1982-1987
A pesar de haber restablecido la democracia, Bolivia no salió de sus problemas. Los años 1982 a 1986 fueron muy difíciles para Bolivia y para CIPCA. Primero, porque no era nada fácil empezar de nuevo después de dos años de tortura, exilio y asesinatos en el país. Segundo, porque el gobierno de la UDP no logró consolidarse ni responder a la explosión de demandas de la población y a expectativas reprimidas durante años de dictadura. Tercero, porque no supo controlar la hiperinflación que le obligó a recortar su mandato y tuvo como consecuencia la implementación del programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Las medidas, implementadas por el gobierno que le sucedió, significaron la crisis definitiva del sector minero, el desmantelamiento de las ya tan devaluadas instancias estatales en apoyo al desarrollo rural y la masiva migración de mineros y campesinos al trópico de Cochabamba y a las ciudades, en especial a El Alto. Si estos acontecimientos no fueran suficientes, en 1985 se produjo una crisis al interior de CIPCA que obligaría a repensar y reordenar el trabajo. RESEÑA HISTÓRICA
El gobierno de Hernán Siles y su frente Unión Democrática Popular (UDP) tuvo una vocación democrática, pero a la vez no fue capaz de administrar la grave crisis económica que los gobiernos anteriores –tanto del MNR como militares– habían dejado como herencia. Con minoría en el congreso, en el medio de una dura oposición de MNR y ADN y una presión insoportable de los partidos de izquierda y de la COB al mando de Juan Lechín, el ejecutivo se encontró huérfano. Adicionalmente el MIR, en una muestra de inmadurez política, abandonó el gobierno a los pocos meses de haber impuesto una desdolarización que llevó al desastre a miles de pequeños ahorristas.
CIPCA y poder campesino indígena. 35 años de historia. CIPCA se recupera (1982 - 1987) Con la euforia de la democracia, los movimientos campesinos empezaron
a tener una gran actividad en todo el país. Los bloqueos de caminos, iniciados ya en tiempos de Banzer, pasaron a ser un método habitual de lucha, equivalente en alguna medida a lo que son las huelgas para los obreros. Proliferaron también las tomas de proyectos e instituciones (por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización), en la esperanza de que en sus manos funcionarían mejor, cosa que no ocurrió, sea porque desde arriba les congelaron los recursos o porque, además de buena voluntad, se necesitaba destreza técnica.
El gobierno se encontró con que tenía que dar respuesta a un conjunto de demandas de una población que había estado callada durante casi 11 años de dictaduras. Esa explosión de pedidos impidió también una gestión exitosa. En todos los sectores sociales había una enorme expectativa puesta en la democracia, pensando que iba a resolver todo: desde el pleno empleo y salarios justos hasta los conflictos por linderos entre comunidades campesinas, pasando por una euforia de libre expresión y movilizaciones sociales desbordadas (Toranzo, 1999). La CSUTCB llegó a su máximo nivel de representación, organización y convocatoria en 1984, a tal punto que se debatió largamente la posibilidad y conveniencia de ser parte orgánica del gobierno de la UDP. Con el retorno a la democracia se consolidaron también nuevas organizaciones campesinas– indígenas. En 1982 se fundó la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB)62. La CIDOB fue apoyada desde 1980 por la ONG Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) que propició encuentros entre los pueblos étnicos de las tierras bajas como los isoseño-guaraní, ayoreo y chiquitano, luego los guarayo y -–con el correr de los años– entre el resto de los pueblos indígenas de las tierras bajas.
En el seno de la CSCB, y en parte también de la CSUTCB, fue tomando cuerpo en la región tropical del Chapare (Cochabamba) un grupo específico de pequeños productores de hoja de coca, en su inmensa mayoría inmigrantes empobrecidos de las tierras altas y algunos mineros despedidos de la quebrada COMIBOL, cuyo número fue aumentando notablemente a partir de la creciente demanda comercial que tenía este producto, materia prima de la cocaína. Con los años, unos y otros irán tomando roles más protagónicos en el país.
Todo ello ocurría en el contexto de una crisis económica generalizada, que se arrastraba desde fines de los años 70 y que incidió también en la caída de
los regímenes militares. En menos de dos años la situación económica tocó fondo. La producción cayó en un 40%, las exportaciones descendieron de 1.030 a 670 millones de dólares, el PIB decreció hasta el límite de –4,5% en 1983. La inflación, que ya era alta en 1982, terminó degenerando en hiperinflación. La causa inmediata fue la crisis de la deuda externa, cuya gravedad y duración fueron subestimadas por el gobierno de Siles Zuazo. En 1982, la deuda externa había alcanzado el 106% del PNB y 362% de las exportaciones (Morales y Pacheco, 1999: 182). Las tasas de inflación anuales alcanzaron los siguientes porcentajes: 123% en 1982; 276% en 1983; 281% en 1984, y 11.750% en 1985 (ibid).
Para colmo, en la zona del Altiplano y de los Valles, la población tuvo que enfrentar un desastre natural de gran envergadura: una de las sequías más agudas de su historia, en el año agrícola 1982-83, significó hambruna y la pérdida de toda la cosecha; no solamente se perdieron los cultivos para la alimentación de las familias, sino también las semillas para el próximo año agrícola.
La crisis económica de los años anteriores había colocado la cuestión del acceso a la tierra de nuevo en la agenda nacional. Estando todavía en la clandestinidad, la CSUTCB elaboró y finalmente presentó una nueva ley para reemplazar la Ley de Reforma Agraria de 1953. Esta propuesta, conocida como Ley Agraria Fundamental, reflejaba un alto nivel de pensamiento conceptual y teórico del movimiento campesino-indígena63. El gobierno de Hernán Siles Suazo recibió la propuesta en una masiva concentración campesina- indígena en 1985, pero no llegó a ser considerada por el Congreso Nacional. Algunos aspectos fueron incluidos más tarde en la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, conocida como la Ley INRA de 1996 (Kay y Urioste 2005: 16). En línea con aquella Ley Agraria Fundamental, en julio de 1983, la CSUTCB había creado la Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA), cuya personería jurídica fue aprobada por el gobierno de Hernán Siles Suazo el 23 de abril de 1984.
La crisis, con hiperinflación y desabastecimiento generalizado, causó una movilización laboral sin paralelo desde los años cincuenta. Las huelgas, bloqueos y marchas llegaron al paroxismo; el Banco Central estuvo parado 51 días y le cortaron el agua y la luz al Palacio de Gobierno y a la casa presidencial. Las demandas por aumentos salariales estaban llevando al país 62 En su historia institucional, CIDOB ha cambiado varias veces de nombre. El nombre actual
CIPCA y poder campesino indígena. 35 años de historia. CIPCA se recupera (1982 - 1987) al borde de la desintegración y poniendo en grave riesgo la democracia. En
marzo de 1984, 12.000 mineros tomaron y paralizaron la ciudad de La Paz. En junio el Presidente fue secuestrado por diez horas en un intento frustrado de golpe. El deterioro fue tal que obligó a Siles Zuazo a acortar su mandato y llamar a elecciones anticipadas.
En 1985 Hugo Banzer ganó la elección por mayoría relativa frente a Víctor Paz Estenssoro que obtuvo el segundo lugar. Pero el congreso no ratificó a Banzer, sino eligió a Paz Estenssoro. Paz comenzó su gobierno del MNR con una frase dramática pero real: “Bolivia se nos muere”. Un equipo económico, al mando de Gonzalo Sánchez de Lozada (Presidente del Senado, Canciller y luego Ministro de Planeamiento), diseñó un decreto con medidas económicas que se conoció para la historia por su número, el 21060. Era el comienzo de una nueva política económica en el país, la del ajuste estructural, impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La COB rechazó el decreto 21060 y fue a la huelga. El gobierno respondió con el estado de sitio y el confinamiento de dirigentes.
El año 1985 marcó el fin del ciclo estatal iniciado con la Revolución del MNR, conocido como el “Estado del 52” y la puesta en marcha del sometimiento de la economía y la sociedad bolivianas a las políticas neoliberales del ajuste estructural. El decreto buscaba la reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento salarial y un aumento radical del precio de la gasolina –que cubrió en casi un 50% los ingresos del tesoro por varios años–, el cambio real y flexible del dólar a partir del mecanismo del bolsín –una subasta diaria de dólares en función de la oferta y la demanda–, la libre contratación, la reducción de personal del Estado, la liberalización total del mercado y una reforma tributaria. El peso boliviano, que había llegado a cotizarse en 1’800.000 por dólar, fue sustituido por el boliviano, con seis ceros menos.
Las medidas tuvieron éxito gracias a una alianza entre Paz y Banzer (octubre del 85) en el llamado Pacto por la Democracia que le dio al gobierno mayoría en el parlamento y le permitió aprobar las leyes que requería. En 1986 la brutal caída de los precios del estaño forzó a tomar medidas todavía más drásticas, entre otras la llamada ‘relocalización’, es decir, el despido de 21.000 de los 27.000 mineros con que contaba entonces la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Este despido masivo provocó una marcha desde Oruro a La Paz de más de 10.000 trabajadores mineros. Decretado el estado de sitio, el gobierno detuvo a los marchistas en medio camino con ayuda del ejército. Fue el último intento de los mineros por oponerse a la relocalización y salvar la minería nacionalizada.
Con el nuevo enfoque, se adoptó la política de liberación total de los precios internos de los productos agropecuarios. Hasta ese momento, la política estatal había sido la de fijar precios tope a los alimentos producidos en el país para, de esa manera, proteger a los consumidores urbanos, cargando el peso de la crisis inflacionaria en el área rural (Urioste, 2002: 35). Ya desde los años 70, se tendió a disminuir el porcentaje del gasto público asignado al sector campesino, dentro del total del gasto público agropecuario. El porcentaje del gasto total del gobierno central para las familias campesinas varió, en la década del 80, entre solamente 5,1 y 10,2% (Niekerk, 1994: 25). En el período 1981–1987, se produjo una tasa negativa de crecimiento de la producción agropecuaria de –0,2%, en parte causada por desastres naturales. Pero el deterioro fue aún mayor para el período 1986-1989 en que el PIB agropecuario per cápita decreció en un -17,8% (ibid: 19).
En 1985, con el decreto 21060, retornó el Banco Mundial a Bolivia después de seis años de ausencia. Estados Unidos incrementó también su apoyo, por lo que se puede decir que a partir de 1987 Bolivia entró en la etapa de grandes ofertas de ayuda de cooperación, tanto multilateral, como bilateral y privada. Poco a poco, la inversión en proyectos de desarrollo rural empezó a depender mayoritariamente de los recursos de la cooperación internacional y, en menor proporción, de fondos genuinamente nacionales. En los últimos años la Ayuda Oficial al Desarrollo (Official Development Aid–ODA) llegó a un poco más del 12% del PIB (Urioste, 2002: 119).
El gobierno tomó también medidas que afectaron seriamente al agro y, sobre todo, a los pequeños productores agrícolas: fueron suspendidas todas las actividades de apoyo como el crédito, la investigación y la extensión agropecuaria. Se clausuró el Banco Agrícola en 1985, hasta entonces la más importante fuente de financiamiento público para los agricultores. La investigación y difusión tecnológicas quedaron prácticamente ausentes del campo. El Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) entró en un largo proceso de disolución sin que se proponga ninguna opción alternativa. Más tarde se ha constituido el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) compuesto por cuatro fundaciones para el desarrollo tecnológico: en el altiplano, los valles, el trópico húmedo y el Chaco.
Otro factor que influyó en el achicamiento del Estado fue la ineficiencia y la corrupción de las instituciones públicas: cajas agrarias quebradas por malversación y fondos agrícolas ahogados en carteras irrecuperables. Pero al clausurar estas instituciones se dejaron a los productores sin referentes públicos.
CIPCA y poder campesino indígena. 35 años de historia. CIPCA se recupera (1982 - 1987) Al mismo tiempo, se establecieron subsidios directos e indirectos –en medio
del auge del neoliberalismo– no a los pequeños productores empobrecidos sino a los exportadores de monocultivos (Urioste, 2002: 118). La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se convirtió en un dinámico centro de articulación de las reivindicaciones de la gran mayoría de los productores agropecuarios del departamento de Santa Cruz. Representaba al sector moderno de la agricultura y ganadería nacionales, prestaba servicios técnicos y productivos a miles de afiliados, incluyendo tanto a grandes productores como a pequeñas empresas. Además, tenía muy importantes vínculos con sectores financieros y político parlamentarios (ibid: 33).
De este modo, la pobreza generalizada en el campo produjo un fuerte flujo migratorio rural urbano, que en 15 años se reflejó en la disminución de la población rural del 58,3% en 1976 al 42,5% en 1992. Un resultado no pretendido de estos procesos demográficos ha sido un mayor acercamiento económico, social y cultural entre el campo y las nuevas periferias urbanas empobrecidas.
Una forma de ayuda controvertida fue la alimentaria. A través de la llamada PL 480 (Ley Pública 480) de los Estados Unidos, que empezó a operar ya en 1955, Bolivia recibía, a fines de los años 80, 30 millones de dólares anuales. Según estimaciones del Banco Mundial, alrededor del 21% de la población recibía donaciones de alimentos en aquellos años. Las donaciones de trigo fueron muy cuestionadas por el impacto negativo que habrían tenido sobre la producción nacional (ibid: 27).
Para terminar este panorama es indispensable destacar el rol protagónico que empezaron a desempeñar en la economía boliviana el cultivo de la hoja de coca y el narcotráfico. Como es sabido, la coca es un elemento ancestral de la cultura andina, con todo tipo de usos medicinales, dietéticos, reconfortantes y rituales, tanto entre los pueblos indígenas como en el resto de la población. Su asociación con la cocaína es cosa ajena y reciente, pero ha implicado todo tipo de problemas para los pequeños productores.
El boom de la cocaína en Bolivia empezó durante la dictadura de Banzer y su elaboración y comercialización estaba entonces sobre todo en manos de gente de clase media y alta, ligada o no a sectores gobernantes. Posteriormente, y en respuesta a diversas presiones del mercado, se ha expandido también a otros sectores, incluidos algunos sectores populares. La protección que se dio al narcotráfico durante los años de dictadura de García Meza y Arce Gómez consolidó una industria ilegal que creció incesantemente hasta bien avanzados los años 90.
Se estima que en Bolivia se producía en 1985 más de 135 mil toneladas métricas de hoja de coca en aproximadamente 70.000 hectareas. Se calculaba que casi un 10% de la población estaba, directa o indirectamente, vinculada a la economía de la coca. El valor bruto de la producción de la hoja de coca representaba alrededor de 300 millones de dólares, equivalente al 45% del valor total de la producción agropecuaria del país. En 1950 había en Bolivia menos de 3.000 productores de hoja de coca para el consumo tradicional, en 1987 ese número se había incrementado a alrededor de 70.000 productores (Van Niekerk, 1994: 21). Esta expansión se debe no tanto al mayor consumo interno de la hoja de coca, sino más bien al incremento de la demanda externa para la cocaína.
A partir de 1985, en el contexto de la ambigua retórica de la “guerra contra las drogas”, la erradicación de la hoja de coca aumentó notablemente con la participación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), órgano especializado de la Policía Nacional con una fuerte presencia militar norteamericana. Con poco debate, se aprobó incluso la Ley 1008, dictada en gran medida por Estados Unidos, que no respeta el principio constitucional de presumir la inocencia del acusado y distingue entre áreas de producción legal (Yungas) y áreas de producción ilegal y excedentaria (Chapare) de hoja de coca. La ley fue el instrumento más duro que se haya aprobado para el combate contra las drogas, tanto que en algunos aspectos pasa por encima de la constitución del país y cuenta con tribunales especiales y fiscales de narcóticos casi omnipotentes (Mesa et al., 2003:750). Empezó también a plantearse la meta “coca cero”.
En la práctica, los “enemigos principales” en esta “guerra” pasaron a ser los pequeños productores de hoja de coca –actividad en sí misma no delictiva– por ser el eslabón más débil de la cadena. Hay que resaltar que desde siempre, antes y después del boom de la droga, la producción de hoja de coca ha estado en manos de pequeños productores campesinos, emigrados de las regiones andinas en búsqueda de mejores oportunidades. Son estos pequeños productores los que, acabando de llegar con esta finalidad a las zonas productoras de la hoja de coca, se encontraron inmersos en medio de la “guerra”. Esta situación generó también conductas ambiguas en ellos, por ejemplo, cuando se vieron empujados a participar en el proceso mismo de transformación en pasta básica, para compensar la baja de precios inducida artificialmente desde arriba; por no hablar de los “proletarios de la cocaína”, es decir, inmigrantes temporales contratados, por sueldos algo mayores que los habituales, para cargar grandes
CIPCA y poder campesino indígena. 35 años de historia. CIPCA se recupera (1982 - 1987) fardos de coca (cepes), para pisarla en pozas de maceración destrozando sus
pies (pisacocas), o para otras varias actividades secundarias relacionadas con el proceso de transformación de la hoja de coca y comercialización de la cocaína.
En este contexto de “guerra”, los cocaleros empezaron a organizarse, en un permanente forcejeo entre la necesidad de salvar su economía, basada en la producción de hoja de coca, y la permanente amenaza de erradicación forzosa de esta planta por ser también materia prima de la cocaína. Se convirtieron así, con el correr de los años, en uno de los grupos sociales más activos del país. En sus permanentes marchas y movilizaciones ha habido decenas de muertes, mayormente de cocaleros, pero también de soldados y policías.
Dentro de este contexto nacional, CIPCA logró dar respuestas interesantes a la problemática del campo: primero, con una acción coordinada de emergencia durante la sequía de 1982-83 y, luego, con la elaboración y ejecución de la propuesta de las Comunidades de Trabajo (CDT) como alternativa económica para el desarrollo rural. Pero antes de describir éstos y otros aspectos, trataremos primero dos corrientes de pensamiento que estaban en auge en la primera mitad de los años 80 y que han influido también el quehacer de CIPCA: la educación popular y el desarrollo rural integrado.
CORRIENTES DE PENSAMIENTO
Educación popular e investigación participativa
En los años 80 una forma específica de la educación no formal de adultos ganó fuerza entre las ONG dedicadas a la promoción social. Los discursos teóricos de la educación liberadora, la teología de la liberación y la investigación- acción –corrientes tratadas en el primer capítulo– tienen varios principios claves en común, los mismos que han influido en la teoría y la práctica de la educación popular y la investigación participativa.
De las críticas a la investigación tradicional podemos resumir tres tendencias: • Investigadores que enfatizaban la necesidad de una nueva relación
entre investigador e investigado, entre sujeto y objeto de la investigación