- vas a los conflictos sometidos a su con- sideración– y el de la legitimidad social –que mide la confianza y credibilidad que dicho sistema merece a los ciudadanos–, haciendo hincapié en que “un sistema de Justicia puede aparecer como más o me- nos eficiente y como más o menos me- recedor de crédito y confianza, sin que am- bas dimensiones tengan necesariamente que presentar dimensiones paralelas o equivalentes. Que es precisamente lo que ocurre en el caso de la Justicia española: desde la perspectiva ciudadana su grado de legitimidad social aparece como cla- ramente más amplio que su nivel de efi- ciencia”27. A la vista de los datos propor-

cionados por los dos estudios del CIS que hemos considerado, podríamos afirmar, por una parte, que el fortalecimiento de la legitimidad social de nuestra Administra- ción de Justicia es una aspiración amplia- mente sentida entre la ciudadanía y, por otra, que quizás conviniera hablar de una peor valoración de la eficiencia del siste- ma que de su legitimidad social, toda vez que esos mismos datos no invitan pre- cisamente al optimismo.

Sea como fuere, los datos del CIS per- miten afirmar que para los españoles la eficiencia de nuestro sistema de Justicia se incrementaría si se le dotara de medios suficientes para el cumplimiento de sus fines, se asegurase la ejecución de las resoluciones judiciales y, finalmente, se definiera un sistema de responsabilidad de jueces y magistrados acorde con la relevancia de las funciones que desempe- ñan. Parece oportuno que nos detenga- mos brevemente en cada uno de estos as- pectos en las páginas que siguen. 3.3 La endémica insuficiencia de medios

Las asignaciones presupuestarias a la Ad- ministración de Justicia apenas han supe- rado históricamente el listón de la pura su- pervivencia. A ello han contribuido tan- to la constante insuficiencia de la Hacienda pública en su conjunto como el escaso peso atribuido a la Justicia en nues- tro sistema institucional. En este sentido, puede afirmarse que la concepción es- pañola de la separación de poderes era

27 J. J. Toharia Cortés y J. J. García de la Cruz Herrero, La Justicia ante el espejo: 25 años de estudios de opi-