República de Corea
Jefa del Estado: Park Geun-hye
Jefe del gobierno: Hwang Kyo-ahn (sustituyó a Chung Hong-won en junio)
Las autoridades continuaron restringiendo los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. La policía utilizó fuerza innecesaria durante una marcha nocturna en memoria de las víctimas del accidente del transbordador Sewol e hirió de gravedad a una persona que participaba en una manifestación en la que utilizó cañones de agua. Aunque siguió negándose el derecho de las personas que declararan objeción de conciencia a quedar exentas del servicio militar, varios tribunales inferiores reconocieron en sus fallos la objeción de conciencia. Los trabajadores y trabajadoras migrantes del sector agrícola eran víctimas de trata y explotación.
INFORMACIÓN GENERAL
La propagación del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) provocó la muerte de 38 personas, limitó la vida diaria de la población y fue un duro golpe para la economía de Corea del Sur. Tanto la opinión pública como agentes internacionales criticaron al gobierno por no haberse preparado adecuadamente y por haber tardado en responder al virus. La selección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea careció de transparencia, y su designación no se sometió debidamente a consulta entre los grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas.1 En junio se celebró
pacíficamente la marcha anual del Orgullo Gay y Lésbico, aunque en un primer momento la policía se negó a autorizarla, aludiendo a los enfrentamientos que se
habían producido en 2014 entre participantes LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales) y manifestantes de tendencia conservadora.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En aplicación de la Ley de Seguridad Nacional se efectuaron detenciones y se emprendieron acciones judiciales con el fin de intimidar y encarcelar a quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión. El gobierno amplió el alcance de esta ley, que pasó a abarcar nuevas categorías y colectivos, como políticos, parlamentarios en activo y ciudadanos extranjeros.
En enero, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Seúl por la que se declaraba culpables de cargos presentados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional a Lee Seok-ki y a otras seis personas del opositor Partido Progresista Unido, poco después de que el Tribunal Constitucional ordenara, a finales de 2014, la disolución de ese partido por considerar que había violado el “orden democrático básico” del país.
También en enero, la ciudadana estadounidense Shin Eun-mi fue expulsada del país por haber hablado —presuntamente en términos positivos— sobre la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). Ese mismo mes también fue detenida Hwang Seon, ciudadana surcoreana, quien en febrero fue acusada, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, de “causar confusión social” por una gira de
conferencias en las que presuntamente había alabado el régimen de Corea del Norte y quedó en libertad bajo fianza en junio.2
OBJETORES Y OBJETORAS DE
CONCIENCIA
No se tomaron medidas efectivas para reconocer el derecho de los objetores y objetoras de conciencia a quedar eximidos del servicio militar.3 Continuaban en prisión
más de 600 personas objetoras de conciencia que, una vez cumplidas sus penas de prisión, se enfrentarían a obstáculos económicos y
sociales por tener antecedentes penales. Sin embargo, varios tribunales inferiores reconocieron en sus fallos la objeción de conciencia, tres de ellos en 2015. En mayo, mientras el Tribunal Constitucional seguía examinando la legalidad de la objeción de conciencia, el Tribunal de Distrito de Gwangju absolvió a tres objetores de conciencia acusados de violar la ley por haberse negado a cumplir el servicio militar. Los tribunales de distrito de Suwon y Gwangju absolvieron en agosto a otros tres objetores de conciencia.
La reforma de la Ley sobre el Servicio Militar y el decreto de aplicación de dicha ley entraron en vigor el 1 de julio. De
conformidad con la reforma, podía publicarse en Internet información sobre quienes se negaran a cumplir el servicio militar sin motivo “justificado”, lo que podría dar lugar a violaciones del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la intimidad y a no sufrir discriminación.4
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
En mayo, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley sobre el Sindicato de Docentes, que proporcionaba al gobierno fundamento jurídico para despojar de su carácter oficial al Sindicato Coreano de Profesores y
Trabajadores de la Enseñanza. Al acabar el año, la causa inicial que impugnaba la medida del gobierno seguía pendiente en el Tribunal Superior de Seúl.
El Tribunal Supremo resolvió en junio que los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular tenían los mismos derechos que los trabajadores surcoreanos a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, pero las autoridades siguieron posponiendo la inscripción en el registro del Sindicato de Migrantes de Seúl-Gyeonggi-Incheon (MTU). La Dirección Regional de Trabajo de Seúl exigió al MTU modificar sus normas y reglamentos antes de permitir finalmente su inscripción en agosto.
LIBERTAD DE REUNIÓN
El accidente del transbordador Sewol en abril
de 2014, que costó la vida a más de 300 personas —muchas de ellas estudiantes—, dio lugar a manifestaciones de protesta en su mayoría pacíficas por la respuesta del gobierno. La policía bloqueó concentraciones en la calle organizadas con motivo del primer aniversario de la tragedia, y utilizó fuerza innecesaria contra quienes participaron en una marcha nocturna celebrada el 16 de abril en recuerdo de las víctimas en el centro de Seúl, cerca de Gwanghwamun.5
En julio, la policía detuvo a Park Rae-goon y Kim Hye-jin, destacados defensores de los derechos humanos por haber organizado manifestaciones para pedir al gobierno más medidas de respuesta al accidente.6 Los dos
formaban parte del comité permanente del grupo “Alianza del 16 de Abril”, que pedía la apertura de una investigación sobre el accidente. Ambos activistas llevaban tres meses siendo investigados por diversos cargos, entre ellos los de violación de la Ley de Reunión y Manifestación y obstrucción de la labor policial durante las concentraciones. La policía calificó de ilegales algunas de estas manifestaciones, pese a que los
manifestantes afirmaron que se limitaban a ejercer legalmente sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
DERECHOS DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MIGRANTES
Los trabajadores y trabajadoras migrantes del sector agrícola siguieron siendo objeto de trata y explotación, incluidos trabajos forzados. Muchos fueron obligados a soportar condiciones laborales no convenidas —incluidos horarios de trabajo excesivos y salarios insuficientes—, bajo amenaza de represalias, tales como el despido y actos de violencia. El Sistema de Permiso de Empleo dificultaba en extremo que las personas trabajadoras migrantes explotadas o sometidas a abusos por sus empleadores buscaran y consiguieran otro empleo.
PENA DE MUERTE
El diputado Yu In-tae, de la Nueva Alianza Política por la Democracia, presentó en julio
ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. Era la séptima vez que se presentaba un proyecto de ley de esta naturaleza, pero los anteriores no habían llegado a someterse a votación ante el pleno de la Asamblea.
South Korea: Secrecy of Chair appointment undermines independence 1.
of National Human Rights Commission of Korea (ASA 25/2161/2015) South Korea: National Security Law continues to restrict freedom of 2.
expression (ASA 25/001/2015)
South Korea: Sentenced to life – conscientious objectors in South 3.
Korea (ASA 25/1512/2015)
South Korea: Amnesty International’s submission to the UN Human 4.
Rights Committee, 115th Session (19 October - 6 November 2015) (ASA 25/2372/2015)
South Korea: Clampdown against Sewol ferry anniversary protest an 5.
insult to the victims (comunicado, 17 de abril)
South Korea: Arrest of two human rights defenders for organizing 6.
demonstrations (ASA 25/2129/2015)