A diferencia de las organizaciones populares y sindicales, los mora- dores de los barrios lograron forjar alianzas sólidas con instituciones nacio- nales e internacionales que le ayudaron a conseguir sus objetivos. Inicial- mente, los moradores se habían empezado a organizar en los clubes y en las CEB y, posteriormente, empezaron a crear sus propios comités de cua- dra para luchar contra las redadas policiales, los accidentes que frecuente- mente ocurrían en la avenida Padre Castellano en el barrio Espaillat, la vivienda y la propiedad de terrenos. En 1979, los moradores de los barrios de Espaillat, 27 de Febrero y los Guandules organizaron un comité prose- máforo en la avenida Padre Castellanos. En los barrios Simón Bolívar y Capotillo se organizó otro comité contra las máquinas traganíqueles que se habían instalado allí. Asimismo, en Guachupita, Gualey, la Ciénega, la Zurza, el Ensanche Luperón, Villa María y las Cañitas se crearon comités para defender los derechos barriales. En vista de que los distintos barrios estaban pasando por un proceso similar, pronto se vio la necesidad de coordinar la labor de los distintos comités y así es que empezó a forjarse el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) (Ceba- llo, entrevista, 2 de junio de 2007).
La vivienda era uno de los asuntos más apremiantes para los mora- dores de los barrios porque la familia Vicini, una de las poderosas del país, reclamaba que los terrenos donde estaban ubicados los populosos barrios le pertenecían. Según dicha familia, Trujillo le había expropiado sus terre- nos a fines de los años cincuenta y no le había pagado. Dicha familia exigía a los moradores y al gobierno de Silvestre Antonio Guzmán (1978- 1982) que le pagaran por sus terrenos o de lo contrario usarían la fuerza pública para desalojar a los moradores. En 1978 los pobladores formaron el Comité Contra los Vicini para luchar contra la amenaza de desalojo. Este comité se fue nutriendo de las diferentes organizaciones de cuadra que se estaban formando en los barrios y el 6 de mayo de 1979 convocó a una reunión en una iglesia en construcción en el barrio Espaillat, pues se tenía noticia de que la familia Vicini iba a desalojar la iglesia. En medio de una protesta para impedir el desalojo de la iglesia, llegó la prensa y esta sirvió de vehículo para que se hiciera de público conocimiento que COPA- DEBA ya existía (Rauber, 1995: 36).
La lucha contra los Vicini fue el reto más importante de COPA- DEBA en sus primeros años. Sabiamente, utilizó sus vínculos con los sacerdotes que animaban a las CEB para que le asesoraran en el proceso de lucha contra dicha familia. Las relaciones con los sacerdotes facilita- ron una reunión con el Centro Dominicano de Asesorías e Investigacio- nes Legales (CEDAIL), una institución fundada en 1979 por la Confe- rencia del Episcopado Dominicano y que tenía como objetivo cooperar con el trabajo de pastoral social que realizaba la Iglesia a nivel nacional (Campo, entrevista, 2004). COPADBA y CEDAIL formaron un equipo de investigación que arrojó resultados importantísimo para sustentar las reivindicaciones de los moradores: efectivamente, Trujillo había expro- piado a la familia Vicini para ejecutar el Plan Trujillo de Urbanización. Este plan contemplaba un masivo desalojo de personas y su reubi- cación en propiedades de la familia Vicini, donde hoy están ubicados los barrios. El Poder Ejecutivo emitió los siguientes decretos para frac- cionar los terrenos de una finca propiedad de los Vicini: el decreto 1421 y 3210 de 1956 y 1957, los cuales declaraban el terreno de utilidad pública. El decreto 1421 declaró de utilidad pública 46 hectáreas, 24 áreas dentro de los términos de la parcela número 206-A-5, la cual tenía una totalidad de 356 hectáreas. El Estado ofreció pagar RD$36,996.96 por la parte expropiada, pero Franz A. Vicini Ariza rechazó el pago por considerarlo irrisorio. Vicini Ariza apeló el caso y, finalmente, el Tribu-
nal de Tierras emitió una sentencia el 30 de abril de 1956 fijando la
cantidad en RD$50,000.00 dominicanos6. Esta decisión tampoco fue
aceptada por Vicini Ariza quien presentó un recurso de casación7, pero
la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso en marzo de 1957 a favor del Estado, negando una mejor indemnización. En este mismo año, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 3210 mediante el cual expro- pió toda la finca de la familia para ampliar las construcciones del Plan Trujillo de Urbanización en la zona norte de la ciudad. En esta ocasión Vicini Ariza no interpuso ninguna queja judicial, lo que indica que pro-
bablemente hubo algún tipo de negociación entre las partes8. Sin em-
bargo, seis años después de la muerte de Trujillo, en julio de 1967, Vicini Ariza elevó dos sentencias pidiendo solo el pago por la porción que se le había expropiado con el decreto 1421, pero no decía nada sobre la totalidad de los terrenos que fueron expropiados por el decreto 3210. Sorprendentemente, el juez apoderado del caso ignoró las sen- tencias anteriores y procedió a reconocer que el Estado no había pagado los RD$50,000.00 dominicanos a Vicini Ariza y ordenó al Registrador de Títulos del Distrito Nacional que se abstuviera de efectuar transfe- rencias a favor del Estado. El administrador de Bienes Nacionales, insti- tución encargada de las propiedades el Estado dominicano, interpuso un recurso formal de apelación en 1968 y más tarde, en 1970, la Supre- ma Corte de Justicia resolvió mantener en vigor la resolución de 1956 dictada por el Tribunal de Tierras (Santana, 2004:51-57, Freddy Báez, entrevista, 2007).
El resultado de esta investigación fue entregado al presidente Sil- vestre Antonio Guzmán (1978-1982) en 1979 y se le pedía que pusiera
6 En esta época un peso dominicano se cotiza a la misma tasa que el dólar estadounidense. 7 “De acuerdo a René Morel, un recurso de casación es una vía de recurso extraordinario,
abierta a las partes en ciertos casos al Ministerio Público, que tiene por objeto hacer analizar por la Corte de Casación las sentencias dictadas en violación a la ley” (citado en Santana, 2004:53).
8 Raymundo González, asesor histórico de COPADEBA, informó al autor que Trujillo se
cuidó las espaldas y en 1958 creó un fideicomiso donde se depositó el dinero para pagar la indemnización a la familia Vicini. Dicha familia era dueña de este fideicomiso, pero no se sabe si ella lo retiró. A juzgar por el proceso judicial que se llevó a cabo, el Estado valoró el terreno y el pago, aparentemente, no fue aceptado por la familia; este era un pago forzoso porque se hacía mediante una sentencia. González me informó que el equipo de investiga- ción de COPADEBA y CEDAIL revisó los legajos de la Comisión de Reclamos de 1962, una entidad creada por el Consejo de Estado para responder a las quejas de aquellos que habían sido perjudicados de alguna manera por la dictadura de Trujillo. Sin embargo, allí no se encontró ningún reclamo de la familia Vicini (González, entrevista, 2007).
en práctica los aludidos decretos. El Presidente fue muy amable con la comisión que lo visitó para entregarle el documento, pero no hizo nada para que el pedido se llevara a cabo. El uso más importante que se hizo de esta información fue el programa de educación de COPADEBA. La gente sabía que tenía problemas con unos abogados que amenazaban con desalojarle de su casa, pero no sabía que este asunto era una cuestión pública. En ese momento, COPADEBA entendió que era importantísi- mo educar a la población sobre sus propios problemas y, por ello, inició la publicación de un boletín, COPADEBA INFORMA, la organización de talleres de educación popular y charlas que tenían como meta expli- car a los residentes de los barrios que los terrenos donde sus casas esta- ban ubicados pertenecían al Estado y no a la familia Vicini, se les expli- caba su propia historia, cómo los barrios habían sido el producto de desalojos anteriores y se les convocaba a reuniones públicas y marchas de protestas para dar a conocer su inconformidad a las autoridades, a las cuales le pedían que pusieran fin a las amenazas de la familia Vicini. COPADEBA atrajo la atención de muchos moradores que asistieron a sus múltiples reuniones y marchas de protestas frente a las oficinas de Bienes Nacionales, el Palacio Nacional, la sindicatura de Santo Domin- go, etc. (Guevara, entrevista, 2007). Los resultados de la investigación también se emplearon para fundamentar las reivindicaciones de COPA- DEBA frente a los funcionarios de Bienes Nacionales cuando se logra- ban reunir con ellos para explicarle la situación creada por las amenazas de desalojos de la familia Vicini.
La familia Vicini entendió que el único recurso que le quedaba era amenazar a los moradores de los barrios con usar la fuerza pública para desalojarles de los terrenos. Esta amenaza se sumaba a las zozobras en que vivían unas 400.000 familias en los 12 barrios en que trabajaba COPA- DEBA. En realidad, no parecía que los Vicini estaban interesados en des- alojar a los moradores sino más bien en conseguir que les pagaran. Empe- zaron consiguiendo compradores entre los comerciantes que tenían mie- do de perder sus negocios con la amenazas de desalojos. COPADEBA reunió cientos de cartas donde la firma de abogados invitaba a los mora- dores de los barrios a pasar por sus oficinas a la brevedad para resolver asuntos pendientes (González, entrevista, 2007). Ante esta situación, CO- PADEBA promovía la organización y coordinación de comités de cuadra que recomendaban a los pobladores de los barrios que no firmaran nada con los Vicini porque las tierras donde vivían pertenecían al Estado.