Debido a la celebración de elecciones federales anticipadas, el Senado no aprobó antes de que se disolviera el Parlamento un anteproyecto de ley que hubiera introducido en la Ley de Derechos Humanos de Canadá la identidad de género como motivo prohibido
de discriminación, y tampoco aprobó legislación sobre crímenes de odio.
Pese a los reiterados llamamientos, el gobierno no ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas ni el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.
CHAD
República de Chad
Jefe del Estado: Idriss Déby Itno
Jefe del gobierno: Kalzeubé Payimi Deubet
El grupo armado Boko Haram intensificó los ataques en la capital, Yamena, y en el entorno del lago Chad, mató y secuestró a civiles, y saqueó y destruyó propiedades. Las autoridades tomaron varias medidas de seguridad y lucha contra el terrorismo, entre ellas la aprobación de una ley antiterrorista restrictiva. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias. Las autoridades siguieron restringiendo el derecho a la libertad de expresión mediante la dispersión de manifestaciones, a menudo con un uso excesivo o innecesario de la fuerza. Cientos de miles de personas refugiadas procedentes de Nigeria, República Centroafricana, Sudán y Libia seguían viviendo en condiciones difíciles en campos de refugiados superpoblados. El ex presidente chadiano Hissène Habré se enfrentó a juicio por cargos de crímenes de lesa humanidad, tortura y crímenes de guerra ante las Salas Africanas Extraordinarias en Senegal.
ABUSOS COMETIDOS POR GRUPOS
ARMADOS
Boko Haram mató a más de 200 civiles durante el año, y saqueó y destruyó propiedades privadas e instalaciones públicas. La violencia dio lugar al
desplazamiento de aproximadamente 70.000 personas.
En febrero, Boko Haram mató a más de 24 personas, entre las que había civiles, en las
islas del lago Chad, en particular en las localidades de Kaiga-Kingiria, Kangalom y Ngouboua. El 3 de abril, Boko Haram tendió una emboscada a civiles que se dirigían al mercado y mató a 7 personas con cuchillos y armas de fuego en la localidad de Tchoukou Telia. El 15 de junio, 38 civiles murieron y más de 100 resultaron heridos en un doble atentado suicida perpetrado por presuntos miembros de Boko Haram en Yamena. El 11 de julio, un atacante suicida, presunto miembro de Boko Haram, que iba cubierto con un burka mató al menos a 15 civiles en un mercado de Yamena y causó heridas a más de 80. El 10 de octubre, al menos 43 civiles murieron en dos ataques suicidas cometidos en el mercado de Bagassola y en un asentamiento informal de personas internamente desplazadas en Kousseri. El 5 de diciembre, al menos 27 civiles perdieron la vida y más de 80 resultaron heridos en tres ataques suicidas en diferentes lugares del mercado de Loulou Fou, en la región del lago Chad.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
El 30 de julio, la Asamblea Nacional aprobó una ley antiterrorista que establecía la pena de muerte y elevaba las penas por delitos de terrorismo menos graves, de un máximo de 20 años de prisión a cadena perpetua. El periodo máximo para poner a las personas detenidas a disposición de un tribunal se amplió de 48 horas a 30 días, con la posibilidad de que la fiscalía lo renovara dos veces. La definición de “terrorismo” recogida en el proyecto de ley era muy general e incluía la interrupción de los servicios públicos, y partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de ley pudiera utilizarse para restringir la libertad de expresión y de asociación. La ley entró en vigor el 5 de agosto.
También en julio, las autoridades impusieron una serie de medidas antiterroristas que afectaban tanto a la
población chadiana como a los ciudadanos extranjeros. Además de un incremento de las operaciones de registro en domicilios, controles de seguridad y lugares públicos, se prohibió el uso de velos que cubrieran totalmente el rostro, y también la mendicidad pública.
El 9 de noviembre se declaró en la región del lago Chad un estado de excepción que proporcionó al gobernador de la región autoridad para prohibir la circulación de personas y vehículos, registrar viviendas y recuperar armas.
Organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales acusaron a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó de que más de 400 personas extranjeras, de 14 nacionalidades distintas, fueron detenidas a raíz de los controles al azar que se llevaron a cabo durante un periodo de dos semanas tras el atentado con explosivos perpetrado el 15 de junio en Yamena.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las fuerzas de seguridad violaron el derecho a la libertad de expresión y de asociación al hacer un uso innecesario o excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones en Yamena y otras ciudades como Kyabé, en el sur del país, donde se tuvo noticia de que al menos tres hombres perdieron la vida durante una manifestación el 25 de abril.
El 9 de marzo, las fuerzas de seguridad disolvieron una manifestación de estudiantes en Yamena utilizando gas lacrimógeno, porras y fuego real. Al parecer, cuatro estudiantes perdieron la vida y muchos manifestantes resultaron heridos. En 2015 no se investigó ni se acusó a nadie en relación con estas muertes. Unos vídeos también mostraron que los estudiantes detenidos durante las manifestaciones sufrieron tortura y otros malos tratos a manos del Grupo Móvil de Intervención Policial. Las fuerzas de seguridad golpearon a los estudiantes y los obligaron a rodar por el suelo, frotarse el
rostro con arena y tirarse ellos mismos de las orejas.
El 20 de mayo, tras la difusión en Internet de un vídeo en el que se revelaba la identidad de los miembros de las fuerzas de seguridad que habían torturado y sometido a otros malos tratos a los estudiantes, el Tribunal Supremo de Yamena condenó a ocho policías a seis meses de cárcel y una multa de 50.000 francos CFA (80 dólares estadounidenses) por “violencia ilegítima, palizas y lesiones deliberadas, y complicidad”. Otros seis agentes fueron absueltos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El 15 de junio, la fiscalía de Moundou detuvo y acusó formalmente de “insultar al poder judicial” a Djeralar Miankeol, activista por el derecho a la tierra y director de la Asociación Ngaoubourandi, por haber puesto en entredicho la competencia de algunos funcionarios judiciales chadianos en una entrevista radiofónica. El Tribunal Superior de Moundou lo condenó a dos años de cárcel y una multa. El 28 de julio, el Tribunal de Apelaciones de Moundou anuló la sentencia, retiró todos los cargos presentados en su contra y lo puso en libertad.
El 22 de junio, Mahamat Ramadane, director del periódico Alwihda, fue detenido y estuvo recluido hasta el día siguiente por fotografiar una operación de seguridad en Yamena en la que, según se informó, la policía había hecho uso excesivo de la fuerza.
El 23 de junio, Laurent Correau, periodista de Radio France Internationale, fue agredido junto con un defensor de los derechos humanos por agentes del Estado en Yamena. Laurent Correau fue expulsado por la fuerza de Chad ese mismo día.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Además de las aproximadamente 70.000 personas internamente desplazadas por los ataques de Boko Haram, Chad albergaba a casi 500.000 personas refugiadas (la segunda cifra más alta de África) procedentes
de países vecinos como Sudán, República Centroafricana, Nigeria y Libia. Muchas de ellas vivían en condiciones precarias en campos de refugiados superpoblados. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó de que en 2015 Chad obligó a personas refugiadas nigerianas a volver a su país, en contra del principio de no devolución, acusándolas de ser miembros de Boko Haram.
JUSTICIA INTERNACIONAL
El 20 de julio comenzó el juicio del ex presidente chadiano Hissène Habré ante las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal por cargos de crímenes de lesa humanidad, tortura y crímenes de guerra, presuntamente cometidos durante su periodo de gobierno en Chad, entre 1982 y 1990. Era la primera vez que un tribunal africano había enjuiciado a un ex presidente africano en virtud del principio de jurisdicción universal.1
El 25 de marzo, 20 ex agentes de seguridad del Estado relacionados con el régimen del presidente Habré fueron declarados culpables de tortura por el Tribunal Penal de Yamena. Este tribunal absolvió a cuatro de los acusados y falló que el Estado chadiano era responsable de los actos de los acusados. Los acusados y el Estado fueron condenados a pagar una indemnización de 75.000 millones de francos CFA (125 millones de dólares
estadounidenses) a las 7.000 partes civiles. En 2014, las autoridades chadianas se habían negado a trasladar a estos detenidos a las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal o a permitir que representantes de las Salas los entrevistas en Chad.
PENA DE MUERTE
El 29 de agosto, 10 presuntos miembros de Boko Haram fueron ejecutados por fusilamiento tras haber sido condenados a muerte en un juicio celebrado el día anterior a puerta cerrada. Fueron declarados culpables de haber llevado a cabo el doble atentado que había causado la muerte de 38 personas en Yamena en junio. Fue la primera
ejecución desde 2003. En 2014, Chad había anunciado su intención de abolir la pena de muerte, pero en julio de 2015 la incluyó en una nueva ley antiterrorista.
Chad: Es hora de que se haga justicia con las víctimas del régimen 1.
de Hissène Habré (noticia, 20 de julio)
CHILE
República de Chile
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet Jeria
Los casos de violencia policial seguían siendo juzgados por tribunales militares. Proseguían los procedimientos judiciales contra los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El aborto seguía estando penalizado en todas las circunstancias.
INFORMACIÓN GENERAL
En octubre, la presidenta Bachelet anunció el proceso que se iba a seguir para promulgar una nueva Constitución en 2017. La Constitución vigente se había aprobado durante el gobierno militar del general Pinochet y, para muchas personas, no era congruente con un sistema democrático.
Durante el año se investigaron acusaciones de corrupción política que implicaban a varias autoridades.