práctica, del discurso a los hechos Liliana Zambrano
I. Ley de víctimas y restitución de tierras (LEY 1448/2011)
La promulgación de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011 “por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, es un acto de reconocimiento que tiene un fuerte componente simbólico:
visibiliza y reconoce la dignidad de las víctimas y la injusticia de los hechos; así como, representa compromisos públicos del Estado en materia de reparación y prevención. A pesar de no ser perfecta y de tener varios reparos y limitaciones, ha sido interpretada por la sociedad colombiana en general, por investigadores y defensores de derechos humanos; así como, por agentes de la comunidad internacional, como un gran avance hacia la construcción de la paz en Colombia. A continuación se señalan los principales puntos de la Ley:
1. Reconocimiento de los derechos de las víctimas
Un primer punto a resaltar de la Ley es que pone en el centro de la política pública los derechos de las víctimas, hace un reconocimiento público de su sufrimiento y señala la obligación del Estado de darles protección, reparación e indemnización.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos no siempre han estado visibilizadas. Han sido vistas como un daño colateral de los conflictos armados, como un mal menor de las guerras, como parte de los costos que hay que pagar por defender unas ideas políticas o, en ocasiones, como seres desconocidos o lejanos que tuvieron la mala suerte de verse afectados por la violencia directamente. En Colombia las víctimas eran un dato más para las estadísticas, no eran reconocidas como sujetos de derechos.
La Ley 387 de 1997 de atención a población desplazada y el posterior desarrollo de jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-025), así como el trabajo de varias organizaciones
nacionales e internacionales, son el principal antecedente del reconocimiento de las víctimas como
sujeto de derechos. La visibilidad, la denuncia, el reconocimiento, empiezan a vislumbrase como
mecanismos de protección, como estrategias contra el silencio, el miedo y el terror que se tiene
acostumbrado.
Sin embargo, aún queda mucho para una plena identificación y reconocimiento de las víctimas en Colombia. La Ley 1448, la Ley 975 de Justicia y Paz y con ella la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación y del Grupo de Memoria Histórica; sumado a un cada vez mayor levantamiento, organización y lucha por las reivindicaciones por parte de las víctimas;
son tan sólo los primeros pasos para ir creando las condiciones para un mayor reconocimiento
de las mismas, no únicamente para el ejercicio de los derechos que han de ser restituidos, sino
como una oportunidad para recopilar los casos, las voces, las memorias e historias de las victimas,
reconstruir su verdad y recordar la tragedia ocurrida.
2. Reconocimiento de la existencia de un conflicto armado
Un segundo aspecto a señalar es que la Ley 1448/2011, reconoce que en Colombia sí hay un conflicto armado de carácter interno, según lo establece el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949. Además reconoce que ese conflicto ha dejado víctimas, razón por la cual se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral contempladas en esta normativa. Agrega además, que esta definición, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales. Es decir, que con esto no se modifica el estado jurídico de las Partes.
Reconocer el conflicto armado en Colombia no significa legitimar a las guerrillas. El Derecho
Internacional Humanitario no entra, en ningún caso, a evaluar las razones de la confrontación
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ni a considerar si los fines de quienes la libran son o no legítimos. Reconocerlo, por el contrario, significa imponer a todos los combatientes las obligaciones jurídicas humanitarias. En este caso las establecidas en el artículo 3º común y el Protocolo II de 1977, previstas para los conflictos armados de índole no internacional. Por otro lado, reconocer la existencia de un conflicto armado tampoco significa conferir estatus de beligerancia a los guerrilleros. Tal condición sólo podría reconocerse,
si éstas, como resultado de su acción armada lograran adquirir y mantener los atributos de un
Estado, lo cual no es el caso52.
Durante la administración del Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2009) se negó la existencia de un conflicto armado en Colombia. Para el ex presidente lo que había en Colombia eran un grupo de
“bandidos narco terroristas” 53, que desestabilizaban el orden público, desconociendo con ello las
causas estructurales del conflicto o lo que en su momento el ex presidente Belisario Betancur, con el inicio de los procesos de paz con las guerrillas en 1982, llamó “las causas objetivas del conflicto”.
La opción militar y el temor a un reconocimiento de beligerancia de las guerrillas estaban detrás de
esta interpretación y del uso de este tipo de lenguaje.
3. Reconocimiento del territorio como centro de gravedad de conflicto
Un tercer punto de gran importancia de la Ley es que define la restitución de tierras como parte de la reparación integral, eje central del conflicto y, en consecuencia, elemento clave para su resolución.
El conflicto en Colombia se desarrolla dentro una lógica de territorialización. Durante los años 60 y 70 del pasado siglo XX, con el origen de los movimientos guerrilleros, se peleaba por una reforma agraria, por una redistribución de la tierra entre el campesinado. Hoy en día, después de casi cincuenta años de lucha, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sigue ubicando al país entre los lugares con mayor desigualdad en Latinoamérica (indicador de Gini del 0,85), con una elevada concentración de la tierra. Según el Informe de Desarrollo Humano de Colombia 2011 del PNUD, el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de
la población, mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones54. Es así como la
democratización de la tierra sigue siendo una pendiente.
En la década de los 80 y en adelante, la irrupción del fenómeno del narcotráfico transformó la lógica
de la guerra al pasar de ser esencialmente una lucha por la igualdad de derechos a mezclarse
con intereses propios de las economías de la guerra. Las Farc adoptaron el negocio de las drogas ilícitas como una de sus principales fuentes de financiación cayendo así en una lógica perversa en donde la lucha revolucionaria empieza a confundirse con el negocio lucrativo de las guerra. Este hecho trae consigo dos tipos de distorsiones: tiende a cambiar la guerra política por una guerra económica, y tiende a que las convicciones sean desplazadas por el afán de lucro55.
La confrontación por el territorio se mantiene, pero ya no como forma de control social y político, sino a manera de control estratégico, de control funcional en donde lo prioritario no es tanto la influencia sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra56.
La realidad actual es la de una competencia constante, con disputas y alianzas, entre todos los
actores armados ilegales: guerrillas, bandas y narcotráficantes, por el control de zonas estratégicas
para el cultivo, el procesamiento, el control de rutas claves y áreas de paso para el transporte y la
salida hacia el exterior de las drogas ilícitas. La población civil que vive en medio de esa guerra de intereses y que poco se beneficia de sus réditos, representan a la mayoría de víctimas recientes
52 BORDA, Ernesto. Precisiones al ex presidente Uribe. En Revista Dinero, 19 de Mayo de 2011.
53 A finales de su primer presidencial, pero fundamentalmente en el segundo mandato el ex presidente Uribe recrudeció su lenguaje hacia
las guerrillas refiriéndose a ellas como bandidos y narcoterroristas en la mayoría de sus discursos, Para una primera aproximación del discurso ver: POSADA, Carbó Eduardo. El lenguaje del presidente Uribe frente al terrorismo. En Ideas para la paz. Sin fecha.
54 Colombia, uno de los países más desiguales por concentración de tierras, Revista Dinero, 25/09/2011. Consultado en la Web:
http://www.dinero.com//actualidad/pais/articulo/colombia-paises-mas-desiguales-concentracion-tierras/136124
55 Para mayor información sobre economías de la guerra ver estudios de Paul Collier sobre economías de la guerra.
56 ECHANDIA, Camilo; BECHARA, Gómez Eduardo. “Conducta de la guerrilla durante el gobierno Uribe Vélez: de las lógicas de control
territorial a las lógicas de control estratégico”, Revista Análisis Político No.57, Bogotá, 2006, pp. 31-54.
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en Colombia. Es claro que mientras no se aborde de manera profunda esta lógica territorial de la guerra no será posible hablar de una verdadera reparación.
La llegada del siglo XXI ha traído consigo también nuevos conflictos relacionados con la dicotomía entre desarrollo y territorio. Una de las “locomotoras”, tal como les ha llamado el presidente Santos
a los sectores de la economía que jalonaran el crecimiento económico en los próximos años, es la locomotora de la minería y la explotación de hidrocarburos que va de la mano de la entrada de grandes multinacionales. Esta política ha suscitado nuevas dinámicas en donde de nuevo el territorio se convierte en un bien preciado, donde incluso bajo la justificación del progreso se
vulneran otro tipo de derechos, como el derecho ambiental o los derechos de territorio de las
comunidades indígenas, afro descendientes o campesinas. La tierras que se deben restituir en
el país están ubicadas muchas de ellas en zonas en donde se están llevando a cabo grandes
proyectos agroindustriales, y preocupa que a última hora se haya incluido en la Ley la figura jurídica
de “contratos de uso”, que abre la puerta para que se mantenga el estatus quo del despojo en
zonas donde están funcionando este tipo de proyectos de agroindustria o de explotación minera.
4. Reconocimiento de medidas especiales con enfoque diferencial
Un último punto que merece mención especial es que las organizaciones de mujeres y de derechos humanos lograron que la Ley incorporara el enfoque diferencial como uno de sus principios, consagrando garantías especiales y medidas de protección para los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones a los derechos humanos, incluidas las mujeres.
En el año 2001 la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Radhika Coomarsaswamy, estuvo en Colombia para investigar las consecuencias del conflicto armado sobre los derechos humanos de las mujeres; el resultado de la investigación arrojó que la situación era grave, sistemática y generalizada. Diez años después la situación no ha mejorado, las mujeres
siguen siendo víctimas de secuestro, de violaciones como humillación personal, como botín
de guerra, de violencia y esclavitud sexual, así como de la utilización sexual para infiltrar a los
enemigos57.
La Ley de Víctimas contempla medidas en materia de violencia sexual, acciones positivas dirigidas a las mujeres víctimas cabeza de familia, medidas especiales para la restitución de tierras y la promoción de la titularidad compartida, entre otros aspectos. Sin embargo, es evidente que legislar
no resuelve por sí mismo la situación de violencia y discriminación contra las mujeres, y requiere
de serios compromisos del Estado para su reglamentación, difusión y aplicación efectiva.