El final de una época

Ha concluido una de las fases más brillantes de la economía española. Desde 1994 registraba tasas positivas de crecimiento que a partir de 1997 superan en todos los años al promedio de crecimiento de las economías europeas. Ha sido una época en la que el entorno internacional ha sido cómplice muy activo. Primero con los precios de materias primas, fundamentalmente energéticas, hasta hace unos años en niveles re- lativamente reducidos. Pero ha sido en los precios de las variables financieras donde se ha reflejado en mayor medida y durante más tiempo esas favorables circunstan- cias que llevaron a reducir la prima de riesgo de la economía española a niveles histó- ricamente reducidos.

La economía española pasó a tener un coste de capital equivalente a las más estables y fiables de Europa, pudiendo apelar al ahorro de esas economías sin apenas restric- ciones cuantitativas. El aumento del endeudamiento en condiciones de precio histó- ricamente favorables posibilitó el sostenimiento de una de las tasas de crecimiento de la inversión más elevadas de la OCDE. Ello facilitó el aumento en el ritmo de acu- mulación de capital, aunque muy especializada en sectores de baja productividad, pero de rentabilidad ascendente. El sistema bancario aprovechó la ocasión. Las autorida- des económicas apenas trataron de disuadir esa excesiva polarización sectorial que, dicho sea de paso, dejaba buenos resultados a las propias empresas, pero también a las entidades de crédito y a las arcas públicas.

Incluso en los años de Gobierno socialista, en cuyo programa electoral se recogía de forma expresa la necesidad de favorecer la deriva a un patrón de crecimiento más di- versificado, se acabó favoreciendo esa suerte de vuelta al pasado que supuso la inten- sificación en la construcción en todas sus modalidades, pero de forma particular- mente importante en su versión residencial.

4.1 Patrón de crecimiento y distribución

Entre 1994 y 2007 la economía española creció a una tasa media anual del 3,6%, contribuyendo a que la tasa de desempleo cayera desde el 24% al 8% de la pobla- ción activa en septiembre de 2007. Ello ha permitido que, a pesar del intenso aumento de la población, el PIB por habitante no haya dejado de crecer en la última década. En paridad de poder de compra se situó en 2007 en 26.500 euros, el 103% del co- rrespondiente a la UE-25 y el 107% de la UE-27. En estos diez últimos años, mien- tras la UE-25 apenas ha recortado 4 puntos su distancia con la renta per cápita de EE UU, España ha recortado 18. En relación con la UEM, el avance de España ha sido todavía más notable, desde el 81,5% de 1997 hasta el 97,1% de 2007.

El responsable de ese significativo aumento en el PIB per cápita ha sido el cre- cimiento del empleo. Como se aprecia en la Tabla 6, en el periodo 1995-2007 el PIB por habitante ha crecido un 15% gracias al 17,8% en que lo hizo la tasa de empleo;

las horas trabajadas por empleado cayeron un 1,8% y la productividad por hora tra- bajada, a pesar de las mejoras de los dos últimos años, lo hizo en un 2,1% en el conjunto de ese periodo.

A pesar de esas moderadas mejoras registradas en los últimos años, el pobre cre- cimiento de la productividad no es sino el reflejo de un patrón de crecimiento impro- pio de una economía moderna. Para que el crecimiento de la productividad sea soste- nido es necesario que exista una intensidad del capital suficiente, no sólo de capital físico, sino de aquellas dotaciones de capital tecnológico y humano que han demostrado suficientemente su aportación al crecimiento de la productividad del trabajo. La de- terminación de esta última, el residuo constituido por la productividad total de los factores, es esencial la calidad de las instituciones, comentada más arriba, así como el papel que desempeñan los sistemas financieros.

Quizás en esa especialización productiva poco intensiva en conocimiento radique también buena parte de la explicación de algunos desequilibrios tradicionales que ex- hibe la economía española. Desde luego el exterior, pero también las excesivas ten- siones inflacionistas o el exceso de temporalidad en el empleo que sigue caracteri- zando a nuestro mercado de trabajo.

El español sigue siendo el mercado de trabajo de las economías europeas con la ma- yor tasa de temporalidad, siempre en la frontera del 30% del conjunto de los asalaria- dos. La razonable inquietud que genera una proporción tal deriva, ante todo, de la evidencia acerca del perjuicio que ocasiona la excesiva contratación temporal sobre la carrera laboral de muchos colectivos –jóvenes, mujeres, inmigrantes– además de contribuir a la extensión de una cultura empresarial poco acorde a las exigencias competitivas de una economía moderna.

La deseable aproximación del mercado de trabajo a esquemas que combinen la flexibilidad con la seguridad, como los experimentados en algunas economías nór- dicas (coexistiendo con un amplio desarrollo del Estado del Bienestar e intensas dotaciones de capital público), son deseables y, desde luego, preferibles a las velei- dades desreguladoras que han tratado de aprovechar el río revuelto en el que se han movido las políticas económicas frente a la crisis. A la vista de las crecientes

cifras de paro, no parece que el principal problema de la economía española hoy sea precisamente el abaratamiento del despido.

Es preferible que las energías de reforma, las legítimas propuestas provenientes de cualquier institución se centren, en primer lugar, en evitar males peores a los ya conocidos derivados de esta recesión. En segundo lugar, en tratar de que la mayoría de las terapias para su neutralización, para la amortiguación del desplome de la demanda agregada, sean compatibles con esa necesaria agenda para la modernización económica: para su desplazamiento en la frontera competitiva hacia esa liga donde compiten las economías europeas más avanzadas y socialmente más cohesionadas.

4.2 Contribución a la definición de una agenda por la modernización económica de España

Las muy excepcionales circunstancias que hoy condicionan la evolución de la economía española, en un contexto internacional dominado por la más grave crisis económica en muchas décadas, obligan a asumir como prioridad la minimización de las pérdidas de bienestar sobre la población que la particularización de esa crisis global ya está ex- hibiendo en el mercado de trabajo español. Es posible compatibilizar la orientación de algunas de las políticas económicas tendentes a compensar la calidad de la activi- dad con aquellas otras tendentes a la modernización del sistema económico. Moder- nización es hoy sinónimo de diversificación en el patrón de crecimiento, de fortaleci- miento de su capacidad competitiva. Todo ello sin menoscabar los compromisos eu- ropeos con la sostenibilidad del crecimiento.

Existen casos de referencia en Europa en los que es posible observar el posiciona- miento competitivo de sus economías y la consecución de un crecimiento económi- co inclusivo: susceptible de beneficiar a una amplia mayoría de la población. Crecimiento y distribución son absolutamente compatibles. En realidad, entre la mayoría de las eco- nomías hoy más competitivas están aquellas que han hecho de la igualdad de oportu- nidades uno de los factores competitivos a través de la extensión de la educación y de la mejora de su calidad. Menos subsidios y más intensidad en capital humano debe- rían ser referencias básicas en esa orientación modernizadora.

Una orientación complementaria también con el fomento de la asunción de riesgos, de la innovación, de la asignación de recursos humanos que fortalezca la capacidad para emprender. Lleva razón J.E. Stiglitz cuando afirma que una economía moderna tam- bién requiere que se asuman riesgos. Y, desde luego, esa disposición a asumir ries- gos es tanto mayor cuanto más lo es la red de seguridad. Frente a la competencia in- ternacional, la protección es mucho más eficiente que el proteccionismo.

Además de la reforma de los mercados de bienes y de servicios, sugerida nuevamente por la misión del FMI en su último informe (9 diciembre 2008) en cumplimiento de las consultas consecuentes con el artículo IV, la simplificación de los trámites en la constitución de empresas es ahora particularmente necesaria. Esa debería ser una

pieza más en esa transición a lo que William J. Baumol calificó de “capitalismo bueno”: esa mezcla de estímulos a la natalidad empresarial, de instituciones que remuneran so- cialmente a los empresarios verdaderamente útiles y disuaden entre otros a los bus- cadores de rentas; que potencian, en definitiva la regeneración y mejora de la calidad de las empresas ya existentes, premiando a las más innovadoras. Propósitos tales pue- den ser tan progresistas como contribuidores a una salida de la crisis con mejores fundamentos que los que han presidido estos últimos años.

La adopción de la Directiva de Servicios de la UE puede ser un revulsivo que ace- lere algunas de las más necesarias reformas en la dirección de facilitar una mayor com- petencia en algunos sectores y la asignación de recursos a aquellos más competitivos y abiertos. La importancia de los servicios en la economía española, superior al 65% en PIB y empleo, permite anticipar efectos favorables como consecuencia de la trans- posición de la directiva. La reforma de los servicios profesionales o la mayor compe- tencia en las industrias de red (puertos, ferrocarriles, transporte, electricidad) forma- rían parte de esas desde hace tiempo reclamadas reformas.

Una de las formas de reforzar esa voluntad modernizadora, al tiempo de hacer lo propio con la productividad total de los factores, es asumir la modernización de las Administraciones Públicas como prioridad. Actuaciones más explícitas, por ejemplo, en la concreción de algunas de las normas y medidas definidas en la anterior legisla- tura, como la Ley de Administración Electrónica. Hacer mejor las cosas, disponer de po- sibilidades para elegir mejor a los responsables, mejorar los incentivos y los sistemas de decisión es mucho más urgente y más productivo que congelar sueldos a los altos cargos públicos, como se planteaba en las últimas medidas de austeridad.