Algunas autoridades fomentaron, o no combatieron, una tendencia cada vez mayor hacia la intolerancia, la exclusión y la discriminación por motivos religiosos y étnicos. Se denunciaron abusos en países de Asia y Oceanía, como Laos, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam.
Las autoridades de Indonesia no garantizaron la protección de todas las minorías religiosas para que pudieran practicar su fe sin temor y sin sufrir actos de intimidación y agresiones. A lo largo de 2015 no se tomó ninguna decisión en relación con una comunidad musulmana chií que, tras
haber sido desalojada por la fuerza de un refugio provisional en Java Oriental en 2013, permanecía en una situación incierta. Previamente, en 2012, había sido desalojada de su localidad de origen tras los ataques de una muchedumbre antichií. Las autoridades locales no les habían permitido regresar a sus hogares a menos que se convirtieran al islam suní. Por otro lado, en la provincia de Aceh, las autoridades locales demolieron iglesias cristianas, mientras que la violencia colectiva obligó a unas 4.000 personas a huir a la provincia de Sumatra Septentrional.
En China se sofocó sistemáticamente la libertad de religión. Así, se intensificó la campaña de demolición de iglesias y retirada de crucifijos cristianos que se había puesto en marcha en la provincia de Zhejiang, mientras que los seguidores de Falun Gong fueron sometidos a detenciones arbitrarias, juicios injustos, encarcelamiento y tortura y otros malos tratos. El gobierno siguió sometiendo a los monasterios budistas tibetanos a estrictos controles. Asimismo, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, de mayoría musulmana, el gobierno regional promulgó nuevas ordenanzas para controlar más estrictamente los asuntos religiosos y prohibir todas las prácticas religiosas no autorizadas.
En India, las autoridades no impidieron numerosos actos de violencia religiosa, y en ocasiones formularon declaraciones que contribuyeron a polarizar y avivar las tensiones. Se produjeron ataques contra musulmanes sospechosos de robo, contrabando o matanza de vacas, mientras que decenas de artistas, escritores y científicos protestaron por lo que consideraban un clima de creciente intolerancia.
DISCRIMINACIÓN
La discriminación siguió siendo motivo de preocupación en numerosos países, en los que las autoridades se abstuvieron con frecuencia de tomar medidas efectivas para proteger a la población.
En India seguían siendo generalizadas la
discriminación y la violencia por motivos de casta, y las castas dominantes continuaron infligiendo violencia sexual a las mujeres y las niñas dalit y adivasis. Sin embargo, se constató un cierto avance cuando la cámara baja del Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Prevención de Atrocidades contra las Castas y Tribus Reconocidas por la Constitución, por la que se reconocían nuevos delitos, se pedía el establecimiento de tribunales especiales para juzgarlos y se disponía que tanto las víctimas como los testigos recibieran protección.
En Nepal estaba muy extendida la discriminación —entre otros motivos por cuestiones de género, casta, clase, origen étnico y religión—, mientras que en Australia había un porcentaje desproporcionado de indígenas en prisión.
Lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales siguieron sufriendo una discriminación generalizada, y las relaciones homosexuales continuaron siendo delito en muchos países. Sin embargo, en Japón, un distrito de la capital, Tokio, se convirtió en el primer municipio que aprobó una ordenanza en virtud de la cual se expedían certificados que reconocían las uniones entre personas del mismo sexo, mientras que en India la cámara alta del Parlamento aprobó un proyecto de ley para proteger los derechos de las personas transgénero.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
Las mujeres de Asia y Oceanía sufrieron con frecuencia violencia, abusos e injusticias, entre ellos discriminación por motivos de género, y violaciones y abusos contra sus derechos sexuales y reproductivos.
En Nepal, la discriminación por motivos de género tuvo numerosas repercusiones negativas para las mujeres y las niñas de grupos marginados, que vieron limitada su capacidad de controlar su sexualidad y de tomar decisiones con respecto a la
reproducción, como oponerse a matrimonios precoces o acceder a cuidados de salud prenatales y maternos. En India, el estigma y
la discriminación que sufrían a manos de la policía y de las autoridades siguió
disuadiendo a las mujeres de denunciar actos de violencia sexual, y en la mayoría de los estados la policía carecía aún de
procedimientos operativos normalizados para combatir la violencia contra las mujeres.
La violencia sexual y de género siguió siendo generalizada en Papúa Nueva Guinea, donde se tuvo también noticia de homicidios de mujeres y niños y niñas acusados de brujería. El gobierno tomó escasas medidas preventivas.
PENA DE MUERTE
Aunque durante los últimos años se habían experimentado en Asia y Oceanía ciertos avances en la reducción del uso de la pena de muerte, varios países seguían aplicándola, algunos de ellos de maneras que
contravenían el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. En algunos países se reanudaron las ejecuciones.
Pakistán rebasó la vergonzosa cifra de 300 ejecuciones desde que en diciembre de 2014, tras un atentado terrorista, se levantara la suspensión de las ejecuciones de civiles.
En agosto, la Comisión Jurídica de India recomendó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos excepto los delitos de terrorismo y de “entablar una guerra contra el Estado”.
También entró en vigor una reforma del Código Penal chino, que redujo el número de delitos punibles con la muerte. Aunque los medios de comunicación controlados por el Estado afirmaron que esta medida estaba en línea con la política gubernamental de reducir las ejecuciones, la reforma siguió sin ajustar la legislación china al derecho y las normas internacionales de derechos humanos en lo relativo al uso de la pena de muerte. Las estadísticas sobre el uso de la pena capital siguieron siendo información clasificada como secreto de Estado.
El Parlamento de Mongolia aprobó un nuevo Código Penal que abolía la pena de muerte para todos los delitos y que entraría