HUMANOS
Seguía vigente el artículo 193.1 del Código Penal, que prohibía las actividades de las organizaciones no inscritas legalmente, incluidos partidos políticos y grupos religiosos, así como ONG.
Las autoridades ordenaron salir del país a Elena Tonkacheva, destacada defensora de los derechos humanos y presidenta de la junta directiva del Centro de Transformación Jurídica, y le prohibieron volver a entrar durante tres años. Tonkacheva era ciudadana rusa y residía en Bielorrusia desde 1985. La orden se dictó el 5 de noviembre de 2014 y estaba relacionada con reiteradas infracciones de tráfico; Elena Tonkacheva intentó recurrir contra ella varias veces sin éxito. El Tribunal Municipal de Minsk desestimó su último recurso el 19 de febrero, lo que la obligaba a salir del país antes del 21 de febrero.
Leanid Sudalenka, director del Centro Homel de Litigios Estratégicos, ONG de derechos humanos, recibió al menos dos amenazas de muerte por correo electrónico en marzo, que las autoridades se negaron a
investigar. El 8 de abril, la policía registró su casa y su despacho, y el 14 de abril se inició una causa penal contra el propio Leanid Sudalenka por distribuir pornografía desde su cuenta de correo electrónico, que según él había sido manipulada ilegalmente. Leanid Sudalenka creía que eran medidas de represalia por su trabajo de ayuda a las víctimas de violaciones de derechos humanos a presentar denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La más reciente fue presentada el 28 de febrero por Olga Haryunou, cuyo hijo había sido ejecutado en secreto el 22 de octubre de 2014 y que reclamaba conocer la ubicación de su tumba.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
Las personas pertenecientes a minorías sexuales seguían sufriendo habitualmente discriminación, hostigamiento y violencia.
Mikhail Pischevsky murió el 27 de octubre por complicaciones de las heridas que sufrió en la cabeza durante una paliza a manos de activistas anti LGBTI cuando salía de una fiesta gay en un club de Minsk el 25 de mayo de 2014. Sólo uno de sus agresores fue declarado culpable; condenado a dos años y ocho meses de prisión por vandalismo y negligencia, salió en libertad en virtud de un indulto presidencial en agosto, tras cumplir 11 meses de la pena.
Bielorrusia: Segunda condena a muerte conocida en Bielorrusia en 1.
2015 (EUR 49/2926/2015)
BOLIVIA
Estado Plurinacional de Bolivia
Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma
Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares del pasado seguían sin poder acceder a la verdad, la justicia y la
reparación integral. No se adoptaron suficientes medidas para garantizar el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Seguía preocupando el descrédito al que las autoridades sometían a la labor de las ONG, incluida la realizada por defensores y defensoras de los derechos humanos, un descrédito que se sumaba a las estrictas normas impuestas a estas organizaciones para inscribirse legalmente.
INFORMACIÓN GENERAL
La justicia seguía estando fuera del alcance de muchas personas, sobre todo de las que no disponían de recursos económicos. Las acusaciones de corrupción, injerencias políticas y demoras en la administración de justicia erosionaron aún más la confianza en el sistema.
En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Bolivia a que, entre otras recomendaciones, adoptara medidas en un plazo de dos años para prevenir la violencia contra las mujeres, garantizar la educación y el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, y reformar la legislación nacional con el fin de despenalizar el aborto.
IMPUNIDAD
Las medidas para garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares y autoritarios del pasado (1964-1982) fueron muy limitadas. Las autoridades no tomaron ninguna medida concreta para establecer una comisión de la verdad tras haberse comprometido a ello después de una audiencia pública celebrada en marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.1 Al finalizar el año seguía
pendiente un proyecto de ley presentado por organizaciones de víctimas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para crear dicha comisión.
En julio, el Ministerio Público anunció la creación de un banco de datos genético para
identificar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada. Se estima que unas 150 personas fueron sometidas a desaparición forzada durante los gobiernos militares. El Ministerio Público pidió a los familiares de las víctimas que se sometieran a un análisis de sangre para establecer posibles coincidencias.
Tras la finalización del proceso de calificación en 2012, no se avanzó respecto a garantizar una reparación integral y justa para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
La ausencia de un mecanismo independiente para registrar e investigar las denuncias de tortura disuadía a las víctimas de reclamar justicia. No se tomaron medidas que garantizaran la plena independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), que dependía del Ministerio de Justicia. La regulación de este mecanismo estaba pendiente al terminar el año.
En junio, Juan Bascope denunció oficialmente la tortura, las amenazas de muerte y la discriminación a las que había sido sometido en 2014 cuando se hallaba bajo custodia en Maripiri, región de los Yungas. Lo habían acusado de matar a tres miembros de las fuerzas de seguridad y a un médico durante una operación conjunta llevada a cabo en 2013 por la policía y el ejército contra las plantaciones ilegales de coca en el municipio de Apolo. Lo detuvieron y tres días después lo llevaron ante una jueza. Sin embargo, no se tenía noticia de que se hubiera iniciado ninguna investigación sobre su denuncia, a pesar de las lesiones que había sufrido.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Continuaba la preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna
—particularmente en las zonas rurales—, el limitado acceso a métodos anticonceptivos modernos —incluidos los de emergencia— y los elevados índices de embarazos en adolescentes.2
A pesar de la resolución emitida por el Ministerio de Salud en enero, no se aplicaba la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014 que suprimió la obligación de obtener autorización judicial para abortar en casos de violación.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En marzo, el gobierno dictó un Decreto Supremo para modificar el Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas de 2007. El decreto contenía nuevas normas —entre ellas, plazos estrictos y una metodología que las
autoridades debían establecer— que podían obstaculizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos que los afectaran.
En abril se desestimaron los cargos contra 12 agentes de policía por uso excesivo de la fuerza durante una marcha pacífica celebrada en 2011 contra la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). El juicio de otros seis policías contra los que se mantenían los cargos no había comenzado al finalizar 2015.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En septiembre, las autoridades anunciaron que 38 ONG eran “irregulares” porque no habían presentado la documentación necesaria que certificara su personería jurídica, de conformidad con la normativa de 2013. Estaba pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la denuncia contra dicha regulación presentada por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría alegaba que algunos de los artículos de esa regulación podían vulnerar el derecho de reunión y el principio de no discriminación.
En agosto, el vicepresidente desacreditó la labor de cuatro organizaciones locales por criticar unos planes del gobierno, y amenazó con expulsar a las ONG internacionales que trabajaban en el país si se inmiscuían en lo que las autoridades consideraban políticas
nacionales.
CONDICIONES PENITENCIARIAS
Persistía la preocupación por las deficientes instalaciones higiénicas, el acceso a atención de la salud y al suministro de alimentos y el hacinamiento en las prisiones. Una investigación realizada por la Pastoral Penitenciaria concluyó que la población reclusa alcanzaba casi las 14.000 personas en 2015, cuando la capacidad máxima de los centros penitenciarios era de 5.000. Las demoras que impedían la conclusión de juicios en un plazo razonable y el excesivo empleo de la prisión preventiva eran las causas principales del hacinamiento.
Bolivia: Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las 1.
víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares en Bolivia (1964-1982) (AMR 18/1291/2015)
Bolivia: Informe para el Comité para la Eliminación de la 2.
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (AMR 18/1669/2015)
BOSNIA Y
HERZEGOVINA
Bosnia y Herzegovina
Jefe del Estado: presidencia de carácter rotativo: Bakir Izetbegović, Dragan Čović, Mladen Ivanić
Jefe del gobierno: Denis Zvizdić (sustituyó a Vjekoslav Bevanda en marzo)
Continuó violándose el derecho a la libertad de expresión y existiendo discriminación contra las personas judías y romaníes. El acceso a justicia y reparación por delitos cometidos en el pasado siguió siendo limitado por la falta de compromiso a la hora de adoptar programas de ámbito estatal y dotarlos de recursos suficientes.
INFORMACIÓN GENERAL
A finales de marzo, cinco meses después de las elecciones generales de 2014, se
constituyeron el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina y el gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, una de las entidades constitutivas del país. El 1 de junio entró en vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En febrero, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó la Ley de la Paz y el Orden Públicos, cuya definición de “espacio público” abarcaba Internet y las redes sociales. La representante para la libertad de los medios de comunicación de la OSCE y varias ONG manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se enjuiciara a personas por su actividad en Internet, acusándolas de alterar la paz y el orden públicos.
Continuaron las amenazas y ataques contra periodistas. En octubre, el automóvil de un periodista de una emisora de radio local fue incendiado. Continuaron produciéndose ciberataques contra sitios web de noticias. En los 10 años anteriores sólo se habían resuelto el 15 % de las causas judiciales relativas a ataques contra periodistas.
DISCRIMINACIÓN
Siguió sin aplicarse la sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Sejdić-Finci v. BiH,
según la cual las disposiciones de la Constitución sobre el reparto del poder eran discriminatorias. De acuerdo con ellas, las personas que, como judíos y romaníes, no se declararan pertenecientes a uno de los tres pueblos constituyentes del país —bosniacos, serbios y croatas— no podían presentar su candidatura a cargos legislativos ni ejecutivos. En junio, la aplicación de esta sentencia se eliminó de la lista de requisitos para la firma del AEA, lo que apenas dejó esperanzas de que llegara a hacerse realidad.