En el año 1990, Chile recupera la democracia y se mantienen las reformas neoliberales, pero se incrementa el gasto social a fin de enfrentar los altos niveles de pobreza con que el nuevo gobierno recibe el país. Sin embargo, existen fuertes presiones por manejar la economía de forma responsable y estabilizar la democracia, lo que lleva a que la superación de la pobreza se enfrente gradualmente, en un proceso en el que se pueden distinguir a lo menos dos etapas en el manejo de la política social.
Una primera etapa que va de 1990 hasta el 2000, en que se enfatiza la equidad, gobernabilidad y desarrollo en democracia y el segundo entre el año 2000 y marzo del año 2010, más interesado en desarrollar políticas de igualdad y de protección de derechos.
A) Primer periodo: 1990-2000.
Entre 1990 y el año 2000 la estrategia de desarrollo enfatizó el “crecimiento con equidad” tratando de combinar crecimiento económico con desarrollo social manteniendo la estabilidad política. Se está consciente que el solo crecimiento
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económico no resuelve los problemas de pobreza y exclusión. Esto se debería a que los trabajadores poseen competencias insuficientes para insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo. Por este motivo, la política social es considerada como la clave para mejorar el crecimiento potencial del país por lo que se debe invertir en la gente, al mismo tiempo que una válvula de escape para las tensiones sociales ocasionadas por la pobreza y exclusión, las que podían amenazar la estabilidad democrática.
A fin de fortalecer la política social se crea una nueva institucionalidad con el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y el Fondo Solidario de Inversión Social (FOSIS), este último como la entidad encargada del desarrollo e implementación de los programas destinados a la superación de la pobreza de quienes quedaban al margen de las políticas sectoriales tradicionales.
En este periodo (1990-2000), si bien se mantienen las reformas neoliberales realizadas durante la dictadura, el Estado asume un rol más activo en la promoción del desarrollo social, para lo cual se aumenta el gasto social y se diseña una política social tendiente a pagar lo que se denomina la “deuda social” para hacer referencia a la pobreza y carencias que se habían acumulado con las reformas implementadas por el gobierno militar. El nuevo enfoque de la política social se basa en la inversión en capital humano, por lo que trata de proporcionar los medios para que las personas vulnerables, a través de su propio esfuerzo superen la situación. Para ello se apoya la capacitación, organización, participación social y actividades productivas en pequeña escala. La implementación de estos programas en el territorio se externaliza hacia las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Por otra parte, se comienza a dar tribuna a los nuevos actores sociales, como los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas. En el contexto mencionado, la nueva institucionalidad llamada FOSIS, asume un rol complementario al de la política sectorial, pues debe financiar programas innovadores para llegar a aquellos grupos vulnerables que por diversas razones no tienen acceso a los programas regulares del Estado. El financiamiento de los proyectos se adjudica mediante concursos públicos para apoyar la microempresa urbana, la economía campesina, la organización social y generar oportunidades y capacidades en las personas, familias y comunidades pobres. Se trata de desarrollar competencias que permitan obtener ingresos y llegar a sostenerse en base al trabajo personal y al esfuerzo colectivo, mejorando así su calidad de vida. Toda esta política social se implementó
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bajo estrictas medidas de disciplina fiscal en la que todo gasto debía contar con recursos, a lo que ayudó el crecimiento económico, el precio excepcionalmente alto del cobre y la recaudación adicional que generó la reforma tributaria destinada justamente a financiar la política social.
En la primera década de los gobiernos democráticos de la Concertación, el esfuerzo se concentró en avanzar en desarrollo social, debido a los altos niveles de pobreza con que se había recibido el país. Los indicadores macroeconómicos del periodo muestran resultados bastante exitosos en términos del ingreso per cápita que se había triplicado y la pobreza que había decrecido significativamente. También disminuyó la mortalidad infantil, se puso fin a la desnutrición infantil y aumentó la esperanza de vida, al mismo tiempo que se lograron importantes incrementos en la tasa neta de matrícula tanto en la educación básica como media.
B) Segundo periodo: 2000-2010.
En el periodo correspondiente a la segunda década de los gobiernos de la coalición concertacionista (2000-2010), se introducen cambios en la política social la que se va a orientar por el principio de derechos sociales garantizados por lo que se trata de establecer un sistema de protección social que garantice el acceso a los servicios indispensables para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad como el desempleo, la enfermedad, la discapacidad o la vejez, resguardando la dignidad humana. En esta perspectiva se ve a la persona como “sujetos de derechos”, lo que corresponde a una democratización más consolidada que permite a un ciudadano más activo y consciente de sus derechos, el que está dispuesto a exigirlos. Por otra parte, el crecimiento económico da origen a una nueva pobreza con mayor acceso a la educación, a la vivienda y servicios sociales, que se agudiza cíclicamente con lo que las familias entran y salen de la pobreza varias veces a lo largo del ciclo de vida. Otro aspecto que incide en la movilidad de la pobreza lo constituyen los bajos ingresos y el empleo precario, mostrando que existe una población vulnerable, que enfrenta el riesgo de caer en la pobreza, para quienes las políticas focalizadas no les llegan, por lo que se requiere de políticas de protección para la vulnerabilidad que sufren.
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En este segundo periodo de los gobiernos de la Concertación, la política social se basa en la provisión de derechos garantizados para lo cual se propone la organización de una red de protección social. Las principales políticas del periodo son: Chile Solidario, reforma a la salud y el Plan de AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas) y el seguro a la cesantía.
Chile Solidario, la principal política para enfrentar la extrema pobreza, trata de cubrir los diferentes frentes en que ésta se expresa. Para ello, se propone organizar los programas sociales en una red de prestaciones de los servicios requeridos por la población usuaria, es decir, los pobres que participan del programa.
La reforma de salud que propone garantizar el derecho para acceder a ella, con la Ley AUGE. El sistema selecciona un conjunto de patologías y entrega garantías de oportunidad de la prestación, además entrega garantías de protección financiera fijando un monto máximo a desembolsar por una familia.
Se crea un seguro de desempleo, pues no se contaba con este tipo de protección de los ingresos ante la pérdida del empleo, complementando la indemnización de un mes por año de servicio en caso de despido, que era el instrumento existente.
El año 2008 se crea el Sistema de Pensiones Solidarias que otorga una Pensión Básica Solidaria (PBS) a para adultos mayores y personas con discapacidad pertenecientes al 60% más pobre de la población. Además se otorga un Aporte Previsional Solidario (APS) a aquellos afiliados del sistema previsional cuyas pensiones no alcancen a un mínimo definido y que pertenezcan a familias vulnerables.
Por otra parte, también se introdujeron cambios en educación, en el año 2008 se crea la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que entrega una subvención mayor a los establecimientos que reciban alumnos prioritarios (niños pertenecientes al 40% de las familias de menor nivel socioeconómico).
El año 2006 se reforma a la política de infancia con la creación del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo (ChCC), orientada a promover la igualdad de oportunidades de los infantes entre cero y cuatro años.
La política social implementada en el periodo 2000-2010 se ha caracterizado por centrarse en la igualdad de acceso a servicios y protección de derechos, ampliándose
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notoriamente la provisión de servicios de salud, educación, previsión, cuidado infantil y educación pre-escolar. Esta política ha resultado exitosa pues logró mejorar los indicadores demográficos de mortalidad, morbilidad y esperanza de vida. También se logra mejorar los indicadores sociales, el ingreso per cápita y las tasas de matrícula en todos los niveles de educación. Si se consideran los logros en términos del IDH, Chile muestra un alza constante de este indicador en las dos décadas que abarca este análisis. Si bien importantes sectores logran superar sus condiciones de pobreza y marginalidad, aún prevalecen problemas de equidad debido a la desigual distribución del ingreso y discriminaciones: de género, edad, étnicas y territoriales. Debido a esta problemática social que permanece, se hace necesario diseñar políticas sociales más adecuadas para su disminución. Esta tarea requiere de un análisis detallado de lo realizado hasta el momento, tarea que se torna particularmente necesaria en un contexto social y político cambiante que ha llevado a la política social por distintos caminos y adoptando diferentes medidas, en distintos periodos.