Configuración del poder

En el marco de un sistema de representación de intereses dentro de los límites del caso mexicano, las organizaciones obreras, campesinas y populares experimentaron una prolongada historia de control corporativo y clientelismo político. En su política de cooptación, el PRI pudo reunir bajo su ala a distintas cámaras empresarias y diversas organizaciones de trabajadores como la CTM, la Confederación Revolucionaria de

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Así lo demuestran las encuestas nacionales de cultura política de los años 1993, 1994 y1996. Un análisis exhaustivo de ellas pueden consultarse en Hernández (2008).

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En:http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/2/images/OlveraEntregable3_l eyes%20de%20participacion_ciudadana.pdf

114 Obreros y Campesinos (CROC), y los poderosos sindicatos, entre otros, de petróleo, telefónicos, electricidad y minería; organizaciones campesinas como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Liga de Comunidades Agrarias y el sector popular representado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)62 (Brachet-Márquez, 2001).

Durante la etapa posrevolucionaria, los eventuales descontentos de las organizaciones campesinas habilitaron ciertas concesiones del PRI para mantener a gran parte de ellas bajo su tutela. Con todo, las luchas sociales en el campo mexicano se caracterizan por una marcada complejidad dada la heterogeneidad de las demandas planteadas que combinan la histórica reivindicación por el reparto de tierras y la defensa de los recursos naturales con otras de tipo social, político y económico (Cadena Roa, 1988).

Entre los años 1975 y 1976, el país experimentó una crisis económica que puso fin a un período de crecimiento sostenido. Sindicatos de trabajadores y organizaciones de indígenas que se autoproclamaban independientes plantearon férreas críticas al poder autoritario del Estado y la subordinación política de otras entidades que nucleaban a trabajadores. Este proceso de crítica derivó: a) en 1978 en la creación de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), brazo rural del Partido Socialista de los Trabajadores, que nucleaba a pequeños propietarios y trabajadores agrícolas que rechazaban ser cooptados por el oficialismo; b) en 1985, tras el VII Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Regionales celebrado en Cuetzalan (Puebla), en la constitución de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) cuyo objetivo fue constituirse en un espacio sociopolítico rural que pudiera actuar de contrapeso a la poderosa CNC63.

La cuestión campesina ha estado ligada históricamente al pueblo indígena que desempeñó un notable papel durante la Revolución Mexicana, convirtiéndose en el grupo más radicalizado. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Estado posrevolucionario se desentendió de sus reivindicaciones privilegiando la cultura

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Sustituida por la UNE en 1989 que se disolvió en 1992 y se reconstituyó como Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos (FNOC) en 1993.

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En La Jornada puede encontrarse un detalle de la historia de las diferentes organizaciones rurales:

115 mestiza. Sin embargo, hacia la década del cuarenta, el Estado autoritario creó el Instituto Nacional Indgenista (INI) convirtiendo al sector en un nuevo elemento de la burocracia priísta. En el período comprendido entre las décadas del ochenta y noventa es posible identificar el surgimiento de varias organizaciones indígenas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo. Ese dinamismo del movimiento indígena trajo importantes y complejas consecuencias. El 1° de enero de 1994 se produjo, en el estado de Chiapas, el levantamiento del ejercito zapatista que reclamaba la reivindicación identitaria de los pueblos indígenas (Bartra y Otero, 2008a). Precisamente, el mismo día entraba que entraba en vigor el TLCAN, tratado que fuera objeto de fuertes críticas de parte del zapatismo, originadas en la lógica de despojo que le era asignada.

La emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) introdujo novedosas formas de lucha al tiempo que articuló buena parte de los sectores de izquierda de la sociedad mexicana. En rigor, el EZLN representaba una expresión armada de un movimiento social que abogaba por el incremento de las libertades políticas, la lucha por la tierra y la determinación de los pueblos indígenas (González Casanova, 1995). Aún así no logró convertirse en un factor permanente de incidencia en la vida público-partidaria debido, por un lado, al cerco político militar que el Estado le impuso y, por otro, a sus propias lógicas políticas (Boron, 2001; Holloway, 2002).

Cabe destacar que la estructura agraria de México tiene como característica distintiva la presencia de un gran sector de pequeños campesinos, ubicados siempre dentro del umbral de la pobreza. Estos pequeños campesinos, junto a jornaleros, proletarios rurales y productores asalariados comparten el rasgo de ser sujetos de explotación. Los campesinos pobres enfrentan una amplia gama de problemas por lo que su lucha parece ser la más heterogénea: lucha por la defensa y recuperación de la tierra, aumento de precios, crédito y recursos y contra la represión y la imposición política (Rubio, 1987).

Con respecto al sector sindical, como ocurrió con otros actores, el sindicalismo mexicano estuvo desde sus inicios ligado al PRI a través del “arreglo corporativo”. El vínculo entre el sindicalismo y las instituciones quedó reglamentado en 1931 con la promulgación de la Ley Federal de Trabajo (LFT) aunque a lo largo de los años hubo diferentes intentos por reformarla (de Buen Lozano, 2003).

116 Un férreo verticalismo del partido-Estado emprendió el armado de un sindicalismo controlado que trataba de integrar a los dirigentes sociales en el desarrollo de ciertas políticas públicas para que no plantearan proyectos propios que alteraran los intereses del régimen hegemónico. La sumisión del sindicalismo al Estado y la articulación de grupos empresariales al poder político representan las claves para comprender el desarrollo del modelo sindical mexicano. Dicho modelo de corporativismo estatal opacó la influencia de los grupos de interés sindicales en los procesos de definición de políticas y contribuyó a que la clase obrera mexicana fuera caracterizada por su pasividad, debilidad y fragmentación organizativa (Bizberg, 1990; Brachet-Márquez, 2001; Zapata, 1995; 2000). Estas características del modelo sindical se derivaban, por un lado, de la estrategia desplegada por el Ejecutivo para direccionar los objetivos de tres sectores del partido hegemónico (obrero, campesino y popular). Por otro lado, las leyes electorales del sistema mexicano garantizaban al partido una victoria que le aseguraba también a la élite sindical los cargos de elección popular. Las corporaciones sindicales fueron, además, retribuidas como producto del intercambio político con empleos estables, salarios indexados a la inflación y concesión de espacios en los órganos de distintas instituciones gubernamentales ligadas al mundo laboral (Muñoz, 2006).

El modelo neoliberal, tras la crisis económica de 1982, operó profundos cambios en el mundo del trabajo y produjo una transformación en el sindicalismo (Bensusán y Middlebrook, 2013; Brachet-Márquez, 2001; de la Garza, 1998; 2001). Las políticas generaron múltiples consecuencias para el mercado laboral: ajuste en la producción, flexibilización laboral y debilitamiento de los sindicatos (Blanke, 2007). El sindicalismo corporativo no encontraba respuestas a las nuevas condiciones que imponía la economía globalizada.

Las crisis económicas volvieron a registrarse cíclicamente durante 1987-1988 y 1994-1995. Cabe destacar, que el desembarco del neoliberalismo experimentó un golpe de timón en 1988 con la llegada a la presidencia de Salinas de Gortari64. Esta etapa de la

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“Los años 1988/1994, correspondientes a la presidencia de Carlos Salinas, fueron simultáneamente los más rigurosos del ajuste y los de mayor polarización en el ingreso. Las 24 grandes fortunas registradas en Forbes en 1994 fueron amasadas aceleradamente en los procesos de privatización, en contratos con el gobierno, en el aprovechamiento privilegiado de políticas públicas, y en el manejo patrimonialista de los

117 economía planteó una situación particular: mientras los sectores populares continúan siendo parte del Estado neoliberal, los sectores obreros y los empresarios ligados a la industria exportadora no reconvertibles competitivamente fueron totalmente excluidos del nuevo modelo. Más aún, las organizaciones sindicales fueron desmanteladas y las cúpulas del corporativismo obrero sólo pudieron seguir en el interior del núcleo duro estatal a condición de renunciar a la defensa de sus agremiados, convirtiéndose en “instrumentos de represión y aislamiento de liderazgos y acciones alternativas y en aparatos de destrucción de la identidad colectiva de sus bases” (Zermeño, 2001: 91-92). Los efectos de dicha crisis también derivaron en la profundización del proceso de liberalización comercial que condujo al TLCAN y consecuente enajenación de tierras ejidales tradicionalmente trabajadas por los campesinos.