CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN
2. Trabajo, tiempo y género
2.1. Concepto y características de la división sexual del trabajo
La división sexual del trabajo se encuentra en el origen de las resistencias a las que aludimos y por tanto, dedicaremos este apartado a estudiar en qué consiste, cual es su relación con la brecha entre los derechos formales y los derechos materiales, así como algunas propuestas que, desde el movimiento feminista, se han realizado para acabar con la misma.
52 Esquembre Valdés, Mar, “Género y Ciudadanía, mujeres y Constitución”, en Mujeres y Derecho, Feminismos 8
(Alicante: Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, 2006), pp. 35 - 51.
a) En qué consiste la división sexual del trabajo
Una constante que se repite a lo largo de la historia es que en todas las sociedades existe un sistema por el que las personas realizan funciones diferentes, unas consideradas de competencia masculina y otras de competencia femenina. Bajo este modo peculiar de organización, las personas son socializadas para que desde su nacimiento, en función de su sexo biológico, aprendan y acepten como “normal” el desempeño de una serie de tareas y funciones. Es lo que podemos denominar como división sexual del trabajo. A su vez, Judith Astelarra nos explica que a “la organización social que se deriva de la existencia de la división sexual del trabajo se le denomina sistema de género social”53. Dicho de otro modo, se trata de
una serie de procesos que organizan la sociedad de forma que mujeres y hombres sean, actúen y se consideren diferentes, a la vez que determina qué áreas sociales son competencia de un sexo y cuáles del otro. Este sistema garantiza así que en todas las sociedades se asignen roles diferentes a las mujeres y a los hombres, y que luego las personas se adecuen a los estereotipos vigentes. Mujeres y hombres, por tanto, viven en espacios sociales diferenciados, tienen dedicaciones distintas, no ejercen el cuidado de sus seres dependientes de la misma forma, participan de manera diferente en la vida económica, y no comparten muchos de los espacios de la vida público-política.
El origen histórico de este sistema tiene que ver con la organización social de la reproducción humana, siendo la familia su institución fundamental. Para Astelarra, su estructura se sustenta sobre tres niveles:
-la identidad personal: cada sociedad tiene su propuesta de modelos para los sexos; -los roles sociales: cada sociedad asigna a los géneros unas actividades que le son propias, aunque con una constante concretada en que los roles de cuidado de las personas suelen ser femeninos y los de la guerra masculinos;
-por último, los ámbitos sociales: cada sociedad asigna igualmente un valor de género a los espacios donde se desempeñan los distintos roles sociales.
El sistema de género social se ha distinguido siempre por la desigualdad de la situación de las mujeres respecto de los hombres. Esta desigualdad se ha venido expresado a lo largo de la historia bajo diferentes formas de opresión y es lo que en su día se definió por el feminismo como sistema “patriarcal” en el que los hombres tienen una situación de poder, superioridad y ventaja sobre las mujeres. Por tanto, como acertadamente manifiesta Rosa Cobo Bedia, la división sexual del trabajo vendría a ser “la columna vertebral del patriarcado”54. Una de las causas generales de esta desigualdad a lo largo de la historia es la
posición dominante que los hombres ostentan en todos los ámbitos sociales en los que existen recursos, mientras que la escasa presencia de las mujeres en estos mismos ámbitos sociales
53 Astelarra, Judith, Veinte años de políticas de igualdad. Cit., p.15.
54 Cobo Bedía, Rosa, “En el corazón de la igualdad. Notas sobre familia, reproducción y democracia”, Revista Ábaco
2ª Época, nº. 49 (2006), pp. 42-47.
está vinculada, en palabras de Cobo Bedia, “a la existencia de una macroestructura que actúa como sistema hegemónico y que distribuye recursos asimétricamente entre mujeres y hombres. Este proceso de apropiación ilegítima de recursos se ha ido consolidando a lo largo de siglos a través de un sistema de dominio patriarcal que ha situado a las mujeres en una posición crónica de desventaja estructural” 55.
En la sociedad moderna, la división sexual del trabajo desarrolló además una fuerte dicotomía entre el ámbito público/político y el privado/doméstico reforzando los roles sociales a desempeñar en cada uno, acentuando de esta forma la separación del espacio privado/doméstico, lugar destinado a las mujeres, del espacio público/político, predominantemente masculino, de este modo en la modernidad se gestaron los núcleos mas duros de las sociedades patriarcales, en el sentido de que la ciudadanía fue concebida para los hombres y la vida doméstica para las mujeres, de forma que tanto la vida política como la laboral se asientan únicamente sobre el trabajo reproductivo. Por otra parte, la familia, institución central del sistema de género, pierde las funciones económicas, sociales y políticas que tenía en la sociedad preindustrial, lo que supone que la participación social de las mujeres se restringe al ámbito de la familia nuclear y del hogar, convirtiéndose el trabajo doméstico y el papel de esposa y madre en su única actividad, trabajo que, como decimos, fue ignorado como fuente generadora de recursos. Esta forma de división sexual del trabajo, que aún hoy subsiste, se compone de un modelo masculino que se conoce como “male breadwinner” o sustentador principal de la familia y que se mantiene en la actualidad como mecanismo identitario para ambos géneros de manera estable dado que prácticamente no ha evolucionado56.
El modelo femenino se caracteriza por tener asignado la realización de las tareas correspondientes al trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado, tareas que, aun a riesgo de repetirnos, no se consideran generadoras de recursos económicos y que, por tanto, no equivalen a “empleo legítimo”. Se trata más bien de lo que Astelarra denomina como “servicios de voluntariado afectivo”57. Al contrario que el modelo male breadwinner, el modelo femenino
ha evolucionado en las últimas décadas y se caracteriza porque se ha producido la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo “formal” considerándose como normal la asunción y aceptación en este modelo de la denominada “doble jornada”58, ya que esta
introducción de la mujer en lo público no ha sido correspondida con la incorporación del hombre en lo privado, sin un cuestionamiento social frente a esta falta de corresponsabilidad entre géneros. Tal y como señala Cristina Carrasco Bengoa, “la sociedad continúa actuando
55 Ibid.
56 Nuño Gómez, Laura, El mito del varón sustentador. Orígenes y consecuencias de la división sexual del trabajo
(Barcelona: Icaria, 2010). Esta autora, entre otras interesantes cuestiones, analiza el impacto que ha tenido la división sexual del trabajo en la construcción identitaria de mujeres y hombres.
57 Astelarra, Judith, “Conciliación y cohesión social. Un análisis crítico de las políticas europeas”, Revista Ábaco,
2006, p.163.
58 Para un reforzamiento del nuevo modelo femenino, se construyó la imagen de superwoman que daba a entender
a las mujeres que podían compatibilizar todas las tareas, y que sólo era una cuestión de organización. Este modelo cuestiona por tanto a aquellas mujeres que encuentran dificultades en la realización de la doble jornada y les provoca frustración al no poder “llegar” a lo que se espera de ellas. Entre tanto, la sociedad no se cuestiona en ningún momento el papel masculino.
como si se mantuviera el modelo de familia tradicional, es decir, con una mujer ama de casa a tiempo completo que realiza todas las tareas de cuidados necesarias. Y si esta mujer quiere incorporarse al mercado laboral, es su responsabilidad individual resolver previamente la organización familiar”59. De modo que, cuando las mujeres se integran ahora en el mercado
laboral –construido históricamente en la sociedad industrial bajo el sustento del modelo masculino breadwinner, trabajador con disponibilidad completa, y que responde actualmente al esquema de una sociedad postindustrial- sin tener resueltas las tareas reproductivas y de cuidado, se encuentran con que se han endurecido y precarizado las condiciones de trabajo. En consecuencia, el modelo social de distribución del tiempo de vida de las personas que vincula tiempo, recursos materiales y distribución de actividades, comprendiendo una serie de tareas sociales -trabajo productivo, reproductivo, proyectos colectivos de la sociedad, proyectos socioculturales y actividades lúdicas o de ocio-, resulta discriminatorio para las mujeres.
Así pues, se desprende que la división sexual del trabajo no es una institución neutra, en la medida en que las mujeres, gravadas por lo que la economista feminista Ingrid Palmer denomina el “impuesto reproductivo” no acceden a la esfera pública con los mismos recursos y la misma movilidad que los hombres y ese mismo hecho les impide competir en igualdad de condiciones.
b) La división sexual del trabajo y su relación con la brecha entre derechos formales y derechos materiales
Como ya vimos en el apartado primero de este capítulo, la evolución del principio de igualdad entre géneros ha ido permitiendo el acceso formal de las mujeres a los recursos públicos y políticos, pero aún hoy siguen existiendo muchas dificultades para que dichos recursos se materialicen. Y es que, como nos dice Cobo, “no pueden negarse los derechos civiles y políticos a las mujeres, porque las sociedades democráticas perderían legitimidad. Hoy no es posible pensar en una democracia legítima sin derechos formales para las mujeres. Sin embargo, en este momento histórico de férrea alianza entre los varones la apuesta masculina de fondo es que los derechos formales no se concreten en derechos materiales. Las élites patriarcales apuestan por que los derechos formales se garanticen, pero siempre y cuando los obstáculos para el ejercicio de esos derechos sean tantos que las mujeres desistan de ejercerlos porque su mismo ejercicio se convierte en una tarea heroica”60. Tendremos
oportunidad de ratificar esta afirmación, que a primera vista podría parecer un tanto extrema, a lo largo del siguiente capítulo, puesto que de algún modo coincide con nuestra hipótesis de partida acerca de la distancia existente entre la igualdad formal y la igualdad material entre géneros.
59 Carrasco, Cristina, “¿Conciliación? No, gracias. hacia una nueva organización social”, en Malabaristas de la vida
(Barcelona: Icaria, 2003).
60 Cobo Bedia, Rosa, “En el corazón de la igualdad. Notas sobre familia, reproducción y democracia”.Cit.
Como decimos, estos nuevos mecanismos soterrados de las sociedades democráticas para reproducir la desigualdad de género son lo que el feminismo, utilizando una metáfora, ha denominado “techo de cristal” para tratar de explicar precisamente las dificultades que existen en el tránsito entre los derechos formales y los derechos materiales. De este modo, las políticas de género para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, adoptadas para que las personas puedan compartir los dos espacios en igualdad de oportunidades, se han materializado principalmente como herramientas diseñadas para una mayor flexibilidad del mercado laboral y como forma de asegurar, sólo a las mujeres, su permanencia en el mismo a la vez que continúan sosteniendo todo el peso del trabajo reproductivo y doméstico, lo que, además de no producir el efecto deseado, ha generado nuevas formas de desigualdad como la precarización de sus relaciones laborales; mayor temporalidad o parcialidad en el empleo y menores cotizaciones; la explotación de “otras” mujeres que, con menores posibilidades y en la mayoría de ocasiones sin derechos sociales reconocidos, deben encargarse ahora de esa “externalización privada” de tareas domésticas y de cuidado; o el desarrollo en las grandes empresas, principalmente, de políticas de conciliación sólo para determinado tipo de trabajadores-ras.
c) Propuestas desde el feminismo para acabar con la división sexual del trabajo Según exponíamos anteriormente, una de las grandes demandas del movimiento feminista de los setenta y ochenta fue la redistribución de los roles entre los ámbitos público y privado del sistema género como forma de eliminar la jerarquía y desigualdad entre ambos, señalándose ya que eran necesarios cambios estructurales de la organización social a fin de que se pudiesen compartir roles y espacios, y que provocasen verdaderos cambios profundos en la identidad de mujeres y hombres, así como en la propia organización social, en la búsqueda de una igualdad efectiva entre géneros. Sin embargo, las políticas de conciliación, que como políticas de igualdad deben diseñarse y desarrollarse con la actuación conjunta de estrategias como las políticas de igualdad de oportunidades, las acciones positivas o los cambios estructurales, han prescindido principalmente de esta última, y es que no han tenido como objetivo reorganizar la sociedad “sino sólo permitir que las “personas” pudieran combinar las actividades públicas y privadas. Pero si las únicas “personas” responsables son las mujeres, terminan convirtiéndose en la práctica en políticas para la doble presencia femenina. Por ello, es necesario terminar con la dicotomía, para lo cual se debe ir a un modelo universal de cuidador(a)/trabajador(a), trabajador(a)/cuidador(a). Esto requiere el compromiso de proveer tiempo para el cuidado y los servicios asociados a él, que sean de calidad, accesibles y asumibles”61.
Por ello, para Astelarra, es necesario redefinir la división sexual del trabajo a partir de un nuevo pacto social donde se reformule la cohesión social desde la perspectiva de género,
61 Astelarra, Judith, “Conciliación y cohesión social. Un análisis crítico de las políticas europeas”. Cit., p.164.
relacionando la desigualdad con las necesidades sociales generales62. Para ello propone, al
igual que ya se hizo con el modelo del Estado de Bienestar Europeo y las políticas sociales63,
desarrollar tres ejes centrales pero con un contenido diferente desde la perspectiva de género donde se incorpore el trabajo de las mujeres en el ámbito social y su presencia, no basándose únicamente en la responsabilización del sector privilegiado.
Así, un primer eje sería el de la política económica que debe partir de la base de que la economía no se refiere sólo al empleo remunerado, sino que además se debe incorporar el trabajo no pagado. Este trabajo debe ser visibilizado, como nos dice José Fernando Lousada Arochena, en un doble sentido: “calculando el aporte global del trabajo femenino al producto económico del país –visibilización macroeconómica-, y generando derechos laborales y sociales a favor de quienes realicen esos trabajos no remunerados –visibilización microeconómica-”64 .
Un segundo eje que comprenda la redistribución no sólo de recursos materiales, sino de tiempos y actividades, y que es una de las principales demandas feministas de compartir también las actividades domésticas, no sólo las del mercado de trabajo y la política.
Por último, un tercer eje supondría redefinir la política social ampliando el concepto de “bienestar” para incorporar los servicios de cuidado, asociados al bienestar cotidiano de las personas, de manera que el cuidado deje de ser un “no trabajo” y sea reconocido como un derecho que todas las personas tienen y que debe ser garantizado por el Estado.
Aunque algunas de las propuestas realizadas por Astelarra se han acometido, en parte, durante los últimos años en medidas insertas en diferentes leyes como la LOI 3/2007, o la LD 39/2006, nuevamente la apariencia formal deja paso a una difícil materialización.
En cuanto al avance en política económica, aunque el reconocimiento macroeconómico del trabajo femenino reclamado por las feministas se ratificó en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing (1995), al aprobarse la ampliación de los sistemas nacionales de contabilidad con una cuenta satélite del trabajo no remunerado, como nos dice Lousada Arochena, “nada se ha avanzado en ningún país (…) en la modificación de los sistemas nacionales de contabilidad”65. A su vez, afirma que “aunque la LOIEMH se refiere a “potenciar
(…) el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico” como una finalidad a considerar en la integración de la igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística de actuación de los Poderes Públicos –artículo 14.2- más allá de esa generalidad, la LOIEMH no realiza ninguna especificación concreta en orden a la elaboración de una cuenta satélite del trabajador no remunerado, (…) y aún menos
62 Ibid. p.165.
63 Para Astelarra, el nuevo modelo del Estado de Bienestar Europeo, donde a través de políticas sociales se
abordaron las desigualdades económicas que se producían en el mercado para garantizar derechos sociales para todos, no resolvió la discriminación de género, sino que de alguna medida la consolidó puesto que los derechos los detentaba el breadwinner; las mujeres los tenían como miembros de la familia, lo que de alguna manera vino a reafirmar la división sexual del trabajo. Cit., p.165.
64 Lousada Arochena José Fernando, “El tiempo en las leyes con perspectiva de género”, Revista de Derecho
Social, nº. 49 (Marzo 2010), p.94.
65 Ibid. p.95.
en orden a la modificación del sistema nacional de contabilidad para su complemento mediante una cuenta satélite del trabajo no remunerado”.
En cuanto al reconocimiento microeconómico del trabajo femenino, señala el autor, la LOI 3/2007 realiza alguna aportación en el ámbito rural donde la escasa valoración del trabajo femenino es más acusada –art. 30- pero poco más66.
El avance en política social con la LD 39/2006 ha sido, quizá, el más significativo y que podemos calificar de muy positivo si bien ha encontrado en algunas Comunidades Autónomas verdaderas dificultades para su puesta en marcha efectiva y, en la actualidad, debido a los recortes sociales, se teme incluso por su derogación. No obstante, como contrapartida ha ratificado la feminización del cuidado puesto que la mayoría de personas que trabajan son mujeres. En cuanto a los progresos en corresponsabilidad y conciliación, si bien ha supuesto que en 2011 los hombres puedan disfrutar de un permiso individual e intransferible de paternidad de cuatro semanas, esto no supone per se la asunción de sus obligaciones familiares y domésticas. A la vez, las nuevas medidas para compatibilizar trabajo y vida personal y familiar, en la línea de las políticas europeas que han evolucionado desde la concepción de la conciliación vinculada con las cargas familiares hacia otra, más amplia, conectada con la dignidad y el desarrollo personal del trabajador-ra, como veremos en el capítulo tercero, están minadas de obstáculos en su camino. Todo ello, además, no va acompañado de verdaderos cambios estructurales que ayuden a deconstruir los fuertes roles y estereotipos que ha venido consolidando el sistema de género social y al que los medios de comunicación amparan y fortalecen. En palabras de Nuño Gómez “el reto de allanar esta senda pasa, necesariamente, por equilibrar las condiciones de hombres y mujeres en el tránsito hacia la tribuna. Hoy por hoy, para las mujeres ese camino sigue estando lleno de obstáculos que han de sortear con una pesada “mochila”, cargada de estereotipos y responsabilidades del cuidado. Por el contrario, los que se autoproclaman legítimos transeúntes de la senda campan a sus anchas, ligeros de equipaje. Por ello, la igualdad de género en el empleo ha de pasar, necesariamente, por redistribuir el peso de la mochila entre mujeres y hombres. Pero la solución no reside sólo en la corresponsabilización del trabajo doméstico para universalizar un modelo de trabajador o trabajadora que se caracterice por una total disponibilidad laboral incompatible con sus responsabilidades del cuidado. Porque entonces ¿Quién portará la mochila? ¿Qué haremos con su contenido? El reto debe acompañarse, por una parte, de una revisión de la contradicción sistémica inherente a los principios de organización del trabajo