Coherencia de políticas para el desarrollo

Uno de los elementos sin apenas presencia en la Declaración de París, y sin embargo imprescindible para una ayuda eficaz, es la coherencia de políticas (CPD). Su importancia viene siendo puesta de manifiesto de manera creciente en los marcos que orientan la cooperación al desarrollo. Así por ejemplo, para el CAD la coherencia de políticas para el desarrollo constituye uno de los cinco aspectos centrales de las directrices para la reducción de la pobreza (OCDE, 2001), mientras que el ECOSOC (2010) destaca la promoción de una mayor coherencia como uno de los temas principales del Foro de Cooperación para el Desarrollo. Por su parte, también la sociedad civil se hace eco de la CPD y así por ejemplo, en el Encuentro sobre Objetivos del Milenio y Coherencia de Políticas celebrado en Madrid en mayo de 2010, se destacó su relación con la consecución de los ODM.

La coherencia de políticas para el desarrollo puede definirse como: “la confluencia de los objetivos

de las distintas políticas implementadas por los donantes en los países receptores, así como la consistencia de los impactos perseguidos” (FRIDE, 2007).

La coherencia de políticas supone un instrumento para contrarrestar los riesgos de que la

cooperación al desarrollo atienda a unos intereses diferentes a los de la erradicación de la pobreza. Para la Coordinadora de ONGD de Euskadi , estos intereses pueden ser diversos: desde el establecimiento de alianzas geoestratégicas al acceso a mercados y recursos extranjeros, pasando por el deseo de mantener la gobernabilidad en los países periféricos dentro de los

parámetros impuestos por los países donantes, la promoción del capitalismo o simplemente la

proyección de una buena imagen internacional. En todos estos casos se trata de interferencias negativas que conducen a la anticooperación, puesto que los fines son contrarios a los de la

cooperación al desarrollo89.

El CAD89 identifica los siguientes tipos de coherencia de políticas: coherencia interna entre las

políticas de desarrollo; coherencia intra-país, entre las políticas de un único donante, sean o no políticas de ayuda; coherencia entre donantes; y coherencia donante-socio para lograr unos objetivos de desarrollo compartidos. Por su propia naturaleza, la coherencia de políticas para el

desarrollo no puede ser abordada de manera aislada, sino teniendo en cuenta otros elementos

como son la relación entre las políticas de desarrollo y otras políticas, la influencia que puede ejercer la cooperación al desarrollo a la hora de reformar las políticas internas de los países receptores, o la necesidad de paz y estabilidad política para alcanzar el desarrollo. Por otro lado, el CAD hace hincapié en la responsabilidad de los países en desarrollo a la hora de asegurar políticas internas coherentes.

Una reflexión realista compartida por distintos organismos89_{, concluye que es imposible que se dé}

una coherencia de políticas plena, si bien existen mecanismos para lograr buenos resultados, como el trabajar de manera interinstitucional e intersectorial, examinar sistemáticamente la legislación

o elaborar directrices de políticas de reducción de la pobreza aplicables a todas las instancias

gubernamentales. Para algunos, la complejidad de la coherencia pasa por actuar de manera

pragmática y “definir metas concretas y precisas, alcanzables y medibles” (CONGDE, 2010. p. 12),

evitando la retórica y la ingenuidad. Otros, de una manera más resignada, simplemente asumen la existencia de un cierto grado de incoherencia, justificado por la multiplicidad de intereses y dimensiones de la acción pública89.

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89 _{De hecho, la RDC reitera en sus informes su agradecimiento al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuyo apoyo}

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En la reunión ministerial de la OCDE celebrada el 4 y 5 de junio de 2008, se adoptó la Declaración Ministerial de la OCDE sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo, reafirmando su compromiso con la CPD y la importancia de lograr las metas de desarrollo internacionalmente acordadas, incluyendo las contenidas en los ODM. En esta Declaración se pone de manifiesto:

“… Que el éxito en la reducción de la pobreza requiere políticas sobre un amplio rango de temas económicos, sociales y medioambientales, que se apoyen mutuamente […]

Esta es la base de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo [...] Reafirmamos

nuestro fuerte compromiso con la CPD y enfatizamos su importancia para alcanzar los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluyendo los ODM” 89.

En lo que respecta a la Unión Europea, la coherencia de políticas para el desarrollo ha adquirido una importancia creciente desde que fuera introducida en el Tratado de Maastricht (1993). En el marco del actual Tratado de Lisboa, en vigencia desde diciembre de 2009, la coherencia entre políticas y acciones está contemplada en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea89. En lo

referente a la cooperación al desarrollo, que tiene como objetivo final la erradicación de la pobreza, la UE aboga por la complementariedad, la coordinación y el refuerzo mutuo89.

Con anterioridad al Tratado de Lisboa, en 2005, los Presidentes de la Comisión, del Parlamento y del Consejo habían firmado una declaración de política de desarrollo de la UE, el llamado Consenso Europeo89. Este documento define el contexto de principios comunes en el que la

Unión y sus Estados miembros aplicarán sus respectivas políticas de desarrollo con un espíritu de complementariedad. El Consenso define el principio de coherencia como el compromiso por que las políticas distintas de las de Ayuda al Desarrollo contribuyan a que los países en desarrollo alcancen los Objetivos del Milenio89. A partir de aquí se identificaron doce áreas prioritarias, cada

una de las cuales fue puesta en relación con uno o más de los ODM.

De la lectura de los informes realizados por la Comisión Europea en 2007 y 2009 se infiere que, si bien desde las instituciones europeas existe conciencia del impacto de las políticas de la UE más allá del desarrollo, el proceso hacia la coherencia de políticas está todavía en una etapa temprana. Estos informes también ponen de manifiesto que los avances han sido mayores a nivel de la UE que en los países. Una de las conclusiones del informe de 2009 es que la coherencia de políticas para el desarrollo es un concepto complejo y difícil de poner en práctica. Para tratar de reducir esta complejidad, las doce prioridades iniciales se redujeron a cinco: cambio climático, comercio y finanzas, seguridad alimentaria, migración y paz y seguridad.

En el Estado Español, la base legal del principio de coherencia de políticas se sustenta en el artículo 4 de la Ley 23/1998 de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. En virtud de este

artículo, los objetivos y principios de la política de cooperación internacional para el desarrollo

prevalecen sobre el resto de políticas estatales, tanto de ámbito interno, como externo. Así mismo, la coherencia de políticas está contenida en los Planes Anuales de Cooperación (PACI) y en los Planes Directores de la Cooperación Española. Por su parte, el III Plan Director 2009-2013,

actualmente vigente, reconoce la importancia de la coherencia de políticas para el desarrollo a la

hora poner en práctica distintas políticas para luchar contra la pobreza:

“La CPD, pues, supone tratar de minimizar el riesgo de producir efectos negativos sobre la pobreza, los ODM y resto de objetivos internacionales, buscando la existencia

del mejor impacto posible de cada política o de cada intervención en cualquiera de

sus ámbitos[…] La CPD supone también la incorporación en las distintas políticas sectoriales del objetivo de contribuir a los Objetivos de Desarrollo. Ello facilitará que las

consideraciones sobre la repercusión de cada política sobre el desarrollo de los países

más pobres no impidan la consecución de sus objetivos sectoriales tradicionales. Esta

transversalidad de los objetivos de desarrollo responde a la necesidad de considerar el compromiso por lograr los objetivos de desarrollo como una política de gobierno”

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En lo que respecta a la CAPV, la coherencia de políticas está recogida en la Ley 1/2007 de 22 de febrero de Cooperación para el Desarrollo en su artículo 3.11. Por su parte, el Decreto 158/2008 de 16 de septiembre (Art. 2d) establece que una de las funciones del Consejo Vasco de Cooperación, es la de emitir un informe sobre el grado de cumplimiento del principio de la coherencia de las políticas.