POLÍTICA SOCIAL.

Las políticas sociales, corresponden al segmento de las políticas públicas destinadas a la preservación y elevación de bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor equidad. El concepto de política social se utiliza en las actuaciones públicas relacionadas con la promoción y satisfacción del bienestar de la población, lo que incluye áreas de ingreso, salud, educación, empleo, vivienda y servicios sociales. En general, tratan de asegurar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y su bienestar. Esto hace necesario explicitar el concepto de bienestar y las necesidades a satisfacer. En esta perspectiva, Titmuss (1974) entiende el bienestar como la responsabilidad colectiva asumida por la comunidad para hacer frente a las necesidades universales de la población.

Hay diferentes conceptualizaciones de política social, lo que dificulta el contar con una única definición, pero se concuerda en que es la acción organizada del Estado en materia social, consistente en un conjunto más o menos coherente de principios y acciones gestionadas por el Estado, las que determinan la distribución y el control social del bienestar de una población por la vía política (Herrera & Castón, 2003).

Durante la décadas de los ochenta y noventa, la política social fue asistencialista, centrada en proporcionar ayuda social y servicios básicos. Era considerada menos importante ya que predominaba la idea que el desarrollo económico era prioritario, lo que marginó a las políticas sociales, asignándoles un financiamiento exiguo y orientándolas a mitigar los efectos no deseados del cambio económico. A inicios del siglo XXI, se ha producido consenso respecto a la idea que la política social es parte de las funciones primarias del Estado, lo que supone mucho más que un limitado conjunto de redes de asistencia y servicios para cubrir los fallos de mercado. Las política sociales son una necesidad para el crecimiento económico y para la estabilidad política de los países, para mantener el apoyo de los ciudadanos en sus gobiernos (Ortiz, 2007).

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Desde una mirada desarrollista, la política social va más allá de la asistencia a las necesidades. Parte de la base que en una sociedad industrial los ciudadanos pueden requerir diversos servicios sociales, para poder concretar su capacidad productiva, y mantener o alcanzar un nivel deseable de bienestar. Se admite que el ciudadano por sí solo no es capaz de satisfacer sus necesidades sociales, y que la familia como institución social, ha sufrido importantes cambios que afectan su rol de satisfacer las necesidades básicas. Esta mirada desarrollista reconoce el papel de la estructura social como causante de los problemas sociales.

Titmuss (1974), al analizar las definiciones de política social, encuentra tres objetivos en común entre ellas: 1) Conceden ayuda que proporciona bienestar a los ciudadanos; 2) Incluyen objetivos económicos como no económicos y, 3) Contienen alguna medida de redistribución progresiva de la disponibilidad de recursos de los ricos a los pobres. El autor plantea tres modelos de políticas sociales: a) Modelo residual de política social del bienestar, en el cual el mercado y la familia permiten en forma natural satisfacer las necesidades de las personas, y solo en caso que éstas no operen, las instituciones sociales deben actuar, temporalmente. b) Modelo de política social, basado en el rendimiento industrial, que le asigna un papel significativo a las instituciones de asistencia social como complemento de la economía. En esta perspectiva, las necesidades sociales se deben satisfacer en base al mérito, el desempeño laboral y la productividad. c) Modelo de política social redistributiva, que al bienestar social como una institución muy importante, integrada a la sociedad, y que proporciona servicios generales fuera del mercado, basándose en el principio de la necesidad. Este modelo se sustenta en el principio de necesidad social, se apoya también en teorías sobre efectos múltiples del cambio social y del sistema económico, y en el principio de igualdad social (Titmuss, 1974).

Por otra parte, la política social abarca al conjunto de actividades relacionadas con el diseño e implementación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de un país, región o localidad. Considera una amplia variedad de sectores, los más reconocidos son salud, educación, trabajo y seguridad social. Sin embargo, suelen incluirse en dicho marco a sectores comúnmente más identificado con la infraestructura física, pero que tienen objetivos directamente asociados a los de la política social, como es el caso de la vivienda, agua potable y alcantarillado, transporte y telecomunicaciones. La política social se la identifica con la atención a grupos vulnerables de la población, y

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con el objetivo de proteger los derechos sociales, económicos y culturales de las personas (Martínez & Collinao, 2010).

Los impactos generados por la implementación de la política social, son de tres tipos: social, redistributivo y económico (Martínez & Collinao, 2010): El impacto redistributivo, hace referencia a la valoración económica de los bienes y servicios que son transferidos a la población. El social, se refleja en la variación de los indicadores sociales que justifican la implementación de acciones en cada función (salud, educación, etc.). El impacto económico se refiere a los beneficios que producidos por los bienes y servicios transferidos a los hogares, en términos de activos y potencial productivo resultante.

Los programas sociales proveen a sus beneficiarios ciertos bienes y servicios en forma directa, o bien, a través la transferencia de ingresos para que puedan adquirirlos autónomamente. En la forma directa, la entrega de los bienes y servicios puede ser gratuita o subsidiada, y puede ser realizada directamente por algún organismo estatal o a través de entidades contratadas para ese fin. En tanto la transferencia de ingresos, corresponde a recursos monetarios, que puede ser dinero o voucher, subsidios o exenciones (Martínez, Palma, Flores, & Collinao, 2012).

Por otra parte, Fleury (2000) plantea las siguientes categorización de las políticas sociales: i. Finalísticas, cuyo énfasis está dado por el deber ser, o sea, por las finalidades que deben cumplir. ii. Sectoriales, que definen a las políticas sociales como decisiones, estrategias e instrumentos que se orientan hacia el cumplimiento de determinadas metas en los sectores de educación, salud, vivienda y seguridad social. iii. Funcionales, son aquellas que se centran en la función que cumplen. iv. Operacionales, son las que enfatizan los instrumentos y mecanismos utilizados para organizar la acción dirigida a determinados fines. Destacan el proceso de toma de decisiones, y no solamente las estructuras institucionales. Suelen existir como procesos decisorios, institucionales y organizacionales, a través de las cuales se definen las prioridades y estrategias que relacionan a medios y fines propuestos. v. Relacionales, serían aquellas políticas que son el producto de una dinámica relacional del poder, en la cual los diferentes actores son constituidos, se interpelan, se enfrentan y redefinen sus identidades y estrategias. Aquí, el énfasis radica en las relaciones que históricamente se establecen entre los

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diferentes actores sociales, para la redefinición de las relaciones de poder, que inciden en la distribución de recursos producidos en una sociedad.