Causas de la violencia en Colombia según el modelo contextual y las instituciones

El instrumental girardiano nos ha permitido atisbar las paradojas y complejidades ante la similitud que guarda la violencia y la reconciliación para establecerse en los espacios culturales. Es por eso necesario, situar la trayectoria del deseo en los conceptos e imaginarios sociales que se tienen de estas categorías, para comprender las prácticas y ritos que las instituciones elaboran para la reconciliación y las nuevas exclusiones implicadas.

En la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, según la matriz de análisis e interpretación, no existe un concepto definido sobre la violencia. Sin embargo, Pizarro (2009), como presidente de la CNRR, indicaba que:

“existe un conflicto armado debido a la confluencia de múltiples grupos armados, en particular el narcoterrorismo, los grupos paramilitares de extrema derecha y los dos grupos guerrilleros que se negaron a firmar acuerdos de paz en la década de los años noventa”. (Pizarro, 2009: 3)

Esto quiere decir que en las narrativas, modelos de apropiación y estrategias de intervención, se interpreta la violencia como las luchas de los grupos ilegales asociados con el fenómeno del narcotráfico y la falta de voluntad política para llegar a consensos con el Gobierno. Sin embargo, el discurso del gobierno del presidente Álvaro Uribe, sostuvo la tesis según la cual “no existía un conflicto armado interno”, sino “una amenaza terrorista contra una democracia y la ciudadanía (Gaviria: 2005, 3). En la actualidad el gobierno del presidente Santos, indica que si existe un conflicto armado y que por tanto, los grupos insurgentes deben respetar el derecho internacional humanitario, como otras convenciones internacionales. Así, existen dos discursos contrarios que dan diferentes planes de acción y condicionan las iniciativas de reconciliación que promueve la CNRR y su nueva figura en el Sistema Nacional para la protección de Víctimas.

En efecto, la consecuencia de estas dos visiones de la violencia, lleva a excluir otras dinámicas que inciden en el conflicto. Como vimos, las prácticas económicas y modelos para construir un orden político, no son tomadas en cuenta, porque la interpretación de los acontecimientos violentos, lleva a compaginar el ritual de expiación, que se caracteriza por limpiar y purificarse de

la contaminación ante una relación cercana con el chivo expiatorio. En este esquema, el deseo de apropiación de los deseos de los otros actores, facilita la reproducción de nuevos órdenes sagrados, esto es, la aparición de modelos y actores que producen nuevas víctimas para evitar el desorden que puede causar un reordenamiento a favor de la autoorganización social.

El CINEP-PPP, indica que las causas de violencia en Colombia, siguiendo las tesis de Daniel Pecaut (2001), surgen de una “precariedad de Estado-nación” que significa la incapacidad del Estado “para consolidar su influencia sobre la sociedad a lo largo de los dos últimos siglos”, donde no deja lugar “ni para una imagen de Nación unificada ni para un Estado independiente de los partidos” (Pecaut, 2001: 23).

De estas tesis se deriva, que la violencia colombiana se sitúa en tres temporalidades, diferentes y combinadas: la antigua violencia o “temporalidad de la violencia tradicional”; la violencia moderna, mezcla de “exclusión social y de integración a la modernidad, de segregación y de desaparición de las antiguas barreras sociales por el sesgo del consumo y la mediatización”; y las reorientaciones de la globalización o “temporalidad de la violencia post- moderna”. (Pecaut, 2001: 25-35).

El documento “Informe especial: Conflicto armado en Colombia durante 2011”, establece que las diferentes acciones relacionadas con el conflicto armado en Colombia hacen pensar que el fin de éste por las vías que se manejan hasta el momento –salida militar y pequeñas posibilidades de una negociación- no se encuentran cerca. Esta conclusión es el resultado de la aproximación a algunos elementos del panorama que dejó el conflicto armado en Colombia en los últimos cinco años.

Aunque si bien, la reducción de confrontaciones militares por parte de grupos ilegales bajó un 7%, de acuerdo con el CINEP, ha habido un nuevo escenario de la guerra operado desde los siguientes factores:

1. El repliegue por parte delas FARC hacia zonas periféricas de retaguardia hacia sus zonas históricas (Tolima y Cauca) y en zonas de influencia de economías cocaleras y narcotráfico.

2. Un paramilitarismo que confirma que sus estructuras siguen operando desde la consolidación de una nueva fase (bandas emergentes) vinculados también al narcotráfico, la explotación ilegal de recursos minerales y el asocio a estructuras de poder económico y político en las regiones.

3. El narcotráfico continúa siendo un factor importante en la medida que se mantienen altos índices de producción y comercialización, debido a la ausencia de programas alternativos de desarrollo para la economía campesina.

4. Persiste una preocupante situación de Derechos Humanos que se evidencia en la fuerte victimización de la población por parte de los distintos actores armados. (CINEP, 2012: 5)

De este último aspecto, las causas señaladas indican un aumento de infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados quienes luchan por el control político y social de las regiones; también el aumento del pie de fuerza de los diferentes actores armados, así como la falta de garantías para los reclamantes de tierras.

Los actores armados han adquirido poder regional, desde hace más de dos décadas, en esferas sociales, a partir del control de tierras, destacando ese

carácter asimétrico, bajo una lógica eminentemente que lleva a cooptar todas las relaciones políticas entorno a proyectos o personas con poder hegemónico. También existen otros factores que permanecen aún hoy en día: “el fenómeno del narcotráfico sobre la economía de frontera, que incide en altas cifras de homicidio y aparecen en regiones que están beneficiando un fuerte crecimiento económico y de un notable aumento de la riqueza” (González, 2003: 65).

En los últimos años, el rebasamiento y la falta de control estatal de las llamadas “bandas emergentes”, o grupos “neoparamilitares”, constituyen un factor importante que ha impedido el proceso de consolidación de autoridad del Estado y la capacidad de que se conozca la “Verdad” de lo acontecido. Esto ha llevado que el Gobierno de Juan Manuel Santos, buscando una política integral de restitución de tierras, hasta el momento se haya visto diezmado en la operatividad práctica, porque actualmente en las regiones, se mantiene la tensión debido a que se han creado “grupos de antirestitución de tierras”, y el asesinato de varios líderes reclamantes de terrenos. Eso muestra que el Estado, aún no tiene el control en las zonas regionales y preocupa el crecimiento de los grupos ilegales para mantener el control de las zonas.

En cuanto a la Comisión Nacional de Conciliación, no se ha encontrado explícitamente un análisis sobre el problema de la violencia. Quizá por su trabajo de autonomía, independencia y discreción que la ha caracterizado. Sin embargo, en diferentes pronunciamientos de la Conferencia Episcopal de Colombia, hacen referencia como causa a “la confrontación entre el Estado y las fuerzas insurgentes; confrontación que, a lo largo de los años, ha ido cambiando de naturaleza y adquiriendo nuevas motivaciones y modalidades” (Salazar, 2011). Además reconocen algunos obstáculos que impiden iniciar conversaciones directas, para la reanudación del proceso de paz con los grupos

insurgentes. En el documento analizado, en el mínimo de desarrollo sostenible, indica que Colombia permea una contradicción entre crecimiento y desarrollo social; este fenómeno es auspiciado por los modelos económicos de perspectiva liberal y la competitividad que ha generado desigualdad social e inequidad.

Por otro lado, un sector del gobierno y la sociedad civil tienen prejuicios hacia una solución política al conflicto, debido al último proceso de paz fracasado que se adelantó durante el gobierno de Andrés Pastrana (1999-2002), y llevó al rompimiento total por incumplimientos y engaños entre las partes40. De este escenario se tiene el mito actual que no es posible una salida pacifica al conflicto y que debe mantenerse el pie de guerra, lo cual ha aumentado la desconfianza entre la población por las tensiones que se derivan en la idea de cooperación ciudadana (red de informantes civiles) con énfasis en la seguridad como principio y base para el desarrollo y progreso del país.

Al cierre de esta investigación documental sobre la reconciliación en Colombia (2012), se viene configurando, en el escenario político, los diálogos de paz, sin cese de hostilidades, entre el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Dada la experiencia de los diálogos que fracasaron en décadas pasadas, han decidido los negociantes, hablar “a puerta cerrada” y solo emitir comunicados cuando haya avances o puntos de acuerdo. Entre la agenda a tratar, se establecen las discusiones sobre una política de desarrollo integral, participación política, fin del conflicto, narcotráfico y

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Entre los detonantes se encuentran el asesinato de varios dirigentes políticos y secuestro de un avión comercial que cubría una ruta nacional por parte de las FARC-EP; estas a su vez acusaban al gobierno de “evadir su responsabilidad” en la creciente expansión del paramilitarismo desde 1998, auspiciada por ganaderos, industriales y poderes hegemónicos que buscaban por todos los medios truncar el proceso de paz.

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reparación. El proceso viene siendo apoyado por Cuba y Noruega, el acompañamiento de Venezuela y Chile y la veeduría de la ONU y la OEA.

El análisis documental, indica que las instituciones buscan de diversas maneras para formular principios para la reconciliación y la paz que se pueden establecer como punto intermedio entre el minimalismo y maximalismo.

Los presupuestos teóricos que rigen los planes de acciones del gobierno derivan hacia un acompañamiento a las personas afectadas por la violencia, que auspicia espacios para escuchar “la voz de las víctimas”. Sin embargo, la construcción de este escenario, no ha sido suficiente; no hay lugar de reconocimiento para las víctimas. Se habla de ellas, pero el mismo mecanismo se encarga de desplazar su realidad. El modelo procedimental y deontológico, en el que se suscriben sus principios, afirma el punto de partida desde la justicia, pero se diluye ante la complejidad de fuerzas endógenas y exógenas del problema.

En este aspecto, la justicia transicional, promovida desde el Estado, no ha logrado su objetivo que es reconocer a las víctimas, ni tampoco facilitado iniciativas de paz sostenibles, debido a que ella misma es una justicia adaptada a sociedades que se transforman así mismas después del cese de hostilidades y fin del conflicto armado. Precisamente, este último aspecto, ha sido fuente de crítica de otros sectores, pues, hasta la fecha (2012) la aplicación completa de derechos sin existencia de negociaciones de paz y el fracaso de la mayoría de los procesos de judicialización y acceso a la Verdad, han limitado y puesto en duda la capacidad estatal y social para resolver el problema de la violencia.

En este caso, la sociedad colombiana, si bien, cuenta con herramientas sociales para transformarse a sí misma, no obstante, es reducida su acción, pues, ni la guerra ha cesado, ni la firma con integrantes de los grupos armados garantiza el fin del conflicto. El hecho de reconocimiento de algunas víctimas por crímenes de lesa humanidad perpetrados por grupos ilegales, no es suficiente, porque las dinámicas del establecimiento del orden social, no facilitan el encuentro directo entre los actores que han cometido la violencia y las víctimas. Si bien, ha habido reconocimiento público en medios de comunicación social y periodística, permanecen los actores violentos que justifican sus actos de barbarie, de allí que un espacio para la reconciliación sea reducido y en la gran mayoría de casos, se derive a un perdón individual y olvido.

Aunque se determinen propuestas como el Marco Legal para la Paz, para dar coherencia a los mecanismos de justicia transicional en Colombia, que permita al mismo tiempo la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas y el logro de la transición hacia la paz, no será posible si no se encara radicalmente la violencia y sus efectos que por desconocimiento afectan a las víctimas.

En este sentido, la Verdad institucional se refleja, según Focault, citado por García: (2010) en que la Verdad no es una entidad trascendente, es más bien un producto de las reglas procedimientos que una sociedad ha establecido para clasificar los enunciados en falsos o verdaderos. “Estas reglas que limitan la producción de la verdad están en función de la estabilidad de las fuerzas políticas que gobiernan una sociedad” (García, 2010: 194) Es decir, los acuerdos políticos son atravesados por la indeterminación del deseo, que impide el reconocimiento del otro, y por tanto, excluyentes; como se ha descrito

en la teoría mimética, la inmersión en las realidades de la mímesis, hacen que los actores desconozcan los efectos de sus rivalidades. En el caso colombiano, la pasión potencia a la adhesión de un modelo, que generalmente mantiene un modo violento de apropiación, por el efecto de la mediación interna. El modelo de verdad y justicia, por tanto, repercute en la incapacidad de la sociedad para lograr la reconciliación.

Si bien, como lo han indicado las instituciones, el papel político de la mujer para buscar la reconciliación es preponderante, se deben precisar algunos elementos importantes. El tema de género no es lo esencial para promover la reconciliación; no pasa si se tiene mayor capacidad de hombres o mujeres para iniciar o continuar procesos de cohesión. El punto vital es situar frente a la violencia, el amor maternal de una persona sana y no inmersa en las rivalidades del deseo mimético. Siguiendo a Astell (2004), el amor maternal desprovista de rivalidades del deseo mimético tiene dos características: es entrega totalmente al otro que en la tradición judeocristiana está descrito como el amor compasivo o amor ágape, como total donación, salida de si, vaciamiento hacia el otro. Y la otra característica es que la mirada del hombre hacia el otro como creatura de Dios, reivindica la bondad de las personas, lo cual lleva a detener la violencia. De esta manera, la compasión materna es la comprensión de la revelación del mecanismo victimario, porque ve la bondad en la vida misma de cada víctima potencial, independientemente de lo que esa persona ha hecho o es capaz de hacer.

CAPÍTULO V.