Las fuerzas armadas continuaron desalojando
por la fuerza a comunidades que vivían a lo largo de la frontera egipcia con Gaza, donde las autoridades querían crear una “zona temporal de seguridad”.
El gobierno seguía debatiendo planes de desarrollo para El Cairo que no incluían salvaguardias suficientes para impedir los desalojos forzosos.
PENA DE MUERTE
Los tribunales impusieron condenas a muerte a cientos de personas declaradas culpables de “terrorismo” y otros cargos relacionados con la violencia política desatada tras el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013, así como por asesinato y otros delitos. Se ejecutó a presos condenados en juicios sin garantías ante tribunales penales y militares.8
Al menos siete hombres fueron ejecutados en relación con actos de violencia política; uno de ellos el 7 de marzo, tras un juicio sin garantías. El 17 de mayo se ejecutó a seis hombres que habían sido condenados en un juicio manifiestamente injusto ante un tribunal militar, pese a existir pruebas de que miembros de las fuerzas de seguridad los habían torturado para que “confesaran” delitos punibles con la muerte y habían falsificado las fechas de detención en documentos oficiales.
Libia: Se acumulan las pruebas de crímenes de guerra tras los 1.
ataques aéreos de Egipto (noticia, 23 de febrero) Egypt’s president to sign draconian counter-terrorism law today 2.
(noticia, 13 de agosto)
Egypt: Renewed crackdown on independent groups: Government 3.
investigating human rights workers (MDE 12/1873/2015) Egipto: Serie de muertes de detenidos indica abusos generalizados en 4.
comisaría cairota de Mattareya (noticia, 4 de marzo) Generation jail: Egypt's youth go from protest to prison (MDE
5.
12/1853/2015)
Circles of hell: Domestic, public and state violence against women in 6.
Egypt (MDE 12/004/2015)
Siria: Voces en crisis. Agosto de 2015 (MDE 24/2352/2015) 7.
Egypt: Confirmation of 183 death sentences “outrageous” (noticia, 2 8.
EL SALVADOR
República de El Salvador
Jefe del Estado y del gobierno: Salvador Sánchez Cerén
Continuaba vigente la prohibición total del aborto, lo que violaba los derechos humanos de las mujeres. Las personas que defendían los derechos humanos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y quienes defendían y promovían los derechos sexuales y reproductivos corrían riesgos cada vez mayores y sufrían especialmente la violencia e intimidación de agentes estatales, personas particulares y grupos privados. No se revocó la Ley de Amnistía de 1993, que constituía un obstáculo para el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 1980 a 1992.
INFORMACIÓN GENERAL
En marzo se celebraron elecciones
legislativas y municipales. Por primera vez se exigió un cupo mínimo del 30 % de participación de mujeres en las listas electorales. Ningún partido obtuvo suficientes representantes para tener mayoría en la Asamblea Legislativa.
Aumentaron los niveles de violencia relacionada con pandillas y la delincuencia organizada, y la tasa de homicidios se disparó. Según datos oficiales, se registraron 4.253 homicidios durante los primeros ocho meses del año, frente a los 3.912 de todo 2014. La violencia delictiva obligó a muchos salvadoreños y salvadoreñas a abandonar el país, y también provocó el desplazamiento interno de miles de familias, según la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado.
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a El Salvador que adoptara medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de
tres hombres que presuntamente habían sido sometidos a desaparición forzada, y también para sus familias, que habían sido objeto de agresiones y amenazas tras preguntar a las autoridades por el paradero de sus familiares.
En septiembre, entre noticias y denuncias de un incremento de la violencia contra las comunidades LGBTI, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para aumentar las penas para delitos motivados por opiniones políticas, odio racial, orientación sexual e identidad de género.
DERECHOS DE LAS MUJERES
Entre enero y octubre fueron asesinadas 475 mujeres, lo que suponía un incremento respecto a las 294 de 2014, según la información recopilada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y los registros oficiales. Según esa organización, a pesar de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, algunos jueces seguían calificando de homicidio los asesinatos de mujeres por razones de género, en vez calificarlos de delito de feminicidio, tal y como estipula la ley.
En enero, la Asamblea Legislativa accedió a la petición de indulto de “Guadalupe”, una mujer encarcelada por complicaciones relacionadas con el embarazo. “Guadalupe” fue liberada tras cumplir 7 de los 30 años de condena que le habían sido impuestos por cargos de “homicidio agravado” tras sufrir un aborto espontáneo. Las autoridades reconocieron que había habido errores judiciales en el proceso original. Más de 15 mujeres permanecían encarceladas en circunstancias similares.
En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal de El Salvador. En él se formulaban 14 recomendaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Aunque El Salvador aceptó las recomendaciones relativas a proporcionar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos métodos
recomendación de despenalizar el aborto y derogar su prohibición total. El Salvador guardó silencio sobre la recomendación de poner en libertad inmediata e incondicional a las mujeres encarceladas por haberse sometido a un aborto o haber sufrido un aborto espontáneo.1
En noviembre, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dictó una resolución sobre el caso de María Teresa Rivera, acusada falsamente de someterse a un aborto y condenada a 40 años de prisión tras sufrir una complicación obstétrica. La Procuraduría concluyó que no se había garantizado el debido proceso judicial y la presunción de inocencia, y determinó que la participación de María Teresa Rivera no había quedado demostrada en el juicio.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
La Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local —principales organizaciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos— sufrían hostigamiento y estigmatización por parte de funcionarios del Estado, personas particulares y grupos privados a causa de su labor de defensa de los derechos de las mujeres. Ambas organizaciones fueron tachadas de grupos sin escrúpulos y traidores antipatrióticos.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban por la defensa y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos sufrían una especial estigmatización por brindar asistencia legal a mujeres condenadas por homicidio tras haber sufrido emergencias obstétricas. Las campañas de difamación contra quienes defendían los derechos humanos agravaban los riesgos a los que se enfrentaban estas personas. Las autoridades no tomaron medidas efectivas para impedir la estigmatización y reducir los riesgos.2
Los defensores y defensoras de los derechos humanos pertenecientes a las comunidades LGBTI también denunciaban
ser objeto de violencia e intimidación. En mayo, Francela Méndez, activista transgénero e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, fue asesinada.3 Al finalizar 2015, nadie había
comparecido ante la justicia por ello. Algunas organizaciones denunciaron un incremento de los casos de hostigamiento y violencia contra la comunidad transgénero por parte de agentes estatales y otras personas.
IMPUNIDAD
Seguía en vigor la Ley de Amnistía de 1993, que negaba el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992). En abril, el ex general y ex ministro de Defensa Eugenio Vides Casanova fue deportado desde Estados Unidos después de que un juez de
inmigración de Florida resolviera en 2012 que debía ser enviado a El Salvador por su papel en las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas salvadoreñas durante el conflicto armado.4 Al
concluir el año no se disponía de información pública que indicara que el ex general Vides estuviera haciendo frente a un proceso judicial.
En marzo, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hizo un llamamiento a las autoridades para que pusieran fin a la impunidad imperante por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. El procurador también pidió a la Asamblea Legislativa que dejara sin efecto legal la Ley de Amnistía, e instó al fiscal general de la República a que investigara de manera efectiva las denuncias de las víctimas.
En marzo, más de un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Fiscalía General de la República investigar exhaustivamente la masacre cometida en 1981 en San Francisco Angulo, en la que 45 personas murieron presuntamente a manos de miembros del ejército, la Sala de lo Constitucional exigió al fiscal general que
informara sobre el estado de la investigación. Casi dos meses después, el fiscal general remitió un informe, al que le siguió otro en julio después de que la Sala de lo
Constitucional solicitara más información. Al terminar el año, la Sala de lo Constitucional no había emitido ninguna decisión.
En julio, la Sala de lo Constitucional concluyó que las Fuerzas Armadas habían sido responsables de la desaparición forzada de 11 personas en el contexto de la Operación Limpieza llevada a cabo por el ejército en 1982. La sentencia de la Sala de lo Constitucional exigía al Ministerio de la Defensa Nacional que proporcionara información sobre la operación y, en particular, sobre el paradero de las víctimas. La Sala de lo Constitucional solicitó a la Fiscalía General de la República que iniciara la investigación inmediatamente.
Amnesty International calls on El Salvador to decriminalize abortion 1.
and immediately release all women imprisoned for pregnancy-related complications (AMR 29/1254/2015)
Américas: ¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos 2.
sexuales y reproductivos en las Américas (AMR 01/2775/2015) El Salvador: El Estado debe garantizar justicia en el asesinato de 3.
activista transgénero (AMR 29/1855/2015)
El Salvador: Que no haya amnistía para las violaciones de derechos 4.
humanos (AMR 29/1431/2015)